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Juan Gasparini

LA ONU APOYA LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR

Por consenso de sus 53 Estados miembros, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU resolvió ayer martes en Ginebra alentar el reconocimiento mundial del "derecho de toda persona a la objeción de conciencia al servicio militar como forma legitima de ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", y a no ser por ello "objeto de descriminación". El texto invita a los paises a imaginar "modalidades de servicio sustitutivas" y a "evitar que la administración de justicia se utilice para hacer cambiar de parecer a los objetores de conciencia". Insta a su vez a los gobiernos a que se ajusten a estos criterios, para lo cual le pide a la Alta Comisaria de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson, que intervenga, recopilando, analizando y solicitando información sobre las practicas en los diferentes rincones del planeta, para avanzar hacia la universalización de este derecho, como parte del derecho de toda persona a la vida, la libertad y la seguridad.

CUBA SE OPONE A UN INSTRUMENTO DE LA ONU PARA PREVENIR LA TORTURA

Por 28 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones, la Comisíón de Derechos Humanos de la ONU rechazó ayer lunes en Ginebra una moción de no acción presentada por Cuba, con el objeto de postergar sin plazo la adopción de un proyecto de resolución que dote a las Naciones Unidas de un sistema que prevenga la tortura mediante la realización de visitas a lugares de detención. De inmediato se aprobó la resolución que Cuba quería impedir que fuera a sufragio, por 29 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Cuba quedó sola en su tentativa dentro de los 11 paises latinoamericanos que integran este año la Comisión. Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Peru y Uruguay lo copatrocinaron y ademas también lo votaron Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela.

De este modo la Comisión endosó el Proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, preparado por la jurista costarricense, Elizabeth Odio Benito, mandatada por la ONU hace diez años para elaborar un mecanismo efectivo que prevenga la tortura. El documento propone instaurar un doble dispositivo de visitas regulares que deberian llevar a cabo organos competentes nacionales si existieran, y otro internacional a crear, a lugares de detención donde se sospeche o se tengan evidencias que podría perpetrarse la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con la intención manifiesta de frenar y erradicar ese crimen.

La idea se relaciona con la Convención Internacional contra la Tortura, que entrara en vigor hace 15 años. Esta determina que los paises signatarios se someten a controles periódicos a cargo de un Comité que ellos mismos nombran, compuesto por diez expertos, los que se reunen dos veces al año en Ginebra. Se plantea ahora adjuntarle un Protocolo Facultativo, que los Estados partes de la Convención pueden asumir o no, cuyos efectos no seran vinculantes si no lo hicieran, en donde se establece crear un organismo mundial para impedir la practica de la tortura.

El texto contempla que cada país es soberano de designar o mantener mecanismos nacionales de prevención contra la tortura que visiten o controlen los sitios donde se denunciare que se llevan a cabo malos tratos, pero le agrega al Comité contra la Tortura de la ONU un Subcomité de otros expertos especializados que podran decidir sus propias visitas a un país si lo consideran necesario. Para tales fines el Protocolo Facultativo fija los criterios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad que deberan respetarse para enviar misiones que realicen esas investigaciones.

Los integrantes del Subcomité seran elegidos por el voto mayoritario de los Estados. Actuaran de forma independiente y según sus conciencias. Estaran autorizados a entrar en todo lugar bajo jurisdición o control de un Estado en donde podrian encontrarse personas privadas de su libertad por orden de una autoridad pública o que estuvieran en esa situación por su instigación o en virtud de su consentimiento expreso o tacito. Al concluir la misión, los expertos podran entregar por escrito recomendaciones y observaciones secretas al gobierno cuyo territorio han visitado, quien podrá hacerlas publicas con o sin su replica si lo estimara conveniente. Al margen de esta prerrogativa, una vez por año el Sucomité de expertos dara a conocer un informe publico de sus actividades en los paises visitados. A diferencia de otros instrumentos internacionales que ofrecen la posibilidad a los paises de adoptarlos emitiendo reservas sobre algun artículo, el Protocolo Facultativo elaborado por la jurista Odio Benito no lo contempla. A su entender, solo una lógica de aceptar las obligaciones sin cortapisas permitirá una aplicación general, pareja e igualitaria en todo el planeta.

A partir de lo resuelto ayer la Comisión elevará a la Asamblea General de la ONU el proyecto de Protocolo Facultativo, para que lo apruebe, y abra a la firma y ratificación o adhesión de los 190 Estados que componen actualmente la ONU. Cuba anticipó que mantendrá su oposición por considerarlo "injerencista", es decir violador de su soberania, reparando a su vez en los gastos que insumirá para la comunidad internacional ponerlo en marcha México reiteró que lo suscribirá porque ofrece "una herramienta certera para eliminar la tortura, que degrada y lastima a quien la padece, a quien la comete y, en general, a todos los seres humanos".

