De la guerra mediática a la lucha armada

Esta vez no sólo se trata de petróleo: es que en Venezuela, un gobierno democrático -y por la vía pacífica- se ha atrevido a mantener una política independiente de Washington y avanzar en políticas socioeconómicas que favorecen a las grandes mayorías, marginadas durante décadas por una democracia formal y bipartidista
La oposición venezolana, incapaz de unificarse o tener siquiera un plan común, sabe que no será fácil la vía electoral para salir de Chávez. Las últimas encuestas, realizadas por la propia oposición, lo confirman. Y por ello apelan al único recurso a disposición para poder volver a disfrutar de los privilegios del poder corrupto de más de 40 años de democracia formal: la violencia y el magnicidio. Los medios comerciales de comunicación venezolanas, estimuladores de la violencia, orquestan y dirigen la publicidad para justificar una intervención extranjera bajo el pretexto de desalojar del poder a un régimen que no sigue las directivas de Washington.

Irónicamente, la excusa para desalojar al primer mandatario del poder es precisamente una matriz de opinión mediante la cual se quiere hacer ver a su gobierno ligado con el terrorismo y las mafias de la droga. Este argumento no tiene el menor soporte, porque si alguna administración ha sido dura con el tráfico de drogas, esa ha sido la presidida por Hugo Chávez. Y si alguna administración ha sido víctima del terrorismo, es justamente ésta.

Lo que llama la atención es la falta de definciones en la oposición, un deslinde de la violencia de extranjeros en territorio venezolano. Parece que es pedirles demasiado. Porque mientras la embajadora de Colombia en Venezuela, María Angela Holguín, afirmó que su gobierno está «en la lucha clara contra el terrorismo, en eso que no quepa la menor duda, rechazamos absolutamente lo que está pasando aquí y queremos y somos los primeros interesados en que esto llegue a sus últimas consecuencias», el alcalde del municipio Baruta, el opositor Henrique Capriles Radonsky calificó de «show» la actuación de los cuerpos de seguridad: «huele a ridiculez... hay que ser demasiado ingenuo para creer ésto», dijo.

En este caso, dijo que Colombia está dispuesta a aportar la información que requiera Venezuela en el proceso de investigaciones. Ante la interrogante que Colombia podría estar intentando la desestabilización en Venezuela, la diplomática expresó que Colombia tiene una lucha interna lo suficientemente grande y complicada como para inmiscuirse en los problemas y situaciones de los países vecinos.
La caída de los paramilitares es apenas un accidente más en el camino de aquellos que vienen preparando, desde hace más de dos años, una guerra civil, una matanza. Pese a la minimización, banalización, que la prensa comercial -venezolana y también trasnacional- hizo de los hechos, hoy la guerra parece tocar la puerta de todos los venezolanos.

Adiós a la guerra mediática

Todo indica que los sectores más radicales de la oposición venezolana intentan repetir un libreto similar al de abril de 2002. Realizar una masacre y, con apoyo de los medios de comunicación social, acusar a la Fuerza Armada venezolana -y por ende, al comandante en jefe Hugo Chávez- del genocidio para reclamar la intervención extranjera.

Estos grupos -alentados por la que durante décadas fuera la clase dirigente venezolana- tienen varios problemas. Uno, su falta de concepto de nación y de soberanía, su carencia total de patriotismo. Como no consiguieron el desembarco de los marines estadounidenses (que reclamaba por los medios de comunicación más de un empresario), hoy buscan incitar esta acción por mediación del sicariato colombiano.

El plan tiene mucho que ver con la verificación de firmas -presumiblemente fraudulentas- recolectadas para accionar un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. La oposición debió recolectar apenas el 20% del padrón electoral, pero diversas irregularidades llevaron a que este fin de mes (mayo) se deba realizar una jornada de verificación en busca de más de 500 mil firmas válidas que alcancen los 2,6 millones requeridas constitucionalmente. La tarea es por demás difícil, y el ensayo general realizado el último fin de semana por la oposición logró movilizar no más de 35 mil personas en todo el país. Y mucho más arduo será conseguir 3,7 millones de votos para sacar a Chávez del poder.

Es más, pese a contar con una prensa -escrita, radial y sobre todo televisiva- cartelizada a favor de los sectores más radicales, la oposición no logra siquiera ponerse de acuerdo en un plan de acción, en una propuesta de país y menos aún en un candidato para suceder a Chávez.

Para estos sectores, la única salida parece ser el magnicidio o un golpe de estado, y lo proclama a diestra y siniestra, en un terrorismo (no sólo) mediático que desde hace cuatro años transita con total impunidad.

Es cierto que la oposición cuenta con algunos oficiales activos de la Fuerza Armada, aun cuando la mayor parte de ellos no tiene mando y es vigilado (en una situación muy sui generis) por sus subalternos, permanentemente.

