Amazonia, la deuda de Lula da Silva

Pará, Brasil. En octubre, cientos de canoas saldrán de los recónditos poblados asentados a lo largo del río Amazonas, el afluente más caudaloso y largo del planeta, para arribar a Belém, ciudad ubicada en la desembocadura y puerta de entrada a la Selva Amazónica. Sus tripulantes, aborígenes de 180 tribus, llegarán hasta la Basílica de Nuestra Señora de Nazaré, en el centro de la ciudad, para participar de la Fiesta del Cirio, que cada año reúne a 2 millones de fieles provenientes de todo el país, similar al 12 de diciembre mexicano. Por primera vez, muchos de estos aborígenes bajarán a la ciudad –una travesía náutica de 11 días– para implorar a la santa que ahuyente a los codiciosos fazendeiros (latifundistas) y las trasnacionales que, seduciendo al mismo Lula, aniquilan su tierra: el último paraíso de este mundo.

En una medida desesperada, los indios buscan que la patrona de la Amazonia les solucione lo que no pudo ni el presidente más reformista que ha tenido Brasil. En su administración no sólo no rompió con la oligarquía que durante tres décadas ha explotado indiscriminadamente la Selva Amazónica, sino que, con los acuerdos oficiales signados con las trasnacionales Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge, para la provisión de monocultivos transgénicos, tales como la soya, el eucalipto y la palma aceitera para la elaboración de bioetanol, se aceleró la desertificación, según ha documentado la organización ambientalista Greenpace.

La traición

Los defensores pro Amazonia sentían que en el gobierno de Lula algo olía mal, cuando en la región comenzaron a operar organizaciones supuestamente ecologistas vinculadas a las trasnacionales de agronegocios. En mayo de 2008, la renuncia de Marina Silva al Ministerio del Medio Ambiente les develó que la situación era peor de lo que pensaban. Silva, una de las ambientalistas más respetadas del mundo, excolaboradora del célebre Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes, denunció su desacuerdo con las políticas medioambientales de Lula a favor de las trasnacionales. Luego el Congreso aprobó la iniciativa del presidente para privatizar los 5 millones de kilómetros cuadrados de la Selva Amazónica que corresponden a Brasil.

“La política de Lula para la Amazonia fracasó por su antagonismo y contradicciones”, dice Pedro César Batista, escritor y periodista, autor de 13 libros sobre los conflictos agrarios en Brasil y la disputa por la Amazonia. “Por un lado destina millones de dólares a los agronegocios para producir biocombustibles, impulsa la monocultura que deforesta la tierra, complace a las trasnacionales, y en contraste, sólo dedica 2 millones de reales (1 millón de dólares) a los programas que fomentan la agricultura familiar”.

Batista, biógrafo del Movimiento de los Sin Tierra (MST), la organización más antigua y combativa de Brasil, explica porque entre los grupos de izquierda hay tal descontento hacia el gobierno de Lula: “Los fazendeiros relacionados con los crímenes de indígenas, trabajadores y sindicalistas hasta ahora permanecen libres, no fueron juzgados ni condenados. Algunos de ellos incluso tienen cargos en el gobierno federal, otros son gobernadores y alcaldes. En un discurso contradictorio, Lula dice que apoya a los campesinos, mientras a los terratenientes les hablan al oído. Al final de su gobierno Amazonia es un pastel del que se siguen sirviendo pocas manos”.

De Amazonia a Forbes

El agrario es un añejo conflicto en Brasil, que Joao Pedro Stedile, dirigente del MST, define como “conflicto de clases”. El apremio de su solución fue una de las principales razones que llevaron a Lula al poder, mediante el voto de grupos como los Sin Tierra en el área rural y los Sin Techo, en la urbana.

Si hay un sitio donde vislumbrar el origen del problema, es aquí en Amazonia: sólo dos personas, el constructor Cecilio do Rego Almeida, y el banquero Daniel Dantas, son dueños de 7 millones y medio de hectáreas. Aunque Do Rego posee la mayor parte (7 millones de hectáreas de selva en el sur de Pará), Dantas tiene en sus 500 mil hectáreas –de los estados de Pará, Mato Grosso y Minas Gerais– 1 millón de cabezas de ganado, lo que les ha generado la suficiente fortuna para colocarse en diversas ocasiones en el selecto club de Forbes.