ONU DECIDE REDACTAR CONVENCION CONTRA DESAPARICIONES FORZADAS

Por consenso de sus 53 Estados miembros, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió ayer martes mandatar a un Grupo de Trabajo abierto que pueden constituir todos los paises que asi lo desearan, para redactar el proyecto final de una Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas durante el correr de este año. Luego corresponderá a la Asamblea General de Naciones Unidas aprobarlo y proponerlo a la ratificación de sus 190 paises integrantes.

Para encarar la labor de confección de este nuevo instrumento que va a enriquecer el arsenal de la ONU contra las transgresiones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo tomará en consideración diferentes documentos ya existentes en la materia. Ante todo la resolución de la propia Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 1992, que apreció las desapariciones como "una afrenta a la dignidad humana, una violación grave y flagrantede los derechos humanos y libertades fundamentales y una violación del derecho internacional". A su vez entrará en consideración la Convención Interamericana sobre esta atrocidades de 1994, proveniente de un continente azotado por este flagelo en su pasado reciente. Se tomará también en cuenta la conclusión de la relatoria de desapariciones mandatada por esta Comisión, cuyos analisis caratulan las desapariciones como una violación multiple a los derechos humanos, por tanto gravisima, y una infracción bajo el derecho internacional. Estas afirmaciones se basan en que las desapariciones prolongan su acción en el tiempo, de alli su figura de delito continuo o permanente. Se estima que su perpetración sustrae al individuo de la protección de la ley, dejandolo en total indefención, extendiedno efectos a los familiares del desaparecido, asi como a la sociedad en general.

Para extirpar el mal e imposibilitar su reproducción, la Comisión trasmite el acuerdo al Grupo de Trabajo encargado de construir la Convención, que esta tenga vocación universal, estableciendo obligaciones a los Estados, para que cada uno la tipifique en su legislación interna, y que sea vinculante para los gobiernos en cuanto a disaución, prevención, investigación, represión y cooperación internacional, con el fin de eradicar su practica, castigarla legalmente, detener y si es necsario y posible extraditar a los culpables, y vencer la impounidad reinante.

PRPYECTO DE LA CANCILLERÍA MEXICANA SE DERRUMBA EN LA ONU

SRE planteaba en Ginebra que en lucha antiterrorista se respete a derechos humanos; Argelia modifica la propuesta y causa rechazo al dictamen

La delegación mexicana en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que culminó ayer sus deliberaciones anuales, se retiró con un gusto amargo en la garganta, luego de que su propuesta de fijarle pautas de derechos humanos a la cruzada antiterrorista se vino abajo. El proyecto mexicano había convencido a Estados Unidos y la Unión Europea, pero la introducción de una enmienda al dictamen por parte de Argelia provocó falta de acuerdos, ante lo cual México retiró el texto, que planteaba que el combate contra el terrorismo no debe hacerse en detrimento de los derechos humanos. Retira México de ONU plan sobre derechos

La delegación mexicana en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que culminó ayer viernes sus deliberaciones anuales, se retiró con un sabor amargo. La osadía de convencer a la Unión Europea y Estados Unidos de fijarle pautas de derechos humanos a la cruzada antiterrorista se vino abajo en pocos minutos. El edificio cayó por un concurso de circunstancias, provocando la estupefacción en las ONG que alzaron su voz en conferencia para lamentar tan triste desenlace.

La introducción de una enmienda por parte de Argelia ante el proyecto de resolución presentado por México con el copatrocinio de la Unión Europea y, entre otros, de Brasil, Chile y Ecuador, quebró la armonía de un dictamen que aspiraba a ser adoptado por consenso. Ante la falta de acuerdo México retiró el texto, sumiendo en la impotencia a diplomáticos y militantes de organismos humanitarios, convencidos que el combate contra el terrorismo no debe hacerse en detrimento de los derechos humanos.

El texto sometido a los 53 países miembros de esta Comisión propugnaba un mandato para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, con el fin de que proporcionara "orientaciones acerca de la cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo". Se le pedía en concreto que ayudara y asesorara a los Estados, instándola a efectuar recomendaciones jurídicas a los gobiernos, solicitándole también sus apreciaciones respecto de "los efectos de las medidas, leyes y prácticas antiterroristas" sobre la promoción y protección de los derechos humanos. La controversia

Trastocando el sentido del mecanismo que se pretendía poner en marcha, Argelia anunció que quería añadir un artículo de una resolución votada con anterioridad, consagrada a los derechos humanos y el terrorismo, señalando la grave preocupación "por las violaciones manifiestas de los derechos humanos por grupos terroristas".

