Los sucesos de Ilave en Puno configuran un nuevo escenario en la política peruana. Es el verdadero punto de quiebre que, tarde o temprano, va a marcar el fin de un Estado decrépito. Es la punta del iceberg del desborde de las nuevas fuerzas emergentes contra la casta política y un presidente llamado Alejandro Toledo que es repudiado tanto por las clases altas, como se vio en el fundo Mamacona del sur de Lima, cuanto por las comunidades aymaras del altiplano puneño que han aplicado su peculiar justicia a la usanza milenaria.

Y es que los pobladores de Ilave han personificado el abusivo poder del Estado burocrático en la humanidad de un oscuro alcalde. Recuérdese que habían estado en huelga desde el 3 de abril. Habían bloqueado la vía Desaguadero-Puno y luego entrado a la capital puneña, para reclamar ante la autoridad regional y ante el Gobierno Central. Sabido es que nadie los atendió como es debido.

A estas alturas poco importa la forma en que aparece este nuevo fenómeno contestatario. Puede ser un humalismo solapado, un remanente subversivo o la mera codicia de un sujeto poseído por la idea fija de ser alcalde. Más ésas u otras envolturas sólo esconden un fondo que no es otro que la fractura y el divorcio irreversible del Perú real con una casta política insensible que en efecto vive de las ubres del Estado y de espaldas a un pueblo que se alza en forma masiva ante el abuso y el abandono crónicos. Paradojas de la historia: fue el sur andino donde Toledo tuvo sus cuotas más altas de apoyo en la última elección presidencial. Allí, ahora sólo cosecha el desprecio de la orgullosa nación colla. Pero no sólo él, por cierto, sino el cogollo de la clase política que le carga las andas -con muy honrosas excepciones- para que llegue a rastras al 2006 con el prurito de "cumplir los plazos constitucionales".

Pero en el caso que nos ocupa los voceros de la casta política acompañarán al Ejecutivo -en especial desde el Congreso- para ayudar, en forma vergonzante, a esclarecer la "barbarie" y propondrán esquemas de penalización, tras el lobby morboso de la actual superestructura jurídica toledana y su corte de procuradores y magistrados lombrosianos.

Craso error que seguirá ahondando el divorcio entre esa clase política, aliada de Toledo en la manutención de este estado de cosas, ahogando de paso la incipiente democracia que logró rescatar del antiguo régimen.

¿Qué significa finalmente lo de Ilave? Sería un lugar común decir que estos sucesos son consecuencia de acumulaciones históricas y agravios no vengados de la raza vencida hace siglos. Pero en términos presentes el linchamiento es hasta hoy el ejemplo más evidente del fracaso de un esquema de regionalización que el Congreso de los Ferrero le impuso ya hecho ley al despistado y frívolo que mora en Palacio, sin que tenga la menor idea del reto. De donde se colige que en el fondo el país necesita una verdadera reforma del Estado que, por cierto, no será obra de los Ferrero ni de los Toledo sino de una nueva conciencia y de un nuevo gobierno. Pero antes se necesita un nuevo contrato social que no puede dejar materializarse si no es mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente para una posterior refundación de la República, con los nuevos actores de hoy, con los pueblos tipo Ilave en lugar prominente.

Así las cosas, Toledo y sus cargadores de andas harían bien en imaginar un futuro parecido al del desdichado alcalde de Ilave.

Claro que no querrán ser agoreros de un destino que se les pinta trágico. Como no pisan esas comunidades lejanas, como les asquea ese mundo, como más de uno (o una) no saben ni el precio del pan o del azúcar en la misma capital, en suma, como no sufren las necesidades diarias de nuestros compatriotas olvidados del Ande, que sigan pues siendo arrastrados a su propio Ilave por el inquilino precario de Palacio.