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La policía metropolitana de Caracas reprimiendo a los manifestantes en el día del Golpe de Estado de abril.
Foto Venpress

La cruzada política contra Hugo Chávez, que obedece a intereses empresariales locales e internacionales, se inspira en estrategias globalizantes, como el uso de los medios electrónicos para inducir actitudes y sentimientos favorables a los intereses de los empresarios y en particular de los magnates de los propios medios, como en Venezuela el multimillonario Gustavo Cisneros. El y sus homólogos de otros países han demostrado que hoy en día la televisión puede servir lo mismo para vender productos “chatarra” que para desestabilizar gobiernos.

También forma parte del arsenal ideológico del nuevo imperialismo una concepción de la seguridad pública basada en la aniquilación de los delincuentes e incluso en la represión contra los sectores marginados y no en programas de combate a sus causas, como la pobreza y el desempleo. Es un proyecto que impulsan en diferentes países los medios electrónicos, cámaras empresariales y organizaciones internacionales, en particular los llamados “think tanks”, o centros del pensamiento, que apoyan las escaladas de Bush contra Haití, Cuba y Venezuela, la guerra de Irak y la permanencia en América Latina de gobiernos derechistas.

Ese proyecto encuentra sus aliados naturales en gobernantes y políticos derechistas al mando de fuerzas policiales a las que ponen al servicio de la lucha ideológica y política de los ricos contra los pobres y de objetivos políticos concretos. Es el caso de Alfredo Peña, alcalde de Caracas desde julio de 2000 y uno de los principales promotores del antichavismo.

Antes de llegar a la alcaldía, Alfredo Peña tuvo una larga trayectoria como periodista, incluso fue director de El Nacional durante cinco años y como tal “recibía un salario de Gustavo Cisneros, quien pagaba así la pluma vendida de Peña”, según se comentó en agosto de 2003(venezuelaamiga.cubasi.cu/ampliacion.asp?id_noticia=363).

Públicamente se ha denunciado la represión ejercida por la policía metropolitana de Caracas contra los chavistas, que ha llegado al asesinato de varios de ellos, la agresión contra comunicadores alternativos que presentan información diferente a la de los grandes medios privados, así como su colaboración con los opositores, en cuyas marchas y eventos ha llegado a participar el alcalde, quien apoyó el fallido golpe de estado de 2002.

El 11 de agosto de 2004, tan sólo cuatro días antes del referéndum, Peña proclamaba: “Todos saben que estoy con el sí. Hay que votar por la paz y la reunificación de los venezolanos”. También se denunciaba que Peña protegía al dirigente antichavista Carlos Ortega, prófugo de la justicia venezolana.

Las actividades antipopulares de la Policía Metropolitana de Caracas han contado con la colaboración de fundaciones Pro Bush como la Nacional Endowment for Democracy, NED, que en 2003 otorgó 42, 207 dólares a la Asociación Civil Liderazgo y Visión, que a su vez actúa en las filas del cuerpo policíaco desarrollando un proyecto para la “educación cívica” de esta, a la que se acusa de ser cada vez más represiva con los sectores populares que apoyan a Chávez.

Otras organizaciones y personajes de la ultraderecha estadounidense están impulsando proyectos continentales para encauzar las acciones de los cuerpos de seguridad hacia la defensa del capitalismo.

Una de ellas, que ha tenido actividades en Venezuela, Brasil, Chile y México, entre otros países, es el Instituto Manhattan, creado en 1978, y que declara, como otros “think tank”, tener la misión de “desarrollar y difundir nuevas ideas que propicien mayor libertad económica y responsabilidad individual”.

En Chile ha colaborado con la Fundación Paz Ciudadana, autoerigida como "cerebro" de las políticas de mano dura aplicadas en ese país para enfrentar la delincuencia (www.puntofinal.cl/001201/nac...); en México, con México Unido contra la Delincuencia, grupo de cuño empresarial y ultraderechista y en Brasil con la fundación Víctor Civita.

En septiembre de 2000, William Bratton y George Kelling, del Instituto Manhattan, visitaron Caracas, viaje que fue organizado por el CEDICE, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, otro de los grupos desestabilizadores del gobierno de Hugo Chávez, por Alfredo Peña y por la Cámara de Comercio Venezolano Americana, donde ante dirigentes comerciales disertaron sobre cómo “restaurar el orden y reducir el crimen en nuestras comunidades”.