Para no contaminar el texto con alegaciones que no tenían relación directa con la misión que se le quería encomendar a Mary Robinson, no desairar a Argelia y a su vez mantener el diálogo y la cordialidad con el conjunto de los gobiernos, México le propuso a Argelia sólo incorporar la citación de la resolución sobre derechos humanos y terrorismo sin reproducir el párrafo requerido. La oferta buscaba no desvirtuar la redacción de un documento que no se refería a las violaciones de los derechos humanos que cometen los terroristas, sino a la prevención que imponen las obligaciones contraídas por la comunidad internacional en múltiples convenciones y procedimientos que protegen a las poblaciones civiles, prisioneros, heridos, emigrantes, defensores de derechos humanos y refugiados. Argelia aceptó en un primer momento la propuesta, pero en medio de la sesión matinal de ayer viernes le comunicó sorpresivamente a Mariclaire Acosta, jefa de la delegación mexicana, que plantearía la enmienda. Esto conducía a votar ante todo la enmienda, la cual si bien tenía chance de ser rechazada, dividía no obstante a los 53 países que emitirían el sufragio. Se sumaba asimismo el peligroso riesgo que la enmienda ganara, una perspectiva ante la cual la Unión Europea anticipaba que quitaría sus votos favorables pasando a la abstención, en repudio por el párrafo que se injertaría.

Volviendo a la hipótesis más plausible, que la enmienda perdiera la votación, vendría luego el escrutinio sobre la resolución original, que obviamente se realizaría en un clima de tensión y discordia, diferente al que se pretendía concertar para entregarle a Mary Robinson un cometido que debía gozar de unanimidad. Para decidir qué hacer, México lanzó una consulta con la propia Alta Comisionada, quien frente a la disyuntiva desaconsejó librar el debate y sacar adelante la resolución a cualquier precio, porque en esas condiciones no le convenía. Al retirarla de las deliberaciones, Acosta deslizó "la falta de tiempo para continuar las negociaciones que nos lleven a lograr el máximo apoyo posible", dando a entender que volverá a la carga con la propuesta el año próximo.

Enérgica condena de la ONU a Israel

16 de abril 2002

GINEBRA. Por 40 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó ayer lunes "enérgicamente" a Israel por la utilización de la tortura en los interrogatorios de sospechosos, la expropiación y demolición de viviendas, la ofensiva militar contra hospitales y enfermos, los ataques a ambulancias y personal paramédico, y el uso de palestinos como escudos humanos durante las incursiones israelíes en zonas palestinas.

El texto repudia además el incendio de la iglesia de la Natividad y de la mezquita Omar Ibn-Khatab en Belén, y el hostigamiento con fuego de artillería contra las mezquitas de Al-Baik y Al-Kabir en Nablus.

Denuncia, además, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres en los campos de refugiados palestinos y la negativa israelí a dejar enterrar a los muertos palestinos por sus seres queridos en los terrenos disponibles alrededor de sus hogares y hospitales. Al tiempo le imputa a Israel violar las leyes de la guerra que protegen a las poblaciones civiles, heridos y prisioneros, y le pide que levante los cercos sobre las ciudades palestinas y se retire de los territorios ocupados.

Los países árabes e islámicos cedieron algunas frases del proyecto original de resolución a pedido de España, concretamente la mención que autoriza al pueblo palestino a la lucha por todos los medios contra la ocupación extranjera -incluso la armada-, suprimiendo a su vez el término "terrorismo de Estado" al referirse a Israel. Pero las concesiones sólo garantizaron los votos de España, Suecia, Portugal, Francia, Bélgica y Austria, porque Alemania y el Reino Unido se opusieron e Italia se abstuvo. EE.UU. votó en contra.

Piden vigilar derechos en lucha antiterrorista

19 de abril de 2002

México presentó un proyecto de resolución en la ONU, con respaldo de Brasil y la UE. Grupos internacionales acudieron a Mariclaire Acosta para que promoviera la medida.

GINEBRA. Con el copatrocinio de Brasil y de la mayoría de los países de la Unión Europea, México presentó ayer viernes un proyecto de resolución ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que se votará la semana próxima, requiriendo un mandato especial para que la Alta Comisaria de la ONU, Mary Robinson, vigile el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la propia Mary Robinson comparten ese criterio, según se desglosa de sus discursos de días pasados en Ginebra.