Otro es Eike Batista, quien después de ser un vendedor de seguros, en la década de 1980 comenzó a amasar su fortuna con la reventa de oro y piedras preciosas extraídas de la Amazonia. Eike es uno de los 13 billonarios que Brasil aportó este año a la lista de Forbes, la misma que incluyó al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. La mayoría de las grandes fortunas de Brasil están vinculadas a esta selva.

El de Dantas es un caso a destacar. Relacionado con numerosos homicidios de activistas, el dueño del consorcio financiero Opportunity estuvo preso el año pasado, acusado de crímenes financieros como fraude y lavado de dinero. Luego un juez le concedió la libertad y ni Dantas ni su familia, implicados en los mismos ilícitos, han perdido sus privilegios. Bajo la sospecha del blanqueo de capitales, su conglomerado, Agropecuaria Santa Bárbara, es una de las principales exportadoras del país.

Por casos como el de Dantas, Pedro Batista concluye que “la reforma agraria es el mayor fracaso del gobierno de Lula”. Exiliado político de la dictadura militar que hasta 1985 golpeó Brasil, en su libro Macha interrumpida, Batista documenta la masacre de El Dorado dos Carajás, ocurrida en 1996 aquí en Pará, cuando policías militares asesinaron a 19 poseiros (poseedores de tierra por derecho de antigüedad), durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. La situación que originó la matanza –uno de los episodios más oscuros de la historia de brasil, que ha inspirado numerosos documentales– “no ha cambiado mucho”, asegura Batista.

“En vano esperamos que se pusiera fin a tanta impunidad. En cambio, los problemas del campo se acumularon porque los latifundistas continúan apropiándose de las tierras públicas de Amazonia con la consecuencia de mayor éxodo de indios y campesinos, más pobreza, más sufrimiento. Los proyectos de privatización de la floresta se financian con recursos públicos, como ocurría en Brasil en los años de la dictadura militar”.

Desierto verde

Hasta hace una década el contrabando de madera y el desmonte para la crianza de ganado eran las principales causas de deforestación, sin embargo, desde 2002, los monocultivos aceleraron la desertificación. En su informe Devorando la Amazonia, en 2006, Greenpeace alertó que el monocultivo de soya se convirtió en el principal elemento de deforestación, por ello lanzó una campaña internacional para que las empresas no compraran la soya amazónica y que la población no consumiera los productos avícolas y cárnicos de animales alimentados con la oleaginosa, comercializados principalmente por las cadenas de comida rápida McDonald’s y Kentucky Fried Chicken.

“Cada vez que usted hinca el diente en un Chicken McNugget, está mordiendo un pedazo de la Amazonía”, rezaba uno de los lemas de la campaña. Pero las corporaciones no se distinguen por su conciencia ecológica o responsabilidad social, y con el apoyo de gobernadores y alcaldes, como el de Mato Grosso, Blairo Maggi, llamado El Rey de la soya –a la sazón presidente del Grupo Amaggi, productor de soya financiado por el Banco Mundial– el cultivo se extendió rápidamente a las zonas costeras y áreas vírgenes, de tal suerte, que la soya que produce la Amazonia coloca a Brasil como el segundo exportador a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos. En 2013, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, será el primero.

Los monocultivos demandan la tala y quema de grandes extensiones de selva, práctica que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), genera el 75 por ciento de las emisiones de efecto invernadero que produce Brasil, cuarto emisor a nivel mundial. Al cabo de las primeras cosechas, el suelo experimenta un acelerado declive por el uso de pesticidas y agrotóxicos, documenta la American Association for the Advacement of Science.

En tres décadas, el modelo de explotación impuesto por fazendeiros y trasnacionales, de la tala clandestina a los monocultivos, ha extinguido 155 mil kilómetros cuadrados de selva. Es decir, el “desierto verde” es el equivalente al estado de Coahuila o 100 veces el Distrito Federal.

Cada trozo de selva muerta ha cobrado su cuota de sangre. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) documenta que más de 1 mil ecologistas, activistas, defensores de derechos humanos, religiosos y sobre todo, indios de los 180 pueblos nativos, que se resisten a ver fenecer su tierra y someterse al trabajo esclavo que ofrecen las faziendas, han sido acribillados por pistoleros a sueldo.

