La Carta Social afirma la imperativa necesidad de revertir el proceso de desintegración que aqueja a Latinoamérica y el Caribe e intenta dar respuesta a la necesidad de un marco jurídico y legal homogéneo, dentro del cual, pueda ejercerse la plena ciudadanía, entendida como el ejercicio de derechos en materia de salud, educación, vivienda, trabajo y participación ciudadana, señaló el diputado Filinto Durán, presidente de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano, al inaugurar el Foro Hacia la Construcción de la Carta Social de las Américas.

La intención del Foro es la de construir un instrumento jurídico para toda América, que articule esfuerzos compartidos de nuestras sociedades, en la búsqueda de colocar en un escenario de justicia y participación los derechos que por generaciones han sido relegados, pasados a planos excluyentes.

Indicó que sin dudas, el desarrollo del potencial ciudadano en cada latinoamericano significa el empoderamiento de sus organizaciones, que bajo un origen profundamente democrático debaten su destino y las vías para hacerlo realidad, sin más específicamente que las derivadas de sus condiciones éticas, de genero, etarias culturales y/o geográficas.

“Partiendo de este novedoso enfoque se hace necesario ratificar que la mejor política social es aquella que entrega el poder al ciudadano, para que en corresponsabilidad con el Estado, defina su propio camino de superación y son los instrumentos internacionales como la Carta de los Derechos Sociales, las vías para universalizar el acceso a todos y cada uno de ellos”, dijo Durán.

Recordó que el propósito de la Carta es restituir los derechos sociales, económicos y culturales de los que han sido despojados nuestros pueblos. Se trata de construir una agenda de cambios que abarque la escala del ciudadano y la de sus organizaciones sociales. La mejor política social es la que entrega el poder a los ciudadanos, señaló Durán.

Participaron en el acto de instalación del Foro, los ministros de Salud y Desarrollo Social, Roger Capella, y de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba, así como el viceministro de Planificación y Desarrollo, José Félix Rivas.

El Parlamento Latinoamericano, la Presidencia de la República, los gabinetes económico y social, la Cancillería y el ministerio de la Defensa, promueven una serie de cuatro encuentros regionales -el primero se realizó el 25 de septiembre en Maracaibo, el segundo el 30 en Puerto Ayacucho-, que se repetirán en Puerto Ordaz el 8 de agosto, con representantes sociales de la región Sur-Llanos.
En el foro valenciano se dieron cita representaciones de los estados Miranda, Aragua, Cojedes, Vargas, Distrito Capital, Portuguesa, Barinas, Guárico y Yaracuy, además de las nutridas delegaciones carabobeñas.

“La existencia de nuestra comunidad debe estar basada en la justicia social, la paz, la democracia y la libertad, bienes supremos de la existencia que no pueden disfrutarse en medio de la pobreza, la exclusión y la marginalidad, por lo que urge revertir esta situación. Nuestros ciudadanos deben pasar de ser sujetos pasivos de la injusticia al ejercicio de los derechos que los lleven a ostentar los bienes de vivienda, educación , salud, trabajo, que configuran el marco de una vida asocial plena”, señaló el diputado Durán.

Añadió que solo con una política de integración “podremos dar solución a los problemas económicos y sociales de la región, teniendo presente que para ello solo una legislación social uniforme podrá resolver los problemas de nuestras comunidades”.

Los objetivos de la reunión son promover la discusión de la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales para América Latina y el Caribe en la Organización de Estados Americanos, divulgar los contenidos del proyecto de Carta y debatirlos ampliamente con las organizaciones sociales, redes, sindicatos, gremios empresariales, movimientos campesinos e indígenas y los distintos estamentos de gobierno de las regiones.

Este debate se generó en un amplio espacio de participación, donde las instituciones -públicas y privadas- compartieron sus anhelos y sueños comunes y debatieron los diferentes derechos sociales de los ciudadanos, a fin de que sus aportes fueran consignados en la redacción final del proyecto de Carta.

Seis mesas de trabajo, integradas por delegados de organizaciones sociales, estados y parlamentos, abordaron las distintas temáticas:

– Derecho a la salud, la educación, al trabajo, a una vida digna, Derecho a servicios básicos, a la protección social, a la vivienda y a la familia.
– De los derechos económicos de las Américas: derechos económicos generales y comunitarios
– De los derechos comunitarios de las Américas: Derechos a una identidad político-territorial, a una propiedad del suelo como patrimonio colectivo, a la organización y participación pública y a la participación ciudadana en las políticas públicas,
– De los derechos culturales de las Américas: derecho a una identidad cultural, a una cultura universal, a creadores culturales, al esparcimiento y al tiempo libre, a la ciencia y la tecnología.
– De los derechos de los pueblos indígenas, con nutrida participación de las diferentes etnias de la región.

En la última Asamblea General de la OEA, realizada en Quito, la organización hemisférica aprobó iniciar la gestación de una Carta de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales para las Américas, propuesta realizada por la delegación venezolana y aprobada por consenso.

Cabe recordar que ya el Parlamento Latinoamericano ha aprobado -en las tres Cumbres de la Deuda Social realizadas desde el 2000- una Carta de los Derechos Sociales Fundamentales para América Latina y el Caribe.

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