Las tareas de inteligencia en Brasil, se remontan a las denominadas «Actividades de Informaciones», dentro del Consejo de Defensa Nacional creado bajo decreto 17.999, el 29 de noviembre de 1927 e integrado por el Presidente de la República y los Ministros de Estado, con el objetivo de «coordinar la producción de conocimientos sobre cuestiones de orden financiero, económico, militar y social, referentes a la seguridad de la Patria».

En 1946 -durante un gobierno democrático- se crea la primera entidad de inteligencia en Brasil: el Servicio Federal de Informaciones (SFI); en un escenario donde la bipolaridad e influencia estadounidense generó servicios secretos funcionales a la «doctrina de seguridad nacional», para enfrentar a la disidencia interna como parte de una lucha contra la expansión internacional del comunismo.

Después el gobierno militar de 1964, formó el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), para emplearlo contra los grupos guerrilleros que habían emergido, sin dejar de usarlo para neutralizar a sus opositores políticos; contexto en el cual se inaugura la Escuela Nacional de Informaciones.

Con el arribo de otra etapa democrática en 1985, se inicia una reestructuración del sistema de inteligencia. En 1990, el SNI dejó de existir formalmente, siendo asumidas sus funciones por las entidades de inteligencia militar para no desamparar a la seguridad nacional.

Nace la Abin

Hasta que en 1992, el cuestionado Presidente Collor de Melo, funda la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Acto seguido, el mandatario Itamar Franco complementaría la SAE con una Subsecretaría de Inteligencia (SSI); posteriormente en 1995, el Presidente Fernando Cardoso impulsa en el Parlamento el proyecto de ley para conformar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

La Abin nace a través de la ley 9.883, en diciembre de 1999 y paralelamente se pone en funcionamiento una comisión bicameral de control, integrada por los presidentes de las mayorías y minorías congresales de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, junto a los presidentes de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas cámaras. Entretanto, la supervisión interior de la Abin, está a cargo de la Secretaría de Control Interno de la Presidencia.

En esencia, la Abin fue instaurada para realizar un trabajo «en defensa de la sociedad, el Estado democrático de Derecho y los intereses nacionales»; desempeñándose como órgano de asesoramiento directo del Presidente de la República, con la misión de planificar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de inteligencia del país. En tal sentido, el Director General de la Abin es designado por el Presidente de la República, previa aprobación del Senado Federal.

La agencia está formada por la dirección ejecutiva de planificación y coordinación; así como los departamentos jurídico, de tecnología, administración, inteligencia, operaciones de inteligencia y de contrainteligencia.

A ellos se suman la Escuela de Inteligencia y 25 agencias regionales. Al mismo tiempo, la Abin absorbe a la unidad técnica que producía inteligencia para la Casa Militar de la Presidencia y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

Durante el año 2000 y con decreto 3.695, el gobierno creó el Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública, compuesto por los Ministros de Justicia e Interior, Hacienda, Defensa e Integración Nacional y el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.

Prosiguiendo las reformas, la Abin se integró al Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (Abin/GSI/PR), dando cuerpo a la central de inteligencia brasilera.

Cabe precisar, que no obstante los sucesivos cambios en los servicios secretos de Brasil, todavía subsiste en ellos una activa presencia e influencia de las Fuerzas Armadas, las cuales siguen constituyendo un importante soporte de los gobiernos democráticos.

En ese marco, durante la gestión del Presidente Cardoso, los responsables de los asuntos de inteligencia fueron altos oficiales militares. Donde desempeñó un rol vital para la creación de la Abin, el general del Ejército en actividad Alberto Cardoso, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República.

Primeras dificultades para la Abin

En noviembre del 2000, varios medios de comunicación revelaron que agentes de la Abin efectuaban tareas de espionaje al Ministro de Salud, José Serra - candidato presidencial que competía con el actual mandatario Lula -, así como al opositor gobernador del Estado de Minas Gerais y ex Presidente Itamar Franco. Aunque la administración Cardoso desmintió las acusaciones, continuó el escepticismo sobre la eficacia e intención del gobierno para controlar a la Abin.

