Desde 1985 han sido desplazadas más de 3 millones 100 mil personas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes-. Desplazados que, en su gran mayoría, carecen de las mínimas condiciones para vivir dignamente. Mientras tanto, el Estado desconoce sus derechos al aplicar políticas asistencialistas que no satisfacen sus necesidades básicas.

Esa incapacidad del Estado para atender a la población desplazada fue puesta en evidencia por la Corte Constitucional, en su reciente sentencia T- 025 de 2004. Así mismo, exige al gobierno colombiano decisiones políticas para garantizar el mínimo de protección a los derechos humanos de los desplazados y la participación de sus organizaciones en el rediseño e implementación de la política pública.

En este sentido, la Coordinación Nacional de Desplazados -CND- en su IV Asamblea Nacional declaró públicamente, el pasado 22 de marzo en Bogotá, su interés y motivación para hacer uso del fallo de la Corte Constitucional. Además, los 80 delegados, representantes de casi 100 organizaciones de todo el país reafirmaron su compromiso para fortalecer el proceso organizativo, político y de convergencia de la CND, creado a mediados de febrero de 2000. Un poco de historia.

Con el fin de visibilizar la problemática del desplazamiento y articular los esfuerzos de las diferentes organizaciones de desplazados para construir una propuesta colectiva de coordinación y movilización social, organizaciones que trabajan con desplazados, entre ellas Afrodes, Anuc-ur y Andas impulsaron la creación de la CND el 16 de febrero de 2000. Rigoberto Jiménez del Comité Operativo de la CND la define como «un espacio de convergencia para la construcción de agendas comunes con otras organizaciones. Es un espacio para la movilización, la acción y la unidad que permite establecer alianzas con movimientos campesinos, sindicales e indígenas para presentar al Estado una reforma integral agraria de los territorios».

Ahora bien, para posicionar las propuestas de los desplazados se requiere construir un escenario de interlocución fuerte con el Estado. Alfonso Castillo, quien también hace parte del Comité Operativo afirma que, «es necesario convertirnos en un espacio donde el Estado tenga en cuenta nuestras opiniones para que haya coordinación en las políticas y en los programas, hecho que se traduciría en soluciones reales y duraderas».

Aproximadamente 100 organizaciones regionales y locales conforman la CND procedentes de: Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Calí, Popayán, Neiva, Medellín, Quibdó, Bogotá, Sur de Bolívar y Eje Cafetero. Su estructura organizativa está compuesta por la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional -conformada por 26 personas de diferentes departamentos- y el Comité Operativo -compuesto por siete miembros-. La CND recibe el apoyo económico de organizaciones y agencias como Consejería en Proyectos, Pastoral Social y Consejo Mundial de Iglesias. Además, el proceso es acompañado, en sus apuestas políticas, por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA- y el Consejo Nacional Campesino, entre otros actores.

Experiencias para contar

«Todavía somos un proceso en construcción. Un proceso en continuo crecimiento con momentos de caída. Pero, intentamos posicionarnos. Creemos que las movilizaciones nacionales han permitido llegar con nuestro pliego de peticiones a diferentes lugares. La instauración de la Mesa Nacional, el año pasado, fue un intento por participar con más fuerza en los diferentes escenarios políticos y estatales, logrando más proyección nacional e internacional». De esta manera, Alfonso Castillo sintetiza la experiencia de la CND.

El proceso de la CND tomó otro rumbo en el año 2001, tras una crisis debida a los protagonismos e intereses particulares de algunos de sus participantes, razón por la cual se desintegró la comisión nacional, aunque se mantuvo la dinámica regional, según lo afirmó Amaury Moguea del Comité Operativo de la CND. En febrero de 2002 se retomó la Coordinación Nacional, pero sólo hasta septiembre del mismo año, fecha en la que se realizó el segundo Encuentro Nacional de Desplazados y se consolidó su apuesta política y organizativa.

