En un nuevo y temerario intento por superar la crisis que ha provocado en el sistema de inteligencia nacional, la administración Toledo pretende aplicar un proyecto de reforma para dicho ámbito, expuesto por representantes de la Universidad de Harvard en julio del 2002, en el foro: Servicios de Inteligencia en Democracia.

El evento fue organizado por la quinta vicepresidencia del Congreso, a cargo del parlamentario Luis Iberico (ahora preside la Comisión de Inteligencia), y auspiciado por quien fuera ministro de Justicia, y actual líder del partido aliado al gobierno, Fernando Olivera (a la fecha investigado por la Fiscalía de la Nación debido a varios casos donde habría infringido la ley).

Cabe explicar que dicho suceso se desarrolló en un ambiente social y político muy conflictivo, donde diversos grupos de presión vinculados a organismos no gubernamentales de tendencia antimilitarista e ideologizados -apoyados por una fuerte campaña mediática-, impulsaban un cuestionamiento generalizado contra las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia.

Llegando al extremo de promover y sustentar la orden de captura dictada por un juez -después anulada-, contra los comandos del Ejército “Chavín de Huántar”, que en abril de 1997 liberaron a los rehenes del grupo terrorista MRTA en la embajada de Japón en Lima.

Regresando a la presentación del informe titulado: Recomendaciones para la Reforma de la Inteligencia en el Perú a la Luz de la Experiencia de Otros Países del Mundo; es de precisar, que arribaron a Lima -invitados por el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)- ponentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Sudáfrica, entre otros.

Aunque las sugerencias tendrían la intención original de generar en las agencias de inteligencia del Perú no sólo una mayor eficacia, sino también una responsabilidad democrática.

Al tener como principal referente, el negativo manejo de muchos sectores del sistema de inteligencia en la década anterior, para establecer los parámetros de lo que debe ser una nueva comunidad de inteligencia; los planteamientos cayeron en redundancia respecto a legislación ya existente y aplicaron una visión sesgada de la realidad peruana, de las Fuerzas Armadas y los servicios secretos en particular.

Al respecto, civiles y militares especializados en inteligencia estratégica, perciben que la propuesta en sí, y principalmente la orientación conceptual que pretendieron marcar a posteriori en base a ella; conlleva una excesiva restricción y control de los aparatos de inteligencia, no correspondiente con las amenazas internas y externas que afronta la seguridad nacional. Buscando internar una falacia: “a mayores ataduras para el funcionamiento de los servicios secretos, más democracia y respeto a los derechos ciudadanos”.

No obstante, que la tendencia mundial -después del 11 de septiembre 2001- se orienta hacia un reforzamiento de las comunidades de inteligencia y la cooperación internacional, para enfrentar amenazas globales, que afectan tanto el ámbito externo como el interno: el terrorismo y narcotráfico, entre otras. Siempre persiguiendo la ecuación: seguridad con vigencia de derechos civiles y políticos.

Tendencia antimilitarista e ideologizada

Voceros de los reducidos círculos académicos peruanos que han influido e inducido al error, en el planteamiento de la universidad norteamericana, afirman falsamente que: “sectores conservadores del establecimiento militar peruano asumen como patrimonio propio el dominio de los temas de inteligencia”, y que, “el pensamiento predominante de las Fuerzas Armadas se resume en que inteligencia no militar y seguridad/defensa militar son los mismos conceptos”.

Además, con un evidente desprecio por la formación profesional del militar peruano y su capacidad para integrar cuadros multidisciplinarios (civiles-militares), añaden: “las débiles motivaciones y vocación de los funcionarios de inteligencia (tanto civiles como militares en retiro) hacen proclive que el capital humano del organismo (de inteligencia) se vea permanentemente expuesto a su degradación, haciéndolo maleable a distorsiones que minan el prestigio e institucionalidad”.

En esa línea de pensamiento y caricaturizando la función del personal militar de inteligencia, los referidos académicos expresan: “otra teoría predominante es aquella a partir de la cual, los miembros de las Fuerzas Armadas por el simple hecho de recibir instrucción militar adquieren automáticamente conocimientos de inteligencia, y aún más, estarían predestinados [sic], por esa razón a asumir cargos en el sector”.

Sobre el particular, un integrante peruano de la comisión de la Universidad de Harvard, el filósofo Ciro Alegría (vinculado a la Comisión de la Verdad), declara el 30 de marzo de 2004, que la propuesta de ese centro académico incluye reformar la ley de inteligencia, para controlar, restringir y someter a aprobación, las operaciones de los servicios de inteligencia militares y policiales. Hay que añadir, que el documento también concluye que: “no se debería asignar a las Fuerzas Armadas responsabilidad corriente alguna respecto de la seguridad interna”.

