El 20 de abril de 2004, en Madrid (España), Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su informe Colombia. Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca [1] Después de un análisis detallado sobre los intereses de los actores armados y no armados con algún grado de poder en Arauca, dada la importancia del departamento, Amnistía Internacional presenta en su nuevo informe un balance de la política gubernamental implementada en esta región del país.

En opinión del comandante de la Brigada XVIII, general Gustavo Matamoros, el informe no pasa de ser «el mismo refrito de siempre de todos los organismos internacionales». Por su parte, el vicepresidente Francisco Santos manifestó que con AI tiene grandes divergencias conceptuales, pues «ellos llaman a las FARC grupo de oposición armada, lo cual es una equivocación total».

Cuatro asuntos centrales del informe

En primer lugar, AI advierte que debido a «su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al hecho que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han considerado que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de ello, la zona se ha visto fuertemente militarizada». De tal forma, la «violencia política en Arauca aumentó significativamente tras el descubrimiento de petróleo a mediados de la década de 1980» y se expresa, hoy, como una lucha por el dominio territorial entre guerrillas y paramilitares.

En segundo lugar, AI destaca «la dimensión internacional del conflicto en Arauca. No puede pasarse por alto la dimensión internacional. A causa de los intereses de empresas petroleras estadounidenses y, en menor medida, de otras empresas petroleras extranjeras en el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado especial atención a la región y ha destinado a ella importantes recursos militares, incluidos “asesores militares”». Además de señalar que el Gobierno estadounidense y la empresa Occidental Petroleum han financiado a la Brigada XVIII del Ejército Nacional de Colombia, Amnistía Internacional sostiene que el Gobierno de Estados Unidos «ha dedicado recursos considerables a proteger el oleoducto», mientras que la «industria petrolera ha proporcionado a las fuerzas de seguridad más de una década de ingresos sustanciales».

En tercer lugar, AI somete a examen la respuesta que la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez ha dado a la dinámica del conflicto en Arauca. De una parte, define al departamento como «campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el gobierno en 2002».

De otra parte, el análisis detallado de los hechos recientes y de las medidas específicas que el Gobierno ha adoptado en el departamento, conduce a AI a afirmar que las «medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para restaurar el orden en Arauca sino sólo para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario». El balance que presenta AI de la situación actual es preocupante:

«Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil, especialmente contra las autoridades y funcionarios locales».

En cuarto lugar, AI desentraña el significado de las políticas gubernamentales y las políticas de otros entes estatales. Sostiene que «la intensificación de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas» se revela justamente en las principales medidas tomadas por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en la región (la declaración de Arauca como zona de rehabilitación y consolidación, y la práctica recurrente de detenciones arbitrarias), así como en el papel desempeñado por la llamada Estructura de Apoyo, conformada por funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría, que es financiada parcialmente por la Occidental Petroleum. Según esa organización internacional, tal estrategia está «destinada no sólo a combatir a la guerrilla sino también a silenciar a quienes defienden los derechos socioeconómicos -incluidos los sectores que ’obstaculizan’ las exploraciones petroleras-, y a obligar a los civiles a abandonar las tierras que son importantes para la industria petrolera y para otros intereses económicos, garantizando al mismo tiempo que no se filtra información sobre lo que está sucediendo en la región».

Las recomendaciones de AI

AI finaliza su informe con 28 recomendaciones dirigidas al Gobierno de Colombia (6), a la comunidad internacional (4), al Gobierno de los Estados Unidos (3), a los grupos armados de oposición (4) y a las empresas Occidental Petroleum, Repsol-YPF y otras firmas petroleras (11). Entre todas las recomendaciones, llaman la atención aquellas relacionadas con las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y algunas de las recomendaciones dirigidas a las empresas petroleras.

De una parte, AI solicita al Gobierno de Colombia que «ponga fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a cabo por los defensores de los derechos humanos, los activistas a favor de la paz y los sindicalistas». Así mismo, al Gobierno de Estados Unidos le pide «que haga en Colombia declaraciones públicas en las que reconozca la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos».

Por otro lado, AI pide a las empresas petroleras que operan en Arauca que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas. De igual forma, solicita a la Occidental Petroleum que de cumplimiento a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. De las 11 recomendaciones que AI dirige a las empresas petroleras que operan en Arauca, especialmente la Occidental Petroleum y la Repsol-YPF, algunas resultan notablemente significativas:

1. La solicitud de retirar «cualquier apoyo que puedan estar prestando a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General e [insistir] en su desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia y de manera independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una investigación criminal por la Estructura de Apoyo».

2. La solicitud de pedir «a las autoridades colombianas que inicien una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra agentes de la seguridad privada. Las empresas deben comunicar a las autoridades colombianas que los funcionarios implicados en violaciones cometidas en el pasado no actuarán en las zonas donde ellas operan».

3. Las solicitudes de verificar el historial en materia de derechos humanos del personal que aspira a ser contratado en cargos relacionados con funciones de seguridad; aplicar «las políticas que prohíben tanto la contratación de individuos como la colaboración con unidades de la s fuerzas de seguridad del Estado o la contratación de empresas de seguridad sobre las que se sepa de su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario»; e «insistir en que las firmas de seguridad privada cuyos servicios contratan no estén integradas en redes de inteligencia de civiles».

4. La solicitud de asegurarse «de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean requeridas a fin de garantizar su cumplimiento».

Bogotá, 28 de abril de 2004

[1] El informe de Amnistía Internacional se denomina Colombia. Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca. El texto íntegro puede ser consultado en el sitio virtual http://web.amnesty.org/library/print/ESLAMR230042004. El comunicado de prensa que Amnistía Internacional produjo, a propósito del lanzamiento público, se puede consultar en el sitio virtual http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042004-h.