El Colegio de Periodistas de Chile introdujo ayer (7 de octubre) dos denuncias en la justicia del crimen por las amenazas de muerte contra los periodistas Mónica Guerra, de El Mercurio, y Francisco Martorell, director de la revista El Periodista, informó el abogado Juan Aguad. Las causas competen al 32° "Las Condes" y 11° Juzgados del Crimen "Ñuñoa", de acuerdo a la jurisdicción de los domicilios en que se recibieron los mails conteniendo las amenazas el 1° de septiembre, indicó el jurista.

Martorell introdujo otra denuncia "el 29 de octubre" en el 11° Juzgado por el robo de cuatro computadores perpetrado durante la noche del 28 de octubre en las oficinas de la revista. Las magistrados, Blanca del Carmen Rojas Arancibia, del 32°, y Doris Adriana Ocampo Méndez, del 11°, cursarán las órdenes de investigación y citarán a declarar a partir del martes 12 de octubre, debido a que el lunes 11 es feriado, informó Aguad.

La SIP condenó atentados a la libertad de expresión

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) reaccionó en solidaridad con los periodistas amenazados de muerte en Chile, Mónica Guerra y Francisco Martorell, y contra situaciones similares en Colombia y Honduras, según un cable fechado el 5 de octubre en Miami por la agencia alemana DPA.

La organización, que expresó su "profunda preocupación" por las amenazas y la violencia contra periodistas y medios de Chile, Colombia y Honduras, abordará el asunto en su asamblea general a realizarse en Guatemala del 22 al 24 de octubre.

La SIP "se mantendrá vigilante ante los incidentes registrados en esos países porque afectan el libre ejercicio del periodismo, promueven la autocensura y limitan la libertad de información", dijo Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

La SIP indicó que en Chile la revista El Periodista fue asaltada el 28 de septiembre por personas que se llevaron computadoras que contenían información contable y financiera. Su director había sido amenazado por un reportaje sobre corrupción municipal y se vincula el robo a esas amenazas.

La revista colombiana Semana denunció hace unos días que sus periodistas recibieron amenazas y sus teléfonos fueron intervenidos tras la publicación de pormenores de las conversaciones que sostienen desde hace dos años jefes de los grupos paramilitares con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.

En Honduras fue baleado el diario La Tribuna el 1 de octubre por individuos no identificados. El diario publicó recientemente artículos sobre el crimen organizado en la principal cárcel del país y la supuesta complicidad de las autoridades penitenciarias.

Preocupación en El Mercurio

El Mercurio se sumó a la preocupación por las amenazas contra la libertad de expresión en Chile desde que su director, Juan Pablo Illanes, tuvo conocimiento de los hechos a su regreso al país el 4 de octubre. Las víctimas de las amenazas decidieron al comienzo mantenerlas en un bajo perfil, para no verse involucrados en la campaña por las próximas elecciones municipales del 31 de octubre porque sus autores desconocidos invocaron al ayuntamiento de Quilicura, una comuna de Santiago, cuya alcaldesa "Carmen Romo" aspira a la reelección por cuarta vez.

Illanes se comunicó con Martorell para recabar mayor información sobre el robo de las cuatro computadoras de su revista. El diario publicó el 7 de octubre su primera información sobre las amenazas de muerte " conocidas el 1° de septiembre", que también afectan a su periodista Mónica Guerra. El matutino se hizo eco de la exigencia de "una investigación profunda de los hechos" reclamada por la SIP, organización que agrupa a los grandes diarios de América Latina y el Caribe.

El Mercurio destacó, asimismo, que “ambos acontecimientos, lesivos para la libertad de expresión, provocaron la inmediata solidaridad de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felpa), de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), del Colegio de Periodistas de Chile y de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas (Ciap).”

http://www.elmercurio.cl/2004/10/07/nacional/policia_y_tribunales/noticias/

Reclamos al gobierno de Chile

"Egalité et Justice", una asociación de derechos humanos de Francia, más otra de Alemania, y numerosas organizaciones de periodistas de todo el planeta, además de periodistas individuales de Argentina, Paraguay y Brasil han expresado su preocupación y solidaridad en llamadas telefónicas a El Periodista y al Colegio de Periodistas.

La FELAP, la SIP y Reporteros sin Frontera reclamaron al gobierno de Chile que investigue con diligencia las amenazas de muerte y su posible vinculación con el robo de las computadoras. Martorell solicitó también una reunión con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, pero sólo fue recibido el 6 de octubre por su jefe de gabinete, Pablo Gutiérrez Vásquez, en compañía de Ernesto Carmona, secretario ejecutivo de la CIAP y consejero nacional del Colegio de Periodista. El alto funcionario ofreció intensificar las investigaciones policiales "dentro de 48 horas", plazo que ya se cumplió sin que todavía se conozca ningún resultado.

Igualmente, los dos periodistas amenazados, Guerra y Martorell, más Carmona y Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio fueron recibidos el 22 de septiembre "seis días antes del robo de las computadoras" por el Prefecto Eduardo Naranjo, encargado de relaciones públicas y de comunicaciones
de la Policía de Investigaciones (PICH), quien prometió diligencias cuyos resultados aún se desconocen.

