El quinto foso del octavo círculo

Hay secretos que más vale desconocer si no se llega con ellos hasta el final.
Reynaldo Lugo, Palmeras de sangre, Mondadori, Barcelona, 2000.

El fiscal Eduardo Freiler fue el primero en escapar del gran Salón de Audiencias de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, apenas terminó la farsa del 14 de junio de 2001. Enfurecido, caminó con la cabeza gacha. De repente, se detuvo para esperar a su adjunto, Federico Delgado, quien con una sonrisa forzada lo perseguía raudo, mascullando, «Yo sabía que nos iban a querer engatusar».

Huían de la ignominia: una increíble rendición de gastos de la SIDE urdida para esquivar el zarpazo judicial por las coimas al Senado. Ante un coro de alabanzas, asistieron a la exhibición, en segunda vuelta, de un papelerío inextricable.

El soporte documental de los 6,5 millones de dólares retirados de las cuentas de la SIDE un día antes de que los senadores permutaran sus votos no era el mismo que habían presentado el 5 de octubre de 2000. En consecuencia, se labró un acta en la que los fiscales dejaron reflejada su extrañeza, y en la que redoblaron su apuesta. En ese documento quedó constancia de que seguían sin aparecer las relaciones contables necesarias para ilustrar las diferencias de 38,7 millones ’ de dólares que surgían del cotejo de la masa salarial de la SIDE y de otros 30 millones de dólares que le fueran otorgados por decreto presidencial reservado y que, esperaban, aparecerían en algún sitio.

En el acta también se señalaba que la comparación de los saldos de dos de las cuentas de la SIDE en el Banco Nación, en Buenos Aires, demostraba que ciertos montos que se daban como pagados alimentaban disponibilidades líquidas del organismo de las que no había control alguno, con lo que se estaba infringiendo las leyes. Asimismo, que no se había informado a la justicia acerca de la cuenta 519601002, abierta a nombre de la SIDE en la sucursal 8029 de Nueva York del Banco Nación, a pesar de que el propio jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, había cometido el delito de violación de los deberes de funcionario público cuando la mencionó ante los cronistas extranjeros sin autorización expresa del Presidente de la Nación, Fernando De la Rúa. Se aclaraba, además, que tampoco se había depurado la responsabilidad del pago de alquileres de la SIDE por la ocupación de locales que le pertenecían, y de los cuales eran dueñas sus enmascaradas empresas de "superficie".

A estos misterios se superponían los enjuagues de otras cuatro empresas bajo el paraguas de la SIDE, denunciadas en la Fiscalía: el Instituto de Investigaciones y Servicios S.R.L. (IDIS), Canteras Brandsen S.RL., Tiumayú S.A., y Ecomsud S.A., cuyas vísceras fueran puestas bajo el microscopio de este libro en el capítulo anterior. Y seguían sin justificarse las entradas y salidas de dinero a diestra y siniestra. Cuatro meses antes, el Procurador del Tesoro, Alberto Marcer, había intentado ayudar al organismo de los espías a ocultar estos datos mediante un esperpento jurídico en el que se dictaminaba que el Banco Nación debía abstenerse de informar a los órganos facultados por la ley qué hacía la SIDE con su presupuesto.

Sin duda, la pericia destinada a aclarar estos enigmas requeriría un esfuerzo titánico. El juez Cavallo se la confiaría a Eduardo Eugenio Blanco Álvarez, experto de la Oficina Anticorrupción (OA), un casillero en el organigrama del Ministerio de justicia y Derechos Humanos a cargo de Jorge De la Rúa, hermano del Presidente. La inspección debía discernir si el uso del dinero que declarara la SIDE se correspondía con los asientos contables, y si éstos coincidían con lo que la central de inteligencia pregonaba, vale decir, que se trataba de desembolsos que nada tenían que ver con el pago de sobornos en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

Entre líneas de lo debatido ese 14 de junio se adivinaba que la SIGEN sería expresamente apartada de la pesquisa, como lo confirmaría el juez Cavallo en días subsiguientes. Se echaría en saco roto el hecho de que la OA, de cuyo personal se escogería para revisar las finanzas de la SIDE al especialista Blanco Álvarez, había derivado con anterioridad la iniciativa de auditarla precisamente a la SIGEN, como se ha visto y se volverá a ver en este informe. Pese a la feroz oposición de la Procuración del Tesoro de la Nación, la autarquía administrativa y financiera de la SIGEN, su propia personería jurídica, y su personal idóneo, constituían la máxima garantía para llevar la labor a buen término.

En plena carrera, Freiler frenó en seco. Giró, y al ver llegar a Delgado le espetó: "El quinto foso del octavo círculo está ahí", y señaló inequívocamente con el dedo el paraninfo de la justicia federal de Buenos Aires, en el segundo piso del edificio de Comodoro Py. En ese momento salían los camarista Riva Aramayo y Vigliani -con su fiscal Germán Moldes protestando a cuestas-, flanqueados por el Ministro de justicia, Jorge De la Rúa, el juez Cavallo, la célula de la SIDE (EL Señor 5, Carlos Becerra, el contador Juan José Gallea y el abogado Juan Esteban Vila), y una estela de auxiliares. A espaldas de todos ellos, pero de frente a Freiler, Delgado se llevó la mano derecha a la entrepierna. Levantó el bulto de su masculinidad, subiendo automáticamente los pantalones y dejando lo ’ s calcetines a la vista. Resopló indignado: "Que tomen de acá, mirá qué lindas medias me compré. Éstos no nos van a llevar por delante así nomás..." De la invectiva quedaba exento el fiscal de Cámara, Germán Moldes, alineado solidariamente con la postura de sus pares de nivel inferior en el Ministerio Público.

