Red Voltaire
La Prueba - Capítulo 1

Sombras nada más

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Pues los hombres al fin y al cabo vivimos de nuestras fantasías.

Mempo Giardinelli, Qué solos se quedan los muertos, Biblioteca Breve, Seix Barral, Buenos Aires, 2001.

Si quisiera intentar un resumen para presentar en una forma simple y accesible el escándalo por las colmas del Senado, comenzaría por la descripción de dos audiencias.

La primera es la audiencia que tuvo al juez Carlos Liporaci como director de orquesta el 5 de octubre de 2000. La segunda, la que celebró su reemplazante Gabriel Cavallo el 14 de junio de 2001. En ambas se blanqueaba a los senadores sobornados y a los funcionarios y particulares sobornadores. Tanto Liporaci como Cavallo coincidieron en la falta de mérito de los parlamentarios. Algo muy conveniente para los senadores involucrados, que habían perdido su inmunidad el 31 de agosto de 2000 y necesitaban recuperarla de cara a la renovación de la Cámara de Senadores por voto directo, una contienda electoral que estaba prevista para el 14 de octubre de 2001.

La última palabra la tenía la Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires, presidida por Horacio Vigliani e integrada, además, por Luisa Riva Aramayo, a causa de la apelación contra la medida dictada por los jueces de primera instancia, que había presentado el Ministerio Público. Todo preanunciaba un sobreseimiento, punto de liquidación de culpas y cargos.

Pero no se puede entender el recorrido de las coimas si no se tienen en cuenta las conclusiones del Ministerio Público.

Los indicios que habían reunido los fiscales de la causa, Eduardo Freiler y Federico Delgado, estaban abrochados en 32 cuerpos -cerca de 6.400 fojas- y revelaban una trama de ¡lícitos por comisión u omisión, de complicidades, de falsos testimonios y encubrimientos. Sin embargo, estos datos no consiguieron convencer al juez Liporaci -y mucho menos a su sucesor Gabriel Cavallo - de que para desembolsar los sobornos el gobierno había recurrido a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), paradigmático depósito de "fondos reservados".

En esa cueva de espías a sueldo del gobierno se había utilizado dinero del presupuesto oficial y de las cajas negras para comprar la voluntad de senadores indóciles y ávidos. Desmañadamente envueltos en papel manila, los generosos fajos de billetes verdes lograron que los legisladores ariscos claudicaran ante una ley que profundizaría el sometimiento de los trabajadores a los dictados de la globalización y el ajuste estructural iniciados en la era de Carlos Menem.

La SIDE no desmintió la información aparecida en el foro de lectores que e¡ diario La Nación publica en Internet, según la cual el coimeo, había sido organizado por el jefe de contrainteligencia del organismo, el mayor (RE) Alejandro Brousson, y coordinado por Ismael Garabar, apodo de Eduardo García en el Legajo 54589/53 de esa Secretaría.

Este "coordinador" se había servido de teléfonos celulares adquiridos a la empresa Canteras Brandsen S.R.L., una de las tantas compañías del espionaje gubernamental, y con el alias de «C2-In.8", se había puesto en contacto con los senadores y los había ido convocando para entregarles los sobres con las quemantes divisas mediante un sistema de postas, cuyo itinerario había quedado perfectamente delineado en el correo cibernético del diario conservador por excelencia de la Argentina.

Con Fernando De la Rúa al mando de las instituciones de la República desde el 10 de diciembre de 1999, el cargo de Secretario de la SIDE recayó en uno de sus amigos íntimos, el ex banquero Fernando de Santibañes. El personaje se paseaba omnipresente por el sepelio que proyectaba el juez Cavallo en connivencia con la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires: la intención era que la inhumación pareciera natural, y hasta intrascendente.

El 25 de septiembre de 2000, Fernando De la Rúa había firmado el decreto secreto 833, que autorizaba al juez Liporaci a examinar las cuentas de la SIDE, y excluía deliberadamente al Ministerio Público, que es el organismo que garantiza la legalidad del proceso penal. Por esa vía, el Presidente relevaba a su subordinado Fernando de Santibañes de "las obligaciones que impone el secreto de Estado-", que están reguladas por la ley 13.895 -que reprime la difusión de noticias que vulneren "la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores»- y en la ley 20.295, que consagra el carácter «estrictamente secreto y confidencial" de las actividades que desarrolla la SIDE. Para cumplir la orden y las exigencias indagatorias de la justicia, el 5 de octubre se concretó una reunión en el despacho que ocupaba por entonces el juez Liporaci, en el cuarto piso del 2002 de la Avenida Comodoro Py. A ella asistieron el director de finanzas de la SIDE, Esteban José Gallea, y el jefe del departamento jurídico, Gabriel Mario Presa, acompañados por el Ministro de justicia, Ricardo Gil Lavedra, en representación del primer mandatario.

En esa reunión también estuvieron presentes los dos fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, para quienes lo acontecido fue una vergüenza judicial. Supuestamente, el juez Liporaci recibió algunos extractos contables de la SIDE -ininteligibles, y en hojas pésimamente conservadas-, que mostró al resto de los presentes con la recomendación de que los datos allí contenidos no fueran vertidos en el sumario, y que, por consiguiente, tampoco fueran investigados. Freiler y Delgado protestaron, enfrentándose a su vez con el ministro Gil Lavedra, que apoyó a la SIDE con ’ el argumento de que no correspondía analizar a fondo su estructura financiera.

