Hablemos de la censura planteada contra el ministro Rospigliosi. En primer lugar, dejo constancia de mi profunda simpatía por dicho político. Me parece el más valioso e inteligente de todo el gabinete. Pero, al mismo tiempo, creo, que por el bien del Perú debe ser censurado por el Congreso. Los palaciegos sostienen que si es derrocado por el Parlamento será inexorable adelantar las elecciones. No veo por qué. Además ya he explicado que convocar elecciones hoy no resuelve el problema de fondo del Perú. Como no lo resolvió -sino lo agravó- declarar vacante al nipón Fujimori y precipitar comicios generales. La solución está en el interregno depurador que debe protagonizar una omnímoda asamblea constituyente que refunde la República.

El problema es más grave. Si Rospigliosi no es censurado, eso significa que todo lo de Ilave queda impune y que los únicos culpables serán el puñado de aymaras protagonistas de la asonada. El voto de censura interpreta solamente el sentimiento político de una responsabilidad sin culpa ni dolo en el ministro. No es una cuestión penal. Es simplemente un anatema por su falta de perspicacia. Por su falta de medidas preventivas. Dejó hacer. Y no conjuró lo que con inteligencia policial pudo pulverizarse desde sus orígenes. Ya en 1867 el diputado Fernando Casós, atacando al ministro de Gobierno de entonces, decía:

“¿Cuáles son las medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de Gobierno? Ninguna. Allí está el diputado Bambarén, y esas piedras que han caído sobre sus pulmones son la prueba flagrante de que ese hombre no ha cumplido con su deber”.

Era el gabinete Tiberiópolis -nombre que tomaba por la presencia ministerial de monseñor Tordoya, obispo de Tiberiópolis-. La censura del gabinete sin tocar al jefe de Estado que apoyaba a los ministros les parecía injusta a los congresistas. La moción fue aprobada a la una de la mañana por 38 votos contra 31. El gabinete dimitió. El presidente no aceptó la renuncia. Casós dijo que, puesto que el presidente aprobaba los desacatos de los ministros “no quedaba más recurso para salvar la honra de la asamblea, que declarar la vacancia de la presidencia”, y presentó una proposición en ese sentido. Los ministros terminaron renunciando. Cualquiera tiempo pasado fue mejor.

Vemos de allí cómo hace ciento cuarenta años había más parlamentarismo y más dignidad. Casós habló de medidas preventivas no asumidas por el ministro y ante la solidaridad del jefe de Estado con los censurados planteó la vacancia. En esa época había ñeque y los parlamentarios no eran ventrales ni presupuestívoros como diría González Prada. Sin sentido ético porque, contemporáneamente, dos veces han elegido presidente del Congreso y luego ungido primer ministro a Carlos Ferrero, ocho años en las entrañas de las cavernas de Cambio 90. Eso indica que no hay casta. Presentar como redentor a un coautor del totalitarismo pretérito.

De tal manera que si no se produce la censura, la nación acentuará su brecha con las instituciones seudodemocráticas imperantes y singularmente con un Congreso a espaldas de la pre-revolución vivida en el Perú. La mayoría, con excepciones, sólo ha vivido para el odio y para la obsecuencia. Lo de Ilave terminará en que algún “heroico” fiscal denunciará a algunos lugareños y que un juez títere los procesará con orden de detención y luego el tribunal los condenará por asesinato a varios lustros de prisión. Pero, el presidente de la República, el ubicuo y saltimbanqui premier, los ministros, el ministro cuestionado, el prefecto, el subprefecto, el fiscal de prevención del delito, seguirán con sus edecanes, sus teléfonos rojos, sus perfumes, y su sibaritismo antihistórico. ¿Por qué se producen las revoluciones?: por situaciones como ésta.

La democracia feudal de la República Aristocrática fue mucho más parlamentarista y digna que la actual del siglo XXI. Duró porque las instituciones funcionaban aunque fueran solo escenarios de minorías sociales demócratas y civilistas. Empero, subyacentemente, se fue generando el proto-Apra y la revolución social, desgraciadamente fallida.

Recordemos lo siguiente. En el anteproyecto de Constitución del Estado de la Comisión Villarán presentado en 5 de diciembre de 1931 se decía de la inestabilidad de los Ministros:

¿Tiempo promedio por gabinete?: seis meses y seis días. En ese periodo; es decir, en 33 años y 1 mes, cambiaron de ministro :

Cartera de Gobierno (hoy Interior) 70 veces
Cartera de Hacienda (hoy Economía) 65 veces
Cartera de Guerra (hoy Defensa) 64 veces
Cartera de Justicia 57 veces
Cartera de Relaciones Exteriores 46 veces

Y no hay que ir tan lejos. En el pradismo dictatorial de 1939 el ministro Garrido Lecca fue forzado a dimitir. En plena dictadura odriísta el excelente ministro de Educación, General Mendoza, se vio obligado a renunciar. En 1945, durante el régimen de Bustamante y Rivero, el ministro de Agricultura Enrique Basombrío dejó su cartera, pese a que no se le había censurado, porque se sintió herido por la interpelación durante la que el diputado aprista Saco Miró Quesada lo emplazó diciéndole: “Yo quisiera preguntarle al señor Ministro si él sabe ¿cuál es el precio de los pallares en la ciudad de Ica?”.

Durante el gobierno de López de Romaña (1899-1903) fue despedido parlamentariamente el pleno de los sucesivos gabinetes Almenara y Deustua. La marca se batió en el primer gobierno de Belaunde en que fueron censurados, en cuatro años, diez ministros. Desde Oscar Trelles, presidente del Consejo y ministro de Gobierno (30 diciembre de 1963) por los sucesos violentos ocurridos meses atrás en el Cusco y en la hacienda Mollebamba, hasta la censura de Carlos Cueto Fernandini, ministro de Educación, por decir “Yo no entiendo bien el idioma español, o tal vez los parlamentarios que han pronunciado esas palabras no conocen el valor semántico de las mismas”. Entre los censurados en aquella época estuvo Valentín Paniagua, por no ser satisfactorias sus explicaciones sobre el Código de Procedimientos Penales. Y hasta dentro del fujimorismo, el ministro de Agricultura Enrique Ross Linch fue censurado por 114 votos contra 38.

Pero, antes de finalizar, parodiemos lo que Ortega y Gasset dice en su prólogo a la Decadencia de Occidente:

“A la punta del puñal de Bruto sigue su mano, y a la mano el brazo movido por centros nerviosos donde actúan las ideas de un romano del siglo I antes de Jesucristo. Pero el siglo I no es comprensible sin el siglo II, sin toda la existencia romana desde los tiempos primeros.”

Igual aquí. El crimen fue una manifestación momentánea de un vasto proceso vital, de un fondo orgánico amplísimo que es la vida toda del pueblo peruano oprimido y defraudado. Esta es una representación. Una parábola. El municipio de Ilave es el Estado. El alcalde es Toledo. Y quien ejecutó malignamente al burgomaestre recibe la carga emocional de siglos de opresión y desilusión. En las ideas de ese aymara del siglo XXI subyace la opresión que viene del siglo XVI. Todo lo demás es pretexto de la historia y su azar. Por razones de Estado, en el caso Ilave, algún político tiene que ser decapitado. De lo contrario, todo el sistema irá al patíbulo, a la guillotina.