Trabajo presentado en el Seminario Reforma Constitucional, Facultad de Derecho-Universidad de Buenos Aires-10 al 12 de noviembre de 2004.

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En la edición de The Wall Street Journal del 6 de marzo de 2001, había una nota de tapa titulada: “Industries that Backed Bush are now seeking return on investment”. La nota del influyente diario de negocios norteamericano relataba directamente que para las empresas que habían invertido enormes cantidades de dinero en financiar la campaña de George W. Bush a la presidencia norteamericana en el año 2000, los beneficios ya habían comenzado a percibirse.

Firmas vinculadas a diversos sectores como el tabaco, las tarjetas de crédito y el petróleo encabezan el listado de beneficiadas. A poco de asumir su primera presidencia, la Casa Blanca promovía reformas en la ley de quiebras a pedido de las empresas emisoras de tarjetas de crédito que el diario estimaba que iban a reportar decenas de millones de dólares anuales adicionales a esas compañías y también enviaba al congreso proyectos de reforma de leyes laborales, una prioridad para la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la National Association of Manufacturers y la National Association of Wholesaler-Distributors, todas grandes contribuyentes en el financiamiento del partido republicano.

Entre los grandes donantes conocidos figuraban Enron, MBNA America Bank, Philip Morris, Marriot, AT&T, Crédit Suisse First Boston, y Microsoft entre otras empresas.

La nota iba más allá, daba cuenta de las propuestas que cada sector había acercado en el momento de financiar la campaña. Las empresas petroleras querían que se levanten las restricciones ecológicas impuestas por los demócratas para perforar pozos en Alaska, las compañías de tabaco que el gobierno federal limite las demandas que pesaban sobre ellas por mentir en los efectos del consumo de cigarrillos, las empresas farmacéuticas buscaban evitar los controles del Estado sobre los precios que pagaba el sistema de Medicare por los remedios, las empresas aerocomerciales evitar la aplicación de políticas antitrust que frenen la concentración y aligerar las leyes de protección a los consumidores que les resultaban muy onerosas.

Es que, como destacaba el diario, nunca se había gastado tanto en una campaña electoral como en la del año 2000, y por eso, la lista de benefactores era extremadamente amplia.

El razonamiento es muy sencillo: si hace falta mucho dinero para llevar adelante una campaña nacional de envergadura que brinde posibilidades de ganar la elección, los partidos deberán hacer grandes esfuerzos por lograr importantes donaciones que complementen los recursos que aporta el Estado para estas circunstancias. Pero no podemos pensar que todas las donaciones provienen de gente que, sea por afinidades ideológicas, o por simpatías políticas e incluso personales, estén dispuestas a desprenderse de sumas de dinero cada vez más elevadas y significativas.

Una empresa que dona montos millonarios (volviendo nuevamente a la nota del Wall Street Journal, en ella se afirma que una serie de bancos donaron 26 millones de dólares para la campaña republicana de 1999-2000), no puede estar haciendo filantropía, sino una inversión que espera que sea rentable, y de hecho más rentable que otras alternativas consideradas. Las empresas, a la hora de financiar a los partidos políticos, y más cuando los aportes a realizar resultan significativos, deben considerar el costo de oportunidad, y si realizan los aportes es porque esperan obtener un beneficio que supere al que les hubiese generado el realizar una inversión alternativa.

Pero esto supone entonces que el interés de las empresas en el financiamiento de la política no significa en la mayor parte de los casos que abandonen su objetivo último, como empresas capitalistas, que es la búsqueda de la maximización de la rentabilidad. Por ello, se vuelve una herramienta casi inevitable para que las elites políticas logren apoyos financieros, que estén en condiciones de brindarles beneficios a esas empresas en el caso en que lleguen a la victoria electoral.