La actitud de Gil Lavedra, que había sido integrante del tribunal que juzgara y condenara a las juntas militares entre 1984 y 1985, y se había desempeñado más tarde como experto del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, fue un lastimoso acto final en su gestión como Ministro de justicia del gobierno de la Alianza. Justamente ese día, el 5 de octubre de 2000, el presidente Fernando De la Rúa lo reemplazó en el cargo, nombrando en su lugar a su hermano Jorge De la Rúa. A pesar de ello, lo envió al cónclave pergeñado por el juez Liporaci, con la misión de convalidar la jugada del engaño elucubrada por Fernando de Santibañes, que tenía sus buenos motivos para no enfrentar la situación. Debo reconocer que no me resultó muy difícil reconstruir la maniobra de aquel 5 de octubre de 2000.

La SIDE mostraba unas hojas con operaciones contables indescifrables, tanto por su contenido como por la calidad del papel en que estaban impresas. Por añadidura, el juez dictaminaría que esa especie de libelo no debía ingresar en el expediente, de modo que aquellos datos no servían para nada, porque lo que no obra en autos judiciales no es preceptivo. Para agravar, la afrenta, Gil Lavedra salió de la reunión exultante y afirmó lo más campante que se había esclarecido todo.

Al mismo tiempo, los fiscales expresaron todo lo contrario. Recalcaron que el hecho de que el Poder Judicial no pudiera tomar conocimiento de cómo se manejaba el dinero en un organismo como la SIDE, resultaba catastrófico para el estado -de derecho. Después de revisar una y otra vez la documentación que había acopiado, yo estaba convencido de que las colmas del Senado habían partido de la SIDE. Así me lo indicaba la sólida auditoría que había llevado a cabo Rafael Bielsa, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el único organismo competente para revisar las cuentas de las estructuras dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

La autopsia de las cuentas de la SIDE que había practicado la SIGEN, dejaba al descubierto la punta del iceberg que atizaba la controversia entre los fiscales por un lado, y, por otro, la SIDE, el Ministerio de justicia, y el juez Liporaci, luego respaldado por su reemplazante Gabriel Cavallo.

Entre otros, el indicio relevante lo constituían dos cheques hechos efectivos en ventanillas del Banco Nación entre el 11 y el 13 de abril de 2000 por un total de 6.500.000 dólares, con cargo a una de las tres cuentas que la SIDE tiene abiertas en esa institución. El cobro no se justificó con las explicaciones escritas y orales presentadas por la SIDE en la ya citada reunión del 5 de octubre, ni tampoco en su versión reactualizada del 14 de junio de 2001, con Gabriel Cavallo en lugar de Carlos Liporaci, que involucraría además al tribunal de alzada, la Sala I de la Cámara Federal, compuesta por Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, pese a que el fiscal de Cámara, Germán Moldes, había expresado claramente su desacuerdo.

La consabida cuenta es la 158 1 /11. En ella tenían firma autorizada el Señor 5 —como se suele llamar al jefe de la SIDE-, y el jefe de finanzas de ese organismo, Esteban José Gallea. Los fondos provienen directamente del Tesoro Nacional, y no pasan por el "filtro" del Ministerio de Economía. El dinero que no se utiliza va a otra cuenta de la SIDE en la filial Nueva York del Banco Nación, que está a nombre de DIRFIN S.A. El único autorizado para ordenar los giros era Fernando de Santibañes, y nadie conoce en sumario alguno de ningún país los extractos y los saldos de esa cuenta, cuya sigla delata a la Dirección de Finanzas de la SIDE.

No olvidar esto: tendré que retornar más adelante a esa cumbre jurídico política cuando me refiera al acta de defunción del expediente 9900/00, caratulado "Ortega, Ramón Bautista y otros s/ cohecho ». Por ahora, es mejor que me limite a explicar cómo los agentes de la SIDE volvieron a la carga pretendiendo convencer al juez, con una prueba documental más prolija que la presentada el 5 de octubre, de que los 6.500.000 dólares retirados de una de sus cuentas en el Banco Nación pocos días antes de que los senadores cambiaran de opinión con respecto a la Ley de Reforma Laboral, habían sido destinados a la compra de neumáticos, al mantenimiento de automotores y a «gastos corrientes».

Para mí, la incógnita no sólo radicaba en que los comprobantes de esos insustanciales gastos, hipotéticamente normales aunque desproporcionados, eran, a todas luces, inverosímiles, El factor agravante era la coincidencia de fechas con la componenda política que precedió al debate del proyecto de ley en cuestión. La conexión estaba refrendada por la comprobación de que el 14 de abril de 2000, horas después de que se cobraran los cheques por 6.500. 000 dólares, el gobierno de Fernando De la Rúa anunció inesperadamente que el justicialismo no obstaculizaría la aprobación de la ley, que se efectivizó diez días más tarde con la media sanción del Senado.

La Razón, en su edición del 13 de abril de 2000, y Ámbito Financiero, el 18 de abril, habían enhebrado la información, que se conectaría meses después, por causa y efecto, al conocerse el misterioso periplo de los cheques G13028371 y G13028378, convertidos concomitantemente en dinero líquido por el Banco Nación a un endosante cuya identidad permanecía en las sombras.

El 26 de abril los senadores despacharían la ley, con la cobertura de veintiún enmiendas insustanciales, otorgándole un alcance desmesurado con la intención obvia de disimular, en ese fárrago, el cuerpo del delito.

Recuerdo que en abril de 2000, Rafael Bielsa, el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), estaba más preocupado por cuestiones literarias que por el tema de los sobornos a los senadores. Acababa de publicar en forma de libro una recopilación de cuentos cortos de su autoría que, bajo el título Sombras nada más había comenzado a circular aquel otoño por las librerías porteñas. Juan Gelman no había vacilado en prologarlo después de leer el manuscrito. En esas páginas, Gelman decía que «el autor extingue las barreras de la preceptiva literaria y articula un tejido donde cada texto tiene su lugar, ligado al otro por hallazgos de precisión suntuosa». Según me dijo Bielsa, el "bellísimo prólogo" era superior al libro. En los cuentos, situados en la incierta frontera entre la ficción y la realidad, se daban cita personales entrañables que protagonizaban encuentros fortuitos y encarnaban utopías, y objetos, plantas, olores y animales gobernados por el azar y la "eternidad de lo fugaz".