“Esta disputa por la Amazonia ha cobrado incontables vidas, aunque los asesinatos no se ventilan. Escandalizó el de la monja Dorothy Stang (de la orden de las Hermandas de Notre Dame de Namur acribillada en Anapu en 2005), porque era una ciudadana estadunidense, pero aquí se mata lo mismo a los indios que a los abogados que los defienden. Se mata a quienes protestan por la esclavitud en las faziendas, y a quien dice que el indio tiene derechos”, dice Mercedes de Budaies, catequista de la CPT.

Nacida en España, Mercedes llegó a la Amazonia hace 35 años, cuando estas tierras, bajo la dictadura militar, se compraban con mapa en mano, sin considerar que de cada acre sembrado vivía una familia, de cada río saciaba su sed un pueblo. Aun sin títulos de propiedad registrados, aborígenes y poseiros eran sus dueños por derecho de antigüedad, según la Constitución de Brasil.

En plena década de 1980, cuando el cantante Barry Manilow abría al mundo Copacabana, el barrio del eterno carnaval comenzó en Amazonia una segunda ocupación, conquista y genocidio que hoy día continúa. La palabra masacre es común en la lengua de los pueblos amazónicos. Darci Frigo, defensor adscrito a la Federación Internacional de Derechos Humanos, dice que a los indígenas se les mata con la finalidad de exterminio, porque una vez muerto, el hacendado toma su tierra. Los fazendeiros tienen gatilleros en su nómina por dos razones: para despojar y evitar invasiones. De esta manera se ha preservado el latifundio en Brasil.

El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) identifica a 20 pueblos indios que actualmente están en riesgo de extinción por conflictos agrarios, monocultivos, y el genocidio practicado por hacendados del sector agronegocios, minero, pecuario y madereras. Por ello, esta zona es más peligrosa que las calles de Sao Paulo o las favelas de Río de Janeiro.

Amazonia es un reflejo de toda América Latina. Mercedes dice que la impunidad es el factor que fomenta los crímenes y todo tipo de abusos. Muy pocos homicidios se investigan y en mucho menos casos se fincan responsabilidades. Trae a colación dos casos simbólicos: del asesinato del ambientalista Chico Mendes nunca hubo responsables, y los ejecutores de Dorothy Stang salieron libres el año pasado.

“En Amazonia, como en Brasil, como en toda la región, el problema es la justicia y la corrupción. Los grandes grupos económicos tienen también el poder político y judicial para desaparecer a quien se atraviese en su camino. A eso súmale que la gente de las ciudades no siente ninguna simpatía por los indios, porque no entienden su cultura y ni les interesa entenderla, en pocas palabras, no les importa lo que aquí ocurra”, reflexiona eufórica la catequista durante el viaje a Manaos.

Plomo, drogas y alcohol

Akayamboro sabe que su cabeza tiene precio. Se negó a rentarle su tierra a un fazendeiro, y, al parecer, éste se ha obstinado en tenerla a costa de lo que sea. Su historia en la Amazonia no es extraordinaria. De hecho, la mayoría de los caciques, que es como se conoce a los jefes de las tribus indígenas, sobreviven amenazados de muerte. De un momento a otro cualquiera se entera que hay una bala con su nombre tatuado. El integrante de la tribu Kayapo, padre de cinco niños, explica a Contralínea que rentar su tierra para el cultivo de soya es tanto como perderla, “porque el fazendeiro me pagará lo que él mande y después mi tierra quedará muerta”.

Los Kayapo son una tribu asentada en seis reservas a lo largo del Río Xingu, en el estado de Pará. Originalmente todos vivían de la siembra de autoconsumo, la caza y la pesca, pero en los últimos años muchos Kayapo despojados de su tierra se ven obligados a trabajar la de los fazendeiros. El mismo destino corren los poseiros cuando el latifundista echa ojo a su terruño. Si no acceden voluntariamente, está la ley del plomo.