De esta forma, las costosas campañas electorales requieren cada vez más compromisos preelectorales de las elites con aquellos que pueden financiarlas (y esto porque, hay que notar que los gastos no hacen más que incrementarse campaña tras campaña como lo acabamos de ver a partir de algunos cálculos no oficiales que sostienen que en Estados Unidos en la elección de noviembre de 2004 no se habría gastado menos 3.900 millones de dólares, un triste récord que brinda una medida de todo lo que estaba en juego [1] . [2]

En este escenario, desaparecida la vieja estructura de los partidos políticos financiados por la suma de los pequeños aportes de sus afiliados (la cuota partidaria), inadecuada para reunir grandes cantidades de dinero y para generar la autonomía que las cúpulas partidarias requieren para negociar con las elites económicas, hoy el hard core de una campaña electoral es el aparato de financiamiento/recaudación que debe trabajar sin cesar para promover crecientes ingresos. Como resultado, los candidatos llegan al día de las elecciones, con una gran cantidad de compromisos asumidos con aquellos que los han financiado, y que no suelen estar muy a la vista del elector ordinario para que este los tenga en cuenta al emitir su voto.

Democracia elitista, autonomía de los gobernantes y financiamiento de la política

En su libro clásico “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, Joseph A. Schumpeter nos describía, en la década del 40, el funcionamiento real de la llamada democracia procedimental o elitista. El autor asimilaba el funcionamiento de la misma con el de un mercado, donde un grupo acotado se organizaba para acceder al poder político, compitiendo con otros grupos, del mismo modo que las empresas oferentes y compiten por los consumidores. En este escenario, los grupos políticos, los partidos buscan “vender” su producto (el candidato), y el éxito es el logro del mayor caudal electoral.

Cuando Schumpeter analiza la forma en que se lleva adelante esta competencia entre las elites, entiende que la misma es en todo asimilable a la que se da en cualquier mercado, y que la publicidad juega un rol de primer orden.

El más de medio siglo que ha transcurrido desde la aparición del libro citado y nuestro presente, no ha hecho más que profundizar las tendencias descriptas. Los encuestadores, asesores de imagen, publicistas, y un cada vez más numeroso ejército de especialistas diseñan las campañas electorales del mismo modo que cuando deben concebir la estrategia de lanzamiento de un nuevo producto al mercado, y se vuelven centrales en la definición de los contenidos de las mismas. La publicidad política, el marketing político, los sondeos de opinión constantes, son herramientas clave en las estrategias electorales de nuestras democracias representativas.

Es que a medida que el proceso de desideologización de los discursos políticos se ha ido profundizando, en buena medida como sostiene Clauss Offe, producto de la propia dinámica de competencia entre los partidos políticos, el electorado se ha vuelto más influenciable por la publicidad política.

La irracionalidad del votante es la puerta de entrada para el tratamiento de la política como un mercado y un terreno fértil para que prospere la correlación positiva entre gasto electoral y caudal de votos. Las estimaciones referidas a la reciente campaña electoral en Estados Unidos verifican este estrecho vínculo cuando en el 96% de los casos, los candidatos a representantes (diputados) que más gastaron vencieron en las urnas, porcentaje que sólo disminuye al 91% en las elecciones para cubrir cargos en la Cámara de Senadores [3].

Ese vínculo es el que liga a las elites políticas con las económicas que las financian, y en la medida en que el electorado aumenta su sensibilidad a los efectos de la publicidad, los compromisos con aquellos que la pueden financiar se vuelven de cumplimiento obligatorio y superiores a cualquier tipo de promesa electoral realizada en campaña.

Pero además, esta dependencia de las elites políticas frente a las económicas se profundiza en países como la Argentina, donde la pequeña escala de la economía hace que el número de actores económicos en condiciones de financiar campañas políticas de envergadura sea limitado. Esto supone que periódicamente, elección tras elección, los grupos políticos deben recurrir a las mismas organizaciones para que los financien, lo que sólo es posible si ya han dado cumplimiento a los pedidos realizados en el momento de la anterior campaña.

El rol de los medios de comunicación

¿Pero a donde se dirige este astronómico gasto de campaña? Sin duda, los numerosos equipos de técnicos y profesionales que acompañan a los candidatos, el monitoreo permanente del electorado a través de verdaderos ejércitos de encuestadores encargados de los permanentes sondeos de opinión, los desplazamientos durante meses a través de extensos territorios en el caso de elecciones nacionales, la organización de actos políticos, y el mantenimiento de “representantes” territoriales, son algunos de los rubros en los que se gasta dinero haciendo campaña política.

Pero hay un renglón de gasto que se vuelve cada vez más relevante y que en mucho supera a los otros: es la publicidad electoral, y en ella, especialmente, la forma más cara de publicidad, la televisiva.

