El narcotráfico: asunto de Estado en México

Las drogas ocupan un espacio cada vez mayor en el territorio mexicano. La concesión de los archipiélagos mexicanos a las empresas norteamericanas atacan el ejercicio pleno de la soberanía nacional. Estos dos fenómenos globalizadores están a la orden del día en México sin que la clase política empantanada en la corrupción salga al paso de los hechos consumados.

La multiplicación, en todos los sectores, de los procesos plurinacionales y la emergencia de un gobierno global que pronto dominará internacionalmente, hacen de la mundialización financiera el paradigma triunfante. Este no puede negar el sofisma de que el narcotráfico es inherente al mercado, de la misma manera que el mercado neoliberal es inherente al narcotráfico.

Los acuerdos en el rincón oscuro, con los que los gobiernos neoliberales han socavado el orden constitucional se refieren a amputaciones territoriales, a la puesta a disposición de las transnacionales de las fuentes de energía y a la producción de enervantes en terrritorios predeterminados. Diversas informaciones provenientes de fuentes diversas conducen a la conclusión de que en México, el narcotráfico es un affaire del Estado.

Dice John Saxe Fernández, el especialista en asuntos petroleros mexicanos, investigador de la Universidad Nacional de México, que el bilateralismo intensivo puesto en práctica por Washington desde el principio de la década de los ochenta, fue un ingrediente fundamental en lo que se formalizó como Tratado de Libre comercio de América del norte (Nafta por sus siglas en inglés).

Porque ya ha transcurrido medio siglo que la economía financiera se arroga la primacía de la vida económica sustituyendo en esa posición a la economía real de bienes y servicios. En lugar de ésta hay una marcada inclinación a colocar los paraísos artificiales en el lugar que ocuparían las vitaminas naturales. El prozac, el viagra y el valium ocupan el lugar de los complejos vitamínicos que ya no crecen en los cultivos corrompidos por suelos contaminados. La generalización de dogas pesadas es sólo cuestión de tiempo.

El fenómenos globalizador incluye aspectos geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos, todos ellos dependientes de los mecanismos de «integración» auspiciados mediante un régimen acreedor que nació en México en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), que coincide aon el entreveramiento de la clase política con el tráfico de drogas. Pero la devastación del sistema financiero comenzó cuando se reprivatizó la banca estatal. Carlos Salinas de Gortari, sucesor de De la Madrid en la presidencia de la república (1988-1994) cierta resistencia ofreció a la privatización financiera forzosa que el NAFTA que le fue propuesto significaba, pues como economista se percató de que un acuerdo con dos desiguales económicos como Canadá y Estados Unidos, significaría la entrega de las finanzas, de las fuentes estratégicas de energía como el petróleo, el gas y la minería, y más tarde del campo, que dejaria de ser rentable en el momento que los campesinos mexicanos revelasen su incapacidad para incorporarse a una economía rural competitiva.

En 1990, dos años después de haber comenzado su mandato, el escepticismo de Carlos Salinas por el NAFTA no había decrecido, pero en febrero de ese año, The Wall Street Journal dio cuenta de una noticia trascendental por su impacto en el sexenio gubernamental salinista: ya habían comenzado las conversaciones secretas con autoridades nortemaericanas, tendentes a suscribir el NAFTA. El inesperado cambio de opinión merece atención porque implica la existencia de poderosos instrumentos a disposición del aparato de inteligencia norteamericano en el ejercicio del «bilateralismo intensivo».

La corresponsal del diario El Financiero, en Washington, Dolia Estevez, informó en esa oportunidad que según Jack Sweeney, de la Fundación Heritage, Bush padre logró convencer a Salinas de aceptar los términos del NAFTA sobre la base de la extorsión porque la inteligencia norteamericana tenía datos de primer orden sobre los compromisos del gobierno salinista con el narcotráfico. Bush le ordenó a Salinas que firmara el NAFTA a cambio de una narcoamnistía. Incluso se hizo pesar sobre Salinas la falsa complicidad del actual senador poblano Manuel Bartlett en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en el sexenio gubernamental que encabezó Miguel de la Madrid. Pero Arturo Aldana, ex director general de la policía judicial federal en el sexenio delamadridista (del presidente mexicano(De la Madrid) ya dio testimonio público de que esa acusación es falsa.

En 1990, tan pronto como Carlos Salinas se convenció de la necesidad de firmar el NAFTA, la Casa Blanca ordenó a todas sus agencias, a los senadores y a los diputados guardar en el baúl del olvido los temas del narcotráfico y la corrupción del salinismo. Dice Sweeney que Washington es responsable del aumento del narcotráfico en ambos países. Esta tesis se vio corroborada, al fin, por la prensa mexicana que el 21 de mayo de 1995 informó de que el narcotráfico «había penetrado a niveles nunca vistos en la economía y política mexicanas en el sexenio salinista, lo cual fue posible gracias a la complicidad del gobierno republicano que deseaba sacar adelante el NAFTA». .

