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El presidente estadounidense George W. Bush en una manifestación realizada en octubre 2001.
Foto White House.

Con el fin de que consigan encubrirse mutuamente los integrantes del equipo bushista, ¿qué cree usted que ocurrirá antes: otro «11 de septiembre» o el estallido de las burbujas financieras creadas por Greenspan?

Mientras dos ilustres economistas, Stephen Roach y Richard Berner, alertan en el boletín de la correduría Morgan Stanley (Foro Económico Global, 4 de junio) sobre las burbujas especulativas a punto de estallar, el historiador Webster Griffin Tarpley -autor de la estrujante biografía no autorizada de George W. Bush (1992)- asevera en un extenso análisis la preparación de «otro 11 de septiembre», diseñado perversamente para relegir al presidente Bush (INN.globalfreepress.com).

Si la política exterior del presidente Bush colinda con el desastre debido al empantanamiento de los ejércitos anglosajones en Irak, su política doméstica ha entrado en una severa crisis como consecuencia del choque conceptual que ha polarizado a la clase política en dos grupos antagónicos: el grupo de «realistas», más proclive al «multilateralismo suave», encabezado por el general Colin Powell en el Departamento de Estado (y los militares tradicionales del Pentágono), frente al grupo de los neoconservadores straussianos (y sus aliados, los racistas huntingtonianos), un núcleo de civiles fanáticos que se apropió de las riendas militares del Pentágono y que pregona el unilateralismo a ultranza por medio de la «guerra preventiva permanente».

El desastre de la política exterior no solamente ha obligado al presidente Bush a diluir su vino del pernicioso unilateralismo durante su periplo europeo poco agraciado en conmemoración del Día-D (donde ha tenido que soportar los justos reclamos del papa Juan Pablo II sobre la aventura iraquí y las torturas en Abu Ghraib), sino que también ha repercutido seriamente en la política interna, donde se buscan chivos expiatorios para limitar los daños, a cinco meses de la crucial elección presidencial.

El columnista David Brooks percibe perfectamente «la característica dominante de nuestra vida política: la polarización» y lo «profundamente que se encuentra dividida la nación» por medio de la «política» vislumbrada como «un negocio tribal» (The New York Times, 5 de junio). La crisis en el seno de la CIA, con la salida de sus dos principales directivos (George Tenet, su director general, y James Pavitt, director de operaciones clandestinas), refleja la salvaje lucha por el poder en Washington, a una semana de la cumbre del G-8 en Sea Island(Georgia, Estados Unidos).

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George Bush con los soldados de Fort Carson, 24 noviembre 2003.
Foto White House.

El reportero Douglas Jehl (The New York Times, 5 de junio) expresa los lamentos de la clase política sobre el «vacío de poder» en la CIA, uno de los pilares del dominio global de Estados Unidos. También como reflejo de los nuevos vientos geopolíticos, Stephen Kapees, el transitorio sustituto de James Pavitt, conoce perfectamente los idiomas ruso y persa.

Una frase del reportero Jehl puede aportar mucha luz sobre el saldo de la salida de Tenet: «La mayor parte de los 40 mil millones de dólares anuales que se estima gasta el gobierno en servicios de inteligencia es controlada por el Pentágono, y sin Tenet en su lugar, el equilibrio del poder en la rivalidad entre la CIA y el Pentágono se puede cargar aún más del lado de Stephen Cambone, el subsecretario de Defensa en asuntos de inteligencia, según revelaron fuentes del Congreso». Nada menos que el general Stephen Cambone y el fanático bautista sureño general Boykin, íntimos de Donald Rumsfeld, fueron los instigadores de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib.

Mientras el director de la CIA y su segundo de a bordo renunciaban (o eran despedidos), Bush, antes de salir a su desangelado periplo europeo, consultaba a un prominente abogado, James Sharp, sobre el muy delicado asunto de la divulgación del nombre de una operadora de la CIA: «Testigos dijeron ante un gran jurado federal que el presidente George W. Bush supo, sin tomar ninguna acción para frenarla, la divulgación del nombre de una espía encubierta de la CIA a un periodista, con el fin de desacreditar a su marido, un crítico de la política de Estados Unidos en Irak» (The Guardian, 3 de junio).

