Durante la semana anterior, felizmente, el gobierno boliviano logró suscribir sendos documentos transaccionales con tres sectores sociales que amenazaban radicalizar sus medidas de protesta. Gracias a esos acuerdos, los ex-trabajadores mineros sin jubilación, las universidades públicas y los dirigentes de “los sin tierra” anunciaron la suspensión o postergación de sus acciones de presión, devolviendo así algo de tranquilidad no solo al centro de la ciudad de La Paz, escenario de las marchas y enfrentamientos, sino también al resto del país, sumido en el desasosiego y a la espera del desenlace de los acontecimientos en la sede del gobierno.

El gobierno, de esa manera, comienza a mostrar capacidad negociadora y cierta eficiencia en su accionar, lo que resulta alentador. No obstante, los acuerdos logrados la anterior semana parecen ser dignos hijos del novelesco Dr. Jeckyll & Mr. Hyde: poseen doble personalidad y dejarán sentir, más temprano que tarde, su faceta perversa.

Todos sabemos que el demoledor déficit fiscal actual se origina mayoritariamente en el pago de las pensiones a los centenares de miles de jubilados del suprimido sistema de reparto simple. Se conoce asimismo que a diciembre de 1985, al inicio del programa de ajustes estructurales, existían alrededor de 25.000 trabajadores mineros estatales. De ellos puede estimarse que el 40%, como máximo, logró ingresar a las listas de rentistas, lo que dejaría alrededor de 15.000 ex-trabajadores mineros sin jubilación. Si esto es así, las implicancias financieras para el Tesoro General de la Nación (TGN) de los acuerdos suscritos serán fuertes. Supongamos que solo 7.500 ex-obreros del subsuelo tienen sus trámites de jubilación en curso y que los otros 7.500 se acogerán al beneficio de reparto mínimo o al beneficio de reparto global. La carga por esos conceptos para el TGN será, nada más y nada menos, que del orden de Bs. 150.000.000 año (7.500 x 1.056 x 13) + (7.500 x 480 x 13).

A esta importante cifra se añadirá lo que resulte de las negociaciones bilaterales entre el gobierno y las nueve (u once?) universidades públicas. Realicemos también una estimación. Se sabe que el presupuesto global de 2003 para las universidades giró alrededor de los Bs. 850.000.000. El sistema universitario está solicitando el 10% de incremento sobre ese monto, mientras que el gobierno ofrece el 3%. Todo parece indicar que el acuerdo, para ser perdurable, se ubicará en torno al 7% de crecimiento en los desembolsos. Es decir, otros Bs. 60.000.000. En síntesis: los pacificadores y tranquilizadores acuerdos le costarán al TGN algo así como 210 millones de bolivianos al año, equivalentes a $US 26.000.000 o poco más. Está claro, por tanto, que una parte importante de las recaudaciones frescas que se esperan captar gracias al nuevo y controvertido impuesto a las transacciones financieras tendrán que destinarse a las nuevas obligaciones. El precio del intervalo de tranquilidad que se abre es, ciertamente, muy grande.

El déficit fiscal, al parecer, mantendrá su boca negra abierta por mucho tiempo más. Seguramente no serán esos los únicos casos en los que el poder ejecutivo se verá obligado a contraer más obligaciones financieras. Seguramente también se darán otros casos en los que, al igual que con los ex-mineros, un mínimo de justicia social recomendará recargar más tinta roja en los números del TGN. Qué difícil resulta gobernar en semejantes condiciones. Debido a ello, a estas alturas no basta que el gobierno se quede en la ya desgastada agenda marcada por los sucesos del pasado mes octubre, gracias a los cuales Carlos Mesa es hoy presidente. Ni el referéndum sobre el gas ni siquiera la ley de hidrocarburos tendrán efectos inmediatos que ayuden a enfrentar la grave crisis fiscal. Y no se trata de exigirle ahora que se olvide de sus compromisos. Se trata de que gobierne. Las señales de que se tiene un norte definido y de que existe un camino trazado deben salir del Palacio Quemado. Una vez que lo hagan, muchos bolivianos y bolivianas las seguiremos y respaldaremos. Pero, si no lo hacen, resultará oportuno recordar que nadie, en ningún país del mundo, puede gobernar solo para la tribuna.