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El punto de conflicto más importante es el intercambio automotriz. La semana pasada, en ocasión de un acto realizado en la planta que la firma alemana Volkswagen tiene en la localidad bonaerense de Pacheco (Argentina), el presidente de este país, Néstor Kirchner, dijo lo que nadie creía que se iba a escuchar pero muchos esperaban: Argentina no va a liberalizar el mercado automotor con Brasil en 2006, como estaba estipulado.

En sintonía con esta audaz aseveración, el mandatario argentino decidió dar un golpe de timón al manejo que Buenos Aires tenía de las negociaciones dentro del Mercosur.

Ya habíamos comentado que la diplomacia de Itamaratí (la cancillería brasileña) se encuentra abocada a la construcción de un nuevo mercado común. Pues ahora, las autoridades rioplatenses son las que pretenden dar un nuevo enfoque en la cristalización de este proyecto regional. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, busca firmar en diciembre un nuevo tratado constitucional del bloque sudamericano, y Argentina ya expresó la que será su palabra clave: salvaguardas. Es decir, que en caso de que alguna de la economías atraviese una crisis, se puedan resguardar algunos sectores claves, a través de cláusulas gatillo que equilibren la situación presentada.

En este contexto, el viernes 10 de este mes arribó a Brasilia un contingente argentino compuesto por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Industria, Alberto Dumont, junto a un importante grupo de empresarios industriales, para delinear una nueva política industrial para el bloque.

El Palacio de Hacienda argentino propondrá -y con mucho énfasis- un protocolo de buenas prácticas para la atracción de inversiones industriales. Es decir, no convertir al bloque en un lugar donde se compita por quién ofrece mayores subsidios a las empresas multinacionales.

Durante el acto en la planta de Volkswagen, Kirchner sostuvo que "no estamos para mirar cómo se producen las asimetrías como las que hay en este sector. Hemos tomado la decisión concreta desde el gobierno de no liberalizar en el año 2006 el mercado de la venta automotor con Brasil". El ministro Lavagna descartó por su parte que la medida vaya a afectar la relación con Brasil, así como sobre la posibilidad de nuevas fricciones en la relación bilateral. Y aclaró que el gobierno brasileño "ya sabía" la decisión argentina de suspender la liberación a partir de 2006.

Los argumentos por los cuales Buenos Aires suspendió el acuerdo en forma unilateral parten de la necesidad de "equilibrar las asimetrías". En ese sentido, Kirchner presidente agregó que "no puede ser que Argentina se inunde de productos importados".

"Queremos que se desarrolle la industria automotriz de Brasil pero también la nuestra. Estoy seguro de que esto va a ser comprendido por mi amigo, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva", afirmó el jefe del estado argentino. Durante el mismo acto, el vicepresidente de Volkswagen Alemania, Peter Hartz, anunció inversiones en la planta argentina por 100 millones de dólares, para construir un nuevo modelo de auto a partir de 2006. Esa inversión generará 400 nuevos puestos de trabajo, aseguraron fuentes empresarias.

"Estamos trabajando para generar un proceso de reversión. Hay que equilibrar las asimetrías. Esto va a ser entendido por mi amigo el presidente Lula. Los proveedores van a retomar el rol que perdieron porque fueron destruidos en la última década", añadió Kirchner en el acto donde se produjo la unidad 200.001 del modelo Polo.

Los proveedores argentinos coinciden con el diagnóstico presidencial pero creen que la raíz del problema radica en la caída de las ventas y la falta de financiamiento para la adquisición de unidades nuevas. Después de la devaluación (2002) y sin crédito barato, el poder adquisitivo de la sociedad es menor.

Además, surgió un nuevo enfrentamiento por la reticencia de la petrolera estatal brasileña Petrobras para financiar un gasoducto de 250 millones de dólares, tal cual exige la Casa Rosada (sede el Ejecutivo argentino).

La semana anterior, un altísimo funcionario del gobierno amenazó con anular la concesión de los gasoductos de TGS (Transportadora de Gas del Sur) a Petrobras "si no acepta invertir y garantizar el abastecimiento del mercado". Ese funcionario refería a la pelea por la ampliación del ducto San Martín, controlado por TGS, obra con la cual Buenos Aires apuesta a acotar el riesgo de una crisis energética el próximo invierno.

En junio pasado, el gobierno de Kirchner lanzó un plan de ampliación de los gasoductos para garantizar que en 2006 hubiera disponibles casi seis millones de metros cúbicos diarios más de gas. Las obras apuntan esencialmente a los gasoductos de Neuquén y de la Patagonia. Por los primeros, cerraron acuerdo con Repsol YPF, que aceptó aportar 100 millones de dólares para su construcción. Pero con el resto hay problemas.

La obra tiene un costo de 250 millones y consiste en tender una nueva línea de caños, paralelos a los anteriores, para agregar 2,8 millones de metros cúbicos a la capacidad de transporte diario.

Petrobras no pondrá dinero, aunque la obra arrancará igual. La construcción, en tanto, está ya atrasada. Y eso tensa al gobierno, que redobla la presión sobre la petrolera brasileña.

