Pese a las advertencias que de manera temprana le hicimos al señor alcalde de Santiago de Cali, Apolinar Salcedo -en carta fechada el 29 de marzo de 2004- para que no firmara el lesivo convenio preparado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para favorecer a los acreedores de Emcali y perjudicar a los usuarios, el señor alcalde firmó el Convenio y con su acto no sólo condenó a la ciudad a pagar los sobrecostos de esa lesiva imposición que le costará a la comunidad más de $8 billones de pesos, sino que se apartó de la democracia participativa, al negarse a realizar una consulta entre los caleños para que participaran de manera directa en la toma de esa decisión, la más trascendental de la ciudad desde su fundación.

El alcalde Salcedo prefirió colocarse del lado de los acreedores, de los dueños del PPA y de la Superitendencia, en contra de los intereses de la comunidad caleña... (Por su decisión tendremos que) ...soportar por más de veinte años las siguientes onerosas cargas económicas:

 ...incrementos tarifarios constantes, que para el primera año representarán alzas en las tarifas superiores al 60%, impagables por parte de la comunidad y que antes de reducir la deuda de Emcali, la incrementarán en el tiempo hasta su marchitamiento y posterior liquidación...

 ...el pago de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pese a que el gobierno de Uribe, había prometido que esa deuda la asumiría la Nación. Durante veinte años los caleños tendrán que sacar de sus menguados bolsillos, los recursos para pagar una obra que nunca antes se le ha cobrado a ciudad alguna.

 El costoso PPA, negocio de los poderosos para beneficio propio, no será suprimido con el convenio sino convertido en un contrato que amarra a Emcali a la compra de energía a cualquier precio y le significará a los caleños el pago de $54 mil millones de pesos anuales, por una planta que no le sirve y una energía que no consume.

 Sin que haya existido la más mínima consulta ciudadana y de manera impuesta directamente por el Presidente Uribe, los caleños tendrán que destinar el 2%, de lo que pagan en cada factura, al llamado Fondo de Capitalización Social, el cual será manejado no por el gobierno o Emcali sino por una fiduciaria particular. Además, ese 2% representará un desembolso directo de los usuarios de Santiago de Cali y su zona de influencia, por valor de $200 mil millones durante el primer tramo del convenio. Pero lo más grave ...los usuarios no tendrán control sobre sus aportes ni representación en el Comité Ejecutivo del Convenio, hasta tanto algún acreedor se retire y le deje un puesto a los caleños, lo cual no sucederá antes de diez años.

 Con el argumento de que los trabajadores de Emcali eran los responsables de la crisis de la empresa, se les obligó a depositar la convención colectiva vigente, lo cual les significará renunciara a buena parte de sus prestaciones sociales y conquistas laborales, logradas tras prolongadas luchas. Así las cosas, señor Alcalde, serán los usuarios de Santiago de Cali, de los municipios vecinos y los trabajadores los únicos que pondrán en este tramposo juego del "todos ponen", inventado por el presidente Uribe. (...)

De ahora en adelante ni usted, señor alcalde, ni el Concejo Municipal, ni la junta directiva de Emcali tendrán algún poder de decisión sobre la empresa, ...

Lo que ha hecho usted, Alcalde, es culminar el proceso de antigestión que durante cuatro años de intervención realizó la Superintendencia de Servicios Domiciliarios para liquidar a Emcali, que le costó a los caleños la escandalosa cifra de $1.2 billones de pesos y que ahora con este Convenio, significará el mayor sacrificio económico a que se haya sometido ciudad alguna de Colombia.

Como sabemos que usted prefirió ceder a las presiones de los poderosos, del gobierno de Uribe y de los acreedores, colocando los intereses de las minorías por encima del interés general, llamamos a iniciar desde ya, un movimiento democrático y participativo por la defensa ciudadana, contra su decisión, el cual tendrá tres objetivos:

 No aceptar el convenio hasta tanto se consulte al pueblo sobre esa decisión.

 Someter el Convenio a una revisión con la participación de los principales afectados, no sólo con los acreedores y beneficiados.

 Los caleños, están dispuestos a concertar un nuevo acuerdo que reemplace el actual convenio para el salvamento de EMCALI, sin que recaiga en las espaldas de los usuarios. Igualmente, ese acuerdo debe incluir el castigo judicial y moralmente de los que llevaron a Emcali a esta crisis.

(...)

La nuestra es una lucha por el patrimonio público, la autonomía municipal, el Estado Social de Derecho y el futuro de nuestra ciudad y nuestros hijos. La de ustedes es una lucha por la liquidación de Emcali, la pauperización de la ciudad y la entrega de nuestro futuro a un puñado de acreedores. Pero hoy hemos decidido que el futuro lo asumimos nosotros y no se lo hipotecaremos ni a los politiqueros ni a los bancos.