Luego aparecieron denuncias sobre supuestos espionajes de la Abin, contra organizaciones de derechos humanos y ecologistas: un grupo relacionado a Human Rights Watch, Justicia Global y Greenpeace. También la secta del coreano Sun Myung Moon (quien pretendería comprar hasta 400 mil hectáreas de tierras a ambos lados de la frontera brasilera-paraguaya) y el Movimiento de los Sin Tierra (que había reactivado las invasiones).

El clima se enrareció aún más para la Abin, por una indagación del Parlamento sobre la posibilidad de que un grupo de sus agentes que laboraban desde la etapa del gobierno militar, complotaron para espiar al Presidente de la República; tomando forma así, una corriente política que estableció una relación de causalidad, entre una aparente «debacle y perversión general del sistema de inteligencia», con la presencia del citado grupo de agentes y la influencia de la Fuerzas Armadas en dicho sector.

Pero de acuerdo al periodismo de investigación, la interceptación telefónica contra el Presidente Cardoso, no fue iniciativa de antiguos agentes corruptos, sino de una directiva de algunos jefes de la Abin. Luego de pesquisas efectuadas por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, se impulsó un juicio contra dos altos funcionarios y un agente de la Abin.

A raíz de estos sucesos, fue removido de su cargo el Director General de la Abin, coronel Ariel de Cunto y en mayo de 2002, se reguló la carrera de los funcionarios de inteligencia. Requiriendo que el personal de la Abin ingrese mediante concurso público y por traslado desde otros órganos de la administración pública. Los nuevos prospectos pasarían por una rigurosa selección profesional y sicológica, una vez ingresados a la Abin seguirían cursos en la Escuela de Inteligencia.

Igualmente y sin responder a un plan estratégico bien diseñado, se acordó que la planta de la Abin estaría constituida por unos 1.600 analistas de inteligencia de nivel superior y 300 auxiliares de nivel intermedio, quienes trabajarían con los funcionarios experimentados que no fueron despedidos.

Sobre el particular, en la comunidad de inteligencia brasilera existe la impresión de que la cantidad de personal y el presupuesto anual de 42 millones de dólares, asignados a la Abin, son insuficientes para afianzar la seguridad nacional.

No obstante, el Estado Federal brasilero proyectó una política para darle continuidad institucional a su sistema de inteligencia, toda vez que desde fines del año 2000 asumió la Dirección General de la Abin -con ratificación del Senado Federal-, la psicóloga Marisa Del’Isola Diniz, funcionaria que ha trabajado casi 30 años en actividades de inteligencia, habiendo sido responsable -durante siete años- de la oficina de Formación de Recursos Humanos del antiguo SNI (durante el gobierno militar).

Inteligencia durante la administración Lula

Al llegar a la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva, dispuso que el Ministro - Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Jorge Armando Félix y el Ministro Luiz Dulci, de la Secretaria General de la Presidencia, convoquen a la sociedad brasilera para definir una nueva política nacional de inteligencia, «acorde con una plena democracia».

Para tal efecto, se llevaron a cabo reuniones con parlamentarios, empresarios, sindicalistas, artistas, religiosos, magistrados, representantes de universidades y de organizaciones no gubernamentales; dentro de un esquema con rasgos populistas y antimilitaristas, que no permitían avizorar cambios estructurales positivos en el sistema.

Nueva crisis en la inteligencia brasilera

En medio de una agudización de las pugnas con la oposición política y una caída en sus índices de popularidad, el presidente Lula solicitó en junio de 2004, la dimisión de la directora de la Abin y ordenó una «investigación rigurosa» respecto a un supuesto espionaje por parte de funcionarios de dicho organismo, contra el Ministro- Jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, y la alcaldesa de Sao Paulo, Marta Suplicy, militante del gobernante Partido de los Trabajadores.

La gravedad del caso radica, en que dentro de la administración Lula, sospechan que la vigilancia habría tenido la finalidad de proporcionar datos que favorezcan a José Serra, presidente del Partido Social Demócrata, principal fuerza opositora de Brasil, que compite contra el oficialista Partido de los Trabajadores, en las elecciones del año 2004, por la alcaldía de Sao Paulo. Asimismo, para obtener información de José Dirceu (mano derecha de Lula), debilitado por un anterior escándalo de corrupción.

