A todas luces, Rafael Rey se excede al calificar como delincuente al jefe de Estado Toledo, sin previo juicio ni pruebas. ¡Esto es censurable! También lo es que el mandatario encargue a los sabihondos picapleitos que interpongan acción judicial contra el legiferante. Uno peca por bocón, el otro acude a un rápido reflejo y barniza lo que es un escudo evidente contra un escándalo de lo más escandaloso porque implica un fraude cuyos autores deberían estar en la cárcel y con buzo rayado.
Judicializar la política es un recurso mediocre y de alcantarilla. Propio de quienes saben muy bien cómo se maneja la justicia en el Perú, con jueces comprables, absolutamente inmorales y miedosos en muchos casos. Constituye una de las taras contemporáneas más aborrecibles de que se tenga memoria. No se polemiza, se arma querella. El argumento es reemplazado por papeles denunciatorios y de fórmulas resobadas. Disminuir la política a las camorras entre pandillas abogadiles muestra el ocaso terminal de una sociedad.
Tengo la sospecha que Rey, sin proponérselo, ha premunido a los oficialistas del gran pretexto que necesitaban para blindar -esta vez sí- la imagen presidencial. Sin el debido proceso, actuación de pruebas y comprobación de hechos, no es posible sindicar a nadie de la comisión de tal o cual delito. Sabido es también que en el Perú muchos crímenes y estafas nunca encuentran probanza alguna. Pero hay desaparecidos y los millones de dólares se desvanecen sin consecuencias.
¿Qué debería hacer un gobierno con sinceras ganas de combatir la estafa pública? Algo tan simple como poner a disposición de los investigadores del Congreso, del Poder Judicial, de los peritos, las facilidades y el respaldo más absoluto para que sus indagaciones den con los culpables y a estos, meterlos tras las rejas. El problema es que muchos amigotes y turiferarios sí que están en convivios sospechosos y muestran signos exteriores de riqueza que nadie acierta a explicar con sobriedad.
La pregunta deviene maciza: ¿hay intención profiláctica en la administración Toledo? La turbamulta de una respuesta judicializadora y por la que se pretende intimidar a Rafael Rey, parece decir todo lo contrario. Y sólo este hecho, per se, genera inquietud y zozobra.
Cualquier discurso que no contenga demostraciones palmarias de un ánimo moralizador sin afeites o jueces amigos, será sólo eso: maire, maire, cabellicos que se lleva el aire. Y la institucionalización del embuste, de la criolla mecida, persistirá pudriendo a la política. Quienes se saben sucios, jamás podrán actuar con limpieza y la limpieza se demuestra en cualquier parte.
¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
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