La iniciativa se originó en las ONG Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que encontraron en Mariclaire Acosta, la jefa de la delegación mexicana aquí en la ONU, el sostén necesario para conseguir que un grupo importante de Estados proponga que Naciones Unidas entre en materia.

La iniciativa ha vencido las reticencias de los países amigos de Estados Unidos, que no querían se diera la impresión de generar un mecanismo de control sobre la cruzada internacional contra el terrorismo en que está implicada la administración Bush. La noticia cae en el justo momento en que entra en vigor la Corte Penal Internacional que juzgará los genocidios que pudieran cometerse en este siglo, un edificio jurídico que Estados Unidos han prometido derribar amenazando desde su Congreso con tomar represalias contra los países que reconozcan o cooperen con ese tribunal.

La resolución elevada en Ginebra plantea una misión específica para Mary Robinson, solicitándole que su Oficina informe anualmente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las medidas a impulsar en el plano internacional para impedir violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha antiterrorista. Las ONG que motorizan este debate estiman que en reacción a los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, ciertos países parecen inclinados a tomar decisiones que afectan los derechos consagrados de sus propios ciudadanos, los refugiados y las minorías. Consideran que el uso del término "terrorismo" suele ser vago en las manifestaciones de algunos gobiernos, lo cual abre la puerta a la criminalización de actividades pacíficas, como la protesta social. Valoran que las detenciones administrativas o a disposición del Poder Ejecutivo por una duración ilimitada, como la de los talibanes prisioneros en Guantánamo, lesionan las garantías judiciales de los imputados, que no disfrutan de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y al debido proceso. La perspectiva de que los presuntos terroristas sean juzgados por tribunales especiales, transgrede además las normas del derecho internacional que avala a la justicia ordinaria de cada Estado para llevar a cabo la persecución penal que impongan los delitos calificados en los códigos penales nacionales. Temen que los candidatos al asilo en ciertas regiones explosivas del globo, sean repatriados a los países de donde huyen para escapar a la violencia y la represión, ante la mera sospecha que los pudiera relacionar con hechos terroristas.

A la luz de los peligros que contiene la lucha antiterrorista para los derechos humanos, Mary Robinson tendrá una múltiple tarea. Deberá asesorar a la propia ONU, localizando las lagunas en sus tratados y convenciones, para precisar las líneas de acción tendientes a erradicar el terrorismo, sin transgredir las reglas que establecen el respeto de los derechos humanos. Tendrá también que aconsejar a los Estados que demanden o necesiten asistencia técnica para poner en marcha políticas antiterroristas. Y observará las políticas que adopten los gobiernos y sus efectos sobre los derechos fundamentales. Si finalmente la Comisión da el paso de otorgar este mandato a la Alta Comisionada, quizá su labor destrabe la parálisis que afecta a un Grupo de Trabajo constituido a instancias de la Asamblea General de la ONU en 1996, encargado de elaborar una Convención Internacional General sobre el Terrorismo Internacional, que todavía no ha podido ponerse de acuerdo en una definición del terrorismo.

Mary Robinson Alta Comisionada de Derechos Humanos no puede viajar al Medio Oriente

20 de abril de 2002

Sharon le niega la autorización para visitar territorio palestino; nuevas condenas al Estado judío.

GINEBRA. Mary Robinson, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, suspendió ayer la misión que le encomendara la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados por Israel, en la que iba a ser acompañada por Felipe González y el sudafricano Cyril Ramaphosa. La decisión se debió a que Israel no le otorgó finalmente la autorización para viajar de inmediato, de manera que pudiera estar de regreso el próximo martes en Ginebra, e informar a la Comisión de sus indagaciones, antes del término de las deliberaciones, el viernes venidero. Israel fue condenado nuevamente ayer por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Con 34 votos en favor, dos en contra (Guatemala y Perú) y 17 abstenciones (entre ellas todos los países europeos), los 53 países miembros de la Comisión aprobaron una resolución que denuncia la detención de los ciudadanos libaneses en Israel, y las violaciones a la integridad territorial en el Líbano, según un reporte de la agencia noticiosa ANSA. En el documento, la Comisión pide al gobierno israelí que renuncie a mantener como rehenes a "los ciudadanos libaneses detenidos en prisión, como pieza de cambio" y pide su inmediata liberación. Es la quinta vez desde el comienzo de la sesión, el pasado 18 de marzo, que Israel es denunciado por la Comisión.

