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Paz y conflicto

Exterminio juvenil en Altos de Cazucá

Organizaciones comunitarias y ONG que trabajan en el sector dan cuenta del incremento de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, donde más de 50, entre 16 y 20 años, han sido asesinados en los últimos dos años.

| Bogotá (Colombia)
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Las localidades de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar son consideradas como el mayor asentamiento de población desplazada de todo el país, albergando casi la totalidad de las familias que llegan a Soacha y Bogotá desplazadas por el conflicto armado. Esta problemática afecta principalmente a los jóvenes, quienes no sólo son desarraigados sino que son estigmatizados por los diferentes actores del conflicto.

La situación de los jóvenes en Altos de Cazucá es compleja, debido a la deficiencia de las políticas públicas dirigidas a la juventud y a la presencia de grupos armados y de bandas de delincuencia común, quienes se disputan el control territorial.

Además, no se cuenta con datos estadísticos precisos de los desplazados que viven en estas comunas: lugar de procedencia, género, edad y etnia. Sin embargo, Donny Meertens, en una investigación reciente sobre desplazamiento, afirma que «en Cundinamarca y Soacha las mujeres y niñas representan el 55.71% y hombres y niños el 44.29%, mientras que los menores de 18 años ocupan el 54.7%.» Así mismo, ofrece algunas características demográficas: «existe una jefatura femenina en el hogar, familias numerosas, una mayoría de jóvenes; y una fuerte presencia afrocolombiana e indígena».

El contexto anterior ha despertado el interés de algunas ONG, quienes trabajan desde diferentes perspectivas, enfoques y visiones políticas. Sin embargo, coinciden en una preocupación en torno a la falta de garantías que permitan el goce de los derechos humanos integrales de los jóvenes que habitan en Altos de Cazucá.

Entre los derechos más vulnerados se encuentran: el libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y aquellos que están orientados a satisfacer necesidades inmediatas como el derecho a la educación, al empleo digno y bien remunerado y a la construcción de tejido social.

Los jóvenes afrocolombianos de la organización Afropaz señalan que las escuelas de sus barrios -Oasis, La Isla, Los Robles y Caracolí- no cuentan con la estructura para ofrecer el programa completo de educación básica primaria, limitando las posibilidades para ingresar al bachillerato. Adicionalmente, manifiestan que el derecho al trabajo se convierte en un sueño, debido a que la mayoría sólo se emplean como vendedores ambulantes, empleadas domésticas y trabajadores de construcción, sin acceso a la seguridad social.

Así mismo, los jóvenes ven limitado su derecho a la recreación por el fuerte control que ejercen los grupos armados. El Bloque Capital de los paramilitares viene imponiendo el terror desde el año 2002.

Las organizaciones comunitarias y ONG que trabajan en el sector dan cuenta del incremento de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, donde más de 50, entre 16 y 20 años, han sido asesinados en los últimos dos años.

En cuanto a las cifras, algunos lideres comunitarios y juveniles de los barrios Julio Rincón, Loma Linda, Villa Mercedes, La Esperanza, la Capilla, Carlos Pizarro, Villa Sandra, La Isla, los Robles y el Oasis, no comparten los datos estadísticos que suministran las autoridades y consideran que el número de jóvenes asesinados es mayor. Es el caso de los barrios La Isla, Los Robles y El Oasis, las autoridades registran sólo cinco jóvenes asesinados en los dos primeros meses del 2004, pero los líderes comunitarios afirman que esa cifra asciende a 18. Hecho que ha obligado a muchos de los jóvenes lideres a salir de la comunidad por causa de las amenazas.

Homicidios de jóvenes en Altos de Cazucá 2002-2004

Año Muertes reconocidas por las autoridades Información de las comunidades
2002 40 50
2003 11 20
2004 5(Enero-Marzo) 18

Fuente: Acciones urgentes suministradas por ONG e información recibida durante el proceso de capacitación con jóvenes que desarrolla ILSA.

Por su parte, el diario El Tiempo denunció que muchos de estos actos violatorios de los derechos humanos son atribuidos a grupos de limpieza social, al parecer vinculados con los paramilitares quienes llegan en un camión de noche y se llevan a algunos de los muchachos; dato que fue confirmado a El Tiempo por un profesor del sector.

Sin embargo, la denuncia que realizó El Tiempo fue hecha por la ONG Fedhes, quienes a finales de 2003 alertaron sobre la presencia de hombres vestidos de civil y ’encapuchados’ en el sector . Estos hombres controlan militarmente la zona, donde son constantes los patrullajes y los ingresos arbitrarios a las viviendas, sometiendo a sus moradores a graves atropellos contra su vida y dignidad. De igual forma, retienen los vehículos de transporte público, para confrontar la identidad de sus pasajeros y decretan, en algunas oportunidades, el toque de queda a partir de las 6:00 p.m. para los jóvenes. Situaciones que causan pánico general en la comunidad. Igualmente, la Audiencia Defensorial que se realizó a finales del 2003 señaló que uno de los aspectos denunciados por los participantes fue el del asesinato continuo de jóvenes.

Los pobladores de la zona y algunas ONG sostienen que la estigmatización y los asesinatos selectivos corresponden a una campaña de exterminio juvenil conocida como “limpieza social”, la cual es presentada y justificada por las autoridades en los medios de comunicación como ’vendettas’ o ajuste de cuentas entre grupos de delincuencia común. Dicho argumento es desmentido por las propias organizaciones comunitarias y por el fraile Fredy E. Cano Henao quien ejerce la pastoral en Altos de Cazucá.

A la campaña de exterminio físico de los jóvenes se suma las acciones ilegales de los grupos armados, quienes instalan retenes, extorsionan a los comerciantes -con cifras que oscilan entre los $50.000 y $150.000- e imponen normas de comportamiento a los jóvenes -como la prohibición del uso de pircing, trenzas, cabello largo y permanecer en grupos después de las nueve de la noche-.

Pero, las autoridades oficiales encargadas de la protección de los jóvenes desconocieron, también, la alerta temprana interpuesta por la Defensoría del Pueblo a finales de 2002, donde se pedía la protección de los jóvenes de Altos de Cazucá. Además, le corresponde al Estado esclarecer los hechos que se vienen presentando en la zona con el fin de hacer justicia y juzgar a los responsables.

Es inaplazable la intervención del Estado en los problemas anteriormente descritos. Se requiere que las administraciones del departamento de Cundinamarca y del municipio de Soacha asuman la responsabilidad política, social y económica con los habitantes de estas comunidades. De lo contrario, seguirá reinando el poder de los actores del conflicto armado, deteriorando aún más el tejido social y limitando las posibilidades para los jóvenes, quienes encuentran en la guerra la única alternativa para sus vidas.

Ismael Díaz

Investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA. Organización no gubernamental de Bogotá, Colombia

 
Actualidad Colombiana

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