Freiler se refería al canto XXI de la Divina Comedia, que está dedicado a los que trafican con la justicia. Dante Alighieri los sumerge en un lago con peces hirviendo, el quinto foso del octavo círculo. El infierno se torna grotesco. Los demonios, armados de arpones, pinchan a las almas venales, que se debaten en las burbujas de un caldo espeso cuya resina se pega al reborde. Desde la orilla, el diablo increpa: «Es forzoso que bailes aquí a cubierto, de modo que, si puedes, prevariques ocultamente". Ése era el castigo para el funcionario público que, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, dictara o propusiera injusticias adrede.

Así como las pasiones, cuando son muy fuertes, se excluyen unas a otras, la motorizada por las coimas del Senado había trastocado a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 6, el segundo alineamiento de despachos a la derecha, según se sale de los ascensores del quinto piso de los Tribunales, en el célebre 2002 de la Avenida Comodoro Py.

Eduardo Freiler había estudiado derecho en La Plata; allí, a través del Ateneo Eva Perón, de lo que fuera el Peronismo de Base en los años setenta, ahondaría en el tema de la justicia social. Su nombramiento como fiscal de instrucción databa de 1993. Como burla o provocación, esa mañana del 14 de junio de 2001 se había peinado hacia atrás y a la gomina, como los muchachos de dos generaciones anteriores a la suya. A sus 39 años, cercado por la incendiaria causa, había relegado el básquetbol, las canciones de Ana Belén, su profesorado en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, las playas de la ciudad natal, Necochea; incluso su matrimonio -estaba casado con una Jueza- y sus dos hijos, una nena y un varón, habían pasado a un segundo plano.

El otro fiscal de la causa, Federico Delgado, de 31 años, casado y con tres hijos, parecía respirar más aliviado. Había comenzado la carrera judicial como meritorio a los 19 años, y había ascendido regularmente hasta la categoría de escribiente. A los 23 años, ya recibido de abogado, saltó a primer secretario de una Fiscalía de Instrucción en Buenos Aires. Siempre como secretario, ascendió luego a la Fiscalía de Cámara de la Capital Federal, donde a fines de 1997 fue designado fiscal federal. Tras un lapso en la Fiscalía Federal 10, se corrió a la 6, para subir al tren de la aventura conjunta con Eduardo Freiler al despuntar agosto de 2000.

La foja de servicios de Freiler era más dilatada. Abogado recibido en la Universidad Católica de La Plata, ejercería en Necochea, Mar del Plata y Buenos Aires. También fue asesor del diputado nacional peronista por Tierra del Fuego, Eduardo Rodríguez, después de ser secretario de turismo en la Municipalidad de Necochea en un gobierno justicialista y antes de ocupar la Subsecretaría de Gobierno. En la antesala de la Fiscalía Federal 6, integró el grupo de fiscales de apoyo a los fiscales naturales del atentado que destruyó la AMIA en 1994. Los bancos Mayo, Patricios y el Central de la República Argentina lo tuvieron del lado del Ministerio Público cuando fueron denunciados y sometidos a investigación.

Pero el rasgo sobresaliente de su perfil lo trazaría la causa que investigó el robo de bebés dados a luz en los centros clandestinos de detención que funcionaran durante la pasada dictadura militar. Aquel plan sistemático impulsado por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, abarcó a unos 185 menores a los que se les fraguó la identidad, una vez aniquilados sus verdaderos padres. Freiler consiguió la detención preventiva de 11 ex represores, entre ellos los dos ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. A propósito de estas detenciones solía traer a colación lo que decía el tribuno Alfredo Palacios: que "para los ricos está el Código Civil, el que rige la propiedad de los bienes materiales, y para los pobres el Código Penal-". En sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Freiler recalca que el fuero federal tiene ahora la oportunidad de convertirse en la gran excepción histórica. "Siempre el derecho penal fue una de las herramientas más fuertes que tenía el Estado para utilizar contra la ciudadanía. Hay que lograr que sea a la inversa. Estamos en primavera, vamos a ver cuánto dura..."

Podría decirse que Freiler y Delgado eran casi gemelos. Amigos personales desde 1992, los dos simpatizaban con el peronismo revolucionario de los años setenta, y la longitud de onda que se había establecido entre ellos a lo largo de la causa del Senado era de una coherencia sin fisuras.

"Y esto, ¿cómo carajo hacemos para probarlo? Con suerte podemos enganchar algún enriquecimiento ilícito y con eso salvamos el pellejo. Si no pasa nada, como se prevé, el riesgo para nosotros es quedar pegados como coimeados, cómplices o ineptos." El comentario pudo serpronunciado indistintamente por Freiler o Delgado. Debió de ser el jueves 24 o el viernes 25 de agosto de 2000. Los fiscales venían de ser notificados por el Procurador General de la Nación . ón, Nicolás Becerra, de que, por sorteo, se les encomendaba la investigación de las

coimas del Senado.

Diez meses después, en una quinta del gran Buenos Aires, entre aperitivos, Freiler y Delgado hablaban virtualmente para la posteridad. Y me designaban biógrafo autorizado por si alguna vez había que contar todo. Los testigos de que mi relato no vulneraría la verdad histórica eran los dos hermanos escribanos dueños de la quinta donde nos aprestábamos a dar cuenta de un copioso asado, y sus respectivas esposas, todos de absoluta confianza.