Decidida, el pasado 5 de abril, la iniciativa del viaje de Mary Robinson fue resistida por Ariel Sharon, quien ha sido insensible al equilibrado mensaje de Robinson, que condenó la guerra contra las poblaciones civiles palestinas y también por las bombas suicidas contra israelíes. Ese gesto se sumó en vano a la concesión significativa del secretario general de la ONU, Kofi Annan, el cual suprimió una frase de su discurso en esta Comisión, en cuyo original distribuido a la prensa se afirmaba que "ninguna acción militar se puede considerar de legítima defensa, cuando es usada para perpetuar la ocupación de un territorio extranjero". Los países árabes contribuyeron a la distensión, quitando de las resoluciones votadas la semana anterior contra Israel, las menciones de terrorismo de Estado y la autorización explícita a que los palestinos recurran a la lucha armada, para ejercer su derecho a la autodeterminación, pero no sirvió de nada.

La ONU busca proteger a militantes humanitarios

22 de abril de 2002

A partir de hoy lunes, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que delibera en Ginebra hasta el próximo viernes, debatirá para adoptar una resolución que apoye las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos, según un proyecto que está por conseguir el consenso de los 53 Estados miembros de la Comisión, el cual no deberá por tanto someterse al voto. La iniciativa la desencadena la triste constatación que en el 2001 se contabilizaron alrededor de 400 casos de defensores de los derechos humanos que fueron objeto de persecución, hostigamiento, amedrentamiento policial, campañas de difamación, censura, amenazas, detenciones arbitrarias y asesinatos en más de 80 países por parte de las autoridades o de grupos privados.

Son así blanco de una represión multiforme personas comprometidas en la lucha contra la impunidad, sindicalistas, periodistas, defensores del medio ambiente, de poblaciones indígenas y campesinos, de grupos vulnerables como los niños de la calle o las minorías sexuales, miembros de familias de desaparecidos o militantes asociativos, mancomunados en el riesgo de socorrer a las víctimas, denunciar atrocidades, actos de corrupción y defender las libertades fundamentales.

El incremento de estos atropellos que han hecho de la defensa de los derechos humanos una actividad de alto riesgo llevaron el año pasado al secretario general de la ONU, Kofy Annan, a nombrar su representante especial en la materia, a Hina Jilani, que ha sometido un informe preocupante, razón por la cual la Comisión va a prolongar su mandato por un año más de manera que pueda seguir vigilando de cerca la situación de los defensores de los derechos humanos en el mundo.

Del examen del informe Jilani, y de la publicación la semana pasada en Ginebra de un libro confeccionado por varias ONG reunidas en un "Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos", que investigaron en todos los continentes, surge que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, se ha generado un cuadro de sospecha y descrédito hacia los defensores de los derechos humanos. Se desgloza también que se los suele acusar de sostener directa o indirectamente a los movimientos terroristas, buscando de ese modo deslegitimizar su labor. Se consigna asimismo que la elaboración o el refuerzo de las legislaciones antiterroristas en varios países, están engendrando una ola de restricción de los derechos humanos, limitando el campo de acción de los defensores.

La resolución de la ONU exhorta a los gobiernos a adoptar medidas para salvaguardar la integridad y apoyar quienes han asumido impulsar el respeto de los derechos fundamentales.

ONU pide a Cuba respeto a derechos

19 de abril de 2002

Aprueban resolución por dos sufragios de diferencia. Exhortan a la isla a aceptar visita de enviado. Es un llamado a cooperación, insiste Mariclaire Acosta

GINEBRA. Por 23 votos en favor, 21 en contra y nueve abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Cuba para que coopere con los mecanismos de control de Naciones Unidas en la materia, que acepte una visita de un enviado personal de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson, y que haga un esfuerzo para avanzar en los derechos políticos y civiles, reconociéndole adelantos en el disfrute de los derechos económicos y sociales. Se la invitó a ratificar todos los pactos de la ONU sobre libertades públicas y derechos individuales, no obstante el "entorno internacional adverso", una alusión tangencial al embargo tendido por Estados Unidos en torno de la isla.

Mariclaire Acosta en nombre de la delegación de México, cuyo voto ayer fue decisivo para el resultado, insistió que la resolución sobre Cuba era un llamado a la cooperación, y no una sanción. Rescató que Brasil, en su explicación del voto de abstención, reconoció la buena intención del texto y los avances en los derechos humanos en Cuba. Expresó su deseo que Cuba no se sustrajera del diálogo que le propone la comunidad internacional y estimó que las relaciones entre Cuba y México superarán este episodio.

