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Carlos Rivodó: 27 de febrero de 1989, Avda. Lecuna

El derecho a la información -señala el sociólogo chileno Hugo Osorio- pertenece al área de los Derechos Humanos individuales, subjetivos y sociales, en razón de ello, la información es una necesidad social, una exigencia de los individuos de una colectividad. Sin este derecho, "toda la institución democrática-informativa se desmorona y da paso a la desconfianza y al rumor, que son la degradación de la información"

Igualmente, el derecho a la información ha pasado de ser un bien individual a un bien social, transformando su carácter de derecho humano individual en un derecho político-democrático que se ejerce democráticamente, "colectivamente, ante el estado y por el estado y también, ante otros grupos que puedan interferir el debido goce del mismo y sus derechos" tal como lo afirma el investigador Miguel Rodríguez.

Discusión que apenas comienza

Esta discusión apenas comienza. Está discusión hace que Venezuela esté en el ojo del huracán del mundo (en especial, luego de los sucesos de abril del año 2002) porque esta atañe a todos, en especial en estos tiempos de globalización, al abordar una confrontación esencial y por demás ineludible entre los derechos democráticos básicos y la dictadura mediática.

No contar con la pluralidad de medios divergentes- puntualiza Osorio- que reflejen a toda la sociedad, puede conducir no solo a una visión parcial de lo que ella es, sino también a la posibilidad de "hacer el silencio" y lo que es peor aun, la posibilidad de que, como fruto de una conspiración o no, se "haga el silencio" sobre determinadas cuestiones, tal vez, sobre dimensiones esenciales de la vida humana.

Como verán, la descripción no puede ser mejor de lo que aquí se vivió en abril de 2002 y que tan contundentemente denunciara Andrés Izarra, editor de El Observador, en RCTV, quien renunciara al canal bajo lo que él describió como "extremo estrés emocional" por quererlo obligar a silenciar lo que ocurría en las calles del país. Desde entonces, ha alertado sobre el riesgo que representa para la democracia que los medios decidan abandonar el periodismo, tal como ocurre cotidianamente en Venezuela.

En este país, los medios han dejado de ser mediadores para convertirse en actores, de allí que sea necesario-en aras de la salud mental de la sociedad- revertir esta situación, hacer que los medios de comunicación masivos retomen el papel para el cual fueron creados. La ley de Responsabilidad Civil en radio y televisión, tiene como uno de sus objetivos contribuir a la restitución de ese rol primigenio de los medios y de ello, vamos a hablar en este artículo.

Importancia de estar comunicado

Es en esta atmósfera que cotidianamente vivimos, y a la que, sin embargo, nos resistimos a acostumbrarnos, el tema de la libertad de expresión y su correlato, el derecho a la información, es uno de los más discutidos y más cuestionados por los venezolanos.

Es tal la importancia de tener libertad de expresión y de estar informado, que en el acuerdo firmado en el 2003 por el Gobierno nacional y la oposición, bajo la facilitación de la OEA, Centro Carter y PNUD, uno de los preceptos que quedó por escrito, fue la necesidad de que los medios de comunicación deben "informar a los ciudadanos, sobre opciones políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad".

Por ellos y ante unos medios que han distorsionado su rol en la sociedad venezolana, el canciller Roy Chaderton denunció ante la XXXIII Asamblea General de la OEA realizada en Chile el 9 de junio de 2003, que los medios han usurpado en Venezuela los espacios abandonados por los partidos políticos tradicionales, desplazados del poder por la vía democrática y, en nombre del interés privado, se crea la noticia, se manipula y deforma la información, diseñando una realidad virtual que oculta y censura la realidad real.

En busca del futuro

En el país, toda la reglamentación vigente sobre la responsabilidad y el funcionamiento de la radio y la televisión, se inspira en una ley que data de 1940, cuando en el país no existía aun la televisión y se trata de reglamentos parciales que tratan su objeto de una manera fragmentada, señala el Observatorio de Medios, en su último comunicado del mes de junio de 2003.

