Implicaciones económicas del acuerdo político en Colombia

Los colombianos sabemos por experiencia que cuando se habla de «grandes reformas» debemos entenderlas como grandes recortes a los derechos económicos fundamentales, en este caso el tema de las pensiones y el de las transferencias de recursos del gobierno central a los entes territoriales, las cuales atienden fundamentalmente los gastos de educación, salud y saneamiento básico, están en medio de la discusión.

Según el contenido de las actas y de los borradores preliminares de las supuestas reformas estructurales dan cuenta que sólo son paños de agua tibia, orientadas a solucionar el grave desequilibrio fiscal y la fuerte dependencia del presupuesto de los recursos de endeudamiento, por cuenta claro está, de los excesivos costos de la deuda y de la estructura de prestación de servicios sociales cuya intermediación financiera le quita ingentes recursos al presupuesto nacional.

La crisis del sistema pensional es una claro ejemplo del tratamiento coyuntural que se le da a los problemas estructurales del país. La desfinanciación del sistema pensional manejado por el Seguro Social, entidad pública que hoy tiene a su cargo las pensiones de una gran proporción de ciudadanos, no se resuelve con las propuestas de «reformas estructurales» porque propone como siempre, el recorte en las pensiones y el aumento de las edades para acceder a las pensiones, a tal punto que el «progresista» Ministro de Hacienda, en días cercanos a la celebración del Día de la Mujer no vaciló en afirmar que el mejor homenaje que podía hacérsele a las mujeres, era igualar sus edades de jubilación con la de los hombres, que eso era en realidad igualdad de género.

Pero cualquier economista con mínimos conocimientos de la estructura pensional del país, llega a la conclusión de que aumentar edades y disminuir beneficios, solo tiene impactos a largo plazo (hacia 2015 o 2020) y que los problemas fiscales del país por cuenta del desbalance financiero del Seguro Social comienzan el próximo año. Lo que hay detrás de estos argumentos es el interés por garantizar mayores rentabilidades a los fondos de pensiones privados, quienes hoy no tienen a su cargo prácticamente ningún jubilado y quienes para el 2015 o 2020 empezarán a pagar pensiones que en las condiciones propuestas, serán por decir lo menos pensiones de miseria.

Pero el verdadero problema del sistema pensional en Colombia no es que acumule deudas a pagar por más de 200 billones de pesos (según cifras del Ministerio de Hacienda) sino que las reservas acumuladas durante años para el pago de las pensiones se volvieron plata de bolsillo de los diversos gobiernos, últimamente bajo la forma de inversiones forzosas el Seguro Social colocó gran parte de sus utilidades en Títulos de Tesorería (TES), deuda emitida para apalancar el presupuesto del gobierno nacional, es decir, que lo que realmente desbalancea el sistema de pensiones en Colombia es el mismo gobierno nacional, al utilizar miles de maniobras para no pagar esos TES suscritos de manera obligatoria por el Seguro Social. Sin embargo, para culpar a alguien del descalabro se acusa a los 200.000 funcionarios públicos con pensiones «privilegiadas» que se han convertido en chivos expiatorios de este proceso de reformas.

Pero las soluciones a medias no paran ahí, la reforma a la estructura de las transferencias contemplada en el acuerdo, es otro de los ejes que busca recortar el gasto público. Dichas transferencias ya habían sido recortadas en el Acto Legislativo 01 del año 2000, cambiando las condiciones establecidas en la Constitución para liquidar los aportes del gobierno nacional a las regiones, los cuales se dirigen a atender las necesidades de salud y educación. El recorte implica que las condiciones de vida de la población empeorarán, en un país cuyos niveles de cobertura en salud por ejemplo, solo llegan al 50% de la población y con una tasa de escolaridad que desde hace tiempo permanece estancada.

Además, el acuerdo se ha planteado la «indeclinable necesidad de una reforma a la estructura tributaria de la nación, en todos sus niveles» [1], lo que traducido al buen castellano es una nueva reforma tributaria nacional a la que se le une una de orden territorial, es decir, que lo que nos espera es un aumento de la carga tributaria global. Al respecto cabe anotar que tales reformas se anuncian como «reformas estructurales», que buscan ordenar en un horizonte de varios años la estructura tributaria del país. Sin embargo, vale preguntarse si tales reformas estructurales están en la vía de recobrar el sentido progresivo de la tributación o se dedicarán a la ampliación de los impuestos indirectos que afectan a las clases más pobres del país.

Por lo visto hasta ahora en las discusiones del acuerdo político, será esta última vía la utilizada, y por lo que conocemos de la política del gobierno en la materia, el esfuerzo se concentrará en ampliar la base del IVA, a la vez que elimina en la medida de lo posible cualquier carga sobre el capital al cual hay que privilegiar «para impulsar el crecimiento, el empleo y el bienestar de la nación» [2]. A pesar de la oposición de la mayor parte de los grupos políticos implicados en el acuerdo a esta propuesta, es de prever que en últimas cedan bajo la misma estrategia de clientelismo que ha usado el presidente Uribe para promover el proyecto de reelección.

El Gobierno podría acertar en el diseño de un sistema presupuestal que permita un manejo más integral de las variables fiscales y que responda a los retos institucionales que se le plantean a la política fiscal, pero desafortunadamente en uno de los proyectos con más trabajo, discutido desde hace más de tres años en varios espacios académicos y políticos como es el proyecto de Ley Orgánica del Presupuesto, el Gobierno da pasos hacia atrás insistiendo en un control no democrático del proceso presupuestal, implantando un régimen ejecutivo para el diseño, discusión y aprobación del presupuesto nacional, es decir, una verdadera dictadura fiscal, cuyas restricciones están dadas por los acuerdos y metas pactados con el FMI y no por las necesidades de la población.

Pobreza, marginalidad y exclusión es lo único que se puede esperar de tales «reformas estructurales», cuya intención es la de estructurar un régimen de desigualdades que hoy ya es insoportable en Colombia y está sin duda alguna en la base del conflicto social y armado que enfrenta hoy la nación.