A raíz de los atentados terroristas en Buenos Aires, contra la Embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutualista Israelí-Argentina (AMIA) en 1994, se intentó desordenadamente, una reforma de la central de inteligencia del país - la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- en el marco de un ineludible acercamiento y colaboración/presión, de la CIA estadounidense y el Mossad israelí, cuyos gobiernos estaban preocupados por la expansión del terrorismo islamista en Sudamérica.

Informe lapidario

La comisión congresal multipartidaria que investigó los actos de terror, llegó a las siguientes lapidarias conclusiones: «...la consumación del segundo atentado (cometido contra la sede de la AMIA), confirmó la incapacidad del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para prevenir y/o conjurar este tipo de hechos, y para seguir, investigar y conocer el accionar del o de los grupos mafiosos y terroristas capacitados para llevarlos a cabo».

Igualmente determinó: «...la manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de seguridad e inteligencia federales y provinciales que debieron coadyuvar al desarrollo de la investigación judicial, debe ser entendida desde una doble perspectiva que comprenda, tanto las falencias estructurales de los mismos, como la evidente decisión de obstruir el esclarecimiento de los hechos o de encubrir a determinadas personas y/o grupos sospechosos de haber participado de alguna manera en el atentado y que están vinculados al Estado».

Con estos antecedentes -sumados a la inquietud por la supervivencia de bolsones neonazis en sectores minoritarios de la sociedad argentina-, y luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; se acrecentó la necesidad de estructurar un organismo de inteligencia argentino eficaz, de cara también, a la amenaza que representaba la zona de la triple frontera: Argentina, Paraguay y Brasil.

Allí existía un centro de operaciones del fundamentalismo islamista, cuya presencia que ha disminuido por el accionar de las fuerzas del orden de las naciones afectadas y el apoyo de varios servicios secretos extranjeros.

Cambios en la comunidad de inteligencia

Con la impresión general de que prevalecía un funcionamiento deficiente y corrupto de la SIDE y los organismos policiales, desde enero de 1992 rigió una ley donde se creó una comisión bicameral de control de las instituciones y prácticas de seguridad interior e inteligencia.

Pero este grupo no demostró diligencia para desarrollar su labor, dando lugar a nuevas quejas respecto a la mala utilización de la SIDE y servicios de inteligencia militar, en perjuicio de agrupaciones políticas, medios de comunicación y organismos de derechos humanos.

Nueva debacle en la SIDE

La situación de la SIDE se deterioró todavía más, cuando en junio del 2000, el periodismo de investigación reveló que este cuerpo, había realizado pagos ilegales a unos senadores, a cambio de que votaran a favor de una ley importante para el Ejecutivo.

Sobre este espinoso asunto, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto contó al semanario político TXT, que la administración De la Rúa (1999-2001) pagó unos cinco millones de dólares en sobornos a senadores, para obtener la sanción de la ley de Reforma Laboral; detallando que por decisión del entonces jefe de Estado Fernando De la Rúa y con la participación del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibáñez y el senador Remo Costanzo; la SIDE aportó los fondos para las supuestas coimas.

Profundizando los aprietos de este servicio secreto, en noviembre del 2000, se encuentran dispositivos de escucha en un local del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Al tiempo que, el vicepresidente de la República Carlos Álvarez -que había tenido fricciones con el jefe de la SIDE- y el opositor ex presidente Carlos Menem, denunciaron ser víctimas de espionaje telefónico.

Estos condenables sucesos se produjeron en medio de una grave crisis de gobernabilidad, que luego acarreó la renuncia del vicepresidente Álvarez y la ruptura de la coalición gubernamental. Coyuntura en la cual, el Presidente De la Rúa removió al jefe de la SIDE (un banquero viejo amigo suyo), como preámbulo de su propia renuncia a la jefatura del Estado, envuelto en un descrédito y rechazo generalizado.

Balance negativo

En la accidentada gestión de Fernando de Santibáñez, se produjo un recorte presupuestario de 160 millones de dólares y el anuncio de una supuesta «reforma profunda de la SIDE», convocando incluso a expertos extranjeros, promoviendo diversos seminarios y separando a unos 1,700 funcionarios y agentes. Entre ellos especialistas en inteligencia estratégica sin responsabilidad en actos punibles, mientras se retuvo en puestos claves, a otros sindicados como violadores de derechos humanos.

A raíz de las señaladas coimas en el Senado, la justicia ha procesado al ex jefe de la SIDE involucrado, por el delito de cohecho en forma activa, a dos legisladores por la misma figura en forma pasiva y al ex secretario del Senado, como partícipe necesario. A los cuatro se les trabó embargo sobre sus bienes por unos 3,4 millones de dólares y se sigue investigando al ex presidente De la Rúa.

