Este miércoles 17 de noviembre, uno de los diarios que mayor oposición ha hecho al gobierno de Hugo Chávez, El Universal de Caracas, publicó una noticia titulada "SIP organiza foro dedicado a Venezuela", por la creciente preocupación del organismo ante la inminente aprobación, en el seno de la Asamblea Nacional, de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, también conocida por sus siglas, Resorte.

El Foro bautizado como “Emergencia en Venezuela”, que se realizará el próximo 06 de diciembre en un hotel del este de Caracas, forma parte del proyecto de Chapultepec de la SIP, “destinado a promover y defender la libertad de expresión en las Américas”, dice la nota de prensa. La actividad, fue acordada en la cumbre que el pasado mes de octubre sostuvo el organismo que agrupa a los dueños de periódicos privados del continente, a petición del Bloque de Prensa Venezolano.

Se tratará de una reunión del club de dueños de medios privados de la que ya sabemos las conclusiones a las que llegarán, sin tener que hacer esfuerzos adivinatorios. Tomamos como base un comunicado emitido (25/10/04) por el Bloque de Prensa Venezolano, sobre la Ley Resorte (que por cierto nada tiene que ver con los medios impresos, sino con la radio y la TV).

Qué pasa en Venezuela

Evidentemente, con la próxima aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, se presenta un conflicto entre el derecho colectivo de los ciudadanos a estar informados de forma veraz, seria, responsable, oportuna y el derecho individual de los dueños de los medios privados que parecen exigir un derecho a decir lo que les venga en gana, sin que medie el elemento de la “responsabilidad”.

El gobierno bolivariano no se enfrenta a los medios de comunicación privados ni a sus dueños con la aplicación de esta ley. Son ellos los que han aceptado o aceptan dialogar y falsean el real alcance del instrumento legal.

Recientemente, los diarios impresos de Venezuela (con especial énfasis El Nacional y El Universal) publicaron un documento cuya autoría se atribuye a la Organización Transparencia Internacional, en el cual se evalúa a los países sobre sus grados de corrupción. El informe se basa en una encuesta que realizan a Empresarios y Medios Comunicación que en Venezuela, todos sabemos, mantienen una férrea línea editorial contra el gobierno bolivariano. Coincidencialmente apareció los mismos días de la realización de la última cumbre de la SIP donde abordaron el tema Venezuela.

Del mismo modo, el documento del Bloque de Prensa Venezolano, únicamente plantea la posición de algunos dueños de medios impresos (ya que a raíz del paro petrolero de 2003 muchos se autoexcluyeron del gremio), con lo que pretenden posicionar una matriz sobre regulaciones informativas inexistentes en la ley.

Qué critican los medios privados

Es oportuno recordar que se trata de una ley de responsabilidad social para RADIO y TELEVISIÓN, no para la prensa escrita. No obstante, presentamos los argumentos que, ante la opinión pública nacional e internacional, han esgrimido los dueños de los medios privados, como por ejemplo:

  1. "se consagra la censura previa y le otorga al Gobierno la potestad para suspender, sin mediación judicial, las programaciones de radio y de televisión cuando considere que puedan atentar contra el orden público o la seguridad nacional...".
  2. “No podrán transmitirse informaciones contrarias a la información veraz e imparcial”. (¿?)
  3. “Queda prohibida, entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, toda programación o noticiero que contenga formas de violencia moderada: por ejemplo, la caída de las torres gemelas de Nueva York o cualquier confrontación callejera entre la Policía y manifestantes políticos”.

Qué opina el Gobierno Bolivariano

Al respecto, el gobierno bolivariano ha expresado su posición, recordando que no estamos frente a una discusión nueva. En 13 oportunidades se ha intentado aprobar una legislación de esta envergadura. Sectores como la iglesia, comunicadores sociales y académicos, adelantaron, sin éxito, discusiones como la actual. Sólo que en el debate de hoy, existe la voluntad política, sin manipulación de intereses económicos privados para aprobar la ley.

Sobre los argumentos de los medios oposicionistas el gobierno declaró:

  1. La ley que próximamente aprobará la Asamblea Nacional, reafirma los principios constitucionales de libertad de expresión, sin censura, derecho a la información y e información veraz y oportuna como ejes principales sobre los que se sustenta la actividad de los medios de comunicación.
  2. La Ley Resorte, elimina la discrecionalidad que existía en la ley vigente desde el 40 (cuando aún no existían televisoras en el país), la cual daba el poder al Ministro de Infraestructura para cerrar una emisora, como en efecto se hizo varias veces durante la IV República.
  3. Es falso que la ley restrinja los contenidos informativos. De hecho, las noticias son excluidas de la regulación y se deja al criterio y la ética profesional de los prestadores de servicio, la manera de transmitir estos contenidos.
  4. La referencia a los contenidos de violencia en horario infantil se refiere exclusivamente a programa no informativos, y está en línea con la discusión internacional, por ejemplo, actualmente en España, se debaten los códigos contra la telebasura, que regularán los contenidos de los medios radioléctricos durante el horario infantil...
  5. Es absolutamente falso que se suspenderán las transmisiones en vivo (caso Torres Gemelas). Evidentemente nadie puede impedir que un hecho como ese, en cualquier parte del mundo, ocurra. Estos hechos no se pueden, ni deben ocultarse. Lo importante es que, las transmisiones de eventos como los señalados en el ejemplo citado, se hagan respetando los principios éticos.
  6. Es importante recordarle a la Bloque de Prensa Venezolano y a la Sociedad Interamericana de Prensa, que la discusión actual, acerca del papel de los medios de comunicación no se circunscribe sólo a Venezuela. Es una tendencia mundial que ocupa los espacios de discusión de varios países incluso en los llamados “Desarrollados”, planteándose la necesidad de regular las programaciones de las televisoras y los medios radioeléctricos. En los Estados Unidos, en España y México se plantean debates similares. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones multó a la cadena FOX por los altos contenidos de violencia y sexo en su programación.
  7. No se pretende censurar ningún tipo de información y el gobierno bolivariano ha dado muestras suficientes de tener un espíritu profundamente democrático. En 5 años de gobierno, no hay medios de comunicación cerrados, ni periodistas detenidos o perseguidos.

El presente en la Venezuela Bolivariana, es que la Asamblea Nacional, en la discusión: artículo por artículo, ya aprobó 20 de 32 artículos, y poco podrán hacer los medios privados para boicotear la aprobación de una ley que, en síntesis, los obliga a hacerse responsables de lo que emiten por la radio y la tv.