Mientras esperábamos que costillares, bifes, morcillas, chorizos y mollejas se doraran sobre la parrilla al carbón, degustábamos un chardonnay de Luigí Bosca. Además, compartíamos un Juramento: ese asado nunca había existido.

Probar un cohecho es muy difícil, tenés que llegar por indicios indirectos, salvo si, como Montesinos, montás una videoteca de VIadivideos con los tipos cobrando... De entrada pensamos: ¿cuáles son las cajas grandes del Estado? Y seleccionamos los ATN, la ANSES, los fondos de obras sociales, la Lotería, y la SIDE. No hay mucho más..." Cuando llegaron los informes pertinentes, los fiscales vieron que la maraña burocrática era tal, que para desviar los fondos para coimear había que falsificar expedientes, por más que se podía hacer, aunque se enteraría mucha gente. Salvo en la SIDE, donde sólo había que ir y manotear".

El vino blanco de las laderas de Vistalba, en Luján de Cuyo, incentivaba la memoria de los fiscales y agregaba elementos del sentido común a la presunción.

"Hicimos venir a un fulano de la SIDE y nos dijo una cosa. A los dos días, en los diarios, leímos que decían otra, y después apareció una tercera. Nos mintieron tres veces." Lo cierto es que la SIDE les enviaba datos muy fraccionados, "y cuando los llamábamos, decían que se habían olvidado. Nos estaban forreando".

Freiler se levantó a remover las achuras. Delgado volvió a servir vino en las copas y, como alpasar, lanzó el primer dardo envenenado.

"Hasta que vimos la ecuación del 11 y 13 de abril, que empalmaba con la repentina mudanza de voluntad en los senadores y con la extracción de la primera remesa de guita grande de la SIDE, que no se justificaba por ningún lado, los seis millones y medio... Y al destapar la olla se les pudrió todo... Vimos que ahí no se sabe los dineros que manejan, quiénes, cuánto y para qué..."

Crucé una mirada en silencio con los escribanos. Todos esperábamos que el contrapunto de los relatores reanudara los fuegos artificiales de aquellos episodios. Freiler volvió de mover las brasas y, con el tenedor en la mano, marcó sobre la mesa el vértice de inflexión de la Oficina Anticorrupción.

Ése fue el derrape que aceleró la caída del Ministro de justicia Gil Lavedra el 5 de octubre de 2000, porque con ese gesto la OA se escapó, políticamente, de la órbita de su ministerio, haciéndole daño a la Presidencia. "Al ver que involucrando a la SIDE se rozaba al Ejecutivo -explicaba Freiler-, hablando de asientos contables que en valijas con rueditas proporcionaban masas de dinero en efectivo y manejo discrecional si control algunos, y, como no estaba capacitada para ello, la OA, para salvar responsabilidades, le pidió a la SIGEN que auditara, y allí se desmoronó el verso."

Los fiscales atraparon el pájaro en el aire y arrebataron el informe. Requirieron al experto de la SIGEN que volcara en el sumario su inmersión en los libros de entradas y salidas de la SIDE, y que destacara Ias cosas raras que aún hoy no han podido aclarar".

Cuando Jorge De la Rúa sustituyó a Gil Lavedra como Ministro de justicia y Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción volvió a las andadas, pero la avería ocasionada tras haber apuntado la artillería de la SIGEN directamente a la SIDE, ya era irreparable.

A esas alturas habíamos pasado al vino tinto y los entremeses, y como no podía ser de otra manera, hizo su aparición en la charla el juez Carlos Liporaci.

"Empezó bien para lo que es él, más no se le podía pedir -comentó uno de los casi gemelos fiscales-. Pero al surgir lo de su enriquecimiento ¡lícito, la causa avanzaba o retrocedía según las vicisitudes de su problema. Lo que hizo fue negociar con los senadores. Acordó con ellos que le solucionaran su cuestión personal y, a cambio, les cerraba la causa. Si fue así lo garcaron, porque él cumplió dictando la falta de mérito el 29 de diciembre, y los otros no.»

Liporaci, como es de dominio público, renunció en febrero de 2001, para que quedaran sin efecto las innumerables denuncias conducentes al juicio político que, irremediablemente, lo destituiría, pero no pudo evitar que floreciera una causa penal con los substratos delictivos que perduran de su lamentable cometido judicial. Prepotente, alardeaba: "Se instaló en la opinión pública la idea de que un juez tendría que vivir en una casa de chapa y para trabajar tendría que ir en tranvía, ni siquiera en colectivo". No decía nada de su despampanante mansión actual, valuada en 1 millón de dólares: 1.200 metros cuadrados, tres pisos, sauna, pileta y ascensor, cuatro dormitorios, tres baños, gimnasio, quincho con parrilla gigante, escritorio y sala de estar independientes, recepción, parque y dos garajes. Enclavada en el 471 de la calle Gaspar Campos de Vicente López, en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, Liporaci tomó posesión de la propiedad en julio de 2000.