Y pese a contar con excelentes libretistas, autores exitosos en golpes de Estado, genocidios y magnicidios a lo largo y ancho de América Latina, la oposición venezolana más radical parece atada a un solo libreto: generar muertos para impulsar la injerencia, la intervención extranjera.

Los «paracos» (paramilitares colombianos) fueron contratados para vestir uniformes del ejército venezolano y realizar una matanza en alguna urbanización del este caraqueño (quizá el mismo día de la verificación de firmas), debidamente «documentada» por los canales de televisión privados, endosarles el acto a los fuerzas oficiales y demandar -con la «pequeña ayuda» de sus amigos extranjeros (empresariado colombiano, sectores del gobierno estadounidense, exilio cubano de Miami, trasnacionales estadounidenses y españolas, televisoras dependientes del poder económico de estos amigos)- la intervención extranjera para desalojar a Chávez y sus reformas, del poder.

Es el mismo libreto, que fue creído en parte por la comunidad internacional en abril de 2002 (hasta que el excelente trabajo del cineasta Angel Palacios terminó por demostrar quiénes fueron los verdaderos asesinos de Puerto Llaguno y cómo se fraguó el siniestro montaje de la televisora Venevisión, que recibiera hasta un premio en España). Es el mismo libreto -con los mismos sponsors- que se intenta repetir ahora, aunque en esta oportunidad, más allá de francotiradores, se contaba -o se cuenta- con mercenarios extranjeros, con paramiltares colombianos, conocidos internacionalmente no solo por genocidas sino por ser los más sanguinarios e inhumanos del mundo.

Los hechos

En el sector Sabaneta del municipo Baruta, en una finca propiedad del cubano-venezolano Robert «el coronel» Alonso, la Dirección de Inteligencia Militar, la policía política Disip y el Cuerpo de Investigaciones Científicas de la Policía capturaron entre la madrugada y la noche del domingo unos 80 irregulares colombianos, mientras cinco decenas -que lograron huir- eran rastreados por la zona montañosa de los alrededores de la zona.

Alonso, cubano de nacimiento y hermano de la actriz María Conchita Alonso, residenciadas en Estados Unidos, quien fue publicitado en los medios de comunicación comerciales como representante de un sector «radical» de la oposición que había puesto en marcha el plan "guarimba" en el mes de febrero, resultó ser el contacto entre los grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos y del exilio cubano de Miami.

«La finca era utilizada como campo de logística. Ellos iban atacar en pocas horas el Comando de Seguridad Urbana de la GN, en El Paraíso, pero lo impedimos», dijo el director de la policía política, Miguel Rodríguez, quien dejó entrever que para esa acción iban a contar con el respaldo de grupos policiales a cargo de alcaldes y gobernadores de la oposición. El funcionario policial dijo conocer los nombres de los cabecillas y de los financistas de estos grupos. «Esperamos la orden de aprehensión para que Venezuela se entere de los verdaderos personajes que intentan desestabilizar el país. (...) Era un plan para generar muertos y tratar de desarrollar la situación de magnicidio para que entrara la intervención internacional», resaltó Rodríguez, sostuvo
«No han puesto resistencia armada. De haberla, nuestros cuerpos de seguridad deben usar las armas de la República con toda la contundencia del caso", aseguró, tras señalar que los empresarios de los medios de comunicación como Gustavo Cisneros y Alberto Federico Ravell "prefieren importar gente y sembrar un conflicto».

«Esto forma parte de una conspiración interna que se está formando en contra del Gobierno. No voy a descartar nada, pero (el ex general de brigada de la Guardia Nacional, desertor) Felipe Rodríguez, conocido como «El Cuervo» es uno de los que estaba en este proceso», dijo el ministro de Defensa, general Jorge García Carneiro.

Sobre Felipe Rodríguez pesa una orden de detención preventiva -junto a los tenientes Germán Valera y José Colina- por estar implicado en los atentados terroristas a las sedes diplomáticas de España y Colombia. El 10 de diciembre de 2003 efectivos de la policía políitica allanaron su residencia. Durante el procedimiento se encontraron 45 proyectiles calibre 7.62 usados en FAL, panfletos con mensajes terroristas, comunicados haciendo llamamientos a la desobediencia civil contra el gobierno.

El rastreo de comunicaciones telefónicas así como el conocimiento de reuniones de la oposición con altos oficiales del Ejército colombiano y con el jefe de los paramilitares colombianos, Salvatore Mancuso, fueron elementos de trascendencia informados por el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel.

Rangel, quien anunció la captura de un coronel de la Guardia Nacional (en actividad) por apoyar a estos subversivos, anunció que se desenterraron los restos de dos de los paramilitares asesinados por sus compañeros supuestamente cuando intentaban huir del campamento, según dijeron los propios detenidos.