Inspirado en la letra del célebre tango de Francisco Lomuto y José María Katunga Contursi, Bielsa citaba la primera estrofa en preámbulo: «Quisiera abrir lentamente mis venas, / Mi sangre toda verterla a tus pies / Para poderte demostrar / Que más no puedo amar / Y entonces, morir después". Era una señal. Al menos, yo me preguntaba: este hombre, que además de ensayista, poeta y Jurista, es el Síndico General de la Nación, ¿habría hecho suya esta estrofa pensando en una mujer, o en la patria?

Rafael Bielsa, que nació el 15 de febrero de 1953 en Rosario, provincia de Santa Fe, es hijo del abogado Rafael Pedro Bielsa y de Lida Caldera. Su hermano Marcelo, dos años menor, es el notorio Director Técnico de la Selección Nacional de fútbol de Argentina. Su hermana María Eugenia, seis años menor, es arquitecta.

Rafael no fue un hijo descarriado, pero su inserción política en la «gesta" de los años sesenta, junto al peronismo y los Montoneros, lo catapultó a una existencia turbulenta. Así, conoció en carne propia las bondades del campo de concentración que el ex general Leopoldo Fortunato Galtieri instalara en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, además de un posterior exilio en España hasta 1981. Católico practicante, había sido Subsecretario de Asuntos Legislativos durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cargo del que el menemismo lo despojó a fines de 1989. Pudo seguir trabajando gracias a algunos planes financiados por las Naciones Unidas, en los que se destacó por sus contribuciones a la informática jurídica y a los sistemas judiciales, desde los cargos que ocupó en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Hincha de Newell’s Old Boys de Rosario, club al que dedicó un libro de anécdotas junto al periodista de Clarín Eduardo van der Kooy, su corazón sigue albergando a los Montoneros entre sus orgullos y afectos. «Si repensamos esa época no sólo como tiempo de violencia, vamos a estar en mejores condiciones de abordar el futuro y de elegir una dirigencia más justa y democrática" ha dicho Bielsa. Y sigue pensando que lo mejor de él salió a flote en aquellas circunstancias "de mucho valor humano y cultural". Sigue embanderado con una generación "increíble y excepcional por su arrojo y compromiso" que lo "enriqueció", y piensa que lo único que han hecho los años es empeorarlo.

Cuando analiza el pasado percibe un país de "empates": democracias descalabradas y golpes funestos, gobiernos radicales y peronistas malogrados, "tragedias y olvidos". Bielsa no se sorprende cuando las nuevas generaciones, impacientes por agotar el conocimiento histórico, se acercan a él sabiendo que fue partícipe de la experiencia montonera, y deduce que lo hacen "no tanto porque lo nuestro fuera bueno, sino porque ahora no hay nada de dónde agarrarse. Hoy la desesperanza es casi absoluta".

Rafael Bielsa mantiene un diálogo fluido con muchos ex montoneros que han sobrevivido a la desgracia, "porque no participo de ninguna interna, no anduve en disidencias, porque creo que sobran resentimientos y reproches, y falta piedad y comprensión. De lo contrario, me sumaría a la prodigalidad de las críticas que nos hacen quienes han sido gobernadores e intendentes de la dictadura". Al margen de las coincidencias y controversias que podría tener con él acerca de la lucha armada originada en ciertos sectores del peronismo, Bielsa me hace pensar en las sorpresas que suele deparar la vida en algunos de sus recodos.

"Vas a ser Ministro de justicia", le había profetizado Carlos Chocho Álvarez un martes de finales de 1999, cuando discutía con Fernando De la Rúa el gabinete ministerial de la Alianza. Sin renegar de su identidad peronista, se había acercado al FREPASO en 1997, cuando José Octavio Pilo Bordón dejara un vacío en el liderazgo progresista del justicialismo.

Según cuenta el periodista Martín Granovsky, dos días después el vicepresidente electo modificó su libreto. "Por un despelote que no viene al caso, el ministro va a ser Ricardo Gil Lavedra. ¿Vos qué querés?", le preguntó como queriendo calmar su legítima decepción.

Lo que Bielsa quería era la SIDE, porque allí había mucho para "adecentar". Pero Álvarez lo disuadió con el argumento de que ese puesto no le convenía, porque "es un lugar de mierda donde te vas a ensuciar". Tampoco Fernando De la Rúa estuvo de acuerdo con esa alternativa, y finalmente se le ofreció la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Bielsa aceptó, alentado por la función "episcopal» que el organismo cumplía en la cúspide del Estado.

Una vez que se hizo cargo, sacó a la institución del ostracismo, reorganizándola en lo interno sin echar a nadie ni sumar gente de su confianza, y relanzándola con una flamante Planificación, como si fuera un perro de presa, a la caza de la desidia e ineficiencia enquistadas en las instituciones del aparato presidencial corroídas por los circuitos de la criminalidad menemista.

Probablemente sin querer, cuando la SIGEN investigó el escándalo de las coimas, Bielsa se tomó dos considerables revanchas encadenadas entre sí, que mucho tienen que ver con este informe. Por una parte, ridiculizó a Ricardo Gil Lavedra, el Ministro de justicia, demostrando que los fondos adjudicados a las tareas secretas de la SIDE pueden ser objeto de control sin violar la confidencialidad de su destino. Por otra parte, se convirtió en verdugo de los espías: su aporte en la investigación ayudó no sólo a voltear a Fernando de Santibañes sino también a que el sucesor de aquél, Carlos Becerra, presentara la renuncia -que no le sería aceptada- en tres ocasiones.