Se trata de la diplomática Valerie Plame (esposa del embajador Joseph Wilson), cuyo nombre fue expuesto por Robert Novak -un periodista de corte conservador- como agente encubierta de la CIA, lo cual constituye un crimen de Estado equivalente a traición a la patria, que amerita la pena de muerte, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. El esposo de Valerie Plame, el embajador Joseph Wilson, había desechado la falsedad de la venta de uranio de Níger al régimen de Saddam, como exigía el vicepresidente Dick Cheney para contar con la coartada para justificar la invasión a Irak.

Este no es asunto menor y es cuando a Bush, quien se consagró a aplicar con rigor la inyección letal para los mexicanos en Texas, le conviene más que nunca pronunciarse por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos. James Sharp, el abogado consultado por el atribulado presidente No. 43, fue nada menos que el defensor del general Richard Secord, un criminal del escándalo Irán-contras. Entre los clientes de Sharp también figuraron el general Fabian Ver, acusado de asesinar al presidente de Filipinas, y el bribón trasnacional Kenneth Lay, un íntimo del nepotismo dinástico de la familia Bush y presunto defraudador de Enron, la mafiosa gasera texana (The New York Times, 4 de junio). ¡Qué belleza!

Según Capitol Hill Blue (4 de junio), una publicación del Congreso de Estados Unidos, la consulta legal del presidente Bush «sugiere que prevé ser interrogado por los fiscales. Las fuentes aseguran que los testigos del gran jurado han implicado al presidente y a su principal consejero Karl Rove».

En su libro La política de la verdad: sobre las mentiras que llevaron a la guerra y a la traición de mi esposa y su identidad con la CIA, Joseph Wilson, quien según los bushianos es asesor en política exterior del candidato demócrata John Kerry, no llegó tan lejos como para acusar directamente al presidente ni al vicepresidente; solamente se concretó a inculpar como sospechosos a varios neoconservadores straussianos como Lewis Libby (jefe de la oficina de Dick Cheney), Elliot Abrams (un tránsfuga del criminal Irán-contras), John Hannah y David Wurmser (dos funcionarios de la oficina de Cheney).

Siempre, según Capitol Hill Blue, «las fuentes internas de la investigación afirman que l evidencia apunta que Rove aprobó la divulgación», lo cual fue sabido por el presidente, quien «no tomó ninguna acción para impedir la divulgación del nombre de Plame». Esto es sumamente grave, y nada menos que el abogado John Dean, anterior asesor legal del presidente Nixon y conocedor de las tribulaciones del Watergate, explora «las serias implicaciones de que el presidente Bush contrate a un abogado particular para la investigación de Valerie Plame» (FindLaw’s Writ, 4 de junio). Sin adentrarnos en la brillante argumentación de John Dean, baste poner en relieve su conclusión: «el asunto ha tomado un giro más ominoso con la acción de Bush de consultar y quizá contratar a un abogado particular.

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George Bush rindiendo homenaje a los veteranos de guerra.
Foto White House.

Se ha vuelto más notable, porque ahora Dick Cheney ha contratado también a un abogado, lo que sugiere que ambos pudieron haber sabido más de lo que han dicho. Claramente, la investigación se dirige a una culminación que no dejará de ser interesante».

¿La renuncia y/o despido del director de la CIA tuvo algo que ver con la consulta legal de Bush? Doug Thompson (Capitol Hill Blue, 4 de junio) abunda sobre la conducta errática, los cambios pendulares de humor y el «estado mental» del presidente Bush, lo cual tiene preocupados a sus funcionarios de la Casa Blanca: «Va de recitar la Biblia sin respiro hasta proferir rabietas obscenas contra los medios, los demócratas y otros a quienes cataloga como enemigos del Estado». La Casa Blanca parece como en estado de sitio y el ambiente recuerda los días finales del Watergate nixoniano, mientras Bush «declara a sus allegados que sus decisiones son producto de la voluntad de Dios»(sic).

