El ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, expresó la preocupación de su gobierno por “la reincidencia de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la organización de Estados Americanos (OEA) en tratar de intervenir en un proceso legislativo, de carácter interno, como es la discusión del proyecto de Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión”.
“Estamos preocupados, pero no sorprendidos, porque la actuación de esta Relatoría siempre ha estado enmarcada, con Venezuela, en una grave falta de imparcialidad”, expresó Izarra.
El ministro señaló el hecho “curioso” de que este nuevo pronunciamiento, se produce en simultáneo con otro emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), “organismo integrado por dueños de medios de comunicación impresos del continente, al cual parecen estar supeditadas las decisiones de esta Relatoría”.
Izarra recordó algunos antecedentes de injerencia de esta unidad de la CIDH, como, por ejemplo, el informe publicado en 2001 sobre Libertad de Expresión, que carecía de sustento alguno y del cual jamás se informó al Estado venezolano, agrediendo al pueblo venezolano y sus instituciones.
“También recordamos como, en la fase previa al golpe de Estado contra nuestras instituciones democráticas en abril de 2002, los medios de comunicación venezolanos se dedicaron a violar gravemente las normas internas e internacionales, sustituyendo toda su programación habitual para emitir minuto a minuto mensajes promoviendo el odio, la violencia, la guerra civil, la desestabilización de las instituciones democráticas”, indicó.
Izarra dijo que “esta actuación de los medios venezolanos merecía un comunicado de la Relatoría, amonestando y señalándole a los medios que con tal comportamiento se colocaban al margen de la ley. Pero, fuera de toda lógica jurídica, y contrario a la causa de los derechos humanos, esta Relatoría emitió un comunicado, el día 09 de abril, para denunciar al Gobierno”, dijo Izarra.
El ministro agregó que la Relatoría de Libertad de Expresión tiene un concepto corporativizado de la libertad de expresión y el derecho a la información. Recordó al Relator Especial, Eduardo Bertoni, que su enfoque y el de la SIP sobre la libertad de expresión atenta contra la Convención Americana de Derechos Humanos, porque “con ese enfoque se pretende que los medios privados continúen desinformando”.
Asimismo recordó a Bertoni que la Corte Penal Internacional de Ruanda penalizó a los medios de comunicación en Ruanda por promover la apología de la violencia y el odio racial, lo cual generó el genocidio contra los Tutsi. “En Venezuela también lo han hecho. El mundo entero fue testigo de la alevosía de los medios contra las instituciones democráticas. Sólo el Relator desconoce esa verdad”.
Izarra concluyó señalando a la comunidad internacional “que la Constitución Bolivariana es un ejemplo de progresividad en materia de derechos humanos, y el proyecto de Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV se atiene rigurosamente a los preceptos en ella contenida y a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual somos parte”.
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