Hay dos puertas en la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja. Una de ellas es la puerta principal y otra que los obreros llaman la de privatización. El 22 de Abril, a las 9:40 de la mañana 2.500 obreros decidieron salir por la puerta principal y participar en la huelga aprobada por la Asamblea de afiliados de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de los trabajadores del petróleo en Colombia. Así mismo, se vincularon al movimiento huelguístico los trabajadores de la refinería de Cartagena y de los campos de producción ubicados en Apiay, Cazabe, El Centro, Orito, Sabana de Torres, Tibú y la oficina principal de la estatal petrolera en Bogotá.

En total son 4.000 obreros que participan en la huelga. La resistencia de ellos, sumada a la de otros sectores nacionalistas podrían evitar la privatización de Ecopetrol. Pero, hay algunos afiliados que decidieron entrar por la puerta de la privatización al formar parte del “plan de contingencia”, los cuales son conocidos como «patevacas» o esquiroles.

Sin embargo, distintos sectores de la sociedad apoyan la huelga en Barrancabermeja. Se destaca la solidaridad de los sectores populares, quienes históricamente han acompañado las luchas de los petroleros, y la significativa colaboración de la Iglesia católica, quien ha facilitado escenarios para el diálogo entre las partes y ha reafirmado su apoyo a través de varios pronunciamientos públicos. De igual manera, en otras ciudades del país se han realizado otras acciones solidarias por parte de movimientos sociales, parlamentarios, centrales sindicales, ONG de derechos humanos e iniciativas de paz.

Ecopetrol, una empresa rentable

Creada en 1951, como resultado de la huelga de 1948, Ecopetrol sigue siendo la empresa estatal que más ingresos aporta a las finanzas de Colombia. Con sus 727 millones de barriles de petróleo en reservas directas, con una producción diaria de 400 mil barriles, directamente y con empresas asociadas, en el 2003 sus ventas alcanzaron los 12.5 billones de pesos. Aporta el 29% del total de los ingresos corrientes de la nación, transfirió al fisco nacional más de 5 billones de pesos y obtuvo utilidades por 1.3 billones de pesos.

Ecopetrol y la USO están íntimamente ligadas a la cultura, a la vida social y a la economía de varias de las regiones donde opera, por ejemplo, en Barrancabermeja Ecopetrol aporta el 53% de su presupuesto.

¿Por qué una huelga?

Esta novena huelga petrolera se empezó a cocinar con la presentación del pliego de peticiones presentado por la USO a finales de Noviembre de 2002. La empresa presentó un contrapliego y concluyó en un Laudo Arbitral, terminando con los derechos más importantes de los trabajadores de Ecopetrol. Pero, la principal motivación para decretar la huelga se produjo en Junio de 2003, cuando el Gobierno nacional expidió el Decreto 1760, el cual divide a la actual Ecopetrol en tres empresas distintas:

La Agencia Nacional de Hidrocarburos se encargará de «la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación», es decir del manejo de las reservas y de los contratos petroleros. Según el Gobierno esta no empleará a más de 100 trabajadores, cuyo régimen salarial y prestacional se regirá por lo estipulado en la ley y no en los acuerdos convencionales del sindicato.

Dicha reestructuración deja en manos de las multinacionales todas las partes del negocio del petróleo en Colombia, disminuyendo sustancialmente las regalías. Además, entrega a las multinacionales los estudios geológicos de las cuencas sedimentarias, cuyo conocimiento tuvo altos costos para Ecopetrol y que hoy, prácticamente, entregará a esas empresas, sin ningún beneficio para el país.

Esta nueva empresa inició su gestión con la extensión de varios contratos de asociación. Entre ellos, los del gas de la Guajira a la Chevron-Texaco y el yacimiento de Las Monas en Sabana de Torres y el de Caño Limón a la Occidental. Además, pretenden prorrogar los contratos de asociación de Cupiagua y Cusiana. El contrato con Chevron-Texaco le dejará pérdidas al país por 87 millones de dólares y el contrato con la Occidental del yacimiento de Caño Limón, hasta su agotamiento, privará al país de recursos para su desarrollo.

La USO, algunos parlamentarios y distintos conocedores del tema han afirmado que lo mejor para el país es que los contratos de asociación reviertan a la nación y sean administrados por Ecopetrol directamente. Aunque no se desconoce la importancia de la inversión extranjera, la USO solicita que esta se realice en mejores condiciones para los intereses nacionales.

