Venezuela: desestabilización financiada

Con el pretexto de impulsar la democracia en América Latina, instituciones estadounidenses de tendencia derechista han estado financiando a grupos latinoamericanos afines a los proyectos del gobierno de Bush, entre los que se cuentan organizaciones anticastristas radicales, grupos conservadores católicos, incluyendo los de corte provida, así como organizaciones empresariales.

Entre esas financiadoras estadounidenses se cuenta la National Endowment for Democracy (NED), o Fondo Nacional para la Democracia, que recibe dinero del Congreso de Estados Unidos y del Departamento de Estado, con los que apoya a organizaciones extranjeras afines a los intereses de Estados Unidos y a otras instituciones, así como el IRI, Instituto Republicano Internacional, vinculado a dicho partido, y que a su vez recibe apoyo del FND.

Dependiendo de las condiciones de cada país, los financiamientos de esas instituciones ligadas a la derecha estadounidense buscan desde apuntalar el triunfo de un partido conservador, como lo hicieron en México, en las elecciones del 2000 al apoyar la supuesta observación electoral realizada por grupos como la Asociación Nacional Cívica Femenina, Ancifem, simpatizante del derechista partido Acción Nacional, hasta promover la desestabilización de gobiernos como los de Fidel Castro o de Hugo Chávez, quien ha denunciado que entre otras la organización opositora Súmate, promotora del referéndum contra su gobierno, es financiada por el gobierno de los Estados Unidos, para lo cual mostró documentos que indican que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aportó 83 mil 400 dólares a esa organización a través del Fondo Nacional para la Democracia, para ser aplicado en el periodo del 12 de septiembre de 2003 al 30 de septiembre de 2004.

Cabe destacar que como muestran las experiencias internacionales y los propios intereses de los beneficiarios del FND y del IRI, sus beneficiarios no buscan en realidad hacer más limpio el juego democrático sino hacer prevalecer a toda costa las opciones derechistas y empresariales en los distintos países, por lo cual es previsible que los grupos antichavistas traten de orquestar un fraude en el referéndum, siguiendo el mismo camino que llevó a Bush a la presidencia. Asimismo, las organizaciones beneficiarias del dinero republicano pueden adoptar un papel tan agresivo y desestabilizador que obliguen a los gobiernos a tomar medidas contra ellas, lo cual a su vez les servirá para presentarse con el ropaje de víctimas de una “tiranía”.

Súmate tiene a Alejandro Plaz Castillo y a María Corina Machado, como presidente y vicepresidente respectivamente, y el proyecto será manejado por Luis Enrique Palacios, Roberto Abdul Gidí, Ricardo Sánchez y Carla Puma de Palacios.

Además de ser directivo de Súmate, Plaz Castillo liderea en América Latina a McKinsey & Company, la empresa contratada para formular el plan de negocios que leva a cabo actualmente Pdvsa.

Por su parte, María Corina Machado es hija de Henrique Machado Zuloaga, propietario de Sivensa, empresa en la cual Corina comparte responsabilidades con el golpista Pedro Carmona. (Miguel Salazar “Las Verdades de Miguel” Semanario Quinto Día No. 372 - 19 de diciembre de 2003).

En abril de 2004 se dio a conocer (www.aporrea.org) que el FND ha beneficiado a otros grupos antichavistas con notoria participación en el golpe de estado de abril del 2002. Entre ellos, además de Súmate, se cuentan CEDICE, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, dirigido por Rocio Guijarra y Primera Justicia, de Leopoldo López y Leopoldo Martínez (quien fue nombrado Ministro de Finanzas del gobierno de facto), grupo que recibe también entrenamiento y apoyo del Instituto Republicano Internacional, IRI.

Asimismo, han recibido apoyo del FND Maxim Ross y Domingo Alberto Rangel, miembros principales del comité de un gran proyecto del Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE, junto con CEDICE llamado "La Conciencia para crear una Agenda Nacional".

CIPE-CEDICE, a los que el FND ha aportado más de 80 mil dólares, colaboran directamente con FEDECAMARAS, la organización empresarial cuyo presidente Pedro Carmona encabezó el golpe contra Chávez.

La Asociación Civil Asamblea de Educación recibió en 2001, 55 mil dólares para “promover la educación democrática”, fondos que en buena medida fueron empleados para financiar marchas y campañas de propaganda contra Chávez. En octubre de 2002, FND le otorgó otros 57 mil dólares que se han usado para reforzar las acciones tendientes a lograr la salida de Chávez del gobierno. El director de la Asamblea de Educación, Leonardo Carvajal, fue nombrado Ministro de Educación por el gobierno golpista y también firmó un documento de Sociedad Civil reconociendo la legitimidad del gobierno de facto el día 12 de abril de 2002. No se sabe en realidad de actividades propiamente educativas de ese grupo, que ha seguido recibiendo dinero del FND durante el año 2003, junto con un salario personal como parte del financiamiento.

El director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión, Oscar García Mendoza, otro beneficiario del FND, fue el autor de dos comunicaciones que no sólo reconocían la legitimidad del gobierno de Carmona, sino también celebraba su llegada al poder. Esta organización continúa recibiendo donaciones del FND que promueve la disidencia también en el sector castrense y policiaco.

Así, la Asociación Comprensión Civil de Venezuela tiene el objetivo de influir a las fuerzas militares para instigar la rebelión. ACCV recibió 57,820 dólares del FND en 2001 y 2002. Por su parte, la Asociación Civil Liderazgo y Visión, que actúa en las filas de la policía de Caracas, recibió del FND 42,207 dólares en septiembre de 2003.

Cabe añadir que en abril de 2002 el Instituto Republicano Internacional emitió una declaración apoyando el golpe de estado contra el presidente Chávez, en la que admiten su posición estratégica como vinculo entre los partidos políticos venezolanos y la sociedad civil para "forjar un nuevo futuro democrático". El IRI recibe unos 300 mil dólares anuales por su trabajo en Venezuela, sino también continúan trabajando directamente con el partido político Primera Justicia.

Obviamente, si grupos como los que se han mencionado fueran verdaderamente partidarios de la democracia no habrían apoyado un golpe de Estado como primera vía para desalojar a Chávez del poder.