Controversial ley de inteligencia

Como resultado de los masivos cuestionamientos a la SIDE y su abortado proyecto de reforma «legal e institucional», el Congreso y el Ejecutivo promulgaron la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.

En esta norma de diciembre de 2001, se prohíbe a los órganos de inteligencia, llevar a cabo tareas represivas, de carácter policial o de investigación. Igualmente, se les impide recopilar información sobre ciudadanos, en base a su fe religiosa, raza, sexo, condición social y opción política, así como por la profesión u oficio que realicen de manera legal.

Interceptación de las comunicaciones

Aunque la ley sólo permite a la Secretaría de Inteligencia (SI) - nueva denominación que se le da a la SIDE-, intervenir las comunicaciones con un mandato judicial y por medio de la Dirección de Observaciones Judiciales; al ser este último órgano parte de la SI, debe pasar por dicha institución, todo pedido judicial para interceptar comunicaciones en una causa criminal.

Este escenario vulnera la autonomía del Poder Judicial, toda vez que el monopolio de la SI, le permitirá obtener información anticipada sobre cualquier causa judicial en la que se soliciten intercepciones.

Prosiguiendo con las modificaciones, la ley denomina a la Dirección de Inteligencia Interior de la ex-SIDE, como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y conforma la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que debe tener a su cargo a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Más poder para la SI

El nivel ministerial de la SI, con capacidad para coordinar e interconectar las actividades de las ramas de inteligencia militares, de la policía y sus propios organismos, representa una acumulación de poder prácticamente inédita en la región sudamericana.

Desde ese enfoque, se puede afirmar que la legislación vigente en cuanto a la nueva SI, no sólo no ha restringido las facultades que tenía su antecesora la ex SIDE, sino que inclusive las ha incrementado, aduciendo razones de Estado.

Como contrapeso, se ha reforzado la vigilancia parlamentaria, creando la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, ante quien la SI, debe presentar cada año el Plan Nacional de Inteligencia y rendir cuentas sobre los gastos que realiza.

Prosigue la fragilidad institucional

A pesar de las medidas para rescatar del desprestigio al sector de inteligencia, antes de los comicios presidenciales del 27 de abril de 2003 y durante la breve administración Duhalde, Kirchner denunció que era objeto de espionaje junto a su familia y culpó de estos hechos a supuestos agentes de la SI vinculados al ex gobernante Menem.

Por otra parte, luego de ser citado por el juez Jorge Urso, el ex presidente De la Rúa emitió un comunicado, en el que precisó los montos de las partidas de gastos reservados ejecutadas por la SIDE y la SI: en el último año de gobierno de Menem (98,3 millones de dólares), durante la administración De la Rúa (56,7 millones en 2000 y 47,8 millones en 2001), bajo el gobierno de Duhalde el 2002, ya como SI (64,8 millones), y en el período Duhalde-Kirchner el 2003 (83,2 millones de dólares).

Refiriéndose a estos manejos secretos, el organismo no gubernamental estadounidense «Freedom House», en su informe del 2003, revela que en Argentina la libertad de prensa sigue amenazada por los pagos mensuales ocultos, de la SI a docenas de reporteros y editores. Acusación que es ratificada por periodistas argentinos como Morales Solá, Majul, entre otros.

Confirmando así, que las campañas mediáticas y purgas generalizadas aplicadas, en función de supuestas «reestructuraciones profundas», contaminadas por sesgos ideológicos o represalias políticas, marginado a profesionales especializados en inteligencia estratégica y operativa comprometidos con la seguridad nacional; no inmunizan a los servicios secretos contra su mal uso, el fracaso o involución.

Panorama que a su vez, impide edificar sistemas de inteligencia capaces de respetar el Estado de Derecho y simultáneamente producir inteligencia estratégica de calidad para robustecer la seguridad nacional y regional.

Política de Kirchner respecto a la SI

Mientras se acercaba a sectores de izquierda nacionales y extranjeros, la administración Kirchner impulsó la derogación de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, decretadas en 1986 y 1987 respectivamente, señalándolas como inconstitucionales e incompatibles con las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.

Tiempo antes, pasó a retiro a los 44 principales oficiales de la cúpula de las tres Fuerzas Armadas y a continuación, el juez federal Jorge Urso, ordenó en julio de 2004, la detención de 32 militares en retiro, acusados de haber participado del llamado «Plan Cóndor» durante la última dictadura militar.