"Pude ser feliz / Y estoy en vida muriendo / Entre lágrimas viviendo / Los pasajes más horrendos / De este drama sin final", decía la poesía tanguera de Katunga Contursi que, el 26 de junio de 2001, habría de cobrar para Rafael Bielsa un significado muy diferente del que había tenido en abril de 2000, cuando había promocionado su libro Sombras nada más en los círculos literarios. Era como ver una de esas antiguas películas en blanco y negro arbitrariamente coloreadas para la televisión por cable. En blanco y negro o en colores, el ideal seguía siendo el mismo hombres y mujeres disímiles, de orígenes culturales, raciales y étnicos distintos, de regiones y ciudades diversas, de procedencias políticas discrepantes o incomparables, debían ser todos iguales ante la ley; debían estar protegidos por la Constitución Nacional, único recurso para fortalecer la democracia y alcanzar una República auténticamente representativa.

Por eso Bielsa citaba con entusiasmo un fallo que la Corte Suprema de justicia de los Estados Unidos había dictado el último día hábil de su período 2000/2001: "Ha sido bien establecido que ciertas garantías constitucionales existentes para las personas en los Estados Unidos no son disponibles para inmigrantes que se encuentran fuera de nuestros límites geográficos. Sin embargo, una vez que un inmigrante ingresa al país, las circunstancias legales cambian, ya que la cláusula del debido proceso legal es aplicable a todas aquellas personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos, entre ellos los inmigrantes, sea su presencia legal, ilegal, temporaria o permanente. Esta Corte ha sostenido que la cláusula del debido proceso legal protege a un inmigrante sujeto a una orden de deportación, variando la naturaleza de esa protección según su status y las circunstancias".

En ese fallo reciente, Bielsa encontraba tanto de respeto por las instituciones, tanto de fortaleza capaz de comprender la debilidad y tratarla en pie de igualdad con el poder, que soñaba con ver esos conceptos acuñados en el discurso político y en la jurisprudencia de los tribunales argentinos.

He estado más de una vez en la sede central de la SIGEN, en el tercer piso de Comentes 389. He conversado más de una vez con Rafael Bielsa, y me lo he imaginado caminando en derredor de esa mesa color borravino índigo, larga y ovalada, a veces en mangas de camisa, siempre de corbata, o accionando el disimulado mecanismo situado en uno de los dos apliques lumínicos que coronan el imponente salón de reuniones revestido en madera para abrir una puerta oculta que comunica a un recinto secreto donde guarda documentación confidencial..

Y casi puedo oírlo decir: «Podrán meterme un balazo en la cabeza, pero sepan que de aquí sólo me van a sacar muerto. No me voy a entregar Van a saber cuántos pares son tres botas...".

El estado de ánimo del Síndico General de la Nación era comprensible. Las auditorías se acumulaban. Las denuncias que motorizaba Bielsa tenían su impacto, no sólo en la opinión pública sino también en el corazón del poder político y económico.

Una de esas denuncias hizo puntería en el pubis de la multinacional alemana Siemens, y dio como resultado la anulación de un contrato espurio por 1.000 millones de dólares con el Estado nacional, por el cual se le otorgaba a la empresa la licencia para fabricar los documentos de identidad a los ciudadanos argentinos a precios exorbitantes.

Otra, golpeó en la garganta al grupo multimedia UNO, al que vinculaba con irregularidades asociadas al lavado de dinero y a la evasión fiscal por 600 millones de dólares. El conglomerado era producto de la asociación entre los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, ex Ministro del Interior de Carlos Menem, ambos abroquelados con el banquero Raúl Esteban Pedro Moneta, hechicero de una quiebra por 2.000 millones de dólares. El enorme tinglado había sido construido durante la década menemista, y en torno a él se cruzaban los hilos del lavado de dinero detectados por el subcomité del Senado de los Estados Unidos encargado de investigar el tema.

En ese contexto, no resultó para nada extraño el sobre amarillo, manuscrito y sin remitente que llegó un día a la secretaría privada del Síndico General de la Nación. Contenía copias de los planos de los reciclados silos que dieran lugar al luminoso loft de la planta baja del edificio en el que Rafael Bielsa vive con Andrea de Arza. Adosados, venían los detalles de cinco días de seguimiento, entre el 23 y el 27 de abril de 2001, acompañados del número de identificación de la pistola Sig Sauer que Bielsa lleva consigo para su defensa personal, declarada como corresponde en el Registro Nacional de Armas (RENAR). "El efectivo pasará por detrás del automóvil BMW chapa patente CUR 732 color negro, y se ubicará sobre la izquierda del conductor, ligeramente por detrás de éste. Desde esa posición deberá hacer fuego" sobre Bielsa, decía el plan para matarlo que el blanco móvil de la SIGEN presentó al juez federal Claudio Bonadio.

A aquélla, siguieron dos intimidaciones a sus padres. La madre recibió un extraño llamado telefónico en el que le avisaban que su hijo Rafael había muerto en la ruta a Rosario. Al padre, un hombre de 76 años, le incendiaron su estudio jurídico de la calle Balcarce, en pleno centro de la ciudad de Rosario, "a dos cuadras de los tribunales-", haciendo estallar allí un cóctel molotov en la madrugada del sábado 7 de julio de 2001.

Conociéndolo como lo conozco, puedo imaginarme a Bielsa en el gimnasio, desfogándose a solas haciendo aparatos, remo, o corriendo en la cinta, y maldiciendo en voz baja a interlocutores existentes pero lejanos, y haciendo fintas de boxeador frente a un espejo para aniquilar las tensiones. "Equilibrio psicofísico" lo llama él. Y puedo escucharlo mascullar entre dientes: " Y ¿qué querés? Si éste es un país que vive fuera de la ley. Aquí reina la cultura de la ilegalidad, ! cómo no te van a amenazar! Si sos decente no sos competitivo, y al que no comulga tratan de amedrentarlo. Es todo lo contrario: a criterio de la globalización, la decencia viene de la mano de la factibilidad de los negocios, y no de la moral o la religión. La cultura de la virtud es la que más paga. Acá es al revés..."