Llegaba de vivir sin lujo en un departamento en el décimo piso de Caracas 353, en el barrio de Flores. Despegó de la modestia fallando discutiblemente o actuando por inercia, o simplemente dejando languidecer las causas que caían en su juzgado: aquella en la que estaba procesado Víctor Alderete por el robo de documentación del PAMI, otra en la que el acusado por enriquecimiento ilícito era José Luis Manzano, a quien sobreseyó, y otra más, contra Gerardo Sofovich, a quien le alivió de hecho los cargos por presunta corrupción en el vaciamiento de ATC. Cuando subrogó al juez Literas, tras leer en un día los 24 tomos del sumario de la bancarrota del banquero Raúl Moneta, anuló de un saque su detención, ignorando el hecho de que había sido el animador del desplome de los bancos Mendoza y República, operación en la que se "evaporaron" 2.000 millones de dólares. Con un sueldo de 5.521 dólares por mes como juez, y 512 como docente, Liporaci debió de hacer malabares para comprar el palacete de antología. Como agravante, su hija María Florencia cobraba, desde 1994, cuando tenía quince años, una pensión graciable de 500 pesos mensuales otorgada por un diputado de la Nación; él, por su parte, declaraba haber ahorrado 118.000 dólares en los primeros siete meses de 2001.

La breve historia de Liporaci nos dejó huérfanos. Nos regodeábamos con embutidos españoles varios ypan untado con foie gras francés. Hubo una pausa que aprovechamos para degustar un Malcantone destilado en las montañas suizas que sacó a relucir Freiler. Era un tinto cosecha 1994 del Ticino, en el linde con Italia, estacionado en cubas acunadas con música clásica. Ninguno de los presentes creía en la veracidad de esta joya vitivinícola, pero Eduardo Freiler, serio y ufano, se puso a tararear pasajes de los conciertos de Vivaldi y Mozart. La tonada le volvía desde los sótanos refrigerados de aquellos Alpes transfronterizos ítalo suizos. Más aún, recordó una caja de botellas que había traído y guardaba celosamente después de cumplir una comisión rogatoria en Berna, en 1998. El exótico hallazgo se remontaba a aquella ocasión en que se trasladaran a la Confederación Helvética con el Juez Adolfo Bagnasco, para recabar ciertos testimonios de ex detenidos / desaparecidos del campo de concentración de la ESMA exiliados en Ginebra. En el equipaje de aquel viaje vinieron los tintos Malcantone y el complemento de pruebas necesarias para encarcelar a los esbirros de la Marina en la causa de los bebés nacidos en cautiverio y dados en adopción ilegal una vez asesinados sus verdaderos padres.

Junto a las primeras mollejas, y con un séquito de ensaladas verdes, tomates, remolachas, zanahorias, ajos y cebollas, apareció en escena Nicolás Eduardo Becerra, cuerpeando entre verbos y sustantivos.

Lo que machucaba a Becerra -que como Procurador General de la Nación era el jefe de Freiler y Delgado- eran los calificativos que despertaba su no declarada cuenta bancaria en Suiza, y sus leales servicios al clan Menem, en los desfiladeros del tráfico de influencias para licuar en los tribunales los grandes ilícitos económicos de la década anterior. Cualquiera de los dos fiscales casi gemelos podría haber dicho: "Después de un discurso inicial -"que le metiéramos para adelante"- se confabuló con Bagnasco para coordinar las defensas de los senadores, bajar la presencia del quilombo en los medios, y que se diluyera en el tiempo".

Lo cierto es que algunos estudios de lobbystas entraron por las autopistas de la desinformación. Asomaron los dientes Fernando Archimbald, Mariano Cavagna Martínez, Andrés Sergio Marutián y Francisco J. D’Albora. Asumieron las defensas de los senadores Meneghini, Bauzá, Cantarero y Alasino, respectivamente.

"Fue muy gracioso -dijo uno de los dos fiscales-. Le construyeron un dique de contención a Liporaci con Bagnasco, Literas y algún otro tapado, y así les fue." Al parecer se corrió la voz de que Becerra siempre llamaba para preguntar y los fiscales se hacían los boludos. "En la última audiencia con Liporaci, el 28 de diciembre de 2000, nos dimos cuenta de que se venía la falta de mérito." Frente a ese panorama, los fiscales anticiparon a los medios que apelarían, "Y nos fuimos de vacaciones borrándonos, literalmente".

Enero de 2001 había transcurrido en calma. Freiler en Necochea y Delgado en Monte Hermoso garabateaban borradores. Tomaban sol, se bañaban en el Océano Atlántico, jugaban con los chicos y se tenían al corriente mediante sus celulares.

Seis meses después, en la quinta del gran Buenos Aires, una vez despachadas las mollejas, llegaba el turno de las tiras de asado. Todavía quedaban ensaladas, pero las dos botellas de vino tinto europeo ya estaban vacías, y hubo que apelar a las reservas de un rojo salteño de Cafayate, de la bodega Arnaldo Etchart. Delgado, con la intención de liberar a Freiler para que se enfrascara en su misión de acercar la carne a la mesa, monopolizó la palabra y enfocó los reflectores una vez más sobre Becerra. Pudo escucharse más o menos lo que sigue.

El Procurador General de la Nación, advertido de que sus subordinados, los fiscales, recurrirían, quiso frenarlos. Para que no se le escaparan, llamó por teléfono a Delgado a su casa, un domingo a fines de enero, a la hora del almuerzo, pidiendo verlo "antes de que retomáramos el laburo". Telefoneaba "desde Punta del Este, donde estaba de vacaciones, y me convocó para el miércoles siguiente. Y ahí empezó: ’Que no... que los senadores eran todos buenos...?’, me sondeó. Y yo no estuve muy bien, porque le oculté un poco la verdad. ’Quédese tranquilo’, lo calmé. ’Vamos a hacer una apelación livianita. Se va a desinflar...’ Y me fui".

