Durante la década pasada, especialmente desde 1992 en adelante, no hay gobierno que no haya modificado las leyes favoreciendo a las pretensiones de las petroleras. Así, en 1995, el gobierno de Durán de Ballén cambió el Contrato de Asociación al de Participación con la compañía City (ahora AEC), que opera los Campos Tarapoa, 18B-Fanny y Mariann 4- A; modificó el contrato mucho antes que éste termine, consiguiendo la extensión del mismo por veinte años más. El Estado perdió la posibilidad de contar con la totalidad de la producción de esos campos, que en la actualidad superan los 60 mil barriles de petróleo.

Es necesario aclarar que, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, corresponde a las Fuerzas Armadas emitir un dictamen respecto a la conveniencia de la adjudicación de los contratos petroleros para la exploración y explotación de hidrocarburos, porque el Ministro de Defensa es parte del Comité de Licitaciones (CEL). La pregunta que nos hacemos es ¿por qué el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, siendo miembro del directorio político de Petroecuador, permite que se siga perjudicando a la nación con estos acuerdos infames, que afectan el patrimonio y la soberanía del país? Continuando con esta crónica del entreguismo, los gobiernos de Bucaram, Mahuad y Noboa modificaron los “Contratos de Prestación de Servicios” a “Participación” con las compañías petroleras, subsidiando a la inversión extranjera de manera descarada.

En 1999, mediante el “Contrato de Campos Marginales”, se empezó a debilitar a Petroproducción, con el desmembramiento de los campos pequeños.

Los gobiernos vendepatrias de Mahuad y Gustavo Noboa, entregaron a las compañías privadas los campos Palanda, Yuca Sur, Pindo, Bermejo, Tigüino, Charapa, Limoncocha, Palo Azul, MDC, Biguno, Paraíso, Guachito, Coca Payamino, etc. Además se cedieron todas las instalaciones y activos fijos que le costaron al Estado miles de millones de dólares. El pretexto de las autoridades energéticas de ese entonces fue que estos campos tienen baja producción, que le cuestan al Estado un ojo de la cara; que la extracción de crudo, por estar alejados de los principales campos, requiere de una cuantiosa inversión, etc.

Se inventaron miles de argucias anti técnicas, pero la verdad es que fue un despojo para Petroecuador, porque como ya hemos dicho, la producción petrolera tiene una rentabilidad natural asegurada. Lo único cierto es que el país dejó de recibir cerca de 60 mil barriles diarios, a consecuencia de la entrega de estos campos.

Durante el período 1996 a 2002, bajo el Contrato de Participación, las compañías privadas se llevaron más de 162 millones de barriles, que equivalen a la suma descomunal de 4 860 millones de dólares. El Estado, durante ese período, tan sólo recibió 45 millones de barriles (el 21 % de la producción).

El pago de las regalías constituye un derecho natural del Estado Ecuatoriano, por ser el dueño de la riqueza petrolera. Este impuesto, que no es el más favorable para el país, consiste en el desembolso del 12% por parte de las compañías, cuya producción no pase de los 30 mil barriles. A su vez, si la producción mensual fluctúa entre los 30 y 60 mil barriles, se aplica el 14% de regalías. Además, si la producción supera los 60 mil barriles, la regalía que deben pagar las privadas es del 18,5%.

El gobierno de Sixto Durán Ballén reformó la Ley de Hidrocarburos en 1993, siguiendo con la misma política antipatria, eximió a las compañías petroleras del pago de las regalías.

Por su parte, en 1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se exonera a las compañías del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los contratos y en el transporte de hidrocarburos. En este período, se crean incentivos económicos mediante “la Ley de Racionalización Tributaria”, en la cual aquellas empresas o personas que realicen exportaciones tienen derecho a la devolución del IVApor parte del Estado.

Al respecto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) en principio se negó a devolver el IVA, porque en los contratos de participación ya se les hace la devolución. Si el Estado devolviera el IVA a las petroleras, apenas recibiría 42 centavos de dólar por cada barril producido. El caso es que compañías como Occidental, Encana, Repsol YPF, entre otras, reclaman la devolución de cerca de 500 millones de dólares, por este concepto. La posición del SRI consideraba ilegal dicha devolución, porque se estaría devolviendo dos veces el impuesto, con lo cual se llevaría la empresa extranjera más del cien por ciento de la producción de los campos a su cargo, quedando para el Estado, sólo pérdida y más pérdida. La Directora del SRI, Elsa de Mena, declaró el año pasado que “Las petroleras están sujetas a la Ley de Hidrocarburos y el Estado es libre de dictar leyes e implantar políticas respecto a la inversión, y lo único exento del IVA es la importación de maquinaria a través de Petroecuador”.