Tal como estaba previsto, de los 11 países latinoamericanos presentes este año en la Comisión, salvo Cuba y Venezuela que votaron en contra, además de Brasil y Ecuador que se abstuvieron, los siete restantes la aprobaron, es decir Uruguay, que la presentó, más Argentina, Chile, México, Guatemala, Costa Rica y Perú. Pero Cuba perdió la elección en el grupo africano, donde a último momento Camerún, que diera signos que se abstendría, apoyó la resolución, mientras que Swazilandia y Uganda, que habían prometido sostener a Cuba se abstuvieron, al tiempo que Senegal mantuvo la abstención del año pasado, e hicieron lo mismo Sierra Leona y Kenia. Casi todos los demás cerraron filas con Cuba, al igual que los árabes (Argelia, Bahrein, Siria, África del Sur, Burundi, Congo, Zambia, Togo, Libia, Nigeria, Arabia Saudita). El resto de los votos no sorprendieron. Fueron por el sí los 10 países del grupo occidental, o sea la Unión Europea y Canadá, del este europeo se agregaron Polonia, Croacia y República Checa y los asiáticos Japón y Corea del Sur. Se abstuvieron Armenia y Tailandia y se opusieron Rusia, China, Indonesia, India, Malasia y Paquistán.

Rechazan moción de China
Un incidente previo al voto estuvo a punto de provocar que la resolución no se tratara. Por 24 votos en favor y 23 en contra, la Comisión rechazó una moción de no acción de China, que planteó que Cuba no merecía estar en el banquillo de los acusados y que el tema debía archivarse. En el recuento electrónico de los votos, el Congo que se había abstenido, manifestó que había apretado mal el botón y que quería alinearse con Cuba, lo que hubiera producido un empate en 23, lo cual no alcanzaba por un voto para salvar a Cuba que la resolución se examinara y fuera derrotada.

Iván Mora Godoy, embajador de Cuba en la sede de la ONU, denunció a Estados Unidos como verdadero autor de la resolución, detallando las presiones sufridas por varios gobiernos africanos para que cambiaran el voto. Dijo que los países que firmaron el proyecto no tenían autoridad moral para acusar a Cuba. Y anticipó que no aceptaban la visita de un enviado de Mary Robinson a la isla por formar parte de una maniobra de Washington para seguir acosando a su país, independientemente de la figura de la alta comisionada a la que rescató por encima de estas circunstancias.

EEUU bloquea iniciativa contra actos de tortura

02 de abril de 2002

Presentará jurista un proyecto a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que se realicen visitas a lugares de detención donde se sospeche que podrían perpetrarse tratos crueles o degradantes

GINEBRA. La jurista costarricense Elizabeth Odio Benito, mandatada por la ONU hace 10 años para elaborar un mecanismo efectivo que prevenga la tortura mediante la realización de visitas a lugares de detención, someterá hoy un proyecto de resolución a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que está sesionando en Ginebra con el objeto que apruebe su proyecto, pero Estados Unidos moviliza sus influencias para retrasar o impedir su adopción. Odio Benito goza de un gran prestigio internacional pues fue juez en el Tribunal para la ex Yugoslavia, y al concluir 10 años de consultas cree que el texto redactado es equilibrado y contiene un aceptable compromiso de la mayoría de los países, lamentando la oposición de Estados Unidos e Israel, y la reticencia de otros como Arabia Saudita, Siria e Irán.