Con ese telón de fondo y al cumplirse diez años del ataque contra la AMIA, el gobierno de Kirchner levantó el secreto de Estado sobre los archivos de la SI, en el caso del mencionado atentado, para poner estos documentos a disposición de la justicia, así como facilitar declaraciones de los 14 investigadores de la ex SIDE que actuaron antes y después del atentado, al igual que sus cinco directores.

La decisión gubernamental tendría una base real: la SIDE habría sido alertada del atentado, unos 48 días antes y no hizo nada por impedirlo. Sin embargo, genera suspicacias el hecho de que, precisamente ahora, cuando la administración Kirchner tiene a su favor el apoyo o beneficio de la duda, de la mayoría argentina hacia su naciente gestión y promueve cambios radicales en las más importantes entidades estatales, un funcionario judicial haya «descubierto» un mensaje diplomático con esa alerta, del 31 de mayo de 1994.

Inteligencia argentina: ¿cómplice de terrorismo internacional?

Para el presidente de la AMIA, Abraham Kaul, «aparece con mucha claridad que la SIDE estaba al tanto» del aviso enviado en un telegrama a su delegado en la Cancillería, por el entonces Embajador argentino en Libia, Juan Angel Fajardo, en el que hacía referencia a una información del periódico local L’Orient - Le Jour, donde se afirmaba: «los combatientes musulmanes han probado que sus manos pueden llegar a la Argentina», recogiendo una declaración del líder espiritual del grupo proiraní Hezbollah, Mohamed Fadlallah, en referencia al atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992.

Esta hipótesis puede parecer temeraria, si solamente se basara en una información periodística no contrastada con otras fuentes confiables y pruebas reales. En esa línea de pensamiento, cobra credibilidad otra hipótesis: que el proyecto de la administración Kirchner, incluya una intervención de «alta cirugía» en la SI, teniendo la certeza que el caso AMIA, es uno de sus flancos más vulnerables.

Reforzando esta última percepción, en noviembre de 2003, el ex funcionario de la inteligencia iraní, Abolghassen Mesbahi, declaró a la justicia argentina -mediante videoconferencia desde Alemania donde se encuentra bajo protección-, que «toda la operación de AMIA fue liderada y ejecutada por el gobierno de Irán».

Incluso precisó que fue un ataque suicida perpetrado por un iraní, que usó una camioneta como coche-bomba, «alquilada» por el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani.

Respecto a esas graves imputaciones, la República Islámica de Irán sigue proclamando su inocencia y las atribuye a una campaña inspirada por Israel y Estados Unidos, a quienes identifica como «aliados del sionismo internacional».

Empero, de comprobarse los testimonios, indicios y la documentación aportada, se confirmaría la tesis de la culpabilidad iraní en el atentado contra la AMIA y paralelamente, se reconocería ante la opinión pública nacional y extranjera, la conexión y aún complicidad argentina, en un acto de terrorismo internacional.

Reformas de la administración Kirchner

El actual Secretario de Inteligencia, Dr. Héctor Icazuriaga y el Subsecretario, Sr. José Larcher -con rango de ministro y viceministro de Estado, respectivamente-, han sido nombrados por el presidente previa consulta no vinculante con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Desde el comienzo de su gestión el mandatario argentino, dispuso una «profunda reforma» de la SI, pero ejecutada por etapas, pues no se desea actuar como Fernando de Santibáñez, ex jefe de la SIDE, que de un día para el otro despidió a mil agentes.

Después se planea contratar nuevos cuadros y redefinir la estructura de la secretaría, al tiempo que se adecuan los programas y profesores de la Escuela Nacional de Inteligencia (donde habrá cursos de derechos humanos). Por su parte, el «Señor Cinco» - como se conoce al jefe de la SI en la jerga de inteligencia local-, estaría evaluando los legajos del personal de inteligencia desde su sede en la calle 25 de Mayo 11, en Buenos Aires.

Según el gobierno, el principal objetivo de la reforma, es dotar a la SI de «calidad institucional», convirtiéndola en una herramienta del Estado con un perfil profesional que nunca tuvo y -con una retórica similar a la de sus antecesores-, expresa que «los servicios secretos no deben intervenir en la vida privada de nadie, ni perseguir a los ciudadanos por su postura ideológica».

Entretanto, ha dispuesto que la SI colabore en la lucha contra el crimen organizado ciudadano y en la defenestración de cuadros policiales corruptos.