Otro al mando de la Abin

El mandatario Lula eligió como nuevo director de la Abin, a su ex escolta personal y delegado de la Policía Civil de Sao Paulo, Mauro Marcelo Lima e Silva, quien ya venía actuando como su asesor informal. Este funcionario se ganó la confianza de Lula hace doce años, al participar en la solución del secuestro de un compadre y partidario del actual jefe del Estado brasilero.

El nuevo director de la Abin tiene 44 años, se graduó en Justicia Criminal en la Universidad de Virginia (EE.UU.), y se formó en la Academia Nacional del FBI estadounidense; es uno de los dos mayores especialistas brasileros en crímenes cibernéticos y comandó el Sector de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Civil de Sao Paulo.

Involución en la inteligencia nacional

Todo indicaría que el embrionario proceso para que la Abin, sea más eficiente y respetuosa del Estado de Derecho, sufre un abrupto golpe debido a una mezcla de luchas de poder político-partidarias, junto a prejuicios y estigmatizaciones ideológicas.

Lo cierto es que un sector de la clase política y muchos integrantes del gobierno, entre los que se cuentan ministros, ex ministros y altos funcionarios de dependencias públicas (con accidentado y conflictivo pasado izquierdista y sindicalista, al igual que el presidente Lula), sentirían desconfianza de la Abin y de algunos organismos de inteligencia militar, a quienes perciben como fuente de intrigas y espionaje político contra ellos, por sus antecedentes «marxistas, de lucha social y acciones antigobiernistas».

En consecuencia, la defenestración de la directora de la Abin, era cuestión de tiempo, debido al descontento del presidente Lula frente a ella, después que la responsabilizara por no haber «investigado con seriedad» los nexos turbios con casas de juego y otros, del ex subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Casa Civil de Palacio de Gobierno, Waldomiro Diniz, quien renunció en medio de un escándalo, convirtiéndose en el primer caso de corrupción de alguien cercano al mandatario brasilero.

Complicando todavía más la reciente crisis de la inteligencia nacional brasilera, el nuevo Director de la Abin, Lima e Silva, ha reconocido que en dicha institución superviven grupos adversarios: «dos de ellos integrados por miembros del extinto SNI (de la época militar), y otro por los nuevos agentes civiles contratados».

La verdad que omitió decir, es que hay una lucha por el poder al interior de la Abin, entre funcionarios de carrera de la Asociación de Servidores y algunos directivos ubicados en puestos claves por el gobierno de Lula (Departamento de Operaciones de Inteligencia y oficina de Operaciones Especiales, entre otros). Creando un escenario favorable para delaciones, fuga de informaciones sensibles y complots internos o externos.

Reflexión final sobre el caso brasilero

La nueva crisis en los servicios secretos brasileros corrobora una tendencia latinoamericana (repetida en Perú, Argentina,Guatemala y Ecuador), donde a pesar de reformas sucesivas fallidas, luego de cuestionamientos a los sistemas de inteligencia; todavía es necesaria la participación de especialistas en inteligencia e infraestructura de las Fuerzas Armadas, para el diseño y ejecución de estrategias de inteligencia nacional.

Esta situación persistirá, en tanto no se consoliden nuevos cuadros de profesionales e instituciones civiles capaces de conducir transparente y eficazmente este ámbito esencial para la seguridad y desarrollo nacional.

En el caso de Brasil, el predominio de las instituciones castrenses en el sector de inteligencia, no se modificaría sustancialmente, con los recientes o futuros cambios en la Abin, dado los ingentes recursos humanos especializados, medios materiales, económicos y tecnológicos, que poseen los cuerpos de inteligencia militar; mientras siguen las dificultades en los sectores civiles, para estructurar una entidad de inteligencia nacional exenta de manipulaciones políticas y sesgos ideológicos.

Esto se explica además por el prestigio y liderazgo de los institutos militares en el ámbito interno y externo, como resultado de su destacado desempeño en el complejo industrial militar, desarrollo aeroespacial (Sistema de Vigilancia de la Amazonía), control adecuado de potenciales movimientos insurgentes y extensas regiones fronterizas; a la vez que preservan la seguridad ciudadana, cuando son rebasadas las fuerzas policiales.

Jorge Serrano Torres