El documento se relaciona con la Convención Internacional contra la Tortura, que entrara en vigor hace 15 años. Ésta determina que los países signatarios se someten a controles periódicos a cargo de un comité que ellos mismos nombran, compuesto por 10 expertos, los que se reúnen dos veces al año en Ginebra. Se propone ahora adjuntarle un Protocolo Facultativo, que los Estados partes de la Convención pueden asumir o no, cuyos efectos no serán vinculantes si no lo hicieran, en donde se plantea crear un sistema mundial para impedir la práctica de la tortura. Para ello se combina un doble dispositivo de visitas regulares que deberían llevar a cabo órganos competentes nacionales si existieren y otro internacional a crear, a lugares de detención donde se sospeche o se tengan evidencias que podría perpetrarse la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con la intención manifiesta de frenar y erradicar ese crimen. Cada país es soberano de designar o mantener mecanismos nacionales de prevención contra la tortura que visiten o controlen los sitios donde se denunciare que se comenten malos tratos, pero si a su vez sostuvieran el proyecto de Odio Benito, se conformaría a que el Comité contra la Tortura de la ONU, es decir los expertos que vigilan el acatamiento de la Convención Internacional, decida sus propias visitas al país, para lo cual organizará un subcomité de expertos especializado. Por esos motivos el Protocolo Facultativo fija los criterios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad que deberán respetarse para enviar misiones que realicen esas investigaciones. Los especialistas que se destinen para tales misiones serán elegidos por el voto mayoritario de los Estados y se constituirán en subcomité mundial contra la tortura. Actuarán de forma independiente y según sus conciencias. Estarán autorizados a entrar en todo lugar bajo jurisdicción o control de un Estado en donde podrían encontrarse personas privadas de su libertad por orden de una autoridad pública o que estuvieran en esa situación por su instigación o en virtud de su consentimiento expreso o tácito. Al fin de la misión, los expertos podrán entregar por escrito recomendaciones y observaciones secretas al gobierno cuyo territorio han visitado, quien podrá hacerlas públicas con o sin su réplica si lo estimara conveniente. Al margen de esta prerrogativa, una vez por año el subcomité de expertos dará a conocer un informe público de sus actividades en los países visitados. A diferencia de otros instrumentos internacionales que ofrecen la posibilidad a los países de adoptarlos emitiendo reservas sobre algún artículo, el Protocolo Facultativo elaborado por la jurista Odio Benito no lo contempla.

Suiza rechaza bloquear las cuentas de las FARC

23 MARZO 2002

Autoridades helvéticas señalan que su país no acepta valoraciones que hacen ciertas naciones sobre grupos supuestamente terroristas

En otro gesto que distancia a la diplomacia helvética de Estados Unidos, el Departamento suizo de exteriores no acepta decretar el bloqueo automático de las presuntas cuentas bancarias de las FARC colombianas, a partir de una lista de organizaciones terroristas enviada por la justicia estadounidense, según confirmó a este diario Jacques de Watteville, jefe de la división de asuntos económicos y financieros de ese ministerio.

"Hemos ordenado el bloqueo de unas 69 cuentas de talibanes identificadas como criminales por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no nos plegamos la valoración que hacen ciertos países sobre organizaciones supuestamente terroristas", explicó el funcionario, en clara alusión a la cruzada estadounidense. Para ejemplificar la decisión de su gobierno Jacques de Watteville dio los ejemplos de el partido Hezbollah libanés y a las FARC de Colombia, insistiendo en que "no corresponde a nosotros definir si son terroristas o no".

La diplomacia de neutralidad y de buenos oficios que caracteriza a Suiza ilustra tal vez esa relativa clemencia para con las FARC, ya que Suiza integra con Francia, Cuba, España y Noruega el "grupo de países amigos" que intenta consolidar un proceso negociador entre el gobierno colombiano y el ELN, el segundo grupo guerrillero de ese país. Desde junio de 2000 donde se realizó en Ginebra el primer encuentro abierto entre esa guerrilla y el gobierno, con testigos de la sociedad civil colombiana, la diplomacia helvética se esfuerza por tender puentes de diálogo que pongan fin al conflicto armado.

Jacques de Watteville admite que la intermediación diplomática suiza ha sido tomada en consideración en este tema, aclarando sin embargo que la disposición que beneficia a las FARC no exime el bloqueo de cuentas si existieran indicios de actividades bancarias relacionadas con hechos criminales. "En nuestro país el Código Penal obliga a los bancos a denunciar las cuentas sospechosas y en ese sentido hemos recomendado una vigilancia creciente a todas las instituciones financieras luego de los atentados del 11 de septiembre pasado y colaboramos judicialmente con Estados Unidos pero de acuerdo con nuestras leyes", precisó.

Las reformas al Código Penal en Suiza desde 1990 a la fecha, prohiben las cuentas bancarias anónimas, y sancionan el blanqueo de dinero, es decir la utilización del sistema bancario para disimular la procedencia y el destino de fondos de origen criminal. El secreto bancario desaparece si se inicia una investigación penal en Suiza, o si un país extranjero lo solicita, pero para ello deben respetarse las normas del derecho internacional, es decir con peticiones formales en regla, que se refieran a sumarios judiciales existentes con anterioridad en los países que requieren dicha cooperación.