A medida que la televisión se ha vuelto central como herramienta electoral, y que la publicidad se vuelve realmente efectiva por repetición, los gastos de campaña comenzaron a crecer exponencialmente. Es que los costos del segundo de aire en televisión, sumados a los de la producción de los cortos publicitarios resultan enormes.

De esta forma podemos ver que se va tejiendo un entramado de relaciones que resulta esencial para la comprensión del juego del poder en las democracias capitalistas actuales, y que simplificadamente tendría tres tipos de actores: las elites políticas, los centros de poder económico que financian las campañas, y los medios de comunicación que captan una parte importante de ese financiamiento y lo “transforman” en legitimidad y corrientes positivas de opinión pública e intención de voto. Vale aclarar que esta última operación funciona “tendencialmente” y no automáticamente, es decir, el apoyo de los medios puede no ser garantía del éxito electoral, pero sí un factor importante para acumular votos [4]

Otra aclaración es que la definición de este trío no es más que un recurso metodológico, una suerte de “tipo ideal” weberiano. En la práctica podemos ver entrecruzamientos muy complejos en donde se verifican ámbitos en los que las elites económicas y políticas se superponen (por ejemplo, políticos acaudalados capaces de hacer aportes para financiar sus propias campañas, o el todavía más común fenómeno de los empresarios volcados a la política), o donde los medios de comunicación pasan a actuar como actores políticos y económicos con intereses propios.

Esto significa, que los medios de comunicación no son solamente empresas que venden espacios de publicidad, sino que por un lado pueden actuar como elites económicas que “negocian” con las elites políticas determinados beneficios a cambio de su apoyo electoral, y por el otro pueden actuar como elites políticas, más cuando vemos, incluso en Argentina, que hay un proceso que muestra que ciertas elites políticas con poder económico se esfuerzan por tomar el control accionario de empresas del medio periodístico, sea como una forma de evitar intermediarios, o de explotar un negocio que conocen bien, por haber estado en él aunque sea del otro lado del mostrador.

Las consecuencias de estas relaciones de poder son múltiplemente graves:

En primer lugar, la disputa mediática se vuelve desenfrenada, dilapida recursos escasos, y lleva a que las elites políticas sean presa de los centros que las pueden financiar, desvirtuando cualquier tipo de compromiso con el ciudadano que no resulte aceptable para los que detentan el poder económico. Esto puede llegar a extremos en que mine el principio de la democracia representativa haciendo claramente ridícula su invocación.

En segundo lugar, hace que la acumulación de riqueza sea cada vez más una condición para el ejercicio de la política en los niveles de mayor poder, lo que veda el acceso de los ciudadanos comunes a los lugares de ejercicio del poder político y promueve una suerte de plutocracia que desplaza a la pretendida igualdad democrática.

En tercer lugar, lleva a que los medios de comunicación se vean en muchos casos voluntariamente, (aunque no siempre), jugando un papel definido en las campañas electorales, sea por convicción, o por el apetito que produce la promesa de enormes gastos de publicidad que pueden ser captados.

En cuarto lugar, hace que el requisito de múltiples fuentes de información para los ciudadanos, propio de una democracia pluralista, se vea alterado profundamente por el comportamiento mercantil y político de los medios de comunicación.

A continuación analizaremos con más detalle el primero y el cuarto de estos puntos:

1) Problemas asociados al excesivo costo de las campañas

El problema del excesivo costo de las campañas es sin duda cada vez más relevante por sus amplias implicancias. Podemos sostener que a mayores costos de campaña, mayores requerimientos de financiamiento, lo que impulsa por un lado prácticas corruptas, y por el otro compromisos no democráticos y promesas electorales incumplidas que se expresan en acciones de gobiernos democráticos que sólo tienen en cuenta intereses minoritarios a expensas de los intereses de las mayorías.

Este punto no hace más que deslegitimar la democracia en la medida que los ciudadanos comunes perciben claramente que existen esos acuerdos que son los que en definitiva marcan las acciones del gobierno y que este no hace más que darle la espalda a las mayorías que no financian las campañas. Pero hay otro peligro latente, que puede llegar a comprometer la alternancia en el poder en las democracias pluralistas.

