Ha dicho recientemente el ex-presidente García Pérez que el mandatario Toledo no se excedió ni interfirió con sus duras apreciaciones acerca del Poder Judicial y sus blandengues resoluciones contra cacos de conocida catadura. Esta coincidencia deviene de suyo interesante porque revela serenidad y solidez. El señor Toledo puede -y debe- opinar cuando los temas rebasan la formalidad hipócrita a que nos tiene acostumbrados una caterva de jueces que casi nunca encuentra pruebas porque el diseño de la justicia en el Perú es precisamente NO hallar indicios razonables -ni irracionales- para meter en vereda a quienes tiempo atrás fueron amos y dadivosos compradores de consciencias a través de coimas, casas, becas y dinero en efectivo.

Sostiene en artículo dominical el ingeniero Juan Sheput que Toledo no ha cometido interferencia y que más bien ha hecho pública su indignación. No falta razón al asesor presidencial que, cuando evita los caminos del panegírico hacia su gobierno, produce instantes de reflexión respetable.

Creo, también, que abunda la indignación y -como reza el dicho norteño- hay que decir las cosas claras y procurar el chocolate bien espeso, duela a quien urtique y moleste a quien se sienta aludido. Las categóricas expresiones del congresista Barba quien sostiene no haber conocido nunca un juez honrado encuentran pues un profundo correlato en la sociedad civil.

El Poder Judicial tiene ante sí y por su sola causa un reto monumental: generar el mentís a su deplorable imagen de perdonavidas, cómplice de todos los ricachos, apéndice de sólo causas injustas. Con el hampón Montesinos, el PJ, sólo institucionalizó lo que era ciencia generalizada sobre su putrefacción. Expedientes eternos que nunca encuentran a los rateros y sentencias que exculpan o prescriben a quienes se sabe son responsables de sus trapacerías, ayer y hoy. Toledo no ha dicho nada nuevo. Y lo que es evidente: sus testimonios son compartidos por vastísimos sectores de la sociedad civil que olfatea cómo es realmente el Poder Judicial por dentro.

Ningún poder del Estado está por encima de la opinión pública. Cualquier ciudadano tiene derecho a decir cuanto piensa y si hay sintonía con la población entonces hay que cambiar los rumbos y no quejarse de supuestas interferencias. Si en la casa del vecino se sabe que éste apalea continuamente a su pareja ¿se interfiere deteniendo al sujeto violentista para evitar más daño físico? La imbecilidad es rasgarse las vestiduras cuando sí que sabemos qué mugre es la que hay en el Poder Judicial y lo propio en el resto del aparato estatal.

Un sólo caso: la repugnante pelea entre Canal 5, televisora de la mafia y su ex-dueño, Genaro Delgado Parker, el mismo que era cófrade y socio honorario de Vladimiro Montesinos, enfrenta a dos facciones facinerosas que luchan por la señal estupidizante y perversa que lanza ese Canal, en el Poder Judicial. Los picapleitos interponen oficios, recursos, mil y un papeles y todos los días hay sentencias distintas. ¡Qué asco! Es el mundo de los abogángsters mostrado urbi et orbi y con un descaro impresionante. ¿Cuál la limpieza de un Poder Judicial que hoy desdice lo que ayer manifestó en otro dictamen?

El presidente ha dicho que sea cual fuere el resultado de sus indagaciones, el Poder Judicial tiene que acelerar los procesos. ¡Y no vengan con el cuento aquel del presupuesto!

Interferencia no, indignación sí.

Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz.