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Foto Fuerzas Armadas ecuatorianas

En tanto el Jefe del Comando Sur, James Hill, visita frecuentemente Ecuador, ingresa en los cuarteles y batallones como en las mismas unidades militares de EEUU, para avanzar en su programa dirigido a asumir el control de la seguridad del país y cuando, los militares y mercenarios extranjeros que laboran en la base de Manta, beneficiados de un tratamiento excepcional, no requieren pasaporte, visa, ni registro de sus ingresos y salidas, los emigrantes colombianos y peruanos han empezado a ser criminalizados.

En la frontera norte, donde el gobierno de Gutiérrez ha llevado adelante una creciente movilización policiaco militar, la combinación de la búsqueda de soluciones bélicas al conflicto interno que domina las perspectivas del Presidente Uribe y del avance del Plan Colombia, introducido por el Pentágono y el Departamento de Estado, ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes en la región, que intensifica la presión migratoria. Los ciudadanos están expuestos a sufrir la tragedia del desplazamiento y el desarraigo, con la expulsión de los lugares donde nacieron y han vivido. Y lo que es peor: en Colombia no pueden vivir como colombianos. Y en Ecuador, tampoco.

Para ellos, su patria, su hogar nacional, se pierde bajo sus pies. Con las fumigaciones tóxicas de sus tierras, que les vuelven improductivas y enferman y matan a sus sembríos y animales, a sus hijos y a ellos mismos, articulada con la militarización y la violencia, están siendo condenados a abandonar su secular espacio. Y el gobierno, no les ofrece ninguno en su propio país. Y al otro lado de la frontera, bajo la histeria del Plan Colombia, se les pretende tratar como «bandidos». Una palabra usual en el vocabulario de Uribe, la cual el defensor de derechos humanos, Pablo de la Vega, ve con preocupación, que aparezca en la voz del canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilanda.

300.000 colombianos, han ingresado a Ecuador, buscando condiciones mínimas de sobrevivencia, en el período comprendido entre el 2000 y el 2003. Pero sólo se han presentado 21.000 solicitudes de refugio. Las causas: el desconocimiento, propio del enfrentamiento con el inesperado y sorpresivo éxodo. Y la desconfianza, provocada por el uso de métodos policiaco militares en los procedimientos migratorios, de la extorsión y de las deportaciones sistemáticas tramitadas sumariamente en 24 horas por los intendentes de policía, bajo una ley migratoria heredada de las dictaduras de la década de los 70, que se aplica a pesar de ser inconstitucional. Así, 279.000 ciudadanos de Colombia, se debaten en la clandestinidad entre el miedo y el terror, reducidos a una suerte de topos, tratados como presuntos delincuentes. Viviendo como si súbitamente hubiesen desaparecido, sin desaparecer y... bajo la amenaza latente de desaparecer.

Para Renato del Campo, un hombre del partido del Presidente Gutiérrez, que preside el denominado Consejo Consultivo de Política Migratoria, la «solución final» que evoca el estilo de Hitler, es que Ecuador exija a los «colombianos», pasaporte, el informe policial de su pasado judicial y visa. En esta suerte de «auto-xenofobia», ha ido tan lejos en su «guerra migratoria», que el mismo gobierno belicista de Uribe se ha opuesto al uso de la visa, lo que ha bloqueado la aplicación inmediata de ese requisito, pero no ha impedido que sus estrategias sigan expulsando y desechando ciudadanos de su propio país.

Cada día la crisis humanitaria de los emigrantes colombianos crece y adopta cualidades explosivas, advirtiendo en el horizonte el advenimiento de una tragedia mayúscula.