Bielsa me ha contado que él quería ir a la SIDE "por lo nociva que terminó siendo para la democracia en épocas de Menem. No te olvidés que habían fundado la Unidad Básica 25 de Mayo, organizando la cadena de la felicidad, sobres para algunos jueces, fiscales y legisladores, además de una cantidad de campañas comerciales y políticas, de las que me vine a enterar cuando auditó la SIGEN, más preocupados por la seguridad interna, corrompiendo, que por los riesgos externos haciendo realmente inteligencia".

La lápida que Rafael Bielsa tenía pensada para la tumba de la SIDE era inmisericorde. Los cálculos del dinero sustraído a los contribuyentes que deglutía su presupuesto, y del derivado de las ganancias de sus empresas teledirigidas desde la oscuridad eran inconmensurables. La fuente de financiación ¡legal para los aberrantes negocios políticos del poder había sido inexpugnable e inagotable.

¿Cómo había llegado el Síndico General de la Nación a tales conclusiones? La SIDE, como todo organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, aceptaba naturalmente el control anual que la SIGEN estaba obligada a ejercer, pero el mecanismo burocrático había terminado por vaciarse de sustancia. La SIDE enviaba, rutinariamente, un informe en el que sus cuentas siempre se saldaban en cero y la SIGEN lo aceptaba "pacífica y mendazmente". Aguijoneado por la curiosidad y dispuesto a comprobar todo, a Rafael Bielsa le llamó la atención la indiferencia con que había estado trabajando el organismo ahora a su cargo. No era posible que todos los balances terminaran siempre en cero y que, ineludiblemente, fueran refrendados poco menos que a ciegas. Se propuso contrastar la información, para ver si le mentían. Consultó códigos y normas, y se informó de que, protegida por un decreto presidencial, la SIDE mantenía en secreto el destino de los fondos que se le asignaban, pero notificaba por acta mensual el estado de sus cuentas en el Banco Nación a la Tesorería General de la Nación, que le entregaba los fondos en nombre del Presidente, y a la Contaduría General de la Nación, que era la que debía registrar los movimientos de aquellos fondos. A esas tres instituciones se dirigió Bielsa preguntando cómo movía y sacaba capitales la SIDE, y cómo hacía las respectivas rendiciones. Con ese material oficialmente transmitido a la SIGEN fue cobrando forma "la gran mentira". Tirando de los papeles se levantó una punta de la manta. "Se nos decía que habían gastado todo cuando lo que hacían era falsear los gastos para enviar esos fondos a otra cuenta."

El ardid tenía algo de semántico, pero la SIGEN dirigida por Bielsa no se amilanó y produjo tres informes sobre la SIDE. Uno "ambiental", para poner las piezas en su sitio. Otro, que delataba los movimientos de fondos durante el primer semestre de 2000, y un tercero, "complementario" respecto a los aportes e insumos de personal.

En el decreto 5315/56, por el que se creó la SIDE, se instituye en el artículo 5, que la Secretaría debe rendir cuentas de toda erogación en acta mensual, que servirá como único respaldo. Para los redactores del artículo de marras, que no eran ingenuos, erogar significaba tanto gastar como transferir dinero a otra cuenta. Si se decía erogación y se exteriorizaba un saldo cero, ello podía implicar que se habla gastado el dinero o que se lo había enviado a otra cuenta. Ahora bien, en la inveterada práctica de la SIDE -como en la llamada ley de Murphy, que hace derivar la perversión del sistema virtuoso inicial-, la palabra "erogar" quedó excluida del vocabulario de la Secretaría, que se limitó a utilizar únicamente el término "gastar". "Si a mí me hubieran dicho ’erogamos’, y en la cuenta del Nación aparece saldo cero, me liquidan, porque para mis parámetros una transferencia entre cuentas es una erogación. Pero me dijeron ’gastamos’." Al poner sobre la mesa los comprobantes, la SIDE preguntó: "¡Quiere decir que si el dinero lo hubiésemos tenido guardado en una caja fuerte ustedes nunca nos hubieran pescado?". Bielsa arguyó: «Obvio. Si los chicos Schoklender hubieran hecho desaparecer bien los cadáveres de sus padres tampoco los hubieran pescado nunca, pero homicidio habría habido; no habría habido sanción penal, pero sí un crimen".

Fue en ese punto donde se armó la gresca con Fernando de Santibañes.

El miércoles 18 de octubre de 2000, Rafael Bielsareservóla primicia de sus análisis al Presidente de la República. Con pulcritud, y puntualmente, el Síndico de erguida talla recorrió a pie las cinco cuadras que separan su despacho de Corrientes y Reconquista de la Casa Rosada. En el trayecto no se privó de admirar a dos deliciosas exponentes de la feminidad argentina. La barba rala, que denotaba el avance de las canas hacia el cuero cabelludo le daba un aire de noble medieval. Llevaba puesto un traje gris liviano, camisa blanca y corbata azul a lunares celestes, y calzaba unos relucientes zapatos abotinados negros.

Fernando De la Rúa lo recibió al mediodía, en su morada protocolar de Balcarce 50, «en esa sala grande donde se reúne con los gobernadores, al lado del saloncito chiquito donde él atiende a veces".