Cuando Becerra leyó los diarios el viernes 2 de febrero de 2001, se desayunó con que «habíamos pateado el tablero», se le podía escuchar a Delgado, imputando al gobierno, a sus comprovincianos mendocinos Genoud y Flamarique, y al pope de Santibañes. Así que a las ocho y cuarto de la mañana descolgó el teléfono y alzó el tono: "Son unos pelotudos, no tienen vergüenza...", empezó el sermoneo. Al otro lado de la línea lo interrumpieron: "Y a usted qué carajo le pasa. ¿Por qué no viene a poner el culo acá?". La discusión terminó mal. Becerra se enojó, "pero había que elegir, y él estaba del otro lado". Ese día, los reproches se amontonaron. Hubo retos del Presidente de la Nación y del Ministro del Interior, Federico Storani. "Todos los fiscales nos bancaron, y le pidieron a Becerra que intercediera ante el Ejecutivo para que se dejaran de joder con nosotros. Que si la apelación estaba bien o estaba mal era algo que no se debía tratar en el poder político."

El Procurador emitió una resolución ambigua, llamado pomposamente al Ministro de justicia a que garantizara la independencia del Ministerio Público, y nos reprendió a nosotros para que midiéramos las declaraciones. Una de cal y una de arena...".

Los quesos de cabra y las naranjas precedieron al café, al coñac sanjuanino y a los «Juan López» número 2, habanos de Vuelta Abajo, Cuba. Las parejas dueñas de casa levantaban los platos de la comida. Proféticos, los invitados adelantaban el final.

«En el paso que viene la Cámara confirmará la falta de mérito dictada por los jueces, dejando sin efecto las indagatorias de Flamarique, Genoud, de Santibañes y del contador Gallea de la SIDE -siguió uno de ellos-. Dirán: ’Señores, acá no pasó nada, esto fue sólo un rumor’. Van a postrar la causa en un coma cuatro, una vida vegetativa de enfermo terminal. Se la devolverán a Cavallo, que la dejará tirada sin hacer nada siete u once meses, hasta que muera en el olvido. Entretanto el Presidente lo escogerá a él de una terna que le han presentado para elegir el sustituto que cubrirá el puesto vacante en la Cámara Federal. Hecho el trabajo sucio, Cavallo se excusará. Entonces vendrá otro juez, y eso no se lo puede levantar ni con una grúa... Pero no se la van a llevar de arriba, les vamos a embarrar la cancha. Y van a saber lo que es torear..."

El hecho de que elJuez Gabriel Rubén Cavallo fuera candidato a cubrir el vacío en la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires explicaba su conducta errática. En mi rompecabezas calzaba perfecto. A Freiler y Delgado, por su parte, los sacaba de quicio.

Cavallo simulaba que iba para adelante, cuando en realidad no avanzaba. Deslizaba que no era concebible que "legisladores con tantos años en el Senado sepan tan poco", mientras a continuación enrarecía las pistas. Con todo, propalaba insidiosamente que los sobornos existieron, pero que no podía precisar si los había pagado "el gobierno, el sector privado o algún otro organismo o si determinado senador había cobrado y otros no», cuando en realidad las principales medidas pendientes desde la partida de Liporaci, en febrero de 2001, tenían en la mira a la SIDE, y seguían cajoneadas.

«Hace la plancha, ¿no ven que quiere ser camarista? Cómo va a embretar senadores, si el Senado debe aprobar el pliego que debe enviar el Presidente, si lo admite. Los senadores Alasino y Branda, miembros del Consejo de la Magistratura, lejos de excusarse votaron a favor de que Cavallo sea nombrado camarista. Así que él está por el canje ... ", susurraban al oído de los fiscales magistrados que agitaban expedientes en el temido quinto piso de Comodoro Py.

Yo lo había leído en los diarios. Gabriel Cavallo formaba parte de una terna con Héctor Magariños, miembro del Tribunal Oral, y Manuel Garrido, integrante de la Oficina Anticorrupción. El Consejo de la Magistratura los retenía para cubrir la plaza que había quedado vacante en la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires por la renuncia de José Cortelezzi, quien echó por la borda toda una carrera judicial para radicarse en Madrid. En la etapa inicial Magariños alcanzó la preferencia de la Comisión de Selección del organismo de gobierno de los jueces y fiscales. Gabriel Cavallo obtuvo el segundopuesto en el orden de méritos, y Garrido el tercero. Pero, a tenor de las intromisiones cuasi . viciadas del diputado justicialista por Río Negro Miguel Ángel Pichetto, y de los senadores, también peronistas, Augusto Alasino (Entre Ríos) y Ricardo Branda (Formosa), Cavallo fue implícitamente ascendido al primer sitial, compartido con Magariños, en tanto que Garrido quedó desplazado a un segundo puesto. La estratagema despertaba todas las suspicacias, multiplicadas por el impulso que, súbitamente, le imprimieran especialmente los senadores Alasino y Branda, miembros del Consejo de la Magistratura. Mientras repasaba otra vez los diarios no pude evitar una sonrisa sarcástica ante esta preocupación por modificar el rango de prioridad de Cavallo que posibilitaría su promoción ante el Presidente de la República como potencial camarista. Tanto Alasino, quien debió resignar la jefatura del bloque peronista cuando se hicieron públicos los sobornos, como Branda, eran senadores determinantes en este terremoto institucional, con pedido de procesamiento en firme por parte de los fiscales Freiler y Delgado, al que el juez Cavallo no hizo lugar.

En la causa 9900/00 "Ortega, Ramón Bautista y otros s/ cohecho", la actuación del juez Cavallo dejaba mucho que desear. Las peticiones de los fiscales dormían en su escritorio. El juez Liporaci, antes de su forzado alejamiento, se avino a considerar las solicitudes de declaración indagatoria al jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, y a su jefe de finanzas, el contador Juan José Gallea, al Ministro de Trabajo -y, precisamente, promotor de la ley de marras-, Alberto Flamarique (FREPASO), y al otrora Presidente Provisional del Senado, José Genoud (UCR). Pero su suplente Cavallo las suspendió. Dejaba silentes y sin verificar a todos ellos, aleteando en los listados el Hotel Elevage a los senadores Augusto Alasino (PJ) y Leopoldo Moreau (UCR) con el diputado Marcelo Stubrin (UCR) y el cerebro conservador del radicalismo, Enrique Nosiglia, que intervenían en banda para sacar por plata la ley laboral en el Senado.

Así las cosas, yo pensaba que si se quería restaurar la verdad, era imprescindible que se cumplimentaran, también, otros requerimientos que habían sido planteados por los fiscales y que seguían pendientes. Me preguntaba si el juez obraba por negligencia, si pecaba de descuido, o si hacía buena letra para no irritar a la Presidencia de la República y al Senado,que debían aprobar o desechar su candidatura a camarista.

Del cabecilla de la SIDE ya se ha dicho lo mucho que tendría para contar. Pero deberían entrar en escena otros de los personajes involucrados en esta historia. Por ejemplo, los mendocinos Flamarique y Genoud, que según Ámbito Financiero, el 17 de abril de 2000, mezclados entre los pasajeros de un vuelo Buenos Aires-Mendoza, hilvanaban las costuras del siniestro pacto con el que se fraguara la reforma a la ley laboral mediante la compra de votos.

En la causa tampoco se han concordado confrontaciones imprescindibles entre algunos senadores como Antonio Cafiero (Bloque 17 de Octubre, Buenos Aires), Ángel Pardo (PJ Corrientes), Javier Reynaldo Meneghini (UCR Santiago del Estero) y Ramón Palito Ortega (PJ Tucumán). No se han practicado los preceptivos careos entre los sindicalistas Hugo Moyano (Camioneros), Jorge Viviani (Taxistas), Juan Manuel Palacios (Colectiveros) y el diputado Saúl Ubaldini (Cerveceros), por un lado, y el titular de la Federación de Obras Sanitarias, Rubén Pereyra, por el otro. Los cuatro primeros aseguraron, públicamente y en sede judicial, haber escuchado de boca del ministro Flamarique que contaba con una tarjeta Banelco para corromper a los senadores desfavorables a la ley. Por su parte Pereyra, presente en la conversación, afirmó no haber escuchado la punzante frase.

Y no se han realizado diversas averiguaciones que aún deben ser debidamente contrastadas: viajes al exterior de algunos senadores y/o sus colaboradores, movimientos bancarios y extractos de tarjetas de crédito de otros, informes del Banco Nación sobre la compra de divisas en cantidades superiores a los 100.000 dólares, remisión de pruebas de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría —que se ocupa de empresas de "cobertura" de la SIDE que pudieron haber incurrido en crímenes o delitos- y el estado de los controles sobre el organismo de los espías realizados por la Comisión Bicameral de órganos y Actividades de Seguridad Interior y de Inteligencia del Congreso de la Nación, presidida por la, senadora peronista Beatriz Raijer (Córdoba).

A mi Juicio, el desenlace en la causa del Senado despejaría la incertidumbre: ¿el juez Cavallo es pasible de incuria, pereza o intención nefasta, o por el contrario, merece la simple y llana absolución? Hay elucubraciones para todos los gustos. Sus aciertos en otros sumarios barrerían de toda malicia su currículum, o maquillarían de prestigio la jugada atroz que serviría para aniquilar el sucedáneo penal de una de las crisis más espantosas que hayan azotado alguna vez las instituciones de la República. Su comportamiento ambiguo sería la excepción que confirma la regla, y su actuación en el sesgado pedido de nulidad de las leyes de amnistía, que le dio estatura internacional, el paradigma de la inmejorable coartada con la que contaría para arrojar un manto de inocencia sobre una falta gravísima, que debería ser castigada sin piedad por el artículo 248 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El dictamen mediante el cual el juez Cavallo extirpó y arrojó a la basura las leyes de Obediencia Debida (23.521) y Punto Final (23.492) suscitaba opiniones encontradas. No todas eran mieles para el magistrado. Según los apuntes que tomé al respecto, el derecho no condice con la razón. El principio de la legalidad había sido transgredido. El juez tenía Jurisdicción para investigar el nacimiento y apropiación en 1978 de la beba de ocho meses Claudia Victoria Poblete, planeados desde El Olimpo -un centro clandestino de detención que funcionara durante la pasada dictadura militar- extremos requeridos por los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, titulares de la Fiscalía Federal 5 de Buenos Aires. Sin embargo, el "objeto procesal" no comprendía la investigación del secuestro, los tormentos y eventual homicidio de la madre y/o el padre de la niña, Gertrudis Hlaczic, de 22 años, y José Poblete Rúa, discapacitado chileno y fundador del Frente de Lisiados Peronistas. Por tanto, el juez Cavallo dio vista al Ministerio Público pidiendo que ampliaran el requerimiento en esa dirección, lo que le fue negado. Para compensar el faltante procesal el magistrado incorporó al amicus curiae que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tuvo a bien producir, zurciendo de legalidad su fallo.

