Una huelga política y democrática

Durante 36 días de huelga, los trabajadores petroleros, afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), de Colombia, desplegaron toda su fortaleza y creatividad para impedir que Ecopetrol fuera liquidada por la política errática del actual gobierno. Esta resistencia obrera, que tuvo su principal escenario en Barrancabermeja, muy pronto despertó simpatías y solidaridades entre los sectores sociales. Las protestas estudiantiles, los foros realizados en distintas ciudades del país y el paro nacional del 18 de mayo contra el ALCA y el TLC, estuvieron, en gran medida, alentados por el ejemplo de los huelguistas que demostraban que, aún en las situaciones más adversas, es posible levantarse y luchar.

Podríamos afirmar que la mayoría de la población de Barranca se sumó a la huelga. Organizaciones de mujeres, barrios populares, taxistas, pequeños comerciantes, sindicatos y ONG apoyaron esta justa lucha. Esta unidad población-obreros petroleros está enraizada en una ciudad donde la economía gira en torno a la industria del petróleo. La marcha de faroles en Cartagena, las caravanas de solidaridad en Medellín, Bogotá y Bucaramanga con destino al puerto petrolero, la olla comunitaria en Villavicencio y el apoyo de la comunidad en Orito, fueron también manifestaciones de solidaridad. Además, sindicatos de otros países expresaron su solidaridad con mensajes de apoyo y con contribuciones para el sostenimiento de la huelga.

La mediación de la Iglesia permitió que las partes más distantes, una vez iniciada la huelga, llegaran a un acuerdo. Sin embargo, el compromiso de sacerdotes y monjas con las comunidades del puerto petrolero y el apoyo a la huelga generó desconfianza en la Administración de Ecopetrol. La entidad no aceptó la propuesta del sindicato para que la Iglesia nombrara el quinto arbitro del Tribunal de Arbitramento Voluntario Ad-hoc, decisivo en el reintegro de los despedidos.

El movimiento huelguístico propició el debate que se dio en la Comisión Séptima del Senado. Algunos senadores, el Contralor General de la República y los representantes del sindicato presentaron ante la opinión pública los malos negocios que el Gobierno Nacional está realizando con las multinacionales del petróleo. Un claro ejemplo de ello es la pérdida por 87 millones de dólares que tendrá Ecopetrol, al fijar el precio del gas en 0.87 centavos de dólar por el tiempo que dure el contrato, a pesar de que los estándares internacionales nos muestran que la tendencia es que el precio del gas llegará a 1.5 dólares el próximo año. A esto se suman las perdidas por la no explotación directa, al conceder a perpetuidad los pozos de gas en la Guajira, a la Texas-Chevron de Estados Unidos.

La USO caracterizó la huelga como política y democrática. Política porque su motivación principal fue impedir la privatización de la actividad petrolera en Colombia. Aunque también se protestó contra el Laudo Arbitral, que acababa con la estabilidad laboral y aprobaba la contratación con terceros para las actividades propias y permanentes de Ecopetrol. El Laudo, en pocas palabras, le permitía al Gobierno dotarse de las herramientas necesarias para privatizar y liquidar a la empresa y al sindicato.

La huelga fue democrática porque los trabajadores la convocaron, dirigieron y realizaron. Además, el sindicato demostró que los señalamientos que se le han hecho, durante décadas, de ser instrumento de la guerrilla, no tienen nada que ver con la realidad de la USO. A conciencia, los obreros y las comunidades hicieron de la huelga su propia lucha en el terreno de la democracia, una lucha combativa pero pacífica.

Lo que sigue

La huelga en Ecopetrol, realizada entre el 22 de abril y el 27 de mayo, nos deja enseñanzas positivas, logros y sinsabores. La mayor ganancia es el acompañamiento y la solidaridad que expresaron activistas sindicales, sociales y la mayoría del pueblo barranqueño a los cerca de 4.000 trabajadores que participaron en la huelga. Entre tanto, los trabajadores de la justicia, del banano, de la educación y de las Empresas Públicas de Cali encontraron en la huelga un aliento para potenciar sus propias luchas.

En cuanto a la política petrolera se logró: el compromiso del Gobierno Nacional para que "una vez finalizados los contratos de asociación o sus extensiones que hoy en día están vigentes, los bienes muebles e inmuebles así como los derechos sobre la producción se mantengan en cabeza de Ecopetrol S. A."; garantizar la autonomía financiera de la estatal petrolera a través de la gestión que haga el Gobierno con el Ministerio de Hacienda; mantener la operación y el mantenimiento de los campos de La Cira Infantas y Casabe y desarrollar el Plan Maestro de la refinería de Cartagena; y por último, crear una comisión conjunta Gobierno, USO-Ecopetrol S.A. para la elaboración y presentación de un proyecto de Ley de Hidrocarburos en el Congreso de la República.

El cumplimiento de los anteriores acuerdos dependerá de la convocatoria de la USO para que el pueblo colombiano y los sectores nacionalistas lo hagan cumplir. Esto deberá complementarse con el impulso y la aprobación de la Ley Marco de Hidrocarburos, que haga respetar nuestra soberanía y garantice que el petróleo se invierta en el desarrollo social y la paz de Colombia.

Indudablemente, el sinsabor del conflicto USO-Ecopetrol (2002-2004) está marcado por los 260 despedidos, de los cuales 248 se produjeron durante la huelga. Los últimos, serán tratados en el Tribunal de Arbitramento Voluntario Ad-hoc, quien estudiará caso por caso, en un plazo máximo de seis meses. Aunque los despidos son una realidad que siempre están en los cálculos de este tipo de luchas, el sindicato continuará presionando para que la totalidad de estos trabajadores sean reintegrados.

En cuanto a la legalidad de esta huelga, los fallos laborales y los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirman que el Gobierno actuó como juez y parte al declararla ilegal porque Ecopetrol es una empresa del Estado. Además, precisó que las razones dadas por el Gobierno no justifican la ilegalidad de la huelga porque la industria del petróleo no es un servicio esencial y porque no hubo parálisis total en la producción.

Aunque los despidos son un duro golpe a la dirección y a la nueva generación de activistas de la USO, el sindicato todavía tiene la suficiente fuerza para entrar en un periodo de reingeniería política y organizativa, que le permita continuar defendiendo los objetivos planteados en la huelga.

Por último, es importante aclarar que este escrito no pretende hacer un balance total de la huelga. Incluso, los alcances del acuerdo que la dieron por terminada todavía están sujetos a evaluación. Por ahora, nos atrevemos a decir que se libró una lucha justa, lucha que todavía continúa.