Como ya es costumbre, en un país tan polarizado políticamente como el nuestro, el reciente anuncio del incremento del salario mínimo en 30% generó fuertes críticas por una parte y por la otra no pocos aplausos. El presidente Hugo Chávez tomó unilateralmente la decisión sobre el porcentaje de aumento y el nuevo monto, tarea que alguna vez decidió una extinta comisión tripartita cuyos representantes y gremios tradicionales ya hace tiempo son enemigos a muerte del mandatario y viceversa.

Aunque en el presupuesto nacional el porcentaje de ajuste era de 10%, Chávez de un solo plumazo y con el aval de unos ingentes y jugosos ingresos petroleros se jugó la carta y repitió el porcentaje del año pasado. El incremento representará entre 700.000 y 800.000 millones de bolívares adicionales para atender los aumentos correspondientes a los trabajadores de la abultada nómina pública. Los recursos saldrán de la extensión del Impuesto al Débito Bancario (IDB), en buena medida.

También, como es costumbre, empresarios e industriales se quejaron del porcentaje de aumento en el salario mínimo al considerar que se hace cuesta arriba, que el gobierno no tiene políticas económicas, que el desempleo seguirá creciendo, en una variada y poco original lista de etcéteras.

Fedecámaras (Cámara empresarial) dijo que algunas empresas no podrán asumir el incremento y que otras deberán reducir sus nóminas y lanzar más gente irremediablemente a la senda del desempleo o a la clase más floreciente de trabajadores del sector informal, la mayor parte de la masa laboral del país.

No alcanza y los precios galopan

Del otro lado de la barrera sus enemigos naturales, los sindicatos tradicionales -hoy amigos íntimos en el afán de hacer oposición al mandatario- dijeron que no alcanzaba para hacer frente al alto costo de la vida, que se trataba de una burla, que el incremento debió ser mayor. Nada diferente a lo que pasa casi todos los años cuando se anuncian alzas salariales.

«Este aumento de salario no cubre ni siquiera el 60% del costo de la canasta alimentaria, todavía es insuficiente», dijo Manuel Cova, secretario general de la opositora -y otrora poderosa- Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

«Además, más de siete millones de trabajadores ni siquiera tendrán la oportunidad de recibir este ingreso porque están desempleados o porque están subempleados», agregó, aunque prefirió abstenerse de señalar por qué la central obrera no defendía sus posiciones.

El Presidente dijo que para establecer el monto se tomó en cuenta la proyección oficial de inflación para este año de 25%. La inflación acumulada a abril se ubicó en 7,8% y la anualizada en 23,1%, según cifras del Banco Central de Venezuela.

Lo que sí está claro para los analistas es que el aumento de salario y su efecto en el resto de la escala de sueldos dispararán la inflación porque los costos de los bienes y servicios sufrirán un irremediable ajuste que pagaremos todos los habitantes de nuestro rico país petrolero, donde la pobreza galopa a paso de vencedores.
Seguramente el gobierno -más temprano que tarde- tendrá que reajustar los precios de los productos en el marco del hasta ahora ineficiente control de precios, que fue adoptado en febrero del año pasado junto con el control de cambios.

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Aumentos pa’todos en tiempos de referenda

Chávez, que enfrenta la posibilidad de un referendo revocatorio en agosto, anunció con bombos y platillos el aumento del salario mínimo en 30% en dos etapas. Sólo precisó el monto del sueldo que regirá para los trabajadores urbanos, pues la cifra es la más alta en las precisiones de la Gaceta Oficial.

Para que quede claro, precisaremos los ajustes: uno de 20% que entró en vigencia el 1º de mayo y otro que se hará a partir del 1º de agosto. La información fue extraída de la Gaceta Oficial numero 37.928 del 30 de abril del 2004.

Se fija como salario mínimo mensual obligatorio para los trabajadores urbanos que presten servicios en los sectores público y privado, la cantidad de 296.524,80 esto es, 9.884,2 bolívares diarios por jornada diurna, a partir del 1º de mayo de 2004. Desde el 1 de agosto de 2004, el salario mínimo obligatorio que corresponda a estos trabajadores será de 321.235,20 bolívares mensuales, esto es 10.707,80 diarios por jornada diurna.

Para los trabajadores de aquellas empresas que tengan un número menor de 20 trabajadores, se fija el salario mínimo en 271.814,40 mensuales a partir del 1º de mayo de 2004 y desde el 1º de agosto en 294.465,60 mensuales.

Para los trabajadores rurales se fijó un salario mínimo de 266.872,32 bolívares a partir del 1º de mayo y de 289.111,7 a partir del 1º de agosto.

En tanto, el salario mínimo obligatorio para los adolescentes y aprendices quedó el 222.393,60 desde el primero de mayo y hasta el aumento del 1º de agosto, cuando será incrementado a 240.926,40 bolívares.

A los conserjes les toca tanto como el monto del salario mínimo urbano y a los trabajadores domésticos, independientemente que habiten o no en la casa u hogar donde laboran, el correspondiente al salario que percibirán los que laboran en empresas con menos de 20 personas.
Las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) serán ajustadas al salario mínimo urbano. Venezuela comienza a recuperarse de dos años consecutivos de profundas contracciones económicas, de 8,9% en el 2002 y 9,2% en el 2003.

Para este año el gobierno proyecta un crecimiento de al menos 6,5%. Sin embargo hay proyecciones tanto oficiales como de firmas de análisis locales y extranjeras que apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 9 y 10%. Por su parte, el desempleo ronda el 15%, según los últimos datos oficiales, a noviembre del 2003. Firmas privadas lo ubican en torno a 20%, una cifra que lamentar, de tener alguna base de sustentación.

Analistas sostienen que el Presidente, que ha lanzado varios planes para atender a los sectores de menores recursos en educación, salud, empleo y alimentación, está ejecutando medidas populistas y proselitistas de cara a la posibilidad de que se realice la consulta popular.

El Consejo Nacional Electoral fijó para el 8 de agosto el referendo revocatorio, si son ratificadas a finales de mayo más de 500 mil firmas, para activar el llamado a la consulta. Para esta alternativa, aún falta un largo camino por recorrer.

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