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Inestabilidad Gaucha

Argentina, la rebelión, el gobierno y los piqueteros

Los actos de conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001, y las consecuencias del atentado con una bomba casera realizado en esa jornada contra los sectores de izquierda, han puesto en evidencia la movilidad de los reagrupamientos que se están produciendo tanto en el bloque de poder, como en el campo de los movimientos populares.

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Marcha en Salta
Foto Andrés L.

Los actos de conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001, y las consecuencias del atentado con una bomba casera realizado en esa jornada contra los sectores de izquierda, han puesto en evidencia la movilidad de los reagrupamientos que se están produciendo tanto en el bloque de poder, como en el campo de los movimientos populares.

Pasaron dos años de la rebelión popular que derribó al gobierno de la Alianza, presidido por Fernando De La Rúa, y dejó trastabillando la política económica ortodoxamente neoliberal conducida por Domingo Cavallo. La rebelión generó una energía que permitió crear nuevas agrupaciones y fortalecer muchos movimientos populares, como asambleas barriales, empresas recuperadas por los trabajadores, y movimientos piqueteros.

Desde aquellas jornadas de rebelión, el bloque de poder intenta reorganizar las alianzas y las políticas que posibiliten asegurar “gobernabilidad” a un modelo económico que, sin romper ni alejarse de las variantes fundamentales de la política fondomonetarista, intenta amortiguar sus efectos sobre la población. Desde las posiciones asumidas inmediatamente después del 20 de diciembre del 2001 por Adolfo Rodríguez Sáa -quien no alcanzó a completar una semana de presidencia pero llegó a anunciar el no pago de la deuda externa y la declaración del default-, hasta las actuales declaraciones de Néstor Kirchner contra el FMI, dan cuenta de un aprendizaje realizado en la rebelión por la dirigencia política nacional: el modelo neoliberal agotó las posibilidades de gobernabilidad. Las instituciones que intentan sostenerlo se debilitan rápidamente.

El descrédito de la política producido en su nombre, puso en jaque también a toda una generación de cuadros políticos. Muchos de ellos, son sectores venidos del progresismo -como es el caso de franjas de la Alianza y del peronismo, algunos de ellos que provienen de la militancia de la otrora generación de los 70- que se reciclaron en nombre de la “política posible” administrando proyectos neoliberales. Actualmente estos políticos, aún conservando su lugar como diputados o funcionarios de gobierno, son repudiados por la población (al punto de haber recibido “escraches” -condenas públicas- en sus domicilios, en restaurantes que frecuentaban, o clubes).

El gobierno busca “limpiar” esta imagen desacreditada de la política, intentando desbrozar de la misma los escándalos de corrupción que acompañan la instalación del neoliberalismo, corrupción que se ha vuelto moneda corriente en el ejercicio de la función “pública”. Buscan también limar los aspectos más lacerantes de la impunidad que acompañaron como sombra al cuerpo a las políticas pretendidamente democráticas. Para ello fue necesario volver a cuestionar las leyes que se aprobaron (por muchos de quienes ahora las derogan) para hacer pasar las políticas de impunidad, como por ejemplo las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y ahora, la Ley de Reforma Laboral.

Eduardo Duhalde -quien fue compañero de fórmula de Menem en su primer presidencia y maneja el aparato más fuerte del Partido Justicialista-, fue el timonel de la “transición” política, desde el 19 y 20 de diciembre -cuando el bloque de poder no acertaba con una fórmula que pudiera desafiar el “que se vayan todos” nacido de la rebelión-, hasta el actual momento en el que el gobierno de Néstor Kirchner, intenta presentar un liderazgo a tono con la inestabilidad social subyacente: un discurso progresista, anticorrupción, anti-impunidad, con algunas medidas políticas en esa dirección, y un intento de equilibrar fuerzas con las presiones empresariales, de los acreedores externos, del FMI, a partir de una alianza más fuerte con los países del MERCOSUR.

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Foto Andrés L.