En un rapto de fraternidad, yo habría querido hacer retroceder la máquina del tiempo y reproducir ante el Juez Cavallo algunas palabras de la Corte Suprema de justicia para desbaratar lo irrevocable: aquéllas que dicen que la misión más sabia de un juez es saber mantenerse dentro de su jurisdicción, con absoluto apego a la ley. El recordatorio de la Corte decía textualmente que "... el deber de los magistrados, cualquiera fueran las peticiones de la acusación y la defensa, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin más limitaciones que restringir el pronunciamiento a los hechos que constituyen materia del juicio (... ) en definitiva, la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, señalada por la jurisprudencia y la doctrina unánime sobre la materia, reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados ( .. )".

Al defecto legal que podía conducir a los albañales de la historia ese importante dictamen cuando librara combate ante la Corte Suprema de la Nación (reacia a conculcar las leyes del abominable perdón a las Fuerzas Armadas), yo incorporaría otros disparos equivocados del Juez. Porque Gabriel Cavallo declaraba «inválidos " el artículo 1° de la Ley de Punto Final, y los artículos 1’, 3’ y 4’ de la Ley de Obediencia Debida, desconociendo que esa categoría jurídica de invalidez de las normas no existe en el ordenamiento legal de la Nación, y que para obtenerla se impone, exclusivamente, requerir la inconstitucionalidad de la ley.

Consultando con un par de amigos abogados fuera de toda sospecha, descubrí que "los artículos serían nulos en la eventualidad de que hayan sido sancionados y/o promulgados violando el sistema constitucional previsto para la sanción de las leyes, por ejemplo, si se omitió la intervención de una de las cámaras, o si la votación no alcanzó el porcentual requerido, o los legisladores eran truchos, etcétera. En esa línea sería judicialmente el, fuero contencioso administrativo, 0 legislativamente el Congreso, o el Poder Ejecutivo, quienes podrían salvar la situación".

En uno de esos textos que me alcanzaron mis amigos abogados, subrayé con marcador el párrafo que decía que "una ley, como todos los documentos públicos son actos que se reputan válidos, y si alguien quiere desconocerlos, abarcando a títulos oficiales o similares, deberá iniciar una causa civil de redargución de falsedad".

Por supuesto, no desdeñaba una salvedad: que un juez puede decretar la inconstitucionalidad de una ley, pero ello es válido sólo para el caso que el magistrado tiene en estudio, y su decisión no se extiende a otros casos. Si bien Cavallo reconocía esta necesidad en su dictamen a pesar de haber invocado primero la «invalidez» de los artículos de las leyes en juego, perdía el norte cuando declaraba las "nulidades insanables" de los consabidos artículos de la impunidad legislada, lo que constituía una fatal equivocación. Lo hacía acogiéndose al artículo 29 de la Constitución Nacional, que al reseñar los desaciertos irreparables que pudieran cometerlos poderes públicos arrogándose o dispensando facultades extraordinarias, sumisiones o supremacías, los aplasta. El artículo mencionado, en efecto, afirma inequívocamente que "Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

En tren de imaginar el descomunal castigo que caería con su enorme peso sobre la vida política nacional de aplicarse el dictamen del juez Cavallo, deduje que se debería procesar por "infames traidores a la patria" a todos los legisladores que votaron esas dos leyes, y a los miembros del Poder Ejecutivo que la refrendaron por decreto de promulgación (Presidente y ministros). Lo cierto es que el delito es de extrema gravedad. Y es perentorio concluir que el juez que lo consigna no lo denunció, pese a su obligación de hacerlo, otro delito que debería acabar con la carrera judicial del magistrado.

Me propuse ponderar en los platillos de una balanza imaginaria los pros y los contras de la actuación del juez Cavallo. Pensaba que si los cimientos del andamiaje que permitía borrar las leyes de impunidad eran los repugnantes secuestradores Juan Antonio Colores del Cerro, y julio Héctor Simón, alias el Turco Julián -victimarios de la menor robada y, sin reparos, homicidas de sus padres-, y los apropiadores de la menor, que fraguaron ilícitamente su adopción -el teniente coronel retirado del ejército Ceferino Landa, y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira- pero quedaban fuera los artífices y los demás instrumentadores del genocidio, se resembraba la simiente que aumentaría el descreimiento de la gente en el sistema judicial.

De cualquier modo, su actuación en causas espinosas era un argumento a favor del juez que me desasosegaba a la hora de cincelar la figura del magistrado.

A los 41 años, Gabriel Cavallo se ha cargado al hombro los pedidos de juicio político correspondientes a sus colegas Hernán Bernasconi, Jorge Pisarenco y Carlos Liporaci, y la detención en Uruguay del ex juez Alberto Nicosia. Procesó al ex interventor del PAMI Ángel Tonietto, cuñado de la ex ministra Graciela Fernández Meijide, y soporta el peso de complejas causas, como las que investigan la fuga del Departamento Central de Policía de dos de los presuntos asesinos del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña, el vaciamiento de ATC, la defraudación del Banco Nación, y el supuesto lavado de dinero de la viuda del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Asimismo, bajo su supervisión se tramitan las causas relacionadas con las irregularidades en la habilitación de registros de automotores, en la construcción de la represa de Yacyretá, en la licitación de radares, y en la privatización de aeropuertos.

Su ascenso a la Cámara Federal revalidaría sus diplomas. El padrinazgo para su nominación, que se adjudica al ex ministro menemista y actual senador Carlos VIadimiro Corach, caería en el olvido; quedaría difuminada la polémica por las leyes de amnistía, y se disolverían los consistentes rumores sobre un patrimonio personal que excedería las posibilidades de su salario (un chalet en su Quilmes natal, una camioneta 4 x 4 Mercedes Benz y un velero), que irrigan un expediente en el Consejo de la Magistratura. Escalando a esa Sala de la Cámara Federal, se pondría a la altura de Luisa Riva Aramayo, de quien fue secretario y persona de máxima Confianza, hasta el punto de que se le atribuye la autoría del inolvidable escrito con el que se revocó la prisión preventiva a la cuñada del presidente Menem, Amira Yoma, en el famoso Yomagate.

Fuentes

Dante Alighieri, La Divina Comedia, quinta edición, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999 y Editorial juventud, segunda edición, Barcelona, 1987.

Página 12, La Nación y Clarín, Buenos Aires, 28 de febrero y 3, 6 y 9 de Julio de 2001; y La Nación, Buenos Aires, 21 de septiembre de 2000.

El 9 de octubre de 2000, el síndico de la SIGEN Javier Orloff requirió los datos de la cuenta de la SIDE abierta en Nueva York al síndico del Banco de la Nación Argentina, doctor Néstor Sallent. La misiva fue recibida el mismo día por Liliana Patricia Capobianco, secretaria privada de Sallent y hasta la fecha no mereció respuesta alguna ni a la SIGEN ni al juzgado federal que entiende en la causa de estas coimas. Copia en el archivo de los autores.

Expediente 24421/97, «Saccone Mario Alberto c/SIDE s/Empleo Público". Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 3 a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, Secretaría número 5, de Amalia Panelo, causa en la que intervino el Fiscal Federal Eduardo Irigoyen. Este sumario se encuentra actualmente archivado bajo el número de registro 46.502 del Archivo General del Poder Judicial.

Revista Tres puntos, Buenos Aires, número 192, 1 de marzo de 2001. El País, Madrid, 7, 8, 9 y 24 de marzo de 2001.

Revista Veintitrés, Buenos Aires, 31 de agosto de 2000.

Clarín, Buenos Aires, 13 de septiembre, 31 de octubre, 14 de noviembre y 6 de diciembre de 2000, y 17 de julio de 2001; Página 12, Buenos Aires, 4 de enero de 2001.

Dictamen de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura del 15 de febrero de 2001. Expediente 282/2000 "Gersenobitz, Juan M. - Orio, Eduardo (consejeros) c/Dr. Liporaci, Carlos» (juzgado Federal número 3). Copia en el archivo de los autores. El 15 de febrero de 2001, el pleno de la Comisión de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, suspendió a Liporaci por "mal desempeño en sus funciones (irregularidades en la tramitación de varias causas), inmoralidad, actitud indecorosa y mendacidad Se votó someterlo a Jury de destitución. Si se lo expulsaba de la justicia, obligatoriamente iba a ser llevado a tribunales por los presuntos delitos de enriquecimiento ¡lícito y prevaricación. Ese mismo 15 de febrero de 2001, el pleno de las dos Salas de la Cámara Federal de Buenos Aires designó provisionalmente subrogante de Liporaci a Rodolfo Canicoba Corral. Cuatro días más tarde la responsabilidad recayó de forma definitiva en Gabriel Cavallo. El 23 de febrero de 2001, el suspendido Liporaci presentó su renuncia como juez federal al Presidente de la República. Al aceptarla, Fernando De la Rúa evitó la salida deshonrosa de Liporaci del Poder Judicial, quedando anulada la petición de Jury y aventando su desafuero y traducción en tribunales. Lo que no pudo impedir Liporaci fueron las denuncias de particulares, que dieron lugar a la apertura de una causa por los innumerables hechos delictivos que jalonaron su desempeño. (Fuentes: Norberto Bermúdez, Perros de presa: Yacyretá, corrupción y poder político, en Argentina y Paraguay, Javier Vergara, Buenos Aires, 2001; La Nación, Página 12 y Clarín, del 13, 14 y 24 de febrero de 2001, y Río Negro, del 13 y 24 de febrero de 2001.)

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. Y otros s/cohecho», Tomo XXXII, folios 6.295 y 6.301; declaración de Juan José Gallea, director de Finanzas de la SIDE, en Tomo m, folios 545-547; y declaraciones ante funcionarios del departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal de los empleados del Hotel Elevage de Buenos Aires. Mariana Jimena Herrero y Gimena Paula Bernal, ambas el 11 de abril de 2001, Andrea Viviana Argenzio el 19 de abril de 2001, y Leandro César Torino el 19n de abril de 2001, todas incorporadas al Tomo xxix, y de Paula Victoria Israel el 10 de mayo de 2 00 1, incorporadas al Tomo xxxi.

Causa 8.686 caratulada "Simón, Julio, Del Cerro, Juan Antonio s/sustracción de menores de 10 años", del registro de la Secretaría 7, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, resolución firmada por el juez Gabriel Cavallo el 6 de marzo de 2001. Corte Suprema de justicia de la Nación, fallos 186, 242, 272, 297, 302, 304, 307, 328, 482, 1.163 y 1.270.

Concierto en sol Mayor para violín, cuerdas y bajo continuo de Vivaldi, Opus 12, número 1, RV 317; y concierto de Mozart para piano, 21 en do mayor K 467.