Testimonios

«Llegamos a Venezuela para hacer un grupo paramilitar con el cubano Robert Alonso, dueño de la finca. Nos dijeron que nos iban a pagar 500.000 pesos colombianos para trabajar aquí. Despues que llegamos nos indicaron que nos tocaba trasladarnos a otro sitio para después tomar unos puntos de la Guardia Nacional.
Soy colombiano, presté servicio militar en mi país y los 130 que vinimos somos trabajadores del campo. Allá en Colombia habían más de 10 ó 20 personas que nos dieron la plata (dinero) y mercado para venirnos a Venezuela. A los 8 días nos indicaron que no podríamos escapar, que no le diéramos información a nadie y no podríamos ver a gente de civil con la amenaza de matar a nuestras familias. Cumplimos 46 días en Venezuela. El entrenamiento consistía en entrar a una casa y sicariar a un carro.
Somos preparados para cualquier cosa y por eso nos trasladaron engañados. Nunca sabíamos que el trabajo era para cometer una acción terrorista, simplemente para laborar en una finca, sembrando plátano y yuca. Pero a nosotros nunca nos comentaron nada de eso. Recibimos una orden el sábado a las 3:00 de la tarde cuando llegaron unos coroneles y unos generales uniformados y nos trajeron camuflados (uniformes), botas, brazaletes y comida. La verdad que nos atendieron bien. Los vimos de lejos, pero no nos dejaban acercar.
Ellos traían un instructor de la policía y nos colocaban películas por VHS y todo. Nos dieron un brazalete con la bandera de Venezuela, como a las 6:30 de la tarde, después que repartieron la comida. Era para colocárselo después de salir de la finca, para cualquier cosa si alguien nos parara, se dijera que era del grupo.
Hace cuatro días trajeron como cinco armas cortas, pistolas y un fusil. Íbamos a asaltar como una base militar, que debajo de unos túneles tiene unas armas. Cuando supimos todo, más de uno se quería escapar; uno se alzó y se escapó, pero lo detuvieron a los 100 metros, lo amarraron y le dijeron que en la próxima lo mataban».

Antecedentes

– El 25 de abril de 2002 la Dirección de Inteligencia Militar halló un bunker con lanzagranadas, ametralladoras, fusiles, uniformes militares, visores nocturnos, cartuchos y artillería en la quinta del empresario opositor Isaac Pérez Recao, en la ciudad de Caracas. Se trató del primero de varios allanamientos similares.
– El 24 de agosto de 2002 diputados oficialistas mostraron a través de un vídeo a efectivos de la Policía de Carabobo preparando a supuestos insurgentes que portaban misiles M-16A1. Los funcionarios portaban además otros tipos de armas de alta potencia.
– El 27 de abril de 2003 fue asesinado por presuntos paramilitares en el estado Apure, el dirigente del PPT, Jorge Nieves, quien recibió cinco balazos cuando dirigía una marcha por la propiedad de las tierras en Guasdualito, estado Apure. Nieves había denunciado al general disidente Enrique Medina Gómez por torturas y había recibido amenazas.
– El 27 de agosto de 2003 fue asesinado de 11 balazos el abogado y activista de los Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques de Perijá, Joel Castillo. La víctima había recibido amenazas de supuestos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
– El 8 de noviembre de 2003 la Disip incautó 140.000 cartuchos de FAL en Vargas. Se dijo que un militar de Altamira estuvo tras el hecho.
– El 20 de noviembre de 2003 tres presuntos paramilitares fueron abatidos por la GN y el Cicpc en Machiques de Perijá. Los tres irregulares tenían en su poder una lista de 11 presuntas víctimas, entre ellos el jefe del Inti, Diex, Cicpc y GN. Fueron señalados como los autores del asesinato de Joel Castillo.
– El 10 de abril de 2004 el general disidente Felipe Rodríguez, conocido como «El Cuervo» y escondido desde hace cinco meses, afirmó al diario estadounidense Miami Herald que está formando grupos clandestinos para derrocar al presidente Hugo Chávez.
– Las relaciones entre Washington y el presidente venezolano, Hugo Chávez, empeorarán si sigue apoyando a «grupos violentos» en la región, advirtió, el pasado 5 de mayo, Otto Reich, enviado especial para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
– El pasado viernes, 7 de mayo, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, declaró: «Hugo Chávez debe ser removido del poder por la fuerza, ya que fracasaron los recursos pacíficos para lograr ese objetivo» .

Robert Alonso

Nació en Cienfuegos (Cuba) y llegó a Caracas el 5 de septiembre de 1961. Está casado con Siomara Etcheverry, con quien tuvo cuatro hijos. Ha sido sindicado como dirigente opositor, «partícipe del asalto a la embajada cubana ocurrido en abril del 2002 y de ser el ideólogo de las guarimbas».