Ante tal pretensión, no es difícil vislumbrar la debacle que ocurriría en la seguridad nacional, si estas operaciones son aprobadas previamente y luego controladas administrativamente, a través de una central de inteligencia nacional manejada por un gobierno caótico como el de Toledo, que ha sido incapaz de evitar una sistemática fuga de informaciones e infidencias sobre sus propias operaciones en el CNI.

Claramente, estos autocalificados “expertos en inteligencia” que no han realizado cursos sobre inteligencia estratégica y carecen de experiencia ejecutiva concreta y eficaz en esa área, tienen una percepción simplista y absurda, por la que consideran que el eje central para solucionar los problemas del sistema de inteligencia peruano, es el “control civil de los aparatos de inteligencia”.

En conclusión, la visión y sugerencias, de personalidades reunidas por la Universidad de Harvard, se habrían basado en un enfoque distorsionado de la realidad peruana, suministrado por un pequeño grupo de intelectuales peruanos sin ninguna representatividad ante la sociedad; quienes forman parte de una corriente política e ideológica, que pretende enraizar un proyecto sectario, antimilitarista y contrario a la actual tendencia internacional. Apoyado en el siguiente supuesto:

Si el manejo de la información y el conocimiento otorgan poder, mientras los militares continúen participando en la comunidad de inteligencia nacional junto al personal civil, conservarán cuotas importantes de él; situación incompatible con el régimen democrático. Por lo tanto, es indispensable sustraer a los miembros de las Fuerzas Armadas (en actividad o retiro) del manejo del CNI y minimizar las facultades que conservan a través de los cuerpos de inteligencia militar.

Cuando lo cierto, es que un mal jefe de inteligencia, no lo es por su simple condición de militar, sino porque actúa de manera incompetente y/o criminal; lo cual, también puede ocurrir con un civil.

Propuestas para superar la crisis del Sistema de Inteligencia

Para plasmar una propuesta de reforma viable y consistente de la comunidad de inteligencia, se deben considerar hechos determinantes: en el actual contexto regional, las hipótesis de conflicto entre naciones se han reducido gracias a que en la década pasada lograron solucionarse gran parte de los desacuerdos limítrofes y fronterizos. Esa situación se afianzó con el proceso de globalización, expansión de la democracia y sus valores inherentes, así como el libre mercado. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que emerjan amenazas internas y externas, que producen etapas frecuentes de ingobernabilidad en nuestras naciones.

Ante esa realidad, debido a una percepción distorsionada, ignorancia sobre la importancia de la seguridad nacional y hasta represalia política, la administración Toledo ha venido disminuyendo radicalmente el presupuesto para la Defensa y forzado un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas, y por extensión de la comunidad de inteligencia nacional. Sin haber realizado antes un Planeamiento Estratégico para la Defensa ni haber establecido una Política de Defensa Nacional y fijado su rol de funciones.

Como bien lo señala un ex jefe de la Marina, la Proyección Estratégica de una Política de Defensa Nacional del Estado debe sustentarse en una visión objetiva para la conducción de las relaciones internacionales, cuyo centro de gravedad sea el conocimiento de los conceptos de disuasión y equilibrio estratégico, sin obviar el análisis de la teoría del conflicto, como aspecto característico de la naturaleza humana.

Por consiguiente, la Seguridad Nacional y dentro de ella, el papel de la comunidad de inteligencia nacional, debe ser abordada como parte de un enfoque global del Estado; es decir, con una perspectiva de largo plazo y enmarcada en una Estrategia Nacional en el campo de la Seguridad y la Defensa, que refuerce y coadyuve al Desarrollo del Perú. Siempre conservando una estrecha ligazón y armonía con la Política Exterior y los otros ámbitos nacionales, buscando integrar y complementar las capacidades del Poder Nacional en apoyo sistemático de los Objetivos Nacionales.

Planteamientos para el corto plazo

Por la complejidad de problemas que afectan a la inteligencia nacional, es necesario un plan de acción de corto plazo: objetivo, coherente, sistemático e inteligente, y de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias.

Teniendo como antecedente el innegable fracaso del gobierno, para reestructurar el sistema de inteligencia, junto a los numerosos errores y arbitrariedades cometidas durante su gestión contra funcionarios estatales eficientes, honestos y especializados; por el sólo hecho de haber desempeñado cargos de responsabilidad en el aparato estatal en la década pasada.

Es altamente probable que en el proceso fallido por “reconstruir” el sistema de inteligencia, se haya producido la separación injustificada de cuadros especializados en inteligencia estratégica exentos de responsabilidad administrativa, civil o penal.