A medida que los aportes en las campañas se hacen más fuertes, que los montos en juego son más significativos, aumenta el peligro de que los perdedores no estén dispuestos a aceptar los resultados electorales, e incluso a que aquellos que cuenten con el poder político lo utilicen para tomar ciertos recaudos que impidan la alternancia en el poder. Algo de esto ha sucedido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2000, plagadas de escandalosas denuncias de fraudes y en las que los demócratas no terminaron de aceptar de buen grado su derrota más judicial que electoral.

Mucho hacía prever que podía haberse repetido esa situación en la recientemente finalizada contienda, y en este sentido, arriesgo a decir que los cuestionamientos hubiesen sido mucho mayores si el candidato derrotado hubiese sido el oficialista.

En alguna medida, la idea es que a medida que las inversiones en política se hacen más elevadas, cada vez resulta más difícil aceptar el resultado electoral. ¿O es sensato pensar que aquellos que aportan, digamos, 1000 millones de dólares van a estar siempre dispuestos a perderlos en nombre del respeto a la regla de la mayoría? ¿Se puede pensar que todos son “buenos jugadores y buenos perdedores”? ¿Qué piensen que lo importante es competir?

En buena medida, la idea es que el incremento de los costos electorales es un peligro latente para las reglas de juego de la democracia procedimental, incluso en los países que han mostrado más estabilidad en este aspecto.

Hay una única posibilidad de desarticular esta amenaza, que es, en buena medida, un remedio peor que la enfermedad: que los que financian las campañas electorales realicen aportes a las cuentas de todos aquellos que tienen posibilidades electorales. De esta forma, los costos de una derrota se reducen o eliminan para las elites económicas. Si determinado grupo apuesta por, digamos, los dos candidatos más populares, sabe que seguramente resultará ganador de una u otra forma. En este caso el peligro para la democracia no es menor. En primer lugar, que las elites políticas con posibilidades electorales realicen acuerdos con los mismos grupos hace desaparecer la lógica de la elección [5].

En realidad, sea cual sea el ganador, deberá cumplir con los mismos compromisos, por lo que se puede esperar que repitan las mismas políticas en vastos aspectos. Los ciudadanos, como convidados de piedra en la elección, sólo legitimarían falsas opciones. Pero además, hay otro problema que se aprecia mejor desde el punto de vista del “inversor político”: si estoy financiando dos campañas electorales o más y hay un solo cargo en disputa (digamos la presidencia de un país) debo asumir desde el primer momento que una parte de mi inversión no será directamente rentable pues alguno de los candidatos que estoy financiando perderá [6].

De esta forma, la rentabilidad que debe tener la inversión política para justificarse desde la lógica de una empresa, debe ser extraordinaria. En otros términos, el total de la inversión política debe aportar una rentabilidad que supere a la que se obtendría en las otras alternativas que brinda el mercado (inversiones productivas, financieras diversas...) pero partiendo de que desde el momento cero se sabe que una parte de la inversión política no será “efectiva”.

Si formalizamos el planteo podemos decir:

Ip= Ipa+Ipb+...+Ipi

Donde Ip es la inversión política total, que se corresponde a la suma de los montos que el inversor político aporta a las campañas de los candidatos a, b,....i Rp, es la rentabilidad esperada de la inversión política, que si no consideramos los beneficios indirectos de invertir en la oposición, va a ser igual a Rpi, donde i es el candidato ganador

Rp=Rpa+Rpb+...+Rpi = Rpi si Rpa=Rpb=0 porque a y b han perdido

Si Re es la rentabilidad esperada de otras inversiones que ofrece el mercado, o de la mejor de las otras inversiones que ofrece el mercado.

Podemos afirmar que para que haya abundante inversión política debe cumplirse que

Rp > Re

Pero esto sólo sería cierto si Ip=Ipi lo que no sucede si se invierte en más de un candidato. En ese caso, Ip>Ipi

Acá tenemos un problema, dado por la incertidumbre sobre el resultado de una elección política que hace que una parte del capital invertido en las campañas se pierda. Por ello, esa pérdida debe ser compensada con una rentabilidad esperada extraordinaria que debería medirse como

Re (Ip-Ipi)= Re( Ipa+Ipb...)

