Obligatorio, por donde se le mire, es que el Congreso elija al nuevo Defensor del Pueblo. La tristísima comedia protagonizada por el actual y precario inquilino de ese portafolio, Walter Albán, no debe repetirse porque mancilla un cargo destinado a defender al pueblo de cualquier clase de abuso administrativo por parte del Estado. El citado no ha hecho sino aprovechar en beneficio propio, por todos los medios de comunicación y con dinero de todos los peruanos, de la propaganda que pretende fabricarle como la figura que no es y disimular el fatuo y frívolo mediocre que sí es.

Además, habiendo ocurrido dos lamentables decesos en la conformación del Tribunal Constitucional, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, a la que sumará por tiempo de permanencia en el cargo en enero del 2005, Delia Revoredo, se presentan tres vacantes a ser cubiertas con urgencia.

¿Por causa de qué no unir, enlazar o juntar, para una votación calificada de 80 votos a los tres magistrados del TC y al personero del Defensor del Pueblo? Así, el Congreso, ordena su accionar, se brinda a sí mismo respetabilidad, alguna por lo menos, ante la ciudadanía, que comprenderá que esto sí es digno de ser entendido, e insuflamos vibrantes y renovados fuegos a ambas instituciones.

Voces irresponsables, como si se tratara de un juego de guarismos simples, han estado insinuando que convenía bajar el número de votos, de 80 a 60, para elegir al Defensor del Pueblo. Pero ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? ¡Todo lo contrario a lo que ha acontecido con el pazguato Walter Albán! La Defensoría no intermedia, defiende. Intercede con poder político por los derechos fundamentales de la gente y frente a cualquier clase de abuso del Estado o de cualquiera de sus instituciones. La estupidez de Albán de pretender mediar él entre Tambogrande y la minera contaminadora Manhattan, revela de cuerpo entero su estentórea ineptitud siquiera para guardar formas y alguna decencia.

¿Tendría que haber unanimidad entre los 80 votos para elegir al Defensor del Pueblo? Tengo la impresión que nada más lejos de la verdad. De lo que se trata es que el representante concite apoyo y dé visos de seriedad respetable y trayectoria profesional e intelectual de primerísimo orden. El tiempo de escoger a amigotes por su filiación política o porque pertenecen a alguna ONG (como es el caso de Walter Albán y la CAJ), tiene que terminar porque prostituye la rectitud en el cargo y la idoneidad para ejercer imparcialmente una defensa del pueblo que tiene que constituir piedra de toque y reto para la sociedad, sus derechos y su liberación efectiva y constatable.

Si se escogiera a un provinciano de integérrimas credenciales, la descentralización del corruptor halo limeñísimo encuentra otra veta o camino de cambio. Entonces, el Congreso debería optar por el candidato que menos resistencia ofrezca y lograr un consenso genuino para otorgar un respaldo a prueba de cañonazos, tarjetazos o arrebatos de los poderosos que cuando llegan al gobierno confunden la administración con sus chacras privadas.

El Congreso tiene la oportunidad de empezar a producir en serio y esa ocasión pasa por juntar la elección de tres magistrados al Tribunal Constitucional y al nuevo y legítimo -no provisional lamentable como es hoy- Defensor del Pueblo.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

Esta columna todos los días a las 7.30 pm. en Radio Cora.

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Herbert Mujica Rojas