Estos dos problemas, que en apariencia signan el futuro de la reforma constitucional que permitiría introducir la figura de la reelección presidencial, difuminan la cortina de humo y evidencian un tema mucho más de fondo: la crisis del sistema presidencialista y de los partidos políticos.

Desde distintas voces, con excepción del “bloque político uribista”, los partidos han empezado a reconocer la grave crisis del presidencialismo en Colombia -al igual que en los países de América Latina- y han propuesto iniciar el debate sobre la posibilidad de hacer una transformación de las instituciones políticas a gran escala, que liquide este sistema que se agota a pasos agigantados, y procure transitar hacia sistemas semi-presidenciales o parlamentarios.

Los argumentos a favor de esa propuesta, la cual es acogida por la mayoría de los movimientos sociales y de izquierda, y por los grupos políticos de visión progresista, se centran en impulsar un proceso para fortalecer los partidos, consolidar un sistema gobierno-oposición y transformar el Congreso de la República en un ente determinante de la política nacional y no en una instancia de confirmación de la voluntad del gobernante de turno.

A su vez, los argumentos en contra, esgrimidos por el “bloque político uribista”, se enfocan en la no conveniencia de esta reforma de las instituciones por dos razones:

En primer lugar, el sistema presidencialista se encontraría en colapso por causa de la larga historia de malos presidentes que ha tenido el país, lo cual quedaría superado gracias al, según ellos, excelente mandato de Uribe Vélez, hecho que requiere la reelección presidencial inmediata. El argumento demuestra la conveniencia política de un grupo fiel a un mandatario determinado, y no a una acción política partidista, ni a una visión determinada del futuro de las instituciones democráticas.

Y en segundo término, sugiere la inconveniencia del cambio porque lo que resultaría urgente sería el fortalecimiento de los efectos de la Reforma Política, donde se refuerza el sistema presidencialista mediante variaciones en cuanto a la forma de acceder al poder político y a la eliminación sistemática de los grupos y partidos políticos minoritarios -los partidos políticos obtendrán personería jurídica con una votación no inferior al dos por ciento de los votos emitidos en elecciones al Congreso y las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas-.

En la práctica, la transformación institucional introducida por la Reforma Política está diseñada para regresar a un sistema bipartidista con participación conjunta en las decisiones de gobierno y en la eliminación de la oposición para plantear otra nueva que en apariencia se da entre partidos contrarios que persiguen la distribución del poder burocrático. Lo anterior pretende solidificar una sola doctrina en el ejercicio del poder político, que aunque debería llamarse autoritarismo, en la actualidad se llama Uribismo.

La paradoja en estos discursos se da con el “bloque político uribista”, cuando dicen que es importante poseer un sistema de partidos políticos fuertes, pero el discurso es contradictorio porque ellos ni siquiera lo tienen. Es un grupo que predica la “doctrina” del presidente Uribe sin partido político.

Este grupo se distingue por mimetizarse en las filas de los partidos políticos tradicionales, colocándose el ropaje de la obediencia partidista, mientras desarrollan su labor de enlace y doble juego con respecto a la imposición de los intereses y mandatos de Uribe Vélez, acciones que desarrollan sin dificultades porque no están sujetos a ningún tipo de control y coordinación, ni han desarrollado un proceso ideológico interno que los comprometa con determinados discursos.

El “bloque político uribista” actúa sobre el principio de obediencia, lo cual se parece a una monarquía absolutista y evidencia patéticamente el estado de cosas crítico en el cual se encuentra nuestro sistema de partidos, sobretodo teniendo en cuenta, que esa obediencia no surge necesariamente de una empatía total con un discurso político específico, o por una verdadera identidad como fuerza política, sino que por el contrario, se da desde la más deplorable de las prácticas políticas partidistas, como lo es la de la corrupción.

¿Cuál acuerdo político?

En los últimos días se ha hablado mucho del acuerdo político en cuanto al respaldo de los partidos a la propuesta de reelección presidencial. Sin embargo, no debería llamarse acuerdo porque en apariencia pretende generar un efecto de tranquilidad para recuperar la legitimidad perdida, luego del rotundo fracaso del “referendo uribista”.