La Brigada Cyber Crimen, de la PICH, debería ratificar, o no, si las amenazas surgieron efectivamente desde una cuenta Internet de la empresa Ducasse, con oficinas en Alameda 1460, Piso 8, también sede del partido Demócrata Cristiano, tal como lo estableció una investigación privada solicitada por los periodistas a una empresa de ingeniería informática.

El 23 de septiembre, Carmen Romo envió al abogado Gabriel Silver Romo, que también es su hijo, a explicarles a Pliscoff y a Carmona que su madre, la alcaldesa de Quilicura, repudiaba las amenazas de muerte, postura que ella ratificó el 2 de octubre por radio la Bío Bío. Esta situación amenazante para la libertad de expresión "extrañamente" ha sido ignorada por los demás medios de comunicación chilenos, entre otros, el diario del gobierno La Nación, los matutinos La Tercera y La Cuarta "que pertenecen a Alvaro Saieh", radioemisoras como Cooperativa "vinculada al partido Demócrata Cristiano"y todos los canales de televisión.

"Reporteros sin Frontera" exige investigación

La organización "Reporteros sin Frontera" de Francia expresó su preocupación por las amenazas contra los periodistas Mónica Guerra y Francisco Martorell, a la vez que exigió al Ministerio del Interior una investigación eficaz del posible vínculo entre el robo de los computadores de la revista, perpetrado el 28 de septiembre, y las amenazas enviadas por mail el 1 del mismo mes.

Texto completo del comunicado: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11505
Felap: Alarma por robos y amenazas en Chile

La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que oportunamente
condenó las amenazas de muerte en septiembre, el 4 de octubre se pronunció de nuevo con un llamamiento que expresó "su repudio ante el robo perpetrado contra el quincenario El Periodista, cuya sede fuera violentada el pasado día 28 por extraños que se alzaron con equipos de computación e información".

Carlos Camaño, presidente de la organización, destacó que "este hecho viene a sumarse a las amenazas de muerte que a comienzos de septiembre recibió el director de dicha publicación -Francisco Martorell- y la periodista Mónica Guerra del diario El Mercurio".

En tal sentido, “la FELAP junto con la solidaridad hacia el conjunto de los trabajadores de "El Periodista" hace en nombre de todas sus organizaciones asociadas un llamamiento a las más altas autoridades al frente de los poderes del Estado chileno para que investiguen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos hechos,” dijo Camaño. "Alertando que, de quedar impunes, pondrían en serio riesgo la vida y condiciones de trabajo para el ejercicio de la profesión periodística, así como el derecho a la comunicación
del conjunto de la sociedad", señaló el dirigente continental de los periodistas.

Solidaridad de la UTPBA

La nueva directiva de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) también envió el 5 de octubre "su solidaridad al colectivo del quincenario «El Periodista», ante este nuevo hecho de violencia contra los trabajadores
de prensa chilenos".

"La UTPBA, en línea con la advertencia hecha por nuestra organización regional -FELAP-, suma su repudio a esta seguidilla de amenazas contra periodistas y medios, como las registradas el mes último contra los periodistas Mónica Guerra y Francisco Martorell. Asimismo, adherimos a las acciones de denuncia hechas por la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas (CIAP)y el Colegio de Periodistas de Chile para exigir la debida investigación y castigo para quienes pretenden limitar las, de por sí difíciles, condiciones para el ejercicio profesional del periodismo", señaló un comunicado suscrito por Lidia Fagale, Secretaria General Adjunta; Daniel das Neves, Secretario General; Héctor Sosa, Secretario de Prensa, Ana María Careaga, Secretaria de DD.HH. y Claudia Quiñones, Secretaria de Cultura

Solidaridad en Francia

La Asociación chilena "Egalité et Justice" de Francia manifestó su preocupación ante las agresiones contra la revista El Periodista y su director, Francisco Martorell.

“La intromisión ilegal de desconocidos en los locales de la revista y el robo de material informático revela la voluntad de atentar contra la libertad de prensa, y la existencia de este medio de información independiente,” señaló un comunicado emitido en París. “Este hecho nos recuerda métodos de triste memoria del no tan lejano pasado dictatorial de Chile,” agregó.

“La autoridad pública, la policía y la justicia tienen el deber de investigar estos graves hechos y de establecer toda la verdad y de aplicar el justo castigo a los responsables,” reclamó "Egalité et Justice". "Al mismo tiempo, dichas autoridades tienen el deber constitucional de garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión".

La organización defensora de los Derechos del Hombre y de las reivindicaciones de los exonerados políticos, manifestó "su solidaridad con la revista El Periodista y su apoyo a la defensa de la libertad de prensa en Chile".

Los periodistas chilenos esperan que el gobierno de su país por lo menos reaccione ante el anuncio de la SIP de poner en tabla las amenazas a la libertad de expresión en Chile en su asamblea general a efectuarse del 22 al 24 de octubre en Guatemala.

Ernesto Carmona