Con refinada modestia, la voz metálica de Rafael Bielsa reproduce para sus íntimos el tono de la conversación: «Le dije: ’Mire, señor, deje entrar la historia por esa puerta. Esto es una barbaridad. No puede ser así. Yo me voy de acá a la Oficina Anticorrupción a hacer la denuncia’. Él me dijo: ’Hágala, métale cuchillo hasta el hueso’. Y yo le repongo: Presidente, deme un mes y apoyo político y le aclaro el tema del Senado’. Él se mantuvo: ’Haga la denuncia’. Después, a media tarde, viniendo Santibañes de Rosario, me llama por teléfono, y De la Rúa cambia de opinión, y dice: Bueno no, acá no es tan así, yo en realidad creía...’. Yo le digo: ’Mire, doctor, alea jacta est." El jurista Fernando De la Rúa no necesitó la traducción del latín. El César Bielsa había cruzado el Rubicón, y la suerte estaba echada. Era tarde para retirar la denuncia de la Oficina Anticorrupción.

A partir de entonces, un efecto cascada arrastró a Fernando de Santibañes a la dimisión. El titular de la SIDE no pudo resistir la presión que explotó en la clase política y en los medios de comunicación. A las cuarenta y ocho horas de que Bielsa lo desnudara ante el presidente De la Rúa, el funcionario presentó la renuncia. Lamentó que lo trataran de "delincuente", por "tonteras’’ de la SIGEN, y advirtió que estaba siendo objeto ’ de persecución ideológica. Desmintió haber conspirado para erradicar al FREPASO de la Alianza. Y negó terminantemente haber tenido participación alguna en el supuesto pago de coimas a los senadores, o haberse sumado a una campaña para lograr el alejamiento de Carlos Chacho Álvarez de la Vicepresidencia de la Nación dos semanas antes.

Los descargos no fueron suficientes. El viernes 20 de octubre de 2000, en la residencia presidencial de Olivos, su locatario, y amigo íntimo de Santibañes, no tuvo más remedio que pedirle que se fuera.

Los antecedentes de de Santibañes no dejaron de menearse profusamente en los medios de comunicación y dieron lugar a no pocas elucubraciones. Se llegó a decir que sólo un hombre de su perfil podía suceder al abogado Hugo Anzorreguy, quien durante los diez años de gobierno menemista había transfigurado a la SIDE en una usina de saqueo y servidumbre de hombres y mujeres. Escudo de narcoterroristas al servicio de la mafia siria que extorsionó al Estado nacional durante el reinado de Menem, Anzorreguy consumó una expoliación de las arcas nacionales sin precedentes, cuyas cifras irán estallando en el campo minado de este libro.

Fernando de Santibañes, medalla de oro en la Universidad del Salvador, de la que egresó en 1976, y dueño de un master en economía de la Universidad de Chicago, tiene 56 años y tres hijos. Está casado en segundas nupcias. Reside en una quinta situada en Villa Rosa, perteneciente a la comuna de Pilar, en el noroeste del gran Buenos Aires. La vivienda es casi contigua a La Esperanza, el chalet que Fernando De la Rúa comprara con un crédito que le fuera otorgado gracias a las influencias bancarias de su vecino. En las inmediaciones se afinca el radical Enrique Coti Nosiglia, íntimo de de Santibañes y eminencia gris detrás del trono en algunas movidas políticas de De la Rúa contra el ala alfonsinista del radicalismo y en perjuicio de todo el FREPASO de Carlos Chacho Álvarez.

En ese barrio también tiene casa Basilio Pertiné, uno de los dos cuñados del Presidente, que está bajo sospecha de haber tripulado los "vuelos de la muerte" que arrojaran al mar a secuestrados previamente narcotizados cuando revistara en la Armada, durante la pasada dictadura.

En esos parajes y con tales compañías, de Santibañes se dedica a la cría de aves zancudas y caballos de raza, juega al tenis y al ajedrez, escucha música country y contempla su pinacoteca. Con los 150 millones de dólares que ganó vendiendo su participación del 28 por ciento en el Banco de Crédito Argentino (BCA), adquirido en 1997 por el español BBVA, Fernando de Santibañes se retiró de la gerencia bancaria para dedicarse más de lleno a elucubraciones de teoría económica. Participa en debates y coopera activamente en el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), y en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), instituciones promotoras del ultraliberalismo ortodoxo y mentores intelectuales del descalabro económico que ha devastado la Argentina.

Su adhesión a tales concepciones económicas tal vez explique que de Santibañes haya bendecido, o incluso inducido, el pago de coimas para adaptar la legislación laboral a la barbarie liberal, correlato indispensable para encajonar a los obreros, empleados y trabajadores en relación de dependencia en general en el modelo globalizado impuesto por los organismos crediticios internacionales. Tampoco es llamativo que, bajo el mando de de Santibañes, continuaran las estratagemas de la SIDE para conseguir las leyes mediante el recurso a mecanismos ocultos e innobles, dejando intacta la factoría de corrupción que construyera el peronismo, esa topadora destinada a esclavizar a la franja dubitativa de la clase política y judicial. Porque los dos cheques emblemáticos, coetáneos al transfuguismo de los senadores que dio lugar a la bastarda ley laboral por la módica suma de seis millones y medio de dólares, eran migajas en comparación con los montos astronómicos licuados en el marco de la omertá que el menemismo impuso para mantenerse en el poder, y que las auditorías de la SIGEN redondearían cuando Rafael Bielsa le ajustara las tuercas a la SIDE.

Para no quedar desubicada en medio del desorden, la Oficina Anticorrupción -que pertenecía al Ministerio de justicia y Derechos Humanos-, solicitó a la SIGEN que se auditara a todas las dependencias del Poder Ejecutivo que administraban «fondos reservados». "Al 30 de junio de 2000 ya le habíamos atrapado 22 millones de dólares que de Santibañes no pudo explicar dónde estaban, o sea 44 millones al año. Si les añadís otros 30 que la SIDE pidió al Presidente el 4 de julio de 2000 por. decreto secreto, para pagar supuestas indemnizaciones a unos 1.500 agentes dados de baja, hasta ahora un fiasco porque no han indemnizado a nadie, pero si lo multiplicás por dos porque esa partida era para la mitad del año, tenés 60, que sumados a los anteriores 44, son 104", dibujaba Bielsa.