La segunda empresa es ECOPETROL S.A., entidad pública por acciones que asumirá la «exploración, explotación, refinación, distribución, almacenamiento, comercialización y transporte» de los hidrocarburos. En esta empresa están concentrados la mayoría de los trabajadores de Ecopetrol, Empresa Industrial y Comercial del Estado, ahora en vía de privatización.

Por último, la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A., que dirigirá la «participación en inversión de compras, cuyo objeto social se relacione con actividades del sector energético o con actividades similares, conexas o complementarias».

Con la división de Ecopetrol se inicia un proceso de debilitamiento de la entidad como empresa del Estado. Actualmente, están suspendidos los planes de modernización, no se invierte en el mejoramiento de las refinerías y en los campos de producción, y los poliductos se arriendan a las empresas privadas distribuidoras de combustibles. Además, se están realizando contactos con empresas extranjeras para vender los campos de producción de El Centro, Casabe, Cantagallo y Provincia, Apiay y Putumayo. Seguramente, en pocos años, Ecopetrol S.A., entrará en un período de “crisis económica” y tendrá que ser “vendida” a las multinacionales del petróleo.

La huelga es justa

En lo corrido de este conflicto, la administración de Ecopetrol ha violado los derechos laborales y convencionales de los trabajadores. Además, continúan las detenciones y las amenazas contra los afiliados de la USO con el fin de debilitar al sindicato y viabilizar las políticas del gobierno. Un ejemplo de ello es la aplicación del programa mobbing, el cual tiene como objetivo minar la resistencia de los trabajadores, aplicando métodos que los afectan sicológicamente. Se suma a lo anterior, el hecho de que, en varias oportunidades, se ha impedido el acceso de todos los trabajadores sindicalizados y de sus dirigentes sindicales a las instalaciones de la empresa. Es el caso de la refinería de Barrancabermeja, donde a aproximadamente 3000 trabajadores no se les ha permitido ejercer sus labores.

Es importante resaltar que durante quince meses el sindicato tuvo la voluntad política para negociar el pliego de peticiones con la administración de Ecopetrol, incluso estuvo dispuesto a flexibilizar sus demandas a cambio de fortalecer la empresa y perder algunas de sus conquistas sociales. Pese a la facilitación de distintas personalidades de la vida pública nacional y de la Iglesia católica, el Gobierno nacional no cedió en sus pretensiones de acelerar la privatización de la estatal petrolera. El autoritarismo y la soberbia de quienes gobiernan el país, llevaron a que los afiliados a la USO declararan la HORA CERO.

Los resultados negativos que ha tenido para la economía y para el desarrollo del país la política privatizadora iniciada a finales de la década de 1980 son evidentes. Por lo tanto, es legítimo defender una de las últimas empresas que queda por privatizar en Colombia.

Otro aspecto a tener en cuenta es el interés del gobierno de Estados Unidos y de sus empresas petroleras para apropiarse de las grandes o pequeñas reservas de petróleo que existen en el mundo con el propósito de aliviar un poco la crisis energética. Es de anotar que el país no es un gran productor de petróleo.

Los propósitos

No es una huelga por defender intereses o “privilegios” particulares. Es una huelga que defiende el bien público de los colombianos y que respeta la soberanía nacional. Por lo anterior, la USO la ha llamado una huelga política y democrática, la cual tiene como objetivos:

1. Derogar el Decreto 1760 que divide la empresa, da vía libre para la firma de contratos desventajosos para el país e inicia la privatización de Ecopetrol.

2. Respeto del derecho a la negociación colectiva y la estabilidad laboral de los trabajadores. Para que esto se cumpla es indispensable derogar el Laudo Arbitral.

3. Defensa de la organización sindical, cesando con el asesinato y judicialización de dirigentes sindicales, el reintegro de los despedidos y el respeto del libre ejercicio de la actividad sindical.

Finalmente, la USO ha manifestado que mantendrá el movimiento, con el apoyo de distintos sectores de la sociedad, hasta tanto el Gobierno no se disponga a negociar los anteriores objetivos. Pese a que el Ministerio de Protección Social declaró ilegal la huelga e inició los tramites legales para despedir a los trabajadores que participan en el cese de actividades.

Nelson Berrío Reyes