Gran parte de las instituciones del Estado ha construido parapetos legales para –dicen ellos- proteger su accionar administrativo, la lentitud oprobiosa de sus decisiones y los no pocos desatinos en que incurren sus funcionarios. Estas figuras se repiten de gobierno a gobierno, se heredan las malas prácticas en el tiempo y van acumulando y mutando para abarcar nuevas situaciones que incorporan actores poco idóneos, como veremos en este informe. En el Estado se piensa cómo blindar a sus protagonistas pero no hay consagración de servicio a quien paga sus sueldos mensuales: el usuario, el pueblo del Perú. La inequidad es por demás antipática: ¿cómo puede el público todo el tiempo pagar a servidores parlanchines, robustos en mentiras, huérfanos de justicia y a quienes sólo puede calificarse de ineficientes?

La cultura de protesta ante los servidores públicos es escasa en Perú. El imperio del papeleo eterno gobierna en la mente de burócratas y gerentes. El usuario es el único que no importa, es el despreciado a quien pueden, con malas artes enajenarles sus terrenos, casas o cualquier clase de patrimonio; es el que debe empeñar hasta la camisa para pagar las tasas, en una palabra es la víctima que todo lo sufre y todo lo paga

En días pasados publicamos ¡A la mala enajenan terrenos en playas de Lurín! http://www.voltairenet.org/A-la-mal... lo que motivó una extensa carta de la institución aludida que hemos reproducido en: La conexión Cofopri 1 http://www.voltairenet.org/La-conex... a la que sigue el actual texto.

Todas las explicaciones o justificaciones, citas puntuales de ordenanzas con número y lujo de detalles son útiles pero no son suficientes ni abarcan el universo total de picardías que el ingenio criollo –tapadera de innumerables delitos- prohíja para otorgar contornos de legalidad a lo que son verdaderos robos gatillados por pandillas conocedoras de las fragilidades, los huecos y vacíos de la cosa pública.

Traficantes de terrenos en Playa Arica

Moneda común son las tácticas y medios ilícitos utilizados por astutos traficantes de terrenos en las playas de Lurín (en este caso Playa Arica, ubicada a la altura del km. 35 de la Autopista Lima-Pucusana), quienes amparados en una “Asociación Pro Vivienda” y en vacíos legales de las normas de las instituciones involucradas, emiten documentos que tergiversan la situación de los predios, argumentando “posesión”, “transferencias” o “ventas” ficticias, para apoderarse fácilmente de terrenos estatales o privados, presuntamente “abandonados”, para lo cual involucran a personal y funcionarios de COFOPRI,la Municipalidad y de la Comisaría de Lurín.

Una vez que son “titulados” por COFOPRI, venden o transfieren los predios obtenidos y proceden a invadir nuevos predios sucesivamente.

La madre del cordero La Asociación Pro Vivienda “Los Suspiros” de Lurín (APVLS), según su logo fue fundada en 1983. Ha tenido numerosos dirigentes. Desde junio del año 2009, mediante discutida elección “por aclamación”, desplazando irregularmente a la directiva vigente en ese entonces, habrían sido elegidos como representantes ante COFOPRI, Alicia Alejandrina Llanos Pagán y Benedicto Adrián Arce Yturry. Quienes también son Presidenta del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia respectivamente.

Como antecedente, cabe mencionar que Alejandrina Llanos fue Regidora en la Municipalidad de Lurín (aprox. el año 2004) y Benedicto Arce fue candidato a Regidor de Jesús María por el Partido Aprista el año 1998.

Cofopri mete su cuchara

La estrategia preliminar de la APVLS fue tramitar la prescripción adquisitiva sobre amplios terrenos del balneario, al cual han conseguido que COFOPRI denomine Asentamiento Humano pese a que en el área existen predios privados que fueron legalmente adquiridos en los años 1965 a 1968 al amparo de la Ley 15726, a la entidad antes competente, (Municipalidad de Lurín).

Cabe recordar, por ejemplo, el predio que perteneció a VladimiroMontesinos, ubicado en la zona, con frente a la Av Costa Azul y al Malecón (Playa), el cual incluía varios lotes adquiridos por el ex asesor (“búnker” descubierto el año 2000).

Mediante planos elaborados ex profeso, que son aprobados por COFOPRI y presentados para su inscripción a la SUNARP, llegan a adulterar la lotización real existente, creando una artificial “superposición de predios” para confundir tanto a las entidades como a los propietarios legítimos.

Estos últimos se ven impedidos de poder registrar debidamente sus predios ante la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP). Se convierten entonces en predios vulnerables, susceptibles de ser invadidos por no estar inscritos.

Con motivo de los Comunicados publicados por COFOPRI en diciembre 2011, para empadronar a los posesionarios de Los Suspiros de Lurín los días 23, 24 y 25 de enero 2012, se desató una ola de invasiones en todo el balneario por parte de traficantes camuflados como “posesionarios” oportunistas ansiosos de ser “empadronados” por COFOPRI, avalados por la APVL.

Para sus fines, los traficantes de tierras, amparados por la “Asociación Pro Vivienda los Suspiros de Lurín, (APVL)”, obtienen “Constancias de Posesión” suscritas por los dirigentes citados (A. Llanos y B. Arce) avalando una falsa vivencia de 10 años “pacífica, pública y continua por más de 10 años” en los predios que son invadidos. Asimismo les proporcionan otros documentos que avalan supuestas transacciones de compra-venta del predio a favor del invasor.

Benevolencia de Cofopri

Los traficantes de tierras aprovechan lo que podría calificarse como una excesiva flexibilidad en los requisitos que exige COFOPRI a los supuestos “posesionarios” cuyos funcionarios indican (Oficio de respuesta 1065-2012-COFOPRI/2010, de fecha 28-2-12 en su cuenta de Facebook):

“…COFOPRI abre las puertas a la formalidad, ya que muchos no cuentan con documentos de propiedad, por eso los documentos posesorios, como el caso de las Constancias, sirven para demostrar que un ocupante es dueño de un determinado lote, la forma y manera como se expidan no es responsabilidad de COFOPRI”….

Podría entenderse que COFOPRI como entidad “formalizadora” está dispuesta a recibir cualquier documento presentado como “Constancia” sin importar su procedencia; en este caso, la APVLS ha entregado a discreción Constancias de Posesión a favor de decenas de supuestos “posesionarios” para que sean empadronados por COFOPRI. Esto es una puerta abierta para los traficantes de tierras.

Sin embargo COFOPRI no debe olvidar que es responsable si está titulando a traficantes en base a documentación “fabricada” ex profeso para apoderarse de predios ajenos y con ello se despoja a los propietarios legítimos.

El caso presente

Se demuestra, en el caso que nos ocupa, que la “posesionaria” Clorilde Ruiz Gonzales de Ricra figura como tal en el Lote E-4 hace dos años (2009), el que actualmente está transfiriendo a terceras personas, al mismo tiempo que invade el Lote E-8, mientras asegura en su “Constancia” que es posesionaria del mismo ¡hace más de diez años!

El apuro por apoderarse de más predios hace que los traficantes presenten documentos contradictorios entre sí.

Documentos adjuntos