Así mismo, el “acuerdo” pretende conseguir un respaldo oficial de los directorios de los partidos -mediante el lobby que adelantan los infiltrados del “bloque político uribista”-, para tratar de armar un consenso que ratifique las medidas regresivas del Gobierno y la reelección presidencial inmediata. Además, a pesar de no ser publicitada, está en trámite la eliminación de la carrera administrativa como forma de acceder a los cargos del Estado, situación que limitaría la transparencia en la asignación de dichos cargos y permitiría cuidar las prebendas y cuotas burocráticas de la corrupción política. Y como si fuera poco, está la propuesta de bajar el monto de la cotización de las pensiones -de uno a medio salario mínimo mensual-, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, afectando a la población más pobre del país.

La estrategia usada por el Gobierno para lograr el consenso en torno al acuerdo político, se plantea desde dos opciones: otorgando nuevas cuotas burocráticas y amenazando la independencia de los partidos por medio del señalamiento público al tratarlos como “enemigos del país”.

La primera opción quedó en evidencia con el Partido Conservador porque decidió respaldar la propuesta de reelección presidencial inmediata, o mejor, la reforma constitucional para reelegir a Uribe, a cambio de designar a un miembro de su partido como su fórmula vicepresidencial.

Por lo tanto, este proceso que se planteaba tan sencillo y unánime por parte de la derecha y de los amigos del Presidente, y que a la vez se erige como una amenaza latente para la democracia colombiana, terminó por convertirse en un medidor exacto de la realidad en las relaciones, intenciones y visiones políticas del país.

Hay que estar muy atentos con la evolución de los acuerdos partidistas. Cada movimiento dado en el ajedrez del poder, en lugar de plantear una estrategia secreta que los mantenga en el poder político, devela dramáticamente sus intenciones, realidades y debilidades.

Los liberales

Votan contra el carácter inmediato de la reelección, es decir, votan contra Uribe porque él es el primer desertor del Partido capaz de llegar a la presidencia sin su respaldo, lo cual puede entenderse como una afrenta a esta colectividad. Sin embargo, están de acuerdo con la reelección presidencial no inmediata, hecho que permitiría lanzar las candidaturas de Ernesto Samper o César Gaviria.

A pesar de que la propuesta de adoptar un sistema parlamentario para Colombia es favorable para la construcción de una democracia más consecuente con el Estado Social de Derecho, se aprecia el interés que tiene el Partido por cobrar la afrenta uribista y regresar a la Casa de Nariño con habilidad.

Por último, la amenaza de expulsión de quienes respalden la reelección en el Congreso es utilizada como estrategia para mantener la unión del partido, pero terminará mostrando su debilidad interna, la cual se ha hecho evidente desde las anteriores elecciones presidenciales. Además, sucederá lo mismo con el “bloque político uribista”, lo que los obligará a perdonarlos en el futuro o generará la mayor deserción política del partido en toda su historia.

Apoyo y oposición

En esta dinámica de los partidos tradicionales de la política colombiana se atacan los malos mandatos presidenciales del pasado como fundamento de la crisis actual, y como propuesta de salvación del país, pero después se presentan los mismos sujetos que se critican, como los próximos a estrenar el sistema de reelección.

En la otra esquina del panorama político la respuesta es radical. Para la izquierda, la reelección es una propuesta absolutamente inviable, es el resultado culminante de las reformas del Estado dirigidas hacia la consolidación de una “derechización de la sociedad” y la liquidación de gran parte de las instituciones democráticas, y obviamente, de la cláusula constitucional del Estado Social de Derecho.

En medio del debate, la izquierda ejerce una oposición férrea, pero aún minoritaria, representada en las bancadas parlamentarias de Alternativa Democrática y del Polo Democrático Independiente. Sin embargo, esta oposición se está fortaleciendo a través de nuevos líderes, el respaldo popular creciente, la generación de organización política local desde diferentes ámbitos y las recientes conquistas en Bogotá y Valle del Cauca, lo cual se ve alimentado por la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales por sus prácticas clientelistas.

Por lo anterior, la izquierda se consolida día a día, como una opción de poder que trasciende los acuerdos políticos y más cercano a golpear la confianza uribista en su triunfo de las próximas elecciones presidenciales.

Leonel Mauricio Peña S.