Un año más tarde lo hacía cuajar en un croquis para sus abogados, Ricardo Anastasio Pérez Vélez, "más radical que la boina blanca», y Rafael El Zambo Lombardi, "un adorable trosco que vivió veinte años en París, ex defensor de presos políticos, de regreso en Argentina desde hace un año y medio". Los tres discutían las tácticas de defensa que podrían adoptar frente a la denuncia por violación de secreto profesional, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" que presentara de Santibañes contra Bielsa en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, en venganza por haberlo mostrado en paños menores ante 35 millones de argentinos.

La puja entre estos dos hombres alcanzó temperaturas extremas y colores incandescentes. Bielsa tomó sus recaudos y contraatacó. Denunció a de Santibañes por malversación de caudales públicos estando al frente de la SIDE. A la instrucción penal se incorporó como querellante el conocido abogado Juan Carlos Iglesias, cuyas iniciativas en los tribunales alertaron sobre los ¡lícitos que minaran la suerte de Aerolíneas Argentinas, destapando irregularidades en el presunto enriquecimiento ilícito de Carlos Menem, y en el desempeño intrigante de magistrados supuestamente manipulados por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

El sumario contra de Santibañes quedó radicado en el juzgado federal de Jorge Urso, purgatorio del ex presidente Carlos Menem.

Entretanto, los letrados de Bielsa revisaron exhaustivamente la ley, consultando con Enrique Paixao, ex Secretario de justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y ex Presidente de la Auditoría General de la Nación. Todos fueron taxativos en sus apreciaciones. La misión encomendada a la SIGEN -ser el contralor interno de todos los organismos comandados por el Poder Ejecutivo Nacional-, no excluye de ninguna manera a la SIDE.

Dijo Bielsa: "Yo audité saldos de cuentas y la SIDE me mintió. Y no hay más vueltas que darle. ¿De qué secreto me hablan? Si la misma Contaduría Nacional también dice que le mintieron... Por lo demás, el concepto de cuenta secreta o reservada se halla a contramano del sistema de contabilidad pública. Lo que puede ser reservado es el gasto, y esto es razonable. Excepto que nosotros nada dijimos de gasto, sino de saldo de cuenta". La pregunta y su respuesta quedaban sin escolio: para los defensores de Bielsa no había lugar a dudas.

Como si todavía hiciera falta, el cliente continuaba: «Mal puede haber violación de secreto si la información que brindamos en el informe es oficial, proveniente de la Contaduría y de la Tesorería generales de la Nación y del Banco Nación, cuyo contenido, además, publicó el diario La Nación diez días antes, y cuya reseña el propio de Santibañes divulgó abiertamente ante los corresponsales extranjeros».

Por otra parte, ¡qué alternativa le quedaba a Bielsa si en el ejercicio de sus funciones conocía un ¡lícito y no lo denunciaba, actitud a la que está obligado como funcionario público que es? Si no lo hacía, transgredía el artículo 177, inciso 2, del Código de Procedimientos en lo Penal, amparándose en un secreto cuya legitimidad no le constaba.

Así pues, para evitar un futuro pleito y apaciguar el enfrentamiento, Rafael Bielsa tendió la mano. Le propuso a Carlos Becerra, reemplazante de de Santibañes, remontar el antagonismo mediante una solución superadora: democratizar el control de los fondos asignados por el Presidente a la SIDE.

En un memorando de mutuo entendimiento, se acordaba por consenso un pacto de confidencialidad mediante el cual la SIDE notificaría a la SIGEN el saldo de sus cuentas. Comprobada la legalidad de lo recibido, la SIGEN guardaría el documento en su caja fuerte. Pero Carlos Becerra esquivó el compromiso. En revancha, le pidió un dictamen al Procurador del Tesoro, Ernesto Alberto Marcer, dictamen que fue emitido bajo la categoría de "secreto", una contradicción en los términos porque todos sus dictámenes son públicos, y que según el periodista Miguel Bonasso, que lo destripó en Detrás de las noticias, el programa televisivo de Jorge Lanata, es un "disparate jurídico" que, vale la pena consignarlo, no mereció réplica del disparatador.

Glosándolo parcialmente, Carlos Becerra le señalaba a Bielsa que el Procurador del Tesoro le ordenaba no auditar más a la SIDE, derivando la misma consigna al Ministerio de Economía, a la Tesorería, a la Contaduría General de la Nación y al Banco Nación. Bielsa reaccionó rechazando la orden. Instantáneamente exigió el arbitraje del Presidente. Le envió de inmediato una nota, en la que adjuntaba un modelo de decreto secreto en función del cual le prohibiera expresamente auditar la SIDE, pero Fernando De la Rúa evitó hasta el día de hoy entrar en el juego. Si lo hacía, desde luego, violaba la legislación vigente.

La opacidad de Carlos Becerra y el ataque de Fernando de Santibañes son coherentes: forman parte de la estrategia de la SIDE de cerrar filas para protegerse de la mirada externa. A la par, ponen a resguardo el carburador de tropelías.

Se trata de algo inherente a esa doctrina, que indica la conveniencia de «matar al mensajero". Sobre todo, porque destapar las estadísticas de su carpintería delictiva, cuya armazón fuera desmontada por el equipo de Rafael Bielsa, era una tarea que destruía la intención presidencial, aparentemente divorciada de las terribles prácticas del gobierno menemista.

