Tras la desaparición de su principal, Roberto Marinho, el poderoso grupo Globo -uno de los complejos mediáticos más poderosos del planeta, con diario, radios y una vasta red de televisión- mantiene una cobertura razonablemente objetiva del gobierno de Lula, sin jamás dejar de recordar que el mandatario pregona hoy muchas cosas que el Partido de los Trabajadores (PT) había criticado duramente desde el llano. Hay quien dice que este grupo, con un pasivo de 3.200 millones de dólares, está buscando apoyo crediticio del gobierno.

En otro de los grandes diarios brasileños, O Estado de São Paulo, son frecuentes los editoriales con fuertes críticas al jefe de Estado o a sus ministros, pero en las páginas económicas del cotidiano habitualmente se elogia al ministro de Hacienda, el ex trotskista Antonio Palocci.

En mayo, cuando Lula intentó expulsar del país al corresponsal de The New York Times Larry Rohter, quien en un artículo lo había acusado de alcoholismo sin ofrecer pruebas, muchos creyeron que la relación del primer mandatario con la prensa estaba entrando en un período de roces. Rohter fue unánimemente apoyado por los medios y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), mientras quedó flotando en el aire el temor de que surgieran amenazas a la libertad de prensa, entendiendo por tal el derecho de los medios de decir lo que se les ocurra prácticamente sin restricciones. Debido a este temor, un ruidoso coro de protestas resonó en todo Brasil cuando la Fenaj entregó al gobierno un antiguo proyecto de ley de su autoría por el cual se creaba un Consejo Federal de Periodismo (CFJ) y 27 consejos regionales. El texto, sin embargo, parece salido de un manual de ética periodística de alguna facultad de comunicación, con exigencias sobre la relación del periodista con sus fuentes y sobre su responsabilidad con relación a la información que entrega al público. La Fenaj alegó que no buscaba cercenar la libertad de prensa ni de expresión sino instituir un organismo que velara por "la calidad de la información y por el ejercicio ético del periodismo". El CFJ es visto por la federación como "una conquista de la sociedad", al implantar "normas éticas como las que ya rigen el ejercicio profesional de médicos, ingenieros, abogados, psicólogos y asistentes sociales".

Quienes defienden el proyecto recuerdan un caso sucedido tiempo atrás en Brasil, cuando una pareja que dirigía un establecimiento escolar (la Escuela de Base de San Pablo) fue acusada de corrupción de menores a partir del relato de un niño. Antes de que hubiera una sentencia judicial, los grandes medios ya habían condenado a los dos acusados. Meses después ambos fueron absueltos al comprobarse que el niño había inventado todo, pero la escuela nunca reabrió y la pareja, hoy arruinada, lucha con dificultades económicas sin que ninguno de los diarios que la acusaron haya sufrido la menor sanción. En ese sentido, el proyecto considera que "las informaciones falsas o mal obtenidas pueden promover el linchamiento moral, destruir vidas, entre otros serios daños a instituciones y personas".

En la otra punta, un editorial de O Estado de São Paulo señaló que detrás del proyecto se podía notar "el peligroso avance del Partido de los Trabajadores" (al que la Fenaj responde, según sostuvo) sobre la prensa mientras la Folha denunció la presencia de "la siniestra mano del estatismo y el dirigismo" y la revista semanal Veja alertó sobre "el fantasma del autoritarismo" y estimó que "el gobierno del PT es liberal en lo económico y autoritario en lo político". También hubo críticas al texto de parte de la asociación que reúne a los dueños de diarios y la Asociación de Magistrados de Brasil.

El proyecto de la Fenaj, al que muchos llaman "el proyecto de ley de prensa de Lula", está ahora en la Cámara de diputados, donde es posible que permanezca por un buen tiempo a la espera de un momento más propicio para que sea considerado.

Rio de Janeiro (Brecha)

Ricardo Soca