El modelo laboral en las faziendas es esclavista, similar al de la colonia en el siglo XVII. No hay jornadas máximas ni salarios mínimos. Desde que el trabajador es reclutado y se le designa una hamaca, ya está endeudado con el patrón. A partir de ese momento siempre estará en prenda por el viaje, la comida, el agua, la cachaza (aguardiente), el cobertizo para dormir, los medicamentos… Si enferma de malaria –el mal más común en la zona– después deberá trabajar el doble para reponer el jornal. No hay lugar para la deserción, si alguno escapa, corre el gato (pistolero) tras él para regresarle al patrón una oreja cercenada, la muestra de que el poseiro recibió su merecido. Significa que el desertor ha muerto.

La CPT (creada en 1975), uno de los primeros y últimos reductos de la Teología de la Liberación, ha refugiado a varios fugitivos con la oreja cercenada a quienes erradamente el gato dio por muertos. La mayoría de estos casos se registran en los estados de Pará y Mato Grosso, los cuales, según el antropólogo Rodolfo de Oliveira, son los más violentos.

En la Amazonia la vida de un indio vale 3 mil reales (1 mil 500 dólares), de un cacique, hasta 7 mil. La CPT contabiliza 260 personas que actualmente están en la lista de sentencia de muerte: activistas, sacerdotes y catequistas de la Comisión. La encabeza Henri Des Roziers, fray Henri, titular de la pastoral, un dominico insumiso de 79 años de edad que pelea por los desprotegidos. Pasados ochos días del asesinato de Dorothy Stang, quien llegó a Amazonia con fray Henri, Lula le obligó a aceptar una guardia las 24 horas del día. Su cabeza está tasada en 50 mil reales (25 mil dólares) y se lo hacen saber las voces anónimas y los mensajes que recibe en su casa. Pero él no se dobla.

Tradicionalmente la CPT ha sido antagónica a los fazendeiros, semillero de organizaciones de izquierda como el MST o el Partido de los Trabajadores (PT), del cual emergió Lula da Silva. Uno de los ataques más violentos a esta pastoral fue el asesinato del padre Jócimo, a quien con meses de antelación le anunciaron que había una bala con su nombre. Vivía en la reserva Pico de Papagayo, entre Tocantis y Marañón, meca del contrabando de madera. Se resistió a salir y pagó el precio.

Originario de la ciudad de Emperatriz, el padre Jócimo, férreo defensor de los poseiros, logró la regularización de extensas áreas, lo que le valió que un asesino a sueldo rondara su casa día y noche. “El padre Jócimo sabía que lo iban a matar, como lo sabía toda la Amazonia. Primero lo balearon públicamente sólo para asustarlo. Le decíamos que saliera, que tenía que salvarse, y él nos respondía: ‘no puedo abandonar al pueblo, confían en mí, un padre no abandona a sus hijos’. Por supuesto que lo mataron. Jócimo era un guerrero defendiendo a su pueblo y se murió en la guerra”, cuenta Mercedes.

La exclusión

Los indígenas son las principales víctimas del proceso de globalización en Brasil. María Comegna, investigadora de la Universidad de Sao Paulo, destaca que la mayoría de los proyectos del gobierno y de las trasnacionales son incompatibles con su idiosincrasia y no se les consulta como lo prevé el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El activista Darci Frigo, reconocido con el Premio de Derechos Humanos, dice que la exclusión de los grupos indígenas es un atropello a sus derechos humanos. Detalla que desde que se le desplaza o violenta su territorio, “se está trastocando la cosmovisión, el autogobierno, los bienes históricos. Para ellos, la biodiversidad tiene un sentido espiritual, son parte de Amazonia y eso es algo que no se entiende ni se respeta”.

Las hidroeléctricas son las obras que más han motivado el rechazo, pues ello implica el desplazamiento de numerosas aldeas asentadas en los márgenes de los ríos. El problema, dice Akiaboro, líder de los Kayapo, es “que el gobierno no nos consulta ninguno de esos proyectos, solamente nos enteramos cuando entra la maquinaria y empieza a talar y construir”.

Adheridos a la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica –que aglutina a las etnias de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú–, los Kayapo, como la mayoría de los otros pueblos, han aprendido a reclamar sus derechos. El precio pagado es alto: 122 indígenas asesinados en los últimos tres años tan sólo en territorio brasileño. El más reciente, el de Valmireide Zoromará, cacique de Matto Grosso, asesinado en enero. Aún percuten las mismas balas gatilladas hace 21 años contra Chico Mendes.