Transparencia en el uso de fondos

El empleo de los fondos reservados genera sistemático rechazo por los indicios de que se asignan a operaciones políticas e ilegales y no para afianzar la seguridad nacional. En tal sentido, el presupuesto anual de la SI, aprobado por el Congreso y definido por el presidente Kirchner, pasó de unos 46,6 millones de dólares a más de ochenta, debido a la decisión de fijar un monto que refleje el gasto real del organismo.

De esta manera se evitaría la metodología de anteriores gestiones -donde mediante «reasignación de partidas» se solicitaba aumentos no aprobados por el Congreso- y se encuadra el funcionamiento de la SI según la ley de inteligencia, que le pide dar cuenta de sus gastos ante una comisión congresal. Con este nuevo proceder los gastos que no podrán hacerse públicos serían sólo para operaciones de inteligencia que se realizan con servicios secretos de otros países.

Los recursos humanos

El número de personas que trabaja en la SI, llega a 2,700 y se divide entre los de planta permanente, los contratados para un servicio transitorio y los funcionarios «de confianza» que designa cada jefe. Sobre el particular, los nuevos directivos aseveran que todos los gobiernos llevaron a su gente y allí la dejaron, en numerosos casos sin contar con la capacidad para desempeñar el cargo.

En la línea de transparencia declarada por Kirchner, se anuncia que de ahora en adelante se despedirá al personal, sólo por falta de capacidad o por hechos ilícitos comprobados, dejando abierta la posibilidad de reincorporar a funcionarios separados arbitrariamente.

Racionalización institucional

La SI además disponía de 22 sucursales en el interior del país y 24 bases en el extranjero. La racionalización implementada por la administración Kirchner -continuando un plan iniciado por Duhalde-, habría hecho retornar a unos 25 agentes que trabajaban en el exterior con partidas excesivas y contempla suprimir diversas estaciones de inteligencia en el interior de Argentina y fusionarlas por regiones.

En cuanto al sensible tema de la interceptación de las comunicaciones, se prevé que en un período más amplio, la Dirección de Observaciones Judiciales (encargada de escuchas telefónicas por mandato judicial), saldría del ámbito de la SI. Para alcanzar este objetivo, se necesita una ley del Parlamento, que acabaría con esta atribución de la SI, violatoria de la independencia del Poder Judicial.

Severas críticas a la política de inteligencia

Poniendo en duda la claridad y validez de la reforma en el sector de inteligencia, a fines de julio de 2004, fue despedido el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, por una supuesta «ineficacia para controlar las protestas sociales».

Pero sobre todo, por revelar que la SI aumentó su presupuesto del 2003 en 100 millones de pesos (unos 33,8 millones de dólares), más que el aprobado por el Congreso Nacional y mediante cuatro decretos secretos, algunos de los cuales, habrían sido rubricados por Kirchner y, otros, por su antecesor, Eduardo Duhalde.

Luego de precisar que «la SI es una especie de Gestapo de la era democrática», Beliz dijo que «el control político de la SI no lo tiene su jefe Héctor Icazuriaga, sino el subsecretario José Larcher», de quien aseguró, habría rebasado sus atribuciones e invadido la esfera del ministerio de Justicia y Seguridad.

Los cuestionamientos incluyeron al jefe de Contrainteligencia de la SI, Jaime Stiusso (trabaja desde la época de Alfonsín), a quien el ex alto funcionario acusó de «dirigir operaciones turbias y hacer manejos irregulares» que, según explicó, informó al presidente Kirchner y éste decidió ignorar. Por último, manifestó que había hecho una denuncia penal sobre ese tema, en la Oficina Anticorrupción.

Ante esas insólitas y graves expresiones, el Parlamento pidió al jefe de la SI, un informe pormenorizado sobre la situación actual del servicio y las implicancias de las imputaciones; a la vez, con un afán encubridor en lugar de buscar aclarar los hechos, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que el renunciado ministro habría incurrido en un delito, al violar la ley de inteligencia donde se prohíbe divulgar información clasificada.

Perspectivas

Aunque todavía se observa una institucionalidad volátil en el ámbito de inteligencia, la administración Kirchner proclama su decisión de reconstruir los servicios secretos. Mientras tanto, subsiste en la sociedad argentina una pesadilla: la posibilidad de un tercer atentado del terrorismo internacional en alguna de sus ciudades; al tiempo que la inseguridad afecta a casi todos los sectores sociales, por el accionar del crimen organizado y corrupción policial.

En consecuencia, resulta indispensable la ejecución de un plan nacional viable de seguridad interior, que permita interactuar adecuadamente a todos los organismos de seguridad e inteligencia argentinos y a la ciudadanía organizada.

Jorge Serrano Torres