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El proceso andino de integración celebró el 26 de mayo 35 años de existencia. Es uno de los más antiguos de la región, junto con la actual Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el más institucionalizado, siguiendo un esquema de desarrollo que pretendió copiar el modelo europeo.

Creado en 1969 bajo el nombre de Acuerdo de Cartagena, la actual Comunidad Andina (CAN), conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, vive un momento crucial. Los optimistas, con el Secretario General a la cabeza, el ex canciller peruano Allan Wagner, están convencidos de encarar una oportunidad excepcional.

Su tesis se basa en que la globalización plantea a los países un doble desafío: la agenda externa caracterizada por las negociaciones comerciales y la agenda interna que debe lograr mayor equidad, una democracia eficiente y mejor competitividad. En ese marco, la integración andina es la llave que articulará las dos agendas y establecerá una red de sinergias capaces de mejorar la inserción en el mundo de esta convulsionada región.

Los más pesimistas creen, por el contrario, que la carrera de los andinos detrás de múltiples acuerdos comerciales, desunidos y a distintas velocidades, terminará por destrozar los relativos logros alcanzados en estas tres décadas y media de existencia. Las críticas se extienden a los persistentes forcejeos que impiden acordar un Arancel Externo Común, los reiterados incumplimientos de la normativa aprobada y a la lentitud en concretar el Mercado Común para el próximo año.

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Un análisis más objetivo revelaría que el proceso andino de integración tiene fortalezas y debilidades. Siguiendo el esquema de Wagner, en la propuesta de un nuevo diseño estratégico, no caben dudas de que la CAN cuenta con un importante patrimonio jurídico e institucional. Por ejemplo, a diferencia del Mercosur que carece de un órgano jurisdiccional propio, la CAN cuenta con el Tribunal Andino de Justicia, especie de “guardián de la legalidad del proceso comunitario”. Con sus altos y bajos, la integración andina consolidó corrientes de comercio entre los cinco países, aumentó el valor agregado de los intercambios, y contribuyó a atraer inversión extranjera. Las cifras así lo demuestran. Entre 1970 y el año 2003, las exportaciones intrasubregionales aumentaron casi 43 veces al pasar de exiguos 111 millones de dólares a 4.768 millones de dólares.

En igual período, el componente manufacturero de los productos que comercian los andinos entre sí prácticamente se duplicó al aumentar de 48% en 1970 al 86% en el 2003, en tanto que la inversión extranjera acumulada creció más de 29 veces de 3.400 millones de dólares, a inicios de la década de los setenta, a 100.492 millones de dólares en el 2003.

Aún los más acérrimos detractores de la integración andina admiten que los logros - modestos o altos- no se limitaron a los aspectos comerciales. En los últimos años, a partir de la transformación del Acuerdo de Cartagena en Comunidad Andina (1997), se dieron importantes pasos en nuevas dimensiones de la cooperación como la política exterior común, la democracia y los derechos humanos.

El listado de las debilidades parte de dos grandes asignaturas pendientes: resolver la profunda desigualdad al interior de cada país y sumar a la sociedad civil en la cruzada integracionista. Escasos, por no decir nulos, han sido los aportes de la integración al agudo problema de la pobreza que afecta a más de la mitad de los habitantes de la subregión andina.

De igual modo, la participación de la sociedad civil, y dentro de ésta, la de los sectores más marginados deja mucho que desear. Las representaciones institucionales se han limitado tradicionalmente a los Consejos Laboral y Empresarial Andino. En el caso de los trabajadores suena hasta paradójico considerando que los niveles de afiliación sindical han caído de manera estrepitosa en la región, al propio tiempo que se incrementó el desempleo.

Los empresarios sí aparecen como los más beneficiados por la integración: participan, desde el famoso “cuarto de al lado, en las negociaciones comerciales intentando imponer sus criterios o defendiendo sus intereses y han obtenido las mayores ventajas del crecimiento económico y el aumento de las exportaciones. Pero, al igual que en el Mercosur, la integración andina pareciera favorecer a los grandes conglomerados, dejando por fuera a la pequeña y mediana empresa. Ni que hablar de la participación indígena. A pesar que constituye un significativo porcentaje de la población en tres de los cinco países andinos - Bolivia, Ecuador y Perú- recién en el año 2002 se creó una «Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas», como mera «instancia consultiva».

Las restantes debilidades de la CAN van desde la débil solidaridad para responder a problemas comunes hasta la falta de voluntad política para cumplir lo que se acuerda. Algunas decisiones se “engavetan”, otras se desacatan. El Tribunal de Justicia ha contabilizado más de 500 casos de solución de controversias en los últimos cuarto años.

La crisis de gobernabilidad que afecta a los cinco países, con casos extremos en Perú, Ecuador y Bolivia, sumado al ciclo de la violencia en Colombia y a la aguda polarización en Venezuela, han debilitado al proceso de integración.

