El pasado 6 de Agosto, cuando celebrábamos 177 años de nuestra independencia, el Congreso de los Estados Unidos nos dio un "regalito" aprobando la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA). Esta ley es una "juntucha" de tres disposiciones legales que se venían discutiendo: una es la extensión del ATPA o la ley de Preferencias Comerciales para la Región Andina que ha sido recibida con bombos y platillos porque permitiría seguir exportando textiles a los EE.UU. con arancel cero. La otra norma que incluye esta disposición es la Vía Rápida o Fast Track que le otorga poderes especiales al Presidente norteamericano para negociar acuerdos comerciales como los del ALCA sin consultar a cada paso con el Congreso de su país; y por último está la "DEA", un conjunto de condicionamientos para la erradicación de la Droga (léase coca) en los países Andinos.

El dulce

Para empezar, las preferencias arancelarias no serán para todos los países andinos como lo dice su nombre. Sólo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se pueden beneficiar si hacen buena letra. Venezuela ha sido excluida; ya se pueden imaginar por qué.

Esta ley es la extensión del ATPA que estuvo vigente durante diez años hasta el 2.001. La nueva norma, el ATPDEA tendrá una vigencia de 5 años desde el 4 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2006. El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos. Los textiles con materia prima andina también gozarán de este privilegio pero sólo hasta alcanzar un porcentaje máximo del 2% de las importaciones de confecciones en los Estados Unidos.

En otras palabras, para la maquila que se ensambla en la región andina a partir de insumos norteamericanos no hay restricciones, pero para los productos con insumos regionales existe un cupo del 2%.

La muerte

Para ser considerado "país beneficiario" hay que cumplir una serie de requisitos que el Presidente de los Estados Unidos evalúa y decide. Estos requisitos son:
- a) "Haber cumplido con los criterios de certificación antidrogas establecidos por la sección 490 del Foreign Assistence Act de 1961". En otras palabras proseguir fielmente con el plan de erradicación de cocales sin importar el costo social en Bolivia, la pérdida de vidas humanas y la pérdida económica que ocasiona la confrontación social. Todo esto se minimiza porque se estaría frente a una guerra mayor como es la guerra contra las drogas. Sin embargo, después de haber erradicado más 50.000 hectáreas de coca en Bolivia, la drogadicción y el narcotráfico no han disminuido significativamente en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el verdadero móvil de esta certificación antidrogas?
- b) "El grado en que un país haya tomado las medidas necesarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Unidos en la lucha para combatir el terrorismo". Léase bien. No son los esfuerzos del gobierno boliviano, peruano o chileno, sino los esfuerzos del gobierno de EEUU contra le terrorismo. Y ¿quiénes son los terroristas para Bush? Los movimientos sociales, los dirigentes y activistas que se oponen a vivir en un mundo hegemónico controlado por un puñado de transnacionales y un ejército de ocupación.
- c) "Los niveles de protección establecidos para garantizar los derechos de propiedad intelectual" o dicho en términos sencillos la lucha contra la piratería. Aquí el problema es que las corporaciones de países del norte son dueñas del 90% de las patentes o registros de propiedad intelectual. Ese es el caso por ejemplo de los medicamentos farmacéuticos que son esenciales para la salud, y que podrían salvar millones de vidas humanas si las transnacionales que los tienen patentados no los vendieran a precios tan elevados para realizar jugosas ganancias.
- d) "La aplicación, por parte de los países, de procedimientos destinados a garantizar la transparencia, la no discriminación y la libre competencia en las compras del sector público". Es decir que el Estado renuncia a utilizar sus compras a nivel de un municipio, prefectura o gobierno central para fomentar la producción nacional. O dicho de otra manera, toda compra del Estado debe ser abierta a la competencia extranjera.
- e) "El grado de compromiso demostrado por dichos países con sus obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su activa participación en las negociaciones para la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) u otro acuerdo de libre comercio." En otras palabras: "Si te beneficias del ATPDEA tienes que aceptar el ALCA". Este punto significa que no hay que tener broncas con la OMC, someterse a los procesos de demanda en paneles de arbitraje privados que interponen las transnacionales y comprometerse desde ahora con el ALCA que formalmente entrará en vigencia el 2.005. Digo "formalmente" porque el ATPDEA ya es un adelanto del ALCA.

El discreto encanto

Con relación al ATPDEA, el congresista Javier Diez Canseco escribe en el periódico La Republica del Perú el 25 de Agosto del 2002: "Pero ahí no termina la cosa. Adicionalmente tenemos que haber creado condiciones favorables para la solución de varios problemas que empresas norteamericanas tienen en nuestro país. De la empresa 3M, que pretende mantener un depósito construido en los Pantanos de Villa. Teleinfor, que perdió un arbitraje ante Telefónica, ahora quiere un nuevo arbitraje, EEUU vs España. La minera Engelhard, que exportó fraudulentamente oro de Madre de Dios para cobrar el reintegro del IGV, quiere que la Sunat le devuelva 28 millones de dólares. STM Wirles desea, de todas maneras, tener la concesión de telefonía rural por haber ganado una licitación que no fue definitivamente aprobada por el Ministerio de Transportes. Así estamos. El gobierno norteamericano nunca ha andado con contemplaciones, no tiene amigos, sino intereses".

Para marear la perdiz, o endulzar la guillotina, entre los requisitos también figura la "eliminación de las peores formas de trabajo infantil"; no de todo trabajo infantil sino de "las peores formas", y también plantea la "protección de los derechos laborales". Ese es el chantaje. El chantaje que los gobernantes no explicaron cuando brindaron por la ampliación del ATPA por miedo a llamarlo por su verdadero nombre: ATPDEA.

Y ¿cuánto nos vamos a beneficiar con el arancel cero para los textiles bolivianos?. Según las estadísticas de los últimos años, la exportación de textiles bolivianos a los Estados Unidos alcanzó los 19 millones de dólares en su mejor año. ¿Cuánto más se va a exportar en los próximos años? ¿El doble?, ¿el triple? ¿Por 20, 40 ó 60 millones de dólares, -que dicho sea de pasó no alcanzan la cifra de los 70 millones de dólares de gastos reservados-, vamos a entregar nuestra soberanía y comprometernos con el ALCA que es un proyecto cuestionado incluso en el seno de los Estados Unidos? ¡Entiéndase bien! No estamos en contra del arancel cero, ni de las preferencias para los textiles bolivianos. Estamos en contra de que al país no se le diga toda la verdad. Que se oculte el chantaje que envuelve toda esta retórica del libre mercado.