El pasado 27 de septiembre, día en que la revista Semana reveló una grabación en la cual el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, decía a los voceros de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- en la Mesa de Negociación de Santa Fe de Ralito que «...por la Corte Penal Internacional no hay problema....el peligro de la Corte no es inminente», con lo que se evidenció la forma en que se vienen desarrollando estos diálogos; la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH-, sus tres ligas afiliadas en Colombia: la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA- y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Asonal Judicial, realizaron el Seminario de Países Andinos Corte Penal Internacional: «un nuevo instrumento de lucha contra la impunidad» en las instalaciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la Corte y familiarizar a los defensores de derechos humanos con las cuestiones sustantivas y procesales de dicho tribunal.

El evento, que contó con la participación de los funcionarios de la Corte Penal Internacional -CPI-: doctor Paul Seils -miembro de la dependencia sobre la competencia, complementariedad y cooperación de la Fiscalía General-, el doctor Didier Preira -jefe de la dependencia de las víctimas y de la defensa de la Secretaría de la CPI- y la doctora Gabriela González Rivas -miembro de la Sección sobre la participación de las víctimas y las reparaciones de la Secretaría de la CPI-, y el doctor Hugo Relva -consejero jurídico de Amnistía Internacional-; dejó grandes preguntas pero sobre todo grandes retos para sus participantes.

El Seminario mostró el avance que viene desarrollando la Corte en materia procedimental a partir de las dos investigaciones que adelanta la Fiscalía en la República Democrática del Congo y en Uganda. Así mismo, hizo énfasis sobre lo siguiente:

Los delitos de competencia de la CPI y en especial de cómo a pesar de estar consagrado el crimen de agresión, aún no ha sido definido por la Asamblea de Estados Partes, esperando a que en la reunión de evaluación del 2009 pueda llegarse a un consenso sobre la misma, a pesar de la clara ingerencia de las potencias del norte que pretenden que éste sea precisado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para así amparar las agresiones de las que han sido víctimas los países del sur.

El desarrollo del tema de la justicia de género a partir de: la criminalización a nivel internacional de la violencia sexual y de género; la incorporación de normas de procedimiento y prueba en relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia sexual; la delimitación del concepto de género; el acceso de las mujeres a los espacios de poder y en el personal de la CPI y la inclusión del principio de no discriminación sobre la base del género.

El reconocimiento del avance que la CPI ha tenido sobre la posibilidad real de los derechos de participación, de representación profesional e independiente, de protección y de reparación de las víctimas, testigos y familiares, clara muestra de la diferencia con los Tribunales Penales para Ruanda y la Ex Yugoslavia. Los funcionarios de la Corte afirmaron que «luego del período de la Guerra Fría más de un millón de personas son víctimas de un promedio aterrador de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de prácticas de genocidio a lo largo y ancho del planeta, sin que sus tribunales nacionales tengan la disposición, sea por falta de voluntad política o por incapacidad de sus aparatos de justicia, de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tan aberrantes hechos y mucho menos de tener en cuenta el aseguramiento para las víctimas de una adecuada reparación, a través de prestaciones de tipo restitutivo, indemnizatorio o satisfactorio».

Frente al caso colombiano, el doctor Amerigo Incalcaterra, director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas advirtió como en nuestro territorio «se han perpetrado, a lo largo de varios años, tanto graves actos de violencia cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, como no menos graves violaciones a gran escala de las leyes y costumbres de guerra»; crímenes atribuidos «no sólo a miembros de los grupos armados ilegales, sino también a servidores públicos del Estado, entre ellos integrantes de las fuerzas militares y del cuerpo nacional de policía», que tal como lo reseñó en el informe sobre Colombia el doctor Michael Fruhling «podrían ser susceptibles de ser juzgados por la Corte Penal Internacional».

Recordó además que a lo largo de los últimos meses, teniendo en cuenta las numerosas y frecuentes atrocidades perpetradas contra miembros de la población civil, la Oficina ha solicitado al Gobierno colombiano analizar la conveniencia de retirar la salvedad formulada al artículo 124 del Estatuto de Roma, «que limita la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia», sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta que conduzca a aceptar dicha petición.