No es para menos, porque en el delicado asunto de Valerie Plame, donde abundan los tecnicismos, Baby Bush y Dick Cheney, en un descuido legal pueden acabar en el calabozo. Por lo pronto, The New York Times (4 de junio) dio a conocer que Cheney había sido interrogado sobre el «caso Valerie», que involucra a su jefe de gabinete, Lewis Libby, y a sus aliados neoconservadores straussianos dentro de la Casa Blanca. Ni Bush ni Cheney han sido el foco de la investigación que dirige Patrick Fitzgerald, un abogado de Chicago. Cheney se ha rehusado a hacer comentarios al respecto, pero Baby Bush, quien anda más locuaz que de costumbre, no solamente declaró que está dispuesto a cooperar con la investigación sino que admitió también que se trata de «un asunto criminal muy serio».

Pues si Bush consigue salvarse del «asunto Valerie», todavía tiene que saltar otro escollo mayúsculo, en caso de perder la relección, cuando regrese a su rancho Crawford, en Texas. Según Ray McGovern, alto funcionario de la CIA durante un cuarto de siglo, quien fue bastante asediado por los medios críticos en la semana, existe la probabilidad de que Bush enfrente la inculpación por «crímenes de guerra» debido a las torturas en Abu Ghraib (TomPaine.

Common Sense, 1º de junio). En forma sarcástica, Ray McGovern expone que «probablemente el presidente haya leído ahora el memorándum que Alberto González, consejero legal de la Casa Blanca, le envió el 25 de enero de 2002» (es decir, con dos años y cinco meses de posterioridad) -publicado hace un mes en Newsweek, que pone en evidencia que el Código Penal de Estados Unidos de 1996 considera como un crimen castigado con pena de muerte rescindir, ignorar o exentar la Convención de Ginebra sobre «crímenes de guerra».

McGovern, quien no es ningún novato en estas lides, refiere que el presidente debe haberse inquietado por la publicación en Newsweek. Alberto González no eliminó la posibilidad de que una administración diferente pudiera perseguir a Bush por «crímenes de guerra», perspectiva con la que juega astutamente McGovern (¿enviado por Tenet?), quien enfatiza que otros cuatro años son vitales para escamotear un juicio contra Bush -cuando el encargado de derechos humanos de la ONU acaba de afirmar que las torturas en Abu Ghraib constituyen «crímenes de guerra» (The New York Times, 4 de junio)-. «Esta administración pudiera recurrir a métodos extralegales para hacer algo que le asegure a Bush otros cuatro años». Y pone como evidencia la «gratuita declaración de Ashcroft la semana pasada, descoordinado con la CIA, con el Departamento de la Seguridad Interior, cuya amenaza era de que ocurriría un ataque terrorista antes de las elecciones».

La hipótesis de McGovern es prístina: la salida de George Tenet de la CIA se debe a la probabilidad de un ataque terroristamanipulado para relegir a Bush y así salvarlo del juicio de los «crímenes de guerra» en Abu Ghraib que penaliza el Código Penal de Estados Unidos vinculado a la Convención de Ginebra.

Como los que argumentos avanzados por ciertos círculos sobre la salida precipitada de Tenet no suenan muy convincentes: desde la incapacidad de prevención del 11 de septiembre, pasando por la ausencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta las filtraciones sobre el chiíta posmoderno Ahmed Chalabi (un aliado de los neoconservadores straussianos), quien habría transferido información ultrasecreta a la teocracia de los ayatolas de Irán.

Dianne Feinstein, la muy sagaz senadora demócrata por California, coloca la salida de Tenet en el momento y el espacio apropiados: «Estamos a cinco meses de la elección presidencial. Estamos en medio de una alerta mayor en referencia a la anticipación de que pudiera ocurrir otro ataque en nuestro país. Es poco usual que renuncie en este particular momento el jefe de la comunidad de inteligencia» (The Guardian, 4 de junio).

En este contexto diabólico, el centro de pensamiento europeo De Defense (4 de junio) adopta como suya la «hipótesis McGovern» y asienta que sólo cabe saber si la salida de Tenet fue porque «podría interferir», o bien «para lavarse las manos» respecto a los próximos atentados terroristas ya muy cacareados en Estados Unidos, para relegir a cualquier precio a Baby Bush. No se puede esperar nada menos diabólico (¡ya para que se asuste hasta un director de la CIA!) de un presidente quien condensa los intereses plutocráticos de Enron, el Irán-contras y el Grupo Carlyle (aliado de la dinastía Bin Laden).