España cede a EEUU su puesto en una instancia clave de la ONU

16 abril 2002

COMPROMISO EN GINEBRA SOBRE EL TURNO DE REPRESENTACIÓN
Madrid facilita el regreso de Washington a la comisión de derechos humanos

GINEBRA. Al margen de su discurso de ayer martes en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el ministro de Exteriores de España, Josep Piqué, confirmó a este diario que España va a ceder su escaño para "facilitar la presencia de Estados Unidos a partir del próximo año", una gestión que intenta dar por cerrado el inédito episodio de que la primera potencia mundial no viera confirmado su mandato el año pasado, algo nunca ocurrido desde que se fundó Naciones Unidas en 1945.

Piqué añadió que la iniciativa forma parte de un acuerdo "difícil y complejo", que contempla pactar entre los países del bloque occidental "un sistema rotatorio" que asegure "una presencia normal de todos y cada uno en el futuro". No quiso entrar en mayores detalles pero la negociación compone dar garantías a EU de que lo acontecido en el 2001 no se va a repetir "por 25 años", según fuentes diplomáticas en Ginebra. Italia se sumaría a España para permitir la entrada de Estados Unidos y uno de sus aliados, Australia. La maniobra se completaría en América Latina con el cambio de Ecuador por Paraguay entre los 11 Estados de esa región que integran la Comisión, a lo que se añade el relevo de Mary Robinson como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, por un candidato que sea aceptado por Washington, ante el veto de prolongar la misión de la ex presidenta de Irlanda.

En su discurso Josep Piqué se encargó de subrayar que hablaba en nombre de la Unión Europea, generando una cierta confusión pues horas después hizo también uso de la palabra Javier Solana, aunque desde su puesto de alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de esa misma Unión Europea. En su alegato Josep Piqué recordó las prioridades de la Unión Europea en la materia. Reiteró la necesidad de garantizar los derechos humanos "clásicos", como las libertades de expresión, religión y creencias, sin olvidar los derechos económicos y sociales, como la sanidad, la educación, y el acceso al trabajo y el disfrute de la cultura. Recalcó que todos eran "indivisibles" y "que de nada serviría el progreso material del mundo mientras hubiera poblaciones enteras sometidas por la tiranía, miles de refugiados y desplazados, mujeres discriminadas en sus derechos, o ciudadanos perseguidos por sus ideales y por defender la democracia". Subrayó el esfuerzo d la Unión Europea para articular "una política de solidaridad internacional con los más desfavorecidos", que tome en cuenta "la integración de la población inmigrante, y la eliminación efectiva de la intolerancia y de la xenofobia".

En este contexto Piqué insistió en "una cuestión que preocupa a la Unión Europea como al resto de la humanidad: el terrorismo", señalando de inmediato que su combate "debe llevarse a cabo dentro de un marco de pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales en que se asienta el estado de derecho". Recordó también la postura conocida de los países de la región de rechazar la pena de muerte y la práctica de la tortura y, por primera vez, luego de ensalzar la saludable labor de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda, calificó de paso "importantísimo en pro de la defensa y protección de los derechos humanos" a "la imputación judicial de antiguos dictadores", una oblicua alusión a la instrucción penal del juez españo Baltasar Garzón contra las dictaduras de Argentina y Chile.

OPOSICIÓN A ROBINSON Según fuentes diplomáticas, EEUU quiere que se garantice su presencia en la comisión los próximos 25 años, en un intento de recuperar el poder en la institución. La maniobra se completaría con el cambio de Ecuador por Paraguay en los 11 países de la zona de Latinoamérica que integran la comisión. A esto hay que añadirle que la alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, anunció que se retirará del cargo el próximo mes de septiembre. EEUU se oponía a que la expresidenta irlandesa renovara su mandato.

En un discurso en nombre de la UE en la reunión anual de la comisión en Ginebra, Piqué exigió a Nigeria que impida la lapidación de Safiya Huseini, la mujer condenada a muerte por adulterio. Piqué reiteró la necesidad de garantizar los derechos humanos "clásicos", como la libertad de expresión y de religión, sin olvidar otros económicos y sociales como la sanidad y la educación.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Piqué insistió en que la lucha contra el terrorismo "debe llevarse a cabo con respeto a los derechos y libertades fundamentales". Tras ensalzar la labor de los tribunales especiales para la ex-Yugoslavia y Ruanda, el ministro calificó de paso "importantísimo en la protección de los derechos humanos" los procesos contra antiguos dictadores, una forzada alusión a la instrucción penal del juez Baltasar Garzón contra las dictaduras de Argentina y Chile.

Tras Piqué habló ante la comisión el representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana, quien dijo que "los conflictos, la pobreza y el aislamiento erosionan los derechos humanos". Solana señaló que la UE da gran importancia a la prevención de conflictos y al alivio de la pobreza para consolidar los derechos humanos.