La falta de resolución de los problemas de fondo de los sectores pauperizados por estas políticas, es la espada de Damocles que pende sobre el nuevo gobierno. Los equilibrios no alcanzan cuando el hambre y la miseria siguen siendo el discurso cotidiano que reciben millones de familias argentinas. Frente a esta situación, el gobierno intenta una estrategia de fractura de las posibles fuerzas opositoras-. Mientras Kirchner y sus ministros intentan cooptar a partir de la negociación o de la seducción a algunas corrientes populares, al mismo tiempo han reiterado las amenazas a los sectores más combativos del movimiento piquetero, o a aquellos ligados a las organizaciones de izquierda, tratando de aislarlos y desarticular posibles resistencias. En estos esfuerzos de cooptación, han tenido un relativo éxito, tanto con movimientos piqueteros como el que encabeza el líder de la CTA Luis D`Elia (la Federación de Tierra y Vivienda), y otras agrupaciones que se acercaron al gobierno en esta etapa, como en la negociación con una franja de las empresas recuperadas por los trabajadores.

Algunos de los organismos de derechos humanos, han también coincidido en expresar expectativas en las nuevas medidas de gobierno, que se evidenciaron en la últimas Marchas de la Resistencia, en las que tanto la convocada por Madres Línea Fundadora, como la que realiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo (los dos agrupamientos en que se dividieron las Madres), fueron recibidas por el Presidente. El mapa político argentino se transforma así en los dos polos, construyéndose nuevas alianzas. El debate que atraviesa a las organizaciones de desocupados quedó expresado en la realización, en las jornadas de conmemoración del 19 y 20 de diciembre, de cuatro actos diferentes: la Federación de Tierra y Vivienda hizo el suyo a puertas cerradas el día 19 (donde volvió a manifestarse su apoyo al nuevo gobierno); mientras el día 20 en un apretado cronograma, desfilaron por la Plaza de Mayo, primero una alianza entre Barrios de Pie y el MTD de Florencio Varela, junto a algunas agrupaciones más (que contaron con la presencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), luego la Corriente Clasista y Combativa, y finalmente las agrupaciones piqueteros de izquierda, junto a asambleas barriales, movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, y otras agrupaciones. Un fixture propio de marcha, que se cruzó con varias de estas iniciativas, realizaron los familiares de los caídos el 19 y 20 de diciembre, quienes hicieron un homenaje en cada uno de los lugares donde los compañeros fueron asesinados. Algunas corrientes y movimientos, participaros de las distintas movilizaciones, ya que no compartieron las razones de la fragmentación.

Fue durante la manifestación más masiva, la realizada por la izquierda en Plaza de Mayo, cuando explotó la bomba de fabricación casera que estaba en un tacho de basura en la plaza, dejando más de 26 heridos. “No constituyó un hecho casual sino algo deliberado, preparado y ejecutado por personas con conocimiento del tema.” expresó horas después el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación. La bomba tenía un mecanismo de relojería, con una pila y una bobina, y fue preparado para explotar a la hora en que lo hizo, según la pericia de la Policía Federal. Frente a este hecho, volvieron a reagruparse las fuerzas. Varios de los movimientos piqueteros, que días atrás recordaron la rebelión por separado, se reunieron en una movilización el lunes 22 para reclamar al gobierno la investigación de estos hechos; y también condenar todas las expresiones que –proviniendo del gobierno, de sectores empresariales o de la Iglesia- alientan las agresiones contra la izquierda. Fue especialmente denunciado el líder piquetero kirchnerista Luis D’Elía, quien atribuyó el atentado a la propia izquierda.

Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, al recibir a los dirigentes de los diferentes movimientos piqueteros y partidos de izquierda, se comprometió a investigar el atentado, integrando a los movimientos en esta investigación. El llamado de atención que significa este atentado, sin embargo, trasciende la gravedad inmediata del mismo. El aparato represivo ha creado recursos estatales y paraestatales, como para intervenir, una y otra vez, contra el pueblo y sus organizaciones. Buscar criminalizar la protesta, por parte de fracciones del poder, alienta este accionar.

Las organizaciones populares deberán asumir que para avanzar en su desmantelamiento, así como para lograr revertir la condena cotidiana del hambre y la miseria, será necesario generar una fuerza más grande, más inteligente en sus alianzas, que supere toda tendencia a la fragmentación, y no desvíe las energías de las batallas centrales. En esta pelea, no vale confiar en ninguna negociación con el bloque dominante, que no esté avalada por un poder popular construido desde la base, y articulado con los dolores, las esperanzas, y los sueños concientes de quienes van volviéndose, a través de su organización y acción colectivas, sujetos de su propia historia.

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