El paquete de nuevas leyes que la Asamblea se apresta a aprobar marca un nuevo escenario político en el Ecuador. De culminar como hasta ahora se han diseñado por parte del gobierno, afirmarán la desviación hacia posturas derechistas de un régimen que llegó a Carondelet con un proyecto democrático y patriótico, que nada tiene que ver con el pasado neoliberal al que ahora se pretendería volver.

Este escenario viene acompañado con un proceso cada vez más consolidado de unidad entre las fuerzas de la izquierda, sobre todo representada por la CONAIE y el Frente Popular, a nivel de organizaciones sociales, y por Pachakutik y el MPD a nivel de partidos políticos. Proceso que avizora un proyecto de poder popular, de un Estado plurinacional cuya esencia estará en la materialización de las máximas aspiraciones de las masas, bajo la dirección propia de la izquierda, de los pueblos, no de elementos “prestados” de otras tendencias o sectores. Al menos esto ha quedado en evidencia en las asambleas y actos que tanto la CONAIE como el MPD han realizado en estos días.

Y por ello se entiende la aclaración que el presidente de la CONAIE hizo respecto a la reunión que el vicepresidente de esa organización tuvo con los voceros de la denominada “junta Cívica de Guayaquil”, organización de la más rancia oligarquía, que busca utilizar a las fuerzas populares para crecer y salir del fango político en el que se encuentra. “Sería como tratar de unir el agua con el aceite”, han dicho los dirigentes indígenas, que no han dudado en recordar el perverso papel que han jugado en la historia los partidos y las organizaciones de la oligarquía.

Para la derecha el objetivo es tratar de superar el techo de influencia política que les significa Guayaquil y su alcalde, y tratar de adquirir un liderazgo nacional sobre el movimiento, para generar el consabido recambio oligárquico, que deje intocado el statu quo, como ha ocurrido en otras ocasiones, a lo largo de la historia de nuestro país.

Un elemento clave para enfrentar este proceso de aprobación de leyes es el de la movilización. En perspectiva está la posibilidad de un levantamiento indígena popular, que tendrá que demostrarle al gobierno la fuerza real que tiene el movimiento popular organizado, y que permita derrotar la arrogancia, la prepotencia, y la persecución que se ha tornado una práctica permanente del gobierno contra los líderes populares, como el presidente nacional de la FEUE, Marcelo Rivera, que es hasta ahora el único preso político del gobierno. En proceso están juicios para otros dirigentes sociales y de instituciones democráticas que se han atrevido a exigir sus derechos, como el presidente de la FEUE de Cotopaxi, Edwin Lasluisa, y el rector de esa alma mater, Hernán Yánez.

Otro de los aspectos que ha entrado en debate es el concepto de participación que la Constitución garantiza. Si bien su institucionalización a través de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no la materializa del todo, las cosas se han producido de tal manera que la oligarquía se ha visto obligada a tratar de deslegitimar a este organismo, no tanto por la presencia de gente del gobierno en él, sino, sobre todo por la presencia de dos jóvenes revolucionarios cercanos al MPD. Para la derecha eso es lo peor que podría suceder, por ello se han escuchado toda clase de estigmatizaciones y argumentos absurdos, mostrado un odio de clase y una actitud gamonal, digna del siglo XVI.

Sin embargo, esto muestra algo importante: ante la opinión pública queda claro que es en los pueblos donde está la capacidad y la suficiente representatitvidad social para dirigir el Estado, algo que la derecha y sus políticos tradicionales no tienen. Nuevos vientos de cambio revolucionario se miran en perspectiva para el Ecuador.