Los problemas de la agenda interna consumen el capital político de los gobiernos, en tanto que la agenda externa pareciera reducirse a la búsqueda, contra reloj, de acuerdos de libre comercio, visualizados como mágicos salvavidas capaces de resolver fallas estructurales. Venezuela es la excepción, pero su manera diferente de concebir la integración y la búsqueda de nuevas alianzas sobre otros principios, genera mayor incertidumbre a un proceso medio desgastado que arriba a sus 35 años luchando por estar a la altura de sus posibilidades.

Comenzó el partido entre los andinos y EE.UU

Con optimismo gubernamental , cautela de los empresarios y fuertes críticas de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil andina, culminó el 19 de mayo, en Cartagena, la primera ronda de negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre tres de los cinco países de la CAN- Colombia, Ecuador y Perú- y Estados Unidos. Venezuela está excluida y Bolivia se incorporará como observador posiblemente en la segunda de las ocho rondas negociadoras que se realizará el 14 de junio en Atlanta.

El comunicado de prensa conjunto, destacó «la consolidación de la unidad andina» y se explayó en loas al TLC: «salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo económico, principal herramienta para la generación de empleos, la mayor atracción de inversiones y un más dinámico desarrollo tecnológico».

«Fantasías absurdas», respondió uno de los representantes del Encuentro Andino de Organizaciones Sociales contra el TLC y el ALCA que acordó, a principios de mayo, un plan de lucha.

Como es habitual en este tipo de comunicados, la información sobre las negociaciones del TLC fue más que escueta. Se definieron los cronogramas (fechas y sedes) de las futuras reuniones y se trabajaron 14 temas. Al igual que en los inicios del ALCA, los andinos apoyan la negociación pluritemática, bajo el principio del todo único; «nada está acordado hasta que todo esté acordado».

Con base a esta modalidad, «se coincidió en no ignorar las graves distorsiones que existen en los mercados internacionales». El elíptico párrafo aludía a los subsidios agrícolas estadounidenses: 94 mil millones de dólares anuales, el tema más sensible de las negociaciones.

A la primera insinuación andina para que EE.UU. desmonte las ayudas internas a sus agricultores, la negociadora Regina Vargo fue tajante. «Ese tema no se negocia bilateralmente, sino en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio». A otra cosa y sin chistar.

Gobiernos y empresarios de los tres países coinciden que habrá que estudiar diversas fórmulas para contrarrestar las desventajas de costo y competitividad frente a los productos agrícolas estadounidense que ingresarán con subsidios de 48 y 51% como sucede con el arroz y la leche.

Los productores de Ecuador pidieron al gobierno que excluya el arroz y la leche de las negociaciones del TLC. El ministro peruano de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, amenazó con retirar ciertos bienes agrícolas o extender plazos de la desgravación, una medida que Colombia también está dispuesta a adoptar junto con otros correctivos como cupos, aranceles específicos o el mantenimiento de la franja de precios. La delegación estadounidense llegó a la reunión con el borrador del texto del acuerdo bajo el brazo, dispuesta a escuchar las ofertas andinas. No obstante, Colombia se mantuvo firme en comenzar a discutir previamente los intereses y expectativas de las partes. Y a empezar a formular pedidos, según uno de los asistentes al cónclave.

Colombia, el socio privilegiado de EE.UU. en Latinoamérica, llegó provisto de una matriz, basada en la metodología del experto de Harvard, Howard Raifa, sobre intercambios y concesiones, que le permitió identificar 307 puntos críticos.

Los equipos negociadores de cada país tienen su particularidad. Los colombianos fueron calificados de sofisticados por Regina Vargo. Los peruanos acostumbran a referirse al tema con lenguaje futbolístico: Nivelar la cancha, meter un gol, lograr un empate. Ecuador, el país más pequeño de los tres y el de menor industrialización, concurre presionado por las asociaciones empresariales y los agricultores. El Secretario General de la CAN, Allan Wagner, anticipó que «siendo sustancial la parte normativa, será negociada en conjunto, mientras que los aspectos arancelarios referidos a los productos sensibles, posiblemente serán pactados de manera individual por cada país».

Entre esos parámetros se moverá la famosa unidad andina. Colombia está convencida que hay que jugar la carta política, sobre la base de los «intereses compartidos» con EE.UU. en temas de alta temperatura como el terrorismo, el narcotráfico y la seguridad regional. Esa será una de las bazas fuertes del presidente Alvaro Uribe, «el pequeño Bush latinoamericano».

Algo se coló en el primer comunicado de prensa. Justo en la mitad, los tres países advierten que además de las cuestiones económicas y comerciales, en el TLC «intervienen otras consideraciones que deben ser sopesadas en el balance final del acuerdo»: la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, la estabilidad regional y la consolidación de la gobernabilidad e institucionalidad democrática. A buen entendedor, pocas palabras.