Sesenta años después, en el año 2002, Conatel da a conocer a la opinión pública nacional la propuesta del anteproyecto de Ley sobre la "Responsabilidad social en la prestación de los servicios de divulgación audiovisual y sonora". La idea era que el país conociera la propuesta, la discutiera y se involucrara en la redacción final de la misma. La idea es que se ponga a tono el desarrollo de este sector tan importante del país con las nuevas realidades tecnológicas, legales y comunicacionales, adecuadas eso sí, a nuestra realidad y posibilidad.

Luego de un intenso proceso de discusión por toda Venezuela, incluyendo las universidades, se elaboró el proyecto de "Ley sobre la responsabilidad social en radio y televisión" que fue introducida, para una primera discusión en el parlamento nacional, en enero de 2003.

De allí, surgió una nueva versión compuesta por 36 artículos (¡la anterior tenía 150!) que espera por su aprobación definitiva. Uno de los objetivos fundamentales de esta ley es contribuir en la transformación democrática del país y hacer realidad los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela "en especial los relacionados con el ejercicio pleno" del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural.

Adicionalmente, establece una serie de normas dirigidas a garantizar el cumplimiento de estos derechos, democratizando las relaciones entre las personas y los prestadores de servicios de divulgación y sus relacionados, creando espacios para la participación ciudadana, previendo responsabilidades, promoviendo la producción nacional y la producción nacional independiente.

¿Cuál democracia?

¿De cuál democracia habla esta propuesta? Pues de la democracia participativa y protagónica establecida en la Carta Magna, donde la vida humana en todos sus niveles esté basada en valores éticos de convivencia, el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos y el pluralismo político.

Para llevar adelante una democracia de esa naturaleza y la puesta en práctica del derecho a la libre expresión y a la información libre, es necesario la existencia de una red articuladas de un radio y una Televisión pública de carácter no gubernamental, de radios y TV comunitarias alternativas, de radios y TV privada y comercial y de radio y TV del Estado. Esta ley busca ese contribuir con este cometido, con la idea de que el estado, junto con la sociedad "asuma su responsabilidad con la educación para la recepción de los mensajes mediáticos".

Uno de los pivotes fundamentales de esta propuesta de ley es la concepción de que la información, la comunicación y la cultura aunque son esferas diferenciadas, constituyen una unidad independiente. No hay cultura sin comunicación, ni comunicación sin información. En consecuencia, de la calidad de la información, depende en buena medida la calidad de la comunicación, la cultura, el imaginario y los valores de una sociedad.

Un espacio público -agrega el documento- que se base en una información y comunicación sesgada, manipulada y dirigida solamente a garantizar la defensa de los intereses de un sector de la sociedad, cualquiera que ese sector sea, no es una sociedad realmente democrática.

¿ Cuál comunicación?

Y de qué comunicación estamos hablando? Pues de aquella, que como lo sostienen distintas disciplinas, es una dimensión esencial de la vida personal, de la sociedad y de la cultura, la que hace posible una estructura social y es inherente a ella. Por ello, debe quedar claro- puntualizan los investigadores colombianos Doris Reníz y Carlos Delgado-que "no es la sociedad la que crea la comunicación, sino que la comunicación permite poner en común y la puesta en común, genera estructuras de convivencia, las cuales crean la comunidad". Por todas estas razones, la ley de Responsabilidad social busca la participación activa y contralora de la ciudadanía en todo el proceso de producción, distribución, circulación y consumo de mensajes mediáticos. Para hacer realidad esto, la ley prevé la figura del productor independiente nacional y los Comité de usuarios como formas específicas de participación ciudadana.

De igual modo, esta ley prohíbe la censura previa y exige la responsabilidad posterior, como forma de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, puesto que las dos son las caras de una misma moneda. Esto está sustentado no solo en la Constitución Bolivariana, en la Lopna, en la ley de Educación, si no también en el llamado Pacto de San José, suscrito por Venezuela.

Asimismo, desarrolla un Fondo de Responsabilidad que tiene como propósito fundamental, fomentar proyectos en el ámbito de la producción nacional audiovisual, de proyectos pedagógicos y educativos, y de investigación en el área de las comunicaciones. Garantiza a todos los usuarios la obtención de información general y anticipada referente a la programación, lo que permitirá que los padres y representantes seleccionen el tipo de tema que podrá presenciar sus hijos.