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La presencia de organismos genéticamente modificados en Brasil tiene una historia de contrabando de semillas, siembra ilegal y, a partir de 2003, la cosecha oficial de soja transgénica obtenida por una medida provisoria promulgada por el vicepresidente de la República, José Alencar. En esta trayectoria, los transgénicos estuvieron siendo plantados en el país sin respetar el principio de precaución, que exige garantías científicas antes de la liberación de productos de ingeniería genética.

Ahora, este principio puede ser sepultado definitivamente para el caso brasilero con la medida provisoria que debe firmar el presidente Luís Inácio Lula da Silva para garantizar la cosecha de soja transgénica en 2004/2005. Ante esta perspectiva, entidades de defensa del consumidor que componen el Foro Nacional de Entidades Civiles de Defensa del Consumidor, enviaron ayer una carta a Lula avisando que "no aceptarán pasivamente cualquier medida que afrenten los derechos de los consumidores".

Según una investigación realizada por el Iser (Instituto de Estudios de la Religión) en julio de este año, más del 80% de los brasileros se declararon en contra de la liberación de los transgénicos en el país. Así, el aval definitivo vía medida provisoria, dispensando la evaluación del riesgo y de la investigación adecuada, contradice la posición de la mayoría de la población brasilera al respecto de la diseminación de organismos con el código genético híbrido.

Reacción de los consumidores

Las entidades califican de "autoritaria" la liberación definitiva de la soja transgénica, y temen que esto acabe ocurriendo, a juzgar en principio, por el tratamiento dispensado a la Ley de Bioseguridad. Además de contener grandes alteraciones en relación con el proyecto original, criticadas por los ambientalistas, la nueva versión viene soportando innumerables dilaciones desde el año pasado.

Al comienzo del año, llegó hasta ser incluida entre las pautas urgentes que justificaron la dispendiosa convocatoria a reuniones extraordinarias del Congreso. Después, el tema volvió a ser discutido solamente en septiembre y en seguida abandonado por falta de quórum.

Sin esperanzas de obtener una solución del Legislativo y del Ejecutivo, ya que éste se colocó favorable, sucesivamente, a las peticiones de los cultivadores de soja y a las multinacionales como la Monsanto ("el presidente Lula nunca escuchó a las entidades civiles de consumidores en esta cuestión", se quejan en la carta), las organizaciones de derechos del consumidor sólo encontraron respaldo en el poder Judicial. Desde el 8 de septiembre de 2003, el Supremo Tribunal Federal determinó el mantenimiento de la prohibición de la siembra de soja mientras no hayan datos substanciales sobre la inocuidad del producto, en un parecer favorable a la acción movida por el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec).

Esta decisión fue ignorada con la liberación de la siembra de transgénicos, el año pasado. "Pasar por encima de la decisión judicial otra vez es transgredir el estado democrático de derecho", afirma Renata Farias de Vida Brasil, entidad signataria de la carta de amonestación al presidente Lula.

En caso de que la misiva no surta efecto, las organizaciones ya poseen otra estrategia de acción. "La preocupación con la liberación sin análisis de riesgos de los transgénicos es mundial. Por eso, también daremos instrucción a las 220 asociaciones de consumidores, de más de 100 países, afiliadas a Consumers International, de las decisiones tomadas en Brasil y pediremos que cada una gestione, conforme el caso, junto a sus gobiernos las medidas apropiadas a los productos transgénicos exportados por Brasil". Con esto, "la mano invisible" de las leyes del mercado pueden pesar para el gobierno brasilero en forma de disminución en la exportación de soja.

Los Superpoderes de la CNTBio

El canto del cisne del actual ministro de Coordinación Política Aldo Rebelo (PC de B) como relator del PL de Bioseguridad, fue concentrar todo el poder decisorio sobre la cuestión de los transgénicos en las manos de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio). Antes de ser invitado para el primer escalón del gobierno Lula, la disposición de Rebelo que consta en la actual versión del proyecto propone que "en cuanto a los aspectos de la Bioseguridad el parecer técnico definitivo de la CTNBio vincula a los demás órganos y entidades de la administración".

Este punto preocupa a las entidades de defensa del consumidor. "No se puede aceptar que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) sea el órgano máximo en materia de transgénicos, por tratarse de un asunto de gran relevancia e impacto para las áreas de la salud, del medio ambiente, de la agricultura y de la economía del país", afirman en la carta.

En términos prácticos, la palabra de la CNTBio estará por encima de la actuación de órganos como el Instituto Brasilero de Medio Ambiente (Ibama) y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que podría pronunciarse en contra de los posibles impactos ambientales y para la salud humana de los experimentos con transgénicos.

En caso de cuestionamientos a las decisiones de la Comisión, el voto del Consejo de Ministros previsto por el proyecto de ley de Bioseguridad parece impracticable para las entidades. "No creemos que el Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS), compuesto por 11 ministros de Estado, se reunirá en 45 días para emitir su parecer en el caso de que haya conflicto técnico instaurado entre la CTNBio y los órganos de registro y fiscalización de los ministerios. En la práctica, la posición de la CTNBio será siempre la última palabra", declararon.

Las organizaciones también cuestionan la idoneidad de esta Comisión. "Tal Comisión ha adoptado una postura intransigente y no exenta, favorable a la liberación de transgénicos, como demuestran actas y documentos de sus reuniones, sin mayor preocupación con la evaluación de los riesgos ambientales y para la salud humana de esos productos", denuncian en el documento enviado al Palacio del Planalto.

"Órganos de protección ambiental y sanitaria no pueden quedar subordinados a intereses económicos, aunque éstos estén disfrazados de carácter científico", alertan los defensores de los derechos del consumidor. "Somos ciudadanos conscientes de que las decisiones políticas tomadas para apoyar a los productores de soja -que corrompen las leyes, las autoridades y la propia Justicia- no pueden sobreponerse a los derechos de toda la sociedad", avisan.

Agencia de Información Fray Tito para América Latina