Se suman 99 casos de agresiones de militares, paramilitares y fuerzas policiacas en 99 conflictos territoriales, 37 casos de explotación ilegal de los recursos, 13 vinculados a protestas por daños ambientales; 62 casos de agresiones por racismo y discriminación cultural, y 73 suicidios, por despojo de tierras.

El preciado bien que para los indígenas es su tierra los lleva a un nivel de profunda depresión cuando la pierden: los conduce al suicidio. “Es parte de la idiosincrasia de estos pueblos, pero el Estado no hace nada para evitarlo”, explica el antropólogo Rodolfo de Oliveira.

De acuerdo con datos del CIMI, en Mato Grosso, que concentra los ingenios azucareros y la producción de etanol, cada 10 días se suicida un indígena de los 13 mil que el gobierno tiene hacinados en una reserva de 3 mil hectáreas. En 2008 se registraron 34 casos.

Un dramático caso es el de la aldea Bororó, de los indios Kaiowá. Cuando los fazendeiros compraron la tierra del municipio de Dorados para el cultivo de soya y la crianza de ganado, cuatro padres de familia se suicidaron. “No tenían que darle de comer a sus hijos y se desesperaron”, explica Amilton Lopes, líder de la aldea.

En San Félix de Araguaya, en ese mismo estado, entre los indios Tapirapé se han registrado diversos intentos de autoextinsión de la aldea completa. De Oliveira dice que si el Estado es impasible ante los casos de suicidios y autoextinción, es también por un asunto de discriminación.

La discriminación

En siete años de gobierno, la política de Lula Da Silva para los indios de Amazonia se reduce a confinarlos en áreas de reserva, censándolos en programas asistencialistas que no compensan la miseria y marginación en que los sumerge el desplazamiento de aldeas enteras. “Lula sólo maquilló la pobreza con asistencialismo social”, dice Fabio Guedas, doctor en economía y profesor de la Universidad Federal de Alaguas.

La desatención gubernamental se percibe en sus condiciones de vida: el 25 por ciento de la población padece desnutrición crónica y el 10 por ciento, aguda. Aldeas como las Kaiowas y Guaranís registran muertes por inanición. El Ministerio de Salud registra que 20 niños guaranís mueren de hambre al año, en el país que busca ser el nuevo granero del mundo.

Las clínicas comunales no tienen la infraestructura adecuada ni el abasto de personal y medicamentos para atender los casos de dengue, malaria y hepatitis, que atacan aldeas enteras. Algunos, como la tribu Ticuna, creen que no se trata de un asunto económico sino de racismo. Pedro Mendes es elocuente: “A los indios de Amazonia los tratan como bestias, no como seres humanos”.

Quizá sea una política discriminatoria pero lo que se ha probado son numerosos casos de desvío de recursos destinados a los programas de salud y apoyos económicos de los pueblos indios. Durante el primer periodo de gobierno de Lula, De Oliveira trabajó en el Instituto de Desenvolvimiento Sustentado de Amiragua, en el estado de Amazonas, y nos explica que, según detectaron, una manera de desviar recursos de los programas oficiales es mediante el uso de organizaciones no gubernamentales fachada, mismo método que usan las trasnacionales para cooptar la oposición a sus proyectos.

Álvaro Gómes, diputado estatal y presidente de la organización Paz con Justicia Social, explica que, abusando de la miseria de los indios, muchos fazendeiros o empresarios los involucran en la extracción ilegal de madera y oro.

En Mato Grosso y Pará, los fazendeiros fomentan el consumo de cachaza como método de control. El Fondo Nacional del Indio (Funai) dice que el alcoholismo es uno de los principales problemas de salud pública en la Amazonia, pues hombres y mujeres comienzan la ingesta de aguardiente desde los 12 años.

Al negro panorama se suma el narcotráfico. Los caudalosos ríos amazónicos son utilizados para el trasiego de droga de Perú, Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos. Según testimonios recogidos por Contralínea entre diversos caciques, los jóvenes indígenas son utilizados para el trasiego de la droga y enganchados a su consumo, lo cual ha sido recurrentemente denunciado ante el Funai.

