El presidente Carlos Mesa intentó ocultar el fracaso de su equipo económico que no pudo lograr en Washington un urgente apoyo financiero de 105 millones de dólares, aporte necesario para que las inminentes medidas económicas de ajuste no sean tan traumáticas.

“No se puede medir la reunión de Washington en número de millones. Hay un compromiso y un seguimiento y un planteamiento de Bolivia que va a presentar exactamente cifras para definir el tema del déficit fiscal y el apoyo de largo plazo”, dijo al justificar la falta de aportes y la ausencia de compromisos concretos con la que concluyó el viernes 16 la reunión del Grupo de Apoyo, conformado por 17 países amigos y los más importantes organismos internacionales.

Según explicó este domingo el Presidente a la red Erbol, dos días después de la reunión en Washington, “el objetivo era plantear que hay dos temas. El de coyuntura, (para el que) necesitamos un respaldo efectivo en millones de dólares relativo al déficit fiscal, y que va a requerir en los próximos meses por lo menos 100 ó 120 millones. Ese objetivo, sin embargo, nos parecía mezquino para un planteamiento de una reunión de tal magnitud. Y, por lo tanto, la segunda fase de nuestro planteamiento era (mostrar) las propuestas de Bolivia en el largo plazo”. Ambos temas, sin embargo, fueron presentados en Washington por los ministros de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, y el de Hacienda, Javier Cuevas, los que reiteradamente habían asegurado, antes de la reunión, que era vital conseguir ahora los 105 millones para aliviar parcialmente el enorme déficit fiscal Desde diciembre del 2003, Cuevas había asegurado que a fines de enero se reuniría con funcionarios de los organismos internacionales “para conseguir recursos adicionales por aproximadamente 105 millones de dólares que nos ayuden a financiar el déficit de 2004”.

Días antes del viaje a Washington, el mismo ministro confirmó a varios medios de comunicación locales y a corresponsales de prensa internacional , que "en Washington (en la reunión del Grupo de Apoyo) se espera conseguir más de 105 millones de dólares para la inversión pública y el déficit fiscal. La autoridad afirmó que el Plan de Gobierno “depende mucho de esta ayuda, que será significativa para sacar adelante un programa económico”, sintetizó uno de los matutinos. Como condición para esta ayuda, Bolivia se comprometerá a asegurar “la paz social y la estabilidad económica” en su territorio, así como una política estatal de austeridad, añadió, según señala la agencia española Efe.

El apoyo financiero de la cooperación internacional era fundamental para dimensionar el sacrificio que impondrá la administración Mesa al conjunto de la población, a través de nuevas cargas tributarias sobre los asalariados, la suspensión y eliminación del subsidio al gas licuado doméstico, un mayor impuesto sobre las empresas petroleras, la reducción del gasto público y un eventual alza en el precio de los carburantes.

Aparentemente, la cooperación internacional optó, antes de comprometerse a desembolsar dinero para Bolivia, ver hasta dónde la administración de Mesa es capaz de “ajustar a la población”, reducir el gasto público y aumentar sus ingresos. Según explicó el Presidente, “la cooperación internacional está jugando un papel clave. Lamentablemente Bolivia es un país terriblemente dependiente de esa cooperación, y yo agradezco a los países amigos que hoy nos están dando una mano muy importante y nos van a apoyar para superar el déficit fiscal por lo menos este 2004 y espero el 2005, porque la brecha es muy grande”.

“Sin esa cooperación no lo podríamos hacer. Y por supuesto la cooperación lo ha dicho, y yo lo he repetido muchas veces: esto es lo que nosotros hacemos y ¿qué es lo que hace Bolivia?. Y en esto quiero ser claro. Vamos a tener que sacrificarnos. Si no entendemos esto, no vamos a poder encontrar esa luz al final del túnel”, advirtió al ratificar su decisión de lanzar medidas económicas antes que concluya el presente mes.

Estas medidas, rechazadas de antemano por las organizaciones sociales y laborales del país, costarán “sangre, sudor y lágrimas”, sentenció el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, uno de los desairados en la reunión de Washington.

Los movimientos sociales se preparan

La inminente aplicación de fuertes medidas económicas antipopulares y el rechazo gubernamental a las demandas laborales han puesto en pie de combate a los principales sindicatos y organizaciones populares de Bolivia.

En la ciudad de Potosí, en un congreso de trabajadores, realizado el 14 de enero, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, lanzó una virtual “declaratoria de guerra” a la actual administración gubernamental, que encabeza el presidente Carlos Mesa desde la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en el pasado octubre, informó el matutino regional El Potosí.

“¡Guerra!”: esa fue la palabra que utilizó el máximo ejecutivo de los trabajadores al inaugurar el VIII Congreso Ordinario de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, encuentro en el que también el dirigente de la Central Obrera de El Alto, Roberto de la Cruz, anunció que se preparaba la tercera insurrección contra el neoliberalismo, señala el informe. El primer levantamiento popular, con un saldo de más de 33 muertos y 200 heridos a bala, se produjo en febrero y el segundo en octubre del 2003 con más de 70 muertos y 500 heridos.

Otros dirigentes laborales se expresaron con similares conceptos y cuestionaron airados el rumbo que sigue el gobierno del presidente Carlos Mesa, que se apresta a lanzar mayores cargas tributarias sobre los asalariados, eliminar la subvención al gas licuado doméstico consumido por los hogares más pobres y elevar el precio de los carburantes, según anticiparon sus más cercanos colaboradores.

Uno de ellos, el jefe del sector financiero, el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, fue muy claro al señalar a los periodistas en La Paz que las medidas económicas que se anunciarán oficialmente a fines de este mes le costarán al pueblo “sangre, sudor y lágrimas”.

Ante este anuncio oficial, los sindicalistas convocaron a los trabajadores a organizarse y movilizarse para impedir la aplicación de medidas económicas antipopulares, tal como ocurrió en febrero del 2003, cuando un levantamiento cívico-policial obligó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a dejar sin efecto el “impuestazo” sobre los salarios, medida que ahora intenta poner en marcha su reemplazante, el presidente Mesa.