El drama humano de Arauca

Desde su posesión, en el marco de la política de la seguridad democrática, el presidente Álvaro Uribe señaló al departamento de Arauca como un laboratorio de guerra, lo cual se materializó con la declaratoria de los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena como Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación.

Muy rápido, Arauca se convirtió en el departamento más militarizado del país con presencia de la Brigada XVIII, las brigadas móviles, las fuerzas especiales, la Policía especializada y la presencia de militares norteamericanos, con el pretexto de proteger la infraestructura petrolera y brindar tranquilidad a los pobladores.

Después de dicha declaratoria, el conflicto se profundizó y se degradó: más violencia, desconocimiento de las normas constitucionales, persecución política de conciencia a dirigentes y su base social, sindicándolos de subversivos; ejecuciones extrajudiciales, guerra sucia con la implantación del paramilitarismo, represión y abuso de la autoridad y perdida de la autoridad civil, quedando la población a merced de la tiranía militar y policial. Las denuncias no tienen eco ante los órganos de justicia y control, quienes guardan una complacencia absoluta, prestándose, como ocurre con la Fiscalía, para toda clase de montajes.

La utilización de informantes, el pago de recompensas, el señalamiento público en contra de la población civil y la persecución a las organizaciones sociales ha permeado las relaciones sociales. Además, la lógica del gobierno de Uribe Vélez, de «quien no está con el Gobierno, está en su contra», ha generado un clima de desconfianza que impide el desarrollo normal del movimiento social y de la vida pacífica de las comunidades.

En la aplicación de la política de seguridad democrática el poder judicial perdió independencia frente al Ejecutivo. La Fiscalía y el Ministerio Público se limitaron a despachar desde las guarniciones militares, además de acompañar y convalidar los diferentes procedimientos violatorios a los derechos humanos.

En este año, según informes de las Personerías, Defensoría, organizaciones de derechos humanos y otras fuentes, se presentaron en el departamento alrededor de 700 asesinatos selectivos y nueve desaparecidos, de los cuales no se conocen sus paraderos.

Durante el 2002 los grupos paramilitares consolidaron su presencia en Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, municipios donde pasará la carretera que unirá a Venezuela con el Pacífico y que no fueron declarados como zonas de rehabilitación y consolidación. El fortalecimiento del paramilitarismo, entre otros, se debe al requerimiento de adecuar las condiciones necesarias para la implementación del ALCA.

El 26 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró Inconstitucional las facultades de Policía Judicial que le fueron entregadas a los militares, también los censos y las restricciones a la información, sin embargo esta decisión de la Corte no fue acatada. Hasta hace poco, en el Aeropuerto de Arauca había que registrarse y las autoridades filmaban a las personas que ingresaban. Los registros y los censos aún permanecen en retenes, como el de las vías que conducen a Arauca, Arauquita y Saravena, donde las personas son registradas y censadas. Así mismo, los familiares y los amigos de los recluidos en la Cárcel del Circuito de Arauca, son empadronados, censados, fotografiados, se les exige sus nombres, número de familiares, teléfonos y direcciones, sin el lleno de estos requisitos no les permiten el acceso.

Sin embargo, la crítica situación de derechos humanos viene de tiempo atrás. El 13 de diciembre de 1998, miembros de la Fuerza Aérea Colombia, adscritos a la Brigada XVIII, bombardearon el caserío de Santo Domingo tal como consta en el informe del FBI y en las investigaciones de la Fiscalía, asesinando a 19 personas entre ellos seis niños y heridos 25, bombardeo que se hizo desde un helicóptero al servicio de la multinacional Occidental de Colombia OXY.

El 12 de noviembre del 2002, en el casco urbano de Saravena en plenas festividades fueron detenidas más de 2000 personas, siendo encerradas y marcadas con sellos en el cuerpo, deteniendo a 47 personas, entre otras, detenciones dirigidas a sindicalistas, educadores, defensores de derechos humanos y empleados, entre otros, las cuales se hicieron efectivas previo señalamiento por encapuchados.

El 20 de mayo de 2004, en pleno operativo «Borrasca I» ejecutado por el Ejército de la Brigada XVIII y Móvil V y en medio del gran cordón de seguridad y despliegue del Ejército, y precisamente, cuando el General Comandante del Ejército Martín Orlando Carreño, visita la base militar de Pueblo Nuevo, a escasos 30 minutos de allí, se masacraron a 13 civiles, varios de ellos fueron degollados. Al parecer son más las víctimas pero aun se desconocen sus identidades.

Según sobrevivientes y familiares de las víctimas que lograron huir, esta masacre demencial fue ejecutada por individuos que estaban dentro de las patrullas del Ejército que desarrollaban el operativo, que vistiendo brazaletes alusivos a los paramilitares hicieron un retén en Flor Amarillo y Piñalito, sacaron a las personas mencionadas y fueron asesinándolas una a una.

El último hecho que generó rechazo y preocupación en las organizaciones sindicales y de derechos humanos fue el asesinato de los tres sindicales. El 5 de agosto de 2004, en horas de la mañana, fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército colombiano Héctor Alirio Martínez (presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ADUC), Leonel Goyeneche (miembro de la Junta directiva de la CUT Arauca) y Jorge Prieto (miembro de la Junta Directiva de Anthoc y de la CUT) líderes históricos de Arauca.

Los tres gozaban de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fueron asesinados en el marco de un operativo que realizó, el Batallón Revéiz Pizarro, del Ejército colombiano, en la vereda de Caño Seco, municipio de Saravena.

En el mismo operativo fueron detenidos los, también, dirigentes Samuel Morales, Presidente de la CUT de Arauca y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca.

El panorama descrito constituye un grave retroceso para los derechos humanos en Arauca. Razón por la cual el pasado 24 de agosto se programó en la ciudad un encuentro con las tres centrales sindicales, las organizaciones nacionales de derechos humanos, el movimiento por la paz, la Confederación comunal, y las organizaciones regionales de Arauca con el Vicepresidente de la República, Francisco Santos y las autoridades departamentales. La reunión tuvo como objetivo examinar la situación regional de derechos humanos, el proceso de exterminio del movimiento social y explorar medidas tendientes a superar el drama humano que vive el departamento.

Sin embargo, el dispositivo militar y policial que rodeó el evento impidió la participación de las organizaciones araucanas que anhelaban enterar al Vicepresidente de la delicada situación humanitaria del departamento, debido a que impidieron su ingreso y coparon la mitad del recinto con sus efectivos. Además, las autoridades realizaron un registro fílmico y fotográfico, generando así un ambiente de hostilidad y de intimidación.

La interlocución con el Gobierno se ha dificultado y la posibilidad de dar curso a un proceso que reconozca los derechos humanos, respete a la población civil y permita superar los factores que mantienen el conflicto se hace muy complejo. Las organizaciones regionales y nacionales de derechos humanos han hecho un llamado a mantener un seguimiento cercano a la situación.