La computadora mental de Bielsa ponía en pantalla fichas aterrorizadoras. Sus abogados no lo podían creer. A la megadistruibución de capitales para sobornar a granel, un recurso utilizado por de Santibañes pero concebido por Anzorreguy, no se le conocían límites. El diseño abarcaba una virtual fábrica de dinero conducida desde las cañerías financieras de la SIDE, con bocas de expendio y canales de consumo encriptados, todo un legado del menenismo. El monólogo del Síndico dejaba petrificados a sus interlocutores. «Tuvinos que mirarle hasta las cuentas del personal, porque si mentían por todos lados, por qué no mentir también con los sueldos, y en los aportes previsionales. Cruzamos los datos y los pillamos sustrayendo del control 5 millones de dólares por mes, o sea 60 por año. Agregáselos a los 104 ya acumulados, y tenés 164 millones en el año 2000, que se hicieron humo..."

Mis cálculos son más o menos así. Durante la gestión de Anzorreguy la SIDE tenía un presupuesto de 300 millones de dólares al año, y ponía fuera de la ley otros 200 millones. Esto hace, en diez años de menenismo, 2.000 millones de dólares que partieron hacia vaya a saber dónde. Si trasladamos los números proporcionalmente a la gestión de de Santibañes, que contaba con un presupuesto de 150 millones de dólares anuales, vale decir, la mitad del asignado por el gobierno anterior, aunque manteniendo intacta la maquinaria dilapidadora, e incorporando obviamente remanentes recibidos del menemato, al menos 100, y quizás hasta 200 millones de dólares partieron al infinito en el año 2000 con Fernando De la Rúa como Presidente.

Suspendido en el abismo, al máximo mandatario de la República se le podría diagnosticar hundimiento en las ciénagas del encubrimiento. Las dádivas al Senado lo habían puesto en la cuerda floja. Columpiaba apenas y su equilibrio se deterioraba hacia lo delicado y lo decididamente inestable. Al calor de sus decisiones, las cosas evolucionaron con una velocidad que se le volvió en contra. En términos políticos, entregó todas las piezas para aplacar la voracidad de la crisis. Cedió a los hombres que ocupaban los altos cargos involucrados (de Santibañes, Flamarique y Genoud), y al obligarlos a renunciar o empujarlos al precipicio, les inyectó la droga de su propia filosofía: la de la inercia de los desahuciados. Acorraló, para que siguieran la misma suerte, a los jefes de los bloques peronista y radical en la Cámara Alta, Augusto Alasino y Raúl Galván. Descontento por el hecho de que la situación fuera paliada de una manera ambivalente, el vicepresidente Álvarez, harto, dio un portazo y se fue del gobierno. De la Rúa no se inmutó Circunscribió el conflicto al Senado, rodeando de protección a su administración. Vano propósito, por lo demás, ya que su Ministerio de justicia se salió de la ruta por el portal de la Oficina Anticorrupción, abriéndole las puertas de par en par a la SIGEN. Y, al cabo, en los tribunales, los jueces maleables a las canonjías y espejismos, chocaban frontalmente con los fiscales, cuyo ánimo de hacer justicia no decaía.

Los cronistas de toda laya han coincidido en describir a Fernando De la Rúa como un político desconfiado hasta la parálisis, distante y ensimismado, que sopesa hasta el infinito sus opciones antes de tomar una decisión. Lector empedernido de expedientes e informes, los analiza durante semanas y toma en cuenta hasta los más ínfimos detalles. Tanta cautela, protegida con sus frases poco convincentes, hace inasequible el fondo de lo que piensa y lo torna invisible y aislado. La armadura de su bajo perfil permanente, lo hace correr el riesgo, esta vez, de saltar por los aires. Si aprobó, o faltó a la verdad, en el caso de las coimas del Senado -como se ha de entender por ser él el jefe incuestionable de la SIDE-, la ley no irá por cuatro caminos. Con la semiplena prueba de que desde el Poder Ejecutivo Nacional se dispusieron dineros públicos para sobornar a algunos legisladores con el fin de dar media sanción a una ley, corresponden el juicio político y la destitución del Presidente. Así encuadrado, Fernando De la Rúa debería ser despojado de sus fueros y juzgado. La única diferencia con Menem es que se trataría de un Presidente en ejercicio.

Fuentes

Joaquín Morales Solá, La Nación, Buenos Aires, 25 de junio, 15 de agosto y 3 de diciembre de 2000. El País, Madrid, 15 de julio de 2001.

Clarín, Buenos Aires, 25 de septiembre y 21 de octubre de 2000; 8, 18, 23 y 24 de mayo, 2 de junio y 8 de julio de 2001.

Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de Buenos Aires, Secretaría 6, Tomo iv de la causa 9900/00.

Revista Tres puntos, Argentina, número 192, 1 de marzo de 2001.

Página 12, Buenos Aires, 15 de diciembre de 2000,16 de mayo, 8 y 9 de julio de 2001.

La Nación, Buenos Aires, 20, 23 y 28 de junio, y 7 de julio de 2001.

Rafael Bielsa, La justicia por su nombre, Javier Vergara, Buenos Aires, 1999. Sombras nada más, Catálogos, Buenos Aires, 2000.

Escritos de la Procuración del Tesoro de la Nación, Ernesto Alberto Marcer, del 16 de febrero y 16 de julio de 2001, doctrina de la SIGEN, Expediente 277/01 (copias en el archivo de los autores).

Norberto Bermúdez y Juan Gasparini, El testigo secreto, Javier Vergara, Buenos Aires, 1999.

Rodrigo de Castro y Juan Gasparini, La delgada línea blanca, Ediciones B, Buenos Aires, 2000.

Jürgen Roth, Mafias de Estado. Cómo cooperan los Estados de Occidente con las mafias del narcotráfico, Salvat Contemporánea, Barcelona, 2000.

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