La situación: crisis humanitaria en seguridad social y salud

Son múltiples las expresiones de la crisis y del deterioro de las condiciones de vida y salud de la población.

Miles de personas enferman y mueren sin atención y por causas asociadas a la pobreza, a las violencias y la exclusión social. Al menos 75 hospitales de II y III nivel están cerrados ó al borde del cierre y toda la red pública ha disminuido en al menos un 50% su capacidad resolutiva. El Seguro Social está aniquilado. 16 millones de connacionales no tienen ninguna garantía para acceder a los servicios en salud y otros 12 lo hacen parcialmente, mientras que el conjunto de la población debe gastar lo que no tiene para cofinanciar y/o pagar la atención.

Cerca de 300 mil trabajadores de la salud en todos los niveles ven deterioradas sus condiciones de trabajo por cuenta de los despidos masivos, el desempleo, el subempleo, y la vulneración de su seguridad social. Cientos de trabajadores han perdido la vida ó han sido amenazados y desplazados por defender sus derechos, a los mismos hospitales e instituciones públicas de salud, a sus organizaciones y por ejercer la misión médica. La salud pública prácticamente ha sido cancelada, no se apoya la investigación, la formación en salud se patentó como negocio y todo el sistema de riesgos profesionales fue transferido al capital financiero privado, el menos interesado en la salud de los trabajadores.

La Ley 100, no se cumplió. Tan solo el 50% de la población fue
parcialmente cubierta, no fue equitativa porque los no cubiertos son los más pobres y vulnerables, los que habitan en las regiones más apartadas, las mujeres y los niños.

El Gobierno de la seguridad democrática, somete el país a un régimen autoritario, criminaliza la organización y la protesta social, precipita la profundización del modelo de mercado para la salud, la privatización de la red pública, y la consolidación del aseguramiento como única forma de ampliación de cobertura. En este mismo camino, se debate en el Congreso de la República la reforma a la Ley 100, a las pensiones, y a la formación de los recursos humanos en salud entre otros, todas en sus expresiones más oficialistas y mayoritarias encaminadas a facilitar la puesta en marcha del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y a generalizar un sistema de seguros parciales.

La respuesta social: sumar y no restar

La resistencia social y popular no se ha hecho esperar. Sesenta mil indígenas en un Congreso Itinerante le dijeron NO a la violación de los derechos humanos, al Tlc y a las reformas constitucionales antinacionales. El 12 de octubre, 300 mil personas -solamente en Bogotá- demostraron la inconformidad y los niveles de confluencia y organización de la sociedad civil. Igualmente los estudiantes de la UIS y los trabajadores de la salud de Santander marcharon a la capital en la defensa de la red pública. Las organizaciones sindicales de la salud se movilizan en defensa de la red pública, del derecho al trabajo con dignidad y contra el genocidio de sus afiliados en los últimos cinco años. Los pensionados se resisten a las reformas que cursan en el Congreso. Por último, un renovado espíritu de coordinación y unidad se manifiesta entre los gremios y asociaciones de profesionales de la salud y en todo el país se continúa desde las comunidades, las mujeres, los indígenas la construcción de propuestas alternativas e integrales de salud y seguridad alimentaria.

En este escenario cobra especial vigencia y sentido la convocatoria al Segundo Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social, evento concebido como espacio de confluencia política de actores sociales vinculados a iniciativas sociales amplias, democráticas, progresistas y emancipadoras.

Es urgente que la sociedad se pronuncie de manera demandante y propositiva frente a las violaciones del derecho a la seguridad social. Que avance en la construcción de un nuevo modelo de seguridad social y de salud, y que se estructure un mandato ciudadano que fije lineamientos claros de exigibilidad frente al Estado. De igual manera, que oriente el accionar de las fuerzas sociales y políticas democráticas de cara a la reforma a la Ley 100 que cursa en el Congreso, a los gobiernos alternativos en diferentes partes del país para que sus políticas públicas sean claras y contundentes en la vía de asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los más pobres y finalmente, que sirva de plataforma de acción para el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social.

La invitación es para que usted se sume a esta iniciativa junto a su comunidad, organización o parche y participe en la realización de este II Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social.

Informes:

Secretaria Ejecutiva, Movimiento

Nacional por la Salud

y la Seguridad Social

Teléfonos: 3377154 - 4808839

Correo: movimientosalud@hotmail.com