Así mismo, ponentes como el doctor Reynaldo Villalba Vargas y el senador Jimmy Chamorro criticaron abiertamente el proceso que viene adelantando el Gobierno Nacional de “desmovilización” con las AUC, el cual pretende institucionalizar y legitimar la estrategia paramilitar, negando los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia de la población colombiana, estableciendo prerrogativas que conllevan a dejar sin el enjuiciamiento y las sanciones correspondientes a los crímenes de lesa humanidad que vienen cometiendo bajo la connivencia, complicidad y unidad de acción con las fuerzas de seguridad estatal; contrariando con esto, las recomendaciones que órganos internacionales han emitido en torno a la responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión en la ejecución de crímenes de manera sistemática y planificada contra sectores sociales, populares y políticos del país.

Aunado a esto, el doctor Luis Fernando Rojas de Asonal Judicial presentó el desesperanzador panorama de la administración de justicia frente a las investigaciones que se adelantan para esclarecer los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Con claros ejemplos se mostró cómo los funcionarios judiciales se ven limitados en su accionar por el papel interventor del Fiscal General de la Nación y del poder ejecutivo y cómo otros han sido declarados insubsistentes por las providencias que han emitido.

De igual forma, se mostró el trabajo de impulso en el tema de la CPI por parte de la Coalición de ONG por la CPI, en especial sobre la labor encaminada en Latinoamérica hacia la implementación del Estatuto de Roma y del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, así como la adecuación típica de las legislaciones nacionales a los adelantos frente a los crímenes de competencia de la Corte. También se habló sobre el resultado favorable de la labor de las organizaciones de derechos humanos en Chile que con su presión han hecho que la Corte Suprema de Justicia haya abierto recientemente proceso contra Augusto Pinochet, «cuando se creía que iba a morir tranquilo en su cama» ; de la solicitud de extradición al gobierno de Japón de Alberto Fujimori; del trabajo de la FIDH para avanzar las causas penales que se encuentran en curso ante la CPI por el caso de la República Democrática del Congo, el cual fue abierto a raíz de las comunicaciones presentadas por dicha organización y por las ligas asociadas de Centroáfrica, así como el reclamo que ha venido efectuando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que solicite la intervención de la Corte en Sudán, aunque este país no sea Estado Parte del Estatuto de Roma.

Al concluir el evento se dejó claro que si bien la Corte Penal Internacional no es una panacea que logrará detener a los criminales que se escudan tras las barreras de los países, es un elemento novedoso que puede contribuir de manera significativa a agrietar ese monstruo que a veces se torna invencible llamado impunidad. Por esto, frente a la situación de nuestro país se dejó muy clara la intención de que lo antes posible el tema de Colombia sea tratado por la CPI. Tal como lo adujo el doctor Luis Guillermo Pérez, secretario general de la FIDH: «no puede ser que la Corte termine conociendo solo los conflictos de países africanos. Es cierto que hay mucho conflictos graves en África, ¿pero qué pensarán nuestros hermanos africanos cuando ven que en otros lugares del mundo se están cometiendo graves crímenes contra la humanidad y de guerra y la CPI no actúa? La CPI también tiene que actuar en el hemisferio occidental en dónde el conflicto ha durado más de 50 años y se sigue degradando a la población, como en el caso colombiano».

Por tanto, el Seminario finalizó con la invitación a los defensores y defensoras de derechos humanos a que comenzaran a impulsar el accionar de la Fiscalía de la Corte con la presentación de comunicaciones a dicha instancia sobre la grave situación que se vive a diario en Colombia; a que se empezara a trabajar en lo nacional y en lo regional en la eficacia y gradual perfeccionamiento de la CPI; al aunamiento de esfuerzos para presionar al Estado colombiano a que levante la salvaguarda del artículo 124 del Estatuto de Roma, invalide el Acuerdo Bilateral de Inmunidad firmado con el gobierno de Estados Unidos que limita la competencia de la Corte sobre los ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes de su competencia en Colombia y ratifique prontamente el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.