Lo desconcertante son las últimas declaraciones de Elsa de Mena, en las que reconoce públicamente que el Estado debe 49 millones de dólares a la compañía Occidental, por concepto de devolución del IVA. Sin duda, la Eco. Mena cae en contradicción ante una postura patriótica que mantuvo con anterioridad, cede al chantaje de la petrolera y ahora declara a viva voz que el Estado está obligado a devolver el impuesto a dicha empresa.

Recordemos que fue Heinz Moeller, ex canciller de la república, quien reconoció públicamente que la petrolera tiene derecho a tal devolución, facultando al Tribunal de Arbitraje de Londres a dictar el fallo, que hoy perjudica al país.

Ahora la petrolera Occidental se aprovecha del laudo arbitral para presionar al Estado por la devolución de 80 millones de dólares. Como gran cosa, la embajadora Christie Kenny amenaza al país con que si no se devuelve el IVA, no habrá TLC.

Nos preguntamos ¿por qué el cambio repentino y sospechoso de Elsa de Mena? Acaso se olvidó que esta empresa elude hábilmente el pago del Impuesto a la Renta, no paga las regalías a las que está obligada, se beneficia de más del 80% del petróleo que extrae, el Estado le ha concedido la mezcla del diluyente (crudo de alto °API de Petroproducción), que se utiliza para transportar el crudo pesado de la petrolera, causando un perjuicio millonario al Estado por la mezcla de crudos; y por si esto fuera poco, tiene el descaro de exigir que se le devuelva el IVA.

La petrolera Occidental está en el país desde 1985, a cargo del bloque 15, mediante un Contrato de Participación. A su vez, opera los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha, este último fue entregado a la petrolera cediendo las instalaciones y activos que eran de propiedad de Petroproducción.

En cuanto a la participación del Estado en la producción de Occidental, tan solo se beneficia con el 14,85% de la producción en el bloque 15, y el 22% en el campo unificado Edén Yuturi (ver recuadro). El Estado tiene un mes para hacer respetar las disposiciones legales y argumentos que sustenten la posición ecuatoriana, en torno a este delicado tema. Para lo cual envío al Congreso Nacional una Ley “tipo candado” para salvaguardar el interés económico del país y evitar que las otras petroleras demanden al país por el mismo concepto. Sin embargo, el pasado 2 de agosto, el Legislativo con los votos de 52 de 57 diputados que asistieron a la plenaria, aprobaron la Ley Interpretativa al artículo 69 ‘A’, de la Ley de Régimen Tributario.

De esta manera, a futuro no se procederá con la devolución del IVAa las empresas petroleras, salvo las empresas que fabriquen bienes en el país para la exportación (según la Ley interpretativa, “el petróleo no es un bien que se fabrica, sino que se extrae”).

En tal sentido, vale recalcar que fue Mahuad quien creó el marco legal que ampara a la petrolera a reclamar la devolución del IVA, a través del “Crédito Tributario por Exportación de bienes”, donde se afirma que “las empresas exportadoras que hayan pagado el IVA por la adquisición de materia prima, insumos y servicios en los productos elaborados por el fabricante, tendrán derecho a crédito tributario, mediante la devolución del IVA”.

Claro está que el petróleo no es el producto resultante de un proceso de fabricación, como son los vehículos, las computadoras, las máquinas, etc. La empresa Occidental, como cualquier otra petrolera, no fabrica nada, su función específica es extraer el petróleo del subsuelo.

El Estado ecuatoriano debe revisar los contratos con esta compañía. Es más, el Congreso Nacional está obligado a dos cosas: 1. Impugnar la conveniencia para el país de los contratos con la Occidental.

2. Revisar todos los “contratitos dolosos” que el Estado mantiene con otras empresas tramposas, porque son lesivos a los intereses del Ecuador.

El país debe permanecer vigilante, porque un gobierno que ha demostrado debilidad manifiesta y un entreguismo descarado a EEUU, podría ceder a las presiones de la petrolera norteamericana Occidental, lo cual sentaría un funesto precedente para que otras compañías extranjeras abusivas, se crean con el derecho de exigir la devolución del IVA, que es ILEGAL E INMORAL, por donde se lo vea.