En agosto último, Kirchner hizo duros reclamos al canciller brasileño, Celso Amorin, por la falta de inversiones de Petrobras. El punto será clave en el viaje de Lavagna a Brasilia, quien ya se habría reunido en Buenos Aires con ejecutivos de la petrolera, para interiorizarse del tema.

Distinta es la situación con Repsol YPF, destacan autoridades gubernamentales. Esa compañía de origen español aportará 100 millones de dólares para financiar las obras de TGN (Transportadora de Gas del Norte), que maneja los gasoductos Norte y Centro Oeste.

Las negociaciones con TGS y Petrobras por un lado, y con TGN y Repsol YPF, por el otro, revelan la falta de definición sobre lo que el gobierno había presentado como la clave para este tipo de obras: los fondos fiduciarios que aportarían el capital necesario. "Por una razón o por otra, ese recurso nunca pudo concretarse", explicó un técnico privado.

En el marco del comercio intra-Mercosur, los precios de los "commodities" (material primas) continúan en baja y, dada la dependencia argentina de esos productos, cae la rentabilidad de las ventas externas. Como contrapartida, se incrementa la importación de productos textiles.

Este es otro foco de conflicto. Según un informe de la Fundación Pro Tejer, durante los primeros siete meses del corriente año, las importaciones en ese sector ascendieron a 424 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de más del 30% respecto del mismo período del año pasado, cuando esas transacciones totalizaron 325 millones. El análisis del origen de los productos indica que existe un alto grado de concentración de los embarques, ya que el 50% de las compras proceden de Brasil y representan en lo que va del año 211 millones de dólares. El 25% de los embarques provienen de Asia, y ascendieron en igual período a 105 millones de dólares, que representaron una suba interanual de 66%.

Aunque parece que algunos sectores comerciales los separen, Argentina y Brasil se unen cuando ambas economías se ven perjudicadas por un tercero. En este caso se trata de China, nación que impuso trabas para arancelarias al comercio de soja.

Brasil es el segundo exportador mundial de esta oleaginosa y Argentina el tercero. El principal importador tanto de grano como de aceites y harinas de soja es la nación asiática, que absorbe entre el 25 y el 30% de la demanda mundial.

En una nota conjunta, ambos países advirtieron que las normas aplicadas por China podrían no ser consistentes con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según informaron fuentes de la secretaría de Agricultura de Argentina..

Una de las resoluciones, la número 73, establece que se efectuarán en los puertos de destino los controles de calidad y precio de la mercadería. Los exportadores consideran que esa decisión va en contra de los usos y costumbres del comercio internacional, que indican que esos controles se deben efectuar en los puertos de origen.

La otra norma perjudica a los aceites, ya que las autoridades chinas fijaron estándares de calidad para los crudos que corresponden a los refinados, sin aceptar un cambio en el precio por la modificación. Esas trabas se suman a la declaración de cesación de pagos que numerosos industriales chinos comenzaron a realizar en febrero último, como consecuencia del alza del precio internacional de los granos.

De esa manera, obligaron a los exportadores de Brasil, Estados Unidos y Argentina a renegociar los contratos con precios más bajos que los pactados en 2003.

Argentina vende productos oleaginosos por más de 2 mil 300 millones de dólares anuales y en 2003 las ventas se incrementaron en un 175%. En medio de todas estas controversias, el Palacio de Hacienda argentino ya tiene listo el Presupuesto 2005. Pese a los recurrentes pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo no incluirá una mejora sustancial en el nivel de superávit primario ni en el resto de los indicadores macroeconómicos. El principal cambio se da en el crecimiento esperado: un 4% con respecto al 7% que crecería este año la economía.

Los indicadores definidos marcan que el gobierno espera un dólar no mayor a los tres pesos, que prevé una inflación oscilante entre el 7 y el 10,5% y que el crecimiento estimado del PBI ronde, como mínimo, el 4%.

En cuanto a los ingresos, que este año terminarán arriba de los 25 mil millones de dólares, se calculó para el año próximo que aumentarán entre un 10 y un 15%. Similar porcentaje se estableció como crecimiento del gasto. Para este año las erogaciones fueron calculadas en la ley de presupuesto en 20 mil millones de dólares.

En los próximos días, el ministerio de Economía remitirá al presidente el borrador del presupuesto. En el equipo económico saben que Kirchner podría ordenar cambios. Pero, por las dudas, subrayan que ya está contemplado que el Ministerio de Planificación Federal sea la cartera que mayor variación absoluta tendrá con respecto al presupuesto de este año. ¿La causa? En los últimos nueve meses la administración Kirchner anunció una batería de obras públicas que tendrán el año que viene su mayor impacto en las cuentas públicas. Otro tanto ocurrirá con la partida para el ministerio de Desarrollo Social.

El tema central que desvela al FMI seguirá sin cambios, tal la Casa Rosada se encargó de advertirle a Rodrigo de Rato (titular de ese organismo internacional) durante su reciente paso por Buenos Aires: el ahorro fiscal se fijará en el 3%, y el 2,7% será lo que se aplicará al pago de la deuda con los acreedores privados.

El Mercado Común del Sur, el más importante proyecto estratégico de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, atraviesa por una tormenta. De las resoluciones que se tomen de aquí a fin de año dependerá que la misma se convierta en un huracán tropical o en una brisa de verano.

Publicado en Revista Quantum N.32