Lo que estamos diciendo aquí es que Rp no sólo debe ser mayor a Re, sino que esa diferencia extraordinaria debe ser al menos equivalente a la rentabilidad esperada en la mejor inversión del mercado para el monto de dinero que se destinó a apoyar las campañas de los candidatos que perdieron.

La consecuencia de ello es que lo que “le deben” las elites políticas a los grupos que las financian en el supuesto de que estos apuesten por más de una élite, supone un beneficio extraordinario.

2) La información como requisito para una práctica democrática

Pasemos ahora al otro problema que vamos a tratar. Una sociedad democrática supone algún grado de participación de los ciudadanos en las cuestiones públicas y en su política. Sin duda, la calidad de la democracia que se alcanza depende en buena medida de ese grado de participación y responsabilidad.

Robert Dahl con el desarrollo de la idea de la poliarquía, forma real y menos pretenciosa de la democracia, va a considerar que el grado de participación será el que defina la verdadera calidad del régimen político, el que oscila entre, por un lado la democracia ideal y por el otro el régimen oligárquico elitista en el que la ciudadanía no posee ningún tipo de incidencia sobre el gobierno.

Pero, para lograr que la ciudadanía tenga alguna participación en una poliarquía, deben darse una serie de requisitos que Dahl llama “instituciones políticas de la democracia poliárquica” y que enumera del siguiente modo:

  1. Los cargos públicos deben ser electos.
  2. Las elecciones deben ser libres, imparciales y frecuentes.
  3. Debe haber libertad de expresión.
  4. Debe haber acceso a fuentes alternativas de información.
  5. Las asociaciones deben ser autónomas.
  6. La ciudadanía debe ser inclusiva.

De estos criterios, que en buena medida surgen unos de otros o se requieren mutuamente, debemos detenernos en el tercero y en el cuarto.

La libertad de expresión en la democracia es plena. En la poliarquía, forma real de la democracia, puede suceder que existan ciertas presiones sobre la misma, por lo que Dahl se conforma con que los ciudadanos tengan derecho a expresarse “sin peligro a un castigo severo” [7].

En cuanto a las fuentes alternativas de información, Dahl escribe: “los ciudadanos tienen el derecho de solicitar fuentes de información alternativas e independientes de otros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Además existen fuentes de información alternativas que no están bajo el control del gobierno ni de cualquier otro grupo político individual que intente influir sobre los valores y las actitudes políticas públicas, y estas fuentes alternativas están efectivamente protegidas por la ley” [8].

Es cierto que Dahl se muestra más preocupado por los efectos del control estatal de los medios de comunicación sobre la democracia, que por el problema de que ciertos grupos privados definan la agenda. En última instancia, él no llega a considerar que la existencia de grupos con intereses privados que busquen expresarlos por ejemplo a través de la prensa, sea mala, siempre que existan otras múltiples voces alternativas.

Desde ya, vuelve a la lógica liberal de las bondades de la competencia perfecta en el mercado, donde infinitos oferentes se disputan a los lectores, televidentes, oyentes...Pero llamativamente no menciona el efecto que tiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación sobre esa diversidad de fuentes de información, y que es un fenómeno de enorme relevancia política verificable no sólo en la democracia argentina [9], y tampoco considera la influencia que posee el dinero que gastan los partidos en las campañas electorales sobre los medios que se deben preocupar por lograr esos ingresos.

La concentración de la propiedad de los medios, y en el extremo, el monopolio o la cartelización de los mismos, es un peligro real para la diversidad de la información que reciben los ciudadanos sobre los asuntos de gobierno, sobre los candidatos en campaña, para la imagen que se hace la opinión pública sobre los temas políticos, para la posibilidad que pueden tener los ciudadanos de influir en la definición de la agenda política y para la forma en que deben interactuar las elites políticas con los medios.

Es cierto que en el mundo de la información hay muchos actores y con intereses diversos. De hecho, nuevas tecnologías como Internet serían una herramienta de relativo bajo costo para difundir, en teoría, voces diversas. Pero no debemos tener en cuenta la cantidad de fuentes de información existentes, sino aquellas que son significativas [10]. En este caso el universo de emisores de información se recorta muy significativamente. Hay cuestiones de tamaño, de recursos económicos, de capacidad de difusión, de trayectoria, que llevan a que los medios de comunicación que llegan a la categoría de masivos sean un pequeño y selecto grupo, y esto les brinda una capacidad de influir sobre los ciudadanos, no sólo excepcional, sino también una capacidad de “negociación” con los candidatos que saben, que si no están allí no están en la carrera electoral.

