La reciente ronda de Lima dejó amargas experiencias y lecciones para aquellos sectores de la economía nacional que tenían la fe puesta en que el acuerdo comercial con Estados Unidos sería beneficioso. Primero, los negociadores norteamericanos dieron a conocer sus intenciones -claras desde un principio- respecto a propiedad intelectual, las cuales van más allá de lo incluido en la Ronda de Doha de la OMC y de cualquier regulación nacional en la materia; segundo, los norteamericanos no van a ceder en cuanto a la protección de la agricultura y endurecerán su posición respecto a las barreras no arancelarias; y tercero, no se hablará nada sobre los ingresos a los Estados Unidos porque para ellos es un asunto de Seguridad Nacional y no comercial.

Además, está claro que la ronda de Puerto Rico que se lleva a cabo esta semana no tendrá mayores sorpresas, ante el previo anuncio de los Estados Unidos de no ampliar sus ofertas en el sector agrícola. Por lo tanto, Estados Unidos dejará estos temas que son fundamentales para los países andinos, al calor de la última hora y muy seguramente negociados de cualquier manera y sin contemplar las implicaciones para las economías nacionales de Ecuador, Perú y Colombia. Entre tanto, los norteamericanos insistirán en su propuesta sobre propiedad intelectual, tema que llevó a una mini-crisis en la ronda de Lima y que se resolvió sacando del equipo negociador al representante colombiano, cuyo mayor pecado fue no ceder ante las presiones norteamericanas.

Por otra parte, es importante considerar el tema de las reglas laborales, aunque no haya trascendido en la opinión pública. El modelo de flexibilidad que el Gobierno buscó imponer en la reforma laboral y que no pudo imponer por falta de apoyo político en el Parlamento, se negocia en el TLC y en la ley de Zonas Especiales de Desarrollo Regional, cuya aprobación se realiza hoy en el Congreso. Aunque la reforma laboral de 2002 no haya generado más empleos sino más precariedad, la ley de Zonas Especiales permitirá contratar por debajo del mínimo legal, con jornadas más amplias y sin pagar algunos aportes parafiscales.

Por último, Estados Unidos está definiendo los tiempos, los contenidos y las condiciones de la negociación. El problema es que, tal como lo dice Joseph Stiglitz, con esto solo ganan los poderosos intereses de las empresas norteamericanas en cuanto a medicamentos, inversiones y mercados agrícolas porque ven en nuestros países jugosos mercados de exportación y con mano de obra barata para destinarla a las industrias maquiladoras. Es una forma que podría calificarse como terrorismo económico, cuya sostenibilidad depende de las habilidades de los mandatarios de turno de hacer parecer bueno lo que de entrada se sabe que es malo. Sin embargo, esa capacidad será cada vez menor en la medida en que tarde o temprano la gente se dará cuenta de que para poder comprar lo mínimo vital es necesario tener un salario digno y precios accesibles, es decir, debe poder demandar lo que produce.

Septiembre 14 de 2004.