La negociación secreta incluyó el uso de información privilegiada producto del espionaje microfónico en gran escala, aunque es un arma de doble filo, pues con ella las agencias norteamericanas que actúan impunemente en México desde hace un siglo por lo menos, se percatan de los alcances de la corrupción de la clase política de su propio país. De tal manera, Jack Blum ex-jefe de asesores del comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, ha demostrados los vínculos de la CIA, el narcotráfico y el bajo mundo «durante el gobierno de Bush». Agrega que «si la opinión pública estadunidense se daba cuenta de que en México las drogas y la corrupción iban en aumento, el Nafta jamás se ratificaría».

Pero ya que el NAFTA terminó por imponerse en México, James Moody, siendo jefe de la sección de drogas de la división sobre el Crimen Organizado, publicado en México en el mismo 1995, indica que uno de los incentivos del gobierno salinista para atraer capital fue la venta de empresas paraestatales a inversores privados. En este programa privatizador asegura Moody que hubo corrupción «y operaciones de lavado de dinero que involucran a influyentes financieros mexicanos... y a mepresas paraestatales en proceso de privatización, que fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes».

La historia no ha terminado por lo dado a conocer respecto a la naturaleza de la relación bilñateral de México y Estados Unidos desde 1995 a la fecha. El gobierno foxista (del presidente Fox) está haciendo su parte. Con absoluto sigilo, el presidente Vicente Fox comenzó a gestionar la concesión por 30 años de las Islas Coronado, que son un archipiélago ubicado en las aguas del Pacífico. El objetivo de la concesión es que la empresa petrolera Chevron-Texaco instale en esos territorios de alta mar una planta de almacenamiento de gas natural licuado para dirigirlo a California. Vicente Fox llegó al poder en 2000 convencido por la mafia de empleados de la City y de Wall Street (Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda Gutman, Jesús Reyes Heroles y otros) de que el precio del petróleo se derrumbaría y que lo mejor era vender esta fuente energética. La verdad es que el precio de los energéticos tiende a aumentar. A ello obedece la escasa estima que siente el foxismo por el control estatal de las fuentes de energía y de los archipiélagos.

Las concesiones en beneficio de las empresas energéticas norteamericanas de las islas mexicanas que no son propiedad de Fox sino de la nación, se ajustan perfectamente a los acuerdos de la Reunión Bilateral México Estados Unidos, realizada en el marco de la IV cumbre de las Américas los pasados 12 y 13 de enero en la capital mexicana. En esta reunión el presidente Fox dio luz verde al plan norteamericano de someter la soberanía nacional de México a los planes supranacionales del vicepresidente Dick Cheney; del secretario de la Defensa D. Rumsfeld; y de su subsecretario P. Wolfowitz.

Sin haberse mencionado que el acuerdo implicaría la integración de México al Comando Norte (North Com)poco después del 11 de septiembre de 2001, para aplicar medidas antiterroristas radicales en Estados Unidos, los presidentes George W. Bush y Vicente Fox anunciaron la entrada en actividad de una «iniciativa de Norteamérica», que buscará el desarrollo de un mercado regional protegido del terrorismo por medio de «estructuras compartidas».

Salta a la vista que esa «Iniciativa» es un eufemismo para designar el sometimiento de las fuerzas Armadas y de las encargadas del Orden público a la doctrina de soberanía limitada, que acecha desde la idea del North Com. Esta doctrina de sometimiento de gobiernos impopulares como el de Fox o de las satrapías árabes y centroamericanas cuenta con fuerte oposición en el establishment político y militar norteamericano, pero para la clase política mexicana, sumida en la corrupción, la renuncia a la soberanía sobre las islas nada significa.

El Observatorio Geopolítico de la Droga, con sede en Francia, confirma las denuncias que son abarcadas en este artículo. En el libro: «Drogues. un marché de dupes», editado por esa institución de análisis en 2000, dice que México tuvo que adoptar en 1994, año de entrada en vigor del NAFTA y de la insurrección étnica de Chiapas, el principio de soberanía alimentaria, por el cual los campesinos quedaban fuera de la protección del gobierno que regulaba los precios de garantía de sus productos. En lugar del proteccionismo, los campesinos mexicanos ya desprotegidos quedaron en la peor posición posible porque no fueron capaces de competir con productores canadienses y estadunidenses, que a pesar de los mandatos desreguladores del neoliberalismo siguen subsidiados. Es desde ese año que se incrementa cada año la superficie que se destina al cultivo de drogas en México.