Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado, integrantes de la «Confluencia por la Democracia y Contra la Guerra», la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y de «La Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación para la Paz y la Democracia», manifestamos nuestro apoyo público a la decisión tomada el día 30 de agosto por la Corte Constitucional, mediante la cual declaró inconstitucional el acto legislativo 02 de 2003, conocido como estatuto antiterrorista.

La existencia de profundas irregularidades en la discusión y aprobación de dicha reforma fue motivo suficiente para declarar su inconstitucionalidad. Recibimos con beneplácito el llamado de la Corte Constitucional al cuerpo legislativo para que respete las garantías de la oposición política y las disidencias sociales y acate los procedimientos establecidos en el trámite de las reformas, pues tales exigencias son condiciones fundamentales para la vigencia del Estado Social de Derecho y de la democracia.

Aunque el fallo no se refirió al contenido mismo del estatuto, sino a su trámite, para las colombianas y colombianos resulta satisfactorio que con tal decisión se ha evitado la derogatoria de cláusulas esenciales del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, tales como la separación de poderes o la prohibición de que las fuerzas militares investiguen a personas civiles. Gracias al fallo de la Corte, la reforma que otorgaba funciones de policía judicial a las fuerzas militares queda por fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de esa reforma se percibe un clima más seguro para la ciudadanía, pues se evita que su aplicación -como reiteradamente se ha advertido- pudiera dar lugar a interferencias abusivas y demás arbitrariedades. De tal forma, el Gobierno podrá librar la lucha contra la criminalidad y contra las acciones terroristas mediante los suficientes instrumentos que le ofrece el actual ordenamiento jurídico, manteniendo total respeto por la democracia, el Estado Social de Derecho y los derechos humanos.

Es notable la independencia e imparcialidad que ha demostrado la Corte Constitucional con la toma de una decisión fundada en derecho, a pesar de las múltiples presiones a las que estuvo indebidamente sometida por parte de grupos políticos y sectores afines o que apoyan al Gobierno. Recientemente, nuestra Corte Constitucional fue reconocida por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, por su independencia y por su importante labor en la supervisión de la legalidad de medidas anti-terroristas [1]. En ese sentido, las organizaciones firmantes invitamos al respeto de la autonomía de la Corte Constitucional, cuestión que no debe depender del acuerdo o desacuerdo que se tenga con el contenido de éste o futuros fallos, al tiempo que llamamos a otras autoridades a evitar que adopten medidas dirigidas a reprender su comportamiento a través de disposiciones tales como, la restricción de sus facultades.

Las organizaciones firmantes señalamos además la importancia de observar los estándares internacionales, las recomendaciones de la ONU y, en general, los parámetros definidos por el derecho internacional. Aunque el gobierno se había comprometido ante las Naciones Unidas en Ginebra el año pasado y ante el grupo de países donantes G-24 en julio de 2003, a no otorgar funciones judiciales a las fuerzas militares, promovió esta reforma hasta su aprobación final. El Gobierno mantuvo esta posición también a pesar de constantes llamados de la comunidad internacional, incluyendo recientemente una carta de varios senadores estadounidenses, entre ellos el candidato presidencial del partido demócrata John Kerry.

Finalmente, solicitamos al Gobierno abstenerse de insistir en una reforma constitucional o legal como la que acaba de quedar sin vigencia. Con su abstención, cumpliría con los compromisos internacionales que adquirió previamente ante las Naciones Unidas y los gobiernos donantes, al tiempo que mantendría garantías democráticas fundamentales contenidas en la Constitución. En todo caso, llamamos al Gobierno a que eleve una consulta previa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita su opinión sobre la consistencia que guardaría una reforma similar con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Bogotá, 1° de septiembre de 2004

Casa de la Mujer, Ruta pacífica de las Mujeres, Fundación Manuel Cepeda Vargas, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Viva la Ciudadanía, Benposta Colombia, Fundación Hemera, CINEP, Fundación Nueva República, Fundación Mencoldes, Corporación Compromiso, Penca de Sábila, Instituto Popular de Capacitación, Indepaz, Funsarep, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

[1] Ver Comunicado Anexo de la Comisión Internacional de Juristas de agosto 27 de 2004 sobre la intervención de la Alta Comisionada en la Conferencia sobre Derechos Humanos y Terrorismo realizada en Berlín entre el 27 y 28 de agosto.