Cuando lo que se debió hacer, es desarrollar un plan destinado a amalgamar el trabajo de los cuadros antiguos de inteligencia “limpios”, con los recursos humanos recién ingresados. Dejando de lado prejuicios y estigmatizaciones dañinas para el sistema.

En Brasil, la central de inteligencia nacional -ABIN-, es dirigida por una funcionaria con 25 años de servicio y que ha trabajado desde el gobierno militar; mientras la Federación Rusa tiene un presidente como Vladimir Putin y muchos funcionarios que proceden de la ex KGB, ahora dividida en dos entes: uno interior, el FSB (Servicio Federal de Seguridad), y otro exterior, el SVR (Servicio de Inteligencia Exterior).

Según las particularidades del trabajo de inteligencia y experiencia recogida de otros países que siguen reestructurando sus servicios secretos, se sabe que es inviable formar antes de unos siete años, equipos multidisciplinarios de profesionales y técnicos debidamente capacitados, especializados y psicológicamente aptos, para la producción de inteligencia estratégica y contrainteligencia.

Incluso es muy común, una alta tasa de deserción e ineficacia dentro de los novatos profesionales captados, al no lograr adaptarse al nuevo y sui generis “ámbito de trabajo en inteligencia”, donde se requiere alta dosis de sacrificio, patriotismo, anonimato, profesionalismo, mística y renuncia a la privacidad en aras de la seguridad.

Para reactivar la comunidad de inteligencia, el próximo gobierno podría convocar a un grupo selecto de expertos civiles, militares y policiales con amplia y comprobada experiencia directiva en el trabajo de inteligencia estratégica y operativa (incluso durante la década anterior).

Quienes -conociendo bien la idiosincrasia y cultura organizacional de la comunidad de inteligencia-, se encargarían de seleccionar y evaluar a un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos (civiles y militares, en actividad o retiro), que posean sólida formación en centros de estudios especializados de inteligencia estratégica y operativa.

Procediendo a excluir de este llamado, a quienes -aún siendo especialistas- tengan antecedentes comprobados de la comisión de faltas graves administrativas o delitos. Al mismo tiempo estas acciones correctivas, deberán ser supervisadas por la Comisión Ordinaria de Inteligencia del Parlamento.

Hasta que se modifiquen las normas de la central de inteligencia, y la Constitución misma sobre el particular; lo más conveniente sería enviar a la Comisión de Defensa el currículum de la persona propuesta para ocupar el máximo cargo de ese organismo (para su “visto bueno” político), asegurando así, que sea un experto en el campo de inteligencia con antecedentes incuestionables.

Quienes están capacitados para brindar respaldo esencial mientras se concreta una nueva ley de inteligencia consensuada (ya impensable durante el desprestigiado gobierno de Toledo); son las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales: Dirección de Inteligencia del Ejército; Dirección de Inteligencia Naval; Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea; Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

Incluso existe una coyuntura y espacio institucional favorable para perfilar el modelo de sistema de inteligencia más funcional a la realidad peruana y seguir perfeccionado su Doctrina; toda vez que el Ministerio de Defensa, institutos castrenses y servicios de inteligencia, con aportes de la sociedad en general, vienen afinando y actualizando el Planeamiento Estratégico para la Defensa, a través del proyecto de “Libro Blanco de la Defensa Nacional”.

Entretanto, se impulsarían cursos universitarios de inteligencia estratégica para captar nuevos cuadros civiles, y se aprovecharía a quienes laboraron en el CNI durante estos nefastos 3 años, que no hayan cometido acciones delictivas y demuestren capacidad profesional en inteligencia. Para los cuales se relanzaría una formación integral en la Escuela Nacional de Inteligencia; mientras se facilita cursos de perfeccionamiento para el personal de inteligencia experimentado reincorporado.

Este último grupo de funcionarios y técnicos, se encargaría en una primera fase, de reconstruir y actualizar archivos de inteligencia básica (que habrían desaparecido, según los numerosos jefes que pasaron por el CNI en el gobierno de Toledo). A la par, se dedicarían a reformular apreciaciones intermésticas de inteligencia requeridas (que de acuerdo al balance negativo arrojado por el presente régimen, habrían sido deficientes).

Finalmente en este panorama, el rol de la prensa independiente, instituciones democráticas y la ciudadanía en general es fundamental, y mientras estén aseguradas las libertades públicas y el periodismo de investigación pueda desenvolverse sin restricciones, éstos constituirán los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre los servicios secretos, y la consiguiente recuperación de la confianza y credibilidad en el sistema nacional de inteligencia peruano.