En marzo de 2003 se creó la Mesa Nacional con el propósito no sólo de articular las organizaciones de desplazados, sino también de propiciar un espacio de interlocución con el gobierno nacional. Esa interlocución permitió la discusión, en el Congreso de la República, del Plan de Desarrollo de este gobierno. Además, se lograron otros acercamientos con la Red de Solidaridad Social, la Vicepresidencia de la República, el Banco Agrario y FINAGRO. A pesar de estos avances, la CND se retiro de la Mesa Nacional por decisión de su última Asamblea Nacional.

El proceso organizativo avanza a pesar de las políticas de seguridad democrática del Gobierno, las cuales «no ha contribuido a resolver el problema del desplazamiento forzado en Colombia. Por el contrario, genera condiciones que agravan, expanden y prolongan la crisis humanitaria en el país», así lo afirma Codhes en su reciente informe -Abril de 2004-. Así mismo, la carencia de recursos limitan el fortalecimiento de la CND.

A pesar de lo anterior, la CND no ha dado marcha atrás. Entre sus logros más significativos, Daniel Manrique, Investigador de ILSA, puntualiza: la conformación de un espacio nacional propicia el encuentro de múltiples organizaciones de desplazados de todo el país; la presencia regional de la CND ha permitido una articulación con diferentes zonas del país y el conocimiento inmediato de problemáticas locales, elemento vital a la hora de construir un movimiento nacional; el reconocimiento abierto a nivel nacional e internacional por parte de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales; y la concientización que sus miembros tienen sobre su rol político en la actual coyuntura nacional.

Alfonso Castillo, destaca la participación de las mujeres en esos procesos. «De 100 delegados, el 45% son mujeres con compromiso y poder de decisión. Estamos trabajando para que las mujeres sean protagonistas en el proceso de convergencia».

Retos y compromisos Aunque son importantes los resultados que ha alcanzado la CND en su apuesta programática, todavía le apuestan a un mayor compromiso por parte de sus miembros y a lograr una respuesta definitiva del Estado dirigida a establecer una mesa de concertación con el Gobierno. Entre sus propósitos se encuentran los de constituir un Observatorio Internacional de Desplazamiento Forzado, diseñar mecanismos para evaluar los alcances de la ley 387, construir un Catastro Alternativo de bienes inmuebles que dé del estado de sus tierras y promover un Tribunal Internacional de Opinión sobre verdad, justicia y reparación en materia de desplazamiento forzado en Colombia.

La sentencia Nº T-025 de 2004 de la Corte Constitucional llama la atención sobre la indispensable participación y las posibilidades de incidencia que las organizaciones de desplazados tienen en el diseño de políticas públicas para atender el desplazamiento forzado, como quiera que exige a las autoridades incorporar en los planes de desarrollo regionales y nacionales estrategias para atender a la población desplazada. Al mismo tiempo, dota a los desplazados y a sus organizaciones de herramientas visibles para la exigibilidad de sus derechos.

Las posibilidades están abiertas para que la CND aproveche los instrumentos políticos y legales que les brinda la Sentencia de la Corte. Daniel Manrique advierte que «las posibilidades de consolidar un movimiento nacional que integre a la población en situación de desplazamiento conlleva la superación de posturas sectarias. No existen elementos que identifiquen a la población desplazada de una manera homogénea: son diferentes las regiones de donde provienen y las regiones a donde llegan; los actores y los factores que desplazan difieren unos de otros; y las problemáticas en torno a la territorialidad son distintas. Entender esa heterogeneidad implica una apertura conceptual que signifique abrir el espacio no solamente a toda la población desplazada, sino a otras organizaciones sociales, partidos políticos, la academia, las ONG, las organizaciones internacionales y la iglesia, entre otros, que puedan coadyuvar en los propósitos que tiene la CND, de suerte que desde su seno se promueva una verdadera transformación social».