En la página web de Alonso se lee: «Desde el 2 de diciembre de 2002, día en que comenzó el paro, Robert Alonso arrancó su apostolado de «Alertas» ,enviando sus escritos a más de 80.000 correos electrónicos, los cuales reciben casi a diario estos ensayos, en los que se alerta sobre el peligro que enfrenta Venezuela de caer en las eternas e internacionales garras del castro-comunismo».

De uno de los «Alerta», titulado «El problema no es salir de Chávez», extraemos: «Vamos a hablar claro. Sacar al Sr. Chávez de la presidencia podría ser más fácil que pelar mandarinas con uñas largas. Ya sucedió una vez y se hizo «sin querer queriendo». Después de mucha evaluación (...) no me cabe la menor duda que lo único que se necesitaría sería crear una crisis similar a la del 11 de abril donde se podrían -incluso- obviar los muertos.(...) Para prevenir muertes -al menos en abundancia- se requeriría una explosión anárquica, incontrolada, desarmada, en las mayores ciudades de Venezuela, bajo la única condición que se hiciera al unísono o en el peor de los casos, que arranque y se vaya sumando el pueblo digno sin mucho guabineo».

Precisó en sus informes que existe un Movimiento de Defensa Radical (MDR), pero no será éste el que llame a las guarimbas. «Nuestra labor, por ahora, es simplemente sugerirla y explicar el plan. (...) La guarimba durará el tiempo que sea necesario para sacurdirnos de un gobierno anticonstitucional. (...) Lo mejor que le puede pasar a Venezuela es sacar a un gobernante ilegítimo por la vía de la guarimba (...) La guarimba es muy simpática (...) No hay suficiente personal militar ni proyectiles en las Fuerzas Armadas de Venezuela para controlarla. De ser aplicada correctamente contra el régimen, éste no duraría una tarde».

La insistencia sobre un nuevo golpe

El gobierno de Hugo Chávez tiene -quizá- la plusmarca de asonadas militares: más de un docena en menos de un lustro, casi todas ellas abotadas por sus propios organizadores, siendo la más espectacular la del 11 de abril de 2002 que llevó al poder por menos de 47 horas la dictadura del empresario Pedro Carmona Estanga, una operación quirúrgica alentada y financiada desde el exterior.

Esta acción de inteligencia de las fuerzas de seguridad venezolanas dejan a la intemperie el papel del narcotráfico y de los paramilitares colombianos como elemento esencial en las directrices del Plan Colombia, la columna fundamental en la campaña de descrédito contra el gobierno de Chávez.

Los dueños de los medios de comunicación comercial venezolanos son la punta de lanza de la ofensiva mediática que se repite a lo largo y ancho del mundo.

El periodista Miguel Salazar denunció que «vuelve a ponerse en marcha un nuevo intento de golpe de Estado, si es que alguna vez sus organizadores se tomaron un receso. En esta oportunidad es mucho más amplia la variopinta comprometida, directa e indirectamente. Desde empresarios, curas y sindicalistas, hasta funcionarios y voceros políticos del propio Gobierno. No obstante, el papel fundamental de la intervención extranjera lo juega el sector comercial de Colombia, tremendamente afectado en su balanza tras ver esfumarse sus tinglados en el intercambio con Venezuela. Incluso, en esta ocasión, contra Chávez conspira lo más granado del narcotráfico latinoamericano».

Salazar señala que tras el golpe, será brutal la represión contra los componentes de los medios de comunicación que incluso ahora son delirantes adversarios del gobierno, así como contra las organizaciones de los derechos humanos que ahora forman parte de la estrategia desestabilizadora.

Salazar afirma que la sedición penetró el estamento bolivariano en sus formas organizativas. «El círculo sedicioso ha ido cerrando sus tentáculos desde dentro del propio régimen. Hasta ahora hay más de un alto funcionario comprometido con un escenario similar al vivido en la Grenada intervenida por la administración Reagan».

Nuevamente vuelve a aparecer el apoyo financiero como soporte de la red golpista: se abren cuentas bancarias en el exterior contando con la «vista gorda» de los distintos gobiernos comprometidos con el derrocamiento de Chávez. En medios diplomáticos de Caracas se habla de una nueva conmoción en la industria petrolera y de una huelga de transporte fomentada y sostenida por el empresariado colombiano para acelarar una implosión que de pie para reclamar una intervención extranjera. El «fin primordial será capturar a Hugo Chávez para llevarlo a una cárcel estadounidense mientras se le abre juicio por cargos de terrorismo y apoyo a las actividades del narcotráfico», según Salazar.