¿Hacia la Conapa judicial?

Dedicado a Lisa Bhansali

Es cierto que hay demasiados íconos flotando en el ambiente judicial: las imágenes de los familiares de las víctimas del caso Utopía lanzando monedas al juez, los linchamientos urbanos por robos de bidones de agua, balones de gas doméstico o supuestos ultrajes sexuales. La masa urbano-andina en Puno y el obispo pidiendo que el Poder Judicial le dé comparecencia y no detención al supuesto asesino del Alcalde en Ilave. El informe de Pamela Vértiz mostrando cómo funciona el Poder Judicial y la policía en el caso del señor a quien suplantaban con su brevete para los actos delictivos de un tercero. Los reportes en la Hora N de Graciela Villasís mostrando que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) está peor que antes pues esa solución de la izquierda judicial que incorporó a la “sociedad civil” en el órgano de control, todo eso más el día a día en la vigencia de los costos ocultos del sistema. Y claro, también está la exculpación a Olivera en sus affaires políticos.

No hay forma de evitar mirar a Hugo Sivina y decirle: ¿cuánto de esto pudo evitarse si hubiera tenido el coraje de conducir una reforma judicial real y no una reforma de papel?

Los fondos de la cooperación internacional han aparecido de todos lados: el Banco Mundial, la donación del gobierno japonés, el gobierno alemán, la Unión Europea, el USAID del gobierno norteamericano y una pequeña cuota del PNUD. Al fin, el Poder Judicial contaba con fondos internacionales para diseñar un plan de Reforma Judicial en tiempos democráticos. Sin embargo el Fondo de Fortalecimiento de la Presidencia de la Corte Suprema, donado por los Estados Unidos básicamente se ha usado para pagarle los sueldos a funcionarios de confianza del doctor Hugo Sivina, que antes ganaban 2,000 soles y ahora ganan por encima de cuatro mil dólares. Nadie discute el derecho a buenas remuneraciones, si eso va de la mano con resultados concretos.

Insisto, un secretario de confianza de un vocal supremo, por el hecho de convertirse éste en vocal supremo, no puede trasladar a su séquito como asesores institucionales. Pues la sola posibilidad que la influencia en temas jurisdiccionales y en temas de reforma pueda darse, ya obliga a ser cuidadoso.

Otro asunto es que estos fondos, no más de dos millones de dólares de los cincuenta millones que están comprometidos para los próximos tres años entre dólares y euros se han usado en contratar consultores, pagar viajes y viáticos, para hacer documentos que van desde “Grupos Técnicos de Alto Nivel”, asesoría a la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial que Sivina anunció pomposamente en mensaje a la nación, los asesores del CERIAJUS y las actividades con agenda preestablecida que las Audiencias Públicas del Acuerdo Nacional por la Justicia, promovieron a lo largo del país sin mayor relevancia para los usuarios del sistema.

El dinero de la cooperación se ha usado para producir más papel anillado en letra arial 14. Los consultores son los mismos. Es el caso de Carlos Caro, probablemente un académico en derecho penal muy lúcido pero un afortunado de la consultoritis al lado de Hugo Sivina con dinero de USAID y sólo asistiendo por horas pues igual veía sus casos como abogado y luego como consultor del proyecto de la Unión Europea para el tema judicial, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas que se pone del lado de los que preparan el proyecto y los términos de referencia para favorecer posteriormente, probablemente, a su institución de origen.

Mientras el poder de Fernando Olivera y sus discípulos era muy alto en el ministerio de Justicia, el hermano de Cesar Ortiz Anderson logró colocarse como brazo local de la jefa del proyecto del Banco Mundial para el tema judicial. Mas allá de sus calificaciones para ganar por encima de cinco mil dólares mensuales, la pregunta es: ¿existe o no transparencia en el Poder Judicial para el manejo de los fondos de la cooperación internacional que recibe?

Si no son transparentes con lo poco, ¿serán honestos con el monto mayor? A esto hay que agregar el manejo monopólico que tiene el Instituto de Defensa Legal en los fondos que destina la cooperación internacional para el tema sociedad civil. La asignación de varios millones de dólares por parte de USAID y la persecución que hace el IDL sobre los fondos de la Unión Europea es algo que hay que vigilar, analizar en cuanto a sus contenidos ideológicos e incluso frenar si ello fuera necesario.

Sigo pensando que Hugo Sivina es un hombre probo pero ineficiente, que se ha enterado que la revolución de las salas contenciosos administrativas se ha hecho sin un solo dólar de esos que ganan los consultores en escribir sobre lo mismo. Me alegra conocer los buenos reflejos del doctor Sivina. Además de mostrar cerros de papel como logros, también podrá mostrar en diciembre unas cuantas nuevas edificaciones, computadores, alguna red tecnológica, los juzgados especializados en lo contencioso administrativo y el regreso de José Antonio Silva Vallejo.