Davi Félix, integrante de ese órgano gubernamental, explica que prácticamente todas las comunidades de la Amazonia padecen problemas vinculados al narcotráfico, ya sea por el consumo, la violencia o porque sus áreas son zonas de trasiego. Los traficantes usan a los indígenas porque son quienes más dominio tienen de las aguas del Amazonas, principal vía de comunicación de la región suramericana.

Osvaldo Mendes, cacique de la tribu Ticuna, asentada en el estado de Manaos, dice que el consumo de cocaína entre los jóvenes de la comunidad ha desatado la violencia intrafamiliar. “Los hermanos pelean entre ellos, se vuelven violentos cuando consumen ese polvo que no sabemos quién lo trajo a nuestra comunidades, pero ahora muchos roban para conseguir más”.

En diversos operativos, el Ejército y la Policía Civil de Amazonia han desmantelado laboratorios de procesamiento de cocaína instalados áreas vírgenes de los municipios norteños, colindantes con Colombia y Perú. El punto más caliente en el trasiego de droga es Tabatinga, zona portuaria fronteriza con la colombiana Leticia.

Los indígenas se sienten usados como botín político. Amazonia es a Brasil, como los municipios pobres a México. “Ni el presidente Lula ni ninguno de los funcionarios están protegiendo Amazonia ni a sus pueblos, no se protege la floresta, tenemos muchos problemas, y cuando reclamamos nos masacran a la gente. Queremos que se proteja la Amazonia porque sin Amazonia se acaba Brasil y se acaba el mundo”, dice el indígena Aylton Lizan.

El alma de la Amazonia

El ímpetu que denota Odileia Carneiro al hablar hace que se sienta un dejo de esperanza en ésta que Greenpeace define como la selva más violenta del mundo. Los indígenas tienen todo en su contra y, sin embargo, luchan por sobrevivir y reivindicar sus derechos. Odileia del clan Noretikuna, asentado en el estado de Amazonas, es un claro ejemplo. Madre de ocho hijos, de 51 años de edad, lleva 30 años alfabetizando indígenas. Es una de las primeras aborígenes que consiguió estudiar. Hoy da clases a niños de educación primaria en la escuela Sofia Barbosa, del municipio Benjamin Constant.

En un perfecto portugués, Odileia dice que no es fácil enseñar a niños que llegan a clases con el estómago vacío y sólo piensan en un trozo de pescado o un puño de fariña (harina de mandioca), pero ha logrado que muchos de ellos lleguen a la universidad.

“El indio quiere aprender. Hace 30 años en Amazonas todos eran analfabetos, hoy el indio ya es profesor, ya piensa en llegar a la facultad”. Su familia es un ejemplo: el hijo, piloto aviador; la hija, traductora profesional.

En la escuela, frente al grupo, Odileia traslada la cosmovisión que la hace resistir los embates: “Cuando Brasil fue descubierto, los indios ya estábamos allí y por defender nuestras tierras nos han masacrado mucha gente, por eso entre nosotros decidimos que el indio debe ser abogado para defender las tierras, debe aprender para defenderse, porque Amazonas no sólo es nuestra tierra, Amazonas somos nosotros”, y ellos asienten.

El tesoro

Cinco de los 7 millones 800 mil kilómetros cuadrados que comprenden la Selva Amazónica, se ubican en Brasil, esto se reparte entre Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guyana.

Se trata de la selva tropical más importante del mundo. Su riqueza no tienen comparación alguna: en una extensión que representa el 5 por ciento de la superficie terrestre concentra el 40 por ciento de la selva tropical del mundo, el 50 por ciento de las especies vegetales y animales, y el 20 por ciento del agua dulce en 25 mil kilómetros de ríos navegables, de allí que se le conozca como “El pulmón del planeta”.

La Amazonia es, también, una zona rica en minerales y recursos energéticos. Aquí se encuentra el yacimiento tungsteno y de titanio más grades del mundo, hay oro, piedras preciosas y se extrae el 90 por ciento del crudo que hace de Petrobrás, una de las 10 principales petroleras del mundo. (ALP)