De hecho, Peña contrató a Bratton, ex jefe de policía de la ciudad de Nueva York, para aplicar su programa de nueve meses de combate a la delincuencia. Sin especificar el monto de los honorarios recibidos por Bratton, un reporte del Instituto Manhattan, fechado el 22 de marzo de 2001, señala que Peña lo contrató para abatir la “espiral ascendente” de la criminalidad en la capital venezolana.

Sin embargo, el documento sí explica que para esos proyectos el alcalde consiguió financiamiento “exclusivamente de grandes empresarios locales, y no del gobierno o de impuestos, una estrategia que puede sentar un precedente en la región”.

Según el Instituto Manhattan el “problema de la criminalidad” (en el cual no incluye los delitos de cuello blanco ni los golpes de Estado contra gobiernos populares, los asesinatos de militantes izquierdistas y los abusos de los comerciantes) requiere “atención urgente”, para lo cual aduce, abiertamente, que ello responde al interés de las grandes empresas: “Varias compañías multinacionales que enfrentan cada vez mayores costos de seguridad y amenazas a su personal, están considerando mudar sus oficinas y plantas a otros países”. Es decir, hay que poner a la policía al servicio de los millonarios, para que aumenten sus ganancias.

Más aún, el citado documento del Manhattan Institute presenta una visión denigratoria de los pobres al relatar con profusión de falsas generalizaciones la supuesta historia de “Ignacio”, un policía asignado a “las oscuras calles de Petare, el distrito más pobre de Caracas, y donde uno entiende pronto por qué está cansado de su trabajo. Todo el mundo lo espía desde las ventanas. Residentes atemorizados, ladrones armados, traficantes de cocaína”. Cuando Ignacio investiga un asesinato, prosigue el relato, “La masa de curiosos se muestra renuente a cooperar. Nadie dice nada, nadie sabe nada...”.

Bajo el punto de vista que adoptan los neoliberales salvajes, no importa combatir la pobreza como causa de la inseguridad, sino combatir esta como premisa para poder hacer negocios.

Joaquín Lavín, politico derechista y alcalde de Santiago de Chile, es otro de los personajes con quienes colabora el Manhattan Institute, que gestionó una visita de Alfredo Peña a esa capital en mayo de 2002; antes, en marzo de ese año asesores de la derecha chilena habían conocido al edil venezolano en un encuentro de funcionarios municipales en Nueva York. Asimismo, en el ámbito de los neoliberales salvajes se ha manejado la idea de coordinar las acciones de los diferentes alcaldes de filiación derechista.

Otro personaje que promueve en América Latina los proyectos antipopulares es el ex alcalde de Indianápolis, Stephen Goldsmith, quien es a la vez funcionario del Instituto Manhattan y asesor de Bush en oficina de iniciativas comunitarias de la Casa Blanca.

El 16 de noviembre de 2001, Goldsmith, quien gobernó dicha ciudad de 1992 a 2000, impartió en Caracas una conferencia organizada por CEDICE y el Instituto Manhattan, donde se refirió como sus grandes hazañas a las privatizaciones: de la planta de tratamiento de aguas, del aseo urbano, la reparación de calles, talleres mecánicos para las patrullas de la policía, etc.

Junto con la Fundación Atlas, otro “think tank” involucrado en la cruzada contra Chávez, CEDICE publicó en 1999 el libro de Goldsmith titulado La Ciudad del siglo 21. El resurgimiento de la América urbana. Una exitosa experiencia de administración municipal.

Acerca del ideario que abraza Goldsmith, y que conjunta lo peor del capitalismo y del fanatismo religioso, el 29 de enero de 2003, el Wall Street Journal publicó un artículo de Goldsmith sobre el factor de la “compasión” dentro del neoconservadurismo que encabeza Bush y en el que se enfatiza el conservadurismo sexual y la fe religiosa como componentes el aspecto “social” de esa ideología. Su agenda política, afirma Goldsmith “promueve políticas públicas que apoyan a la familia, el matrimonio y la fe. La mortalidad infantil, las altas tasas de natalidad entre las adolescentes, el deficiente desempeño escolar, el uso de drogas y el crimen no se pueden desligar de las necesidades espirituales y emocionales y de la responsabilidad personal. La obligación del gobierno con los más necesitados se cumple mejor otorgando el dinero a las organizaciones vecinales y basadas en la fe, que lo administren con una mescal de amor y disciplina...”.