De esta forma, la existencia de posiciones próximas o asimilables en los principales medios masivos de comunicación, producto entre otras cosas de la concentración de la propiedad, nos lleva a que la diversidad de fuentes de información no deje de ser marginal y en consecuencia, no operativa, y que estos medios puedan volverse, además de actores comunicacionales, actores políticos.

Hay dos elementos a tener en cuenta en este punto: el primero de ellos es que los medios suelen tener un grado de aceptación y reconocimiento a su credibilidad elevado. De hecho, ese es su principal capital [11]. El segundo elemento, es que el ciudadano común no posee fuentes alternativas necesarias para juzgar el sesgo de la información que recibe y esto es una desventaja producto de una profunda asimetría. En síntesis, lo que estamos planteando es que la democracia requiere múltiples formas de difusión de la información (tanto canales, como medios). Pero también se necesita que esas múltiples voces presenten alternativas reales en los contenidos que difunden y que se muestren refractarias a la tentación de actuar políticamente.

Esto no es una cuestión de números, sino de pluralidad. Si vivimos en sociedades plurales, donde muchos intereses diferentes (e incluso incompatibles) coexisten, los medios deberían dar cuenta de esas diferencias. No basta que existan muchas cadenas (o empresas) periodísticas si esto en vez de garantizar la difusión de puntos de vista contrapuestos promueve la imagen de que todos los sectores están de acuerdo en determinados ejes de laagenda. En realidad, en este caso, la existencia de múltiples etiquetas para diferenciar a los medios no es más que una forma fetichizada de construcción de la libertad de prensa, que enmascara el verdadero carácter de la misma.

Dahl no termina de advertir sobre la posibilidad de la cartelización de los medios de comunicación privados, lo que los puede llevar a adoptar posiciones similares, y tampoco se detiene en la forma en que la lógica económica de los mismos (actuando como empresas) los inserta en el mundo político. Los medios necesitan los aportes de las campañas electorales que garantizan su salud financiera, y en buena medida, esto puede influir en la forma en que presenten la realidad.

Una propuesta de control del financiamiento: la declaración por partida doble

Hasta este punto podemos sacar algunas conclusiones:

  1. La actividad política se vuelve cada vez más costosa.
  2. El financiamiento de la política vincula a elites políticas, económicas y mediáticas.
  3. Los peligros de esta dinámica son importantes para la democracia.
  4. Los medios no cumplen su función de informar brindando puntos de vista diversos si actúan como empresas y están concentrados en pocas manos.

Las leyes electorales referidas al financiamiento de la actividad política, vigentes en la mayor parte de las democracias occidentales, (tal vez una de las familias de leyes menos respetadas de todas las que conocemos), establecen límites a los gastos electorales, intentan generar controles sobre las fuentes de ese financiamiento, promueven la multiplicidad de pequeños aportes prohibiendo la concentración de pocos grandes mecenas, buscan acotar la duración de las campañas electorales, y obligan a los partidos políticos a la declaración de los gastos realizados, los que, suelen no ser muy exactos ni creíbles.

Queda claro que un objetivo central de una legislación electoral debe ser el reducir los costos de las campañas en forma drástica, para revertir la tendencia al creciente gasto político por los males que esto produce. ¿Pero cómo vencer las resistencias al cambio que llevan a que el nivel de cumplimiento de las leyes sobre financiamiento de los partidos sea dudoso?

Nuestra propuesta es que toda legislación que aspire a cumplir con ese objetivo, debe trabajar sobre la responsabilización de los tres ejes mencionados, que interactúan y por otra parte, contar con el compromiso de ciudadanos concientes de las implicancias de este problema.

Una alternativa que contribuiría para avanzar con el tratamiento de este tema, sería el establecimiento de una normativa que obligue a los medios de comunicación a declarar detalladamente, en las vísperas de la elección, los montos de las publicidades pautadas en cada medio por cada candidato y cada partido, y que dicha declaración sea dada a conocer a los ciudadanos a través de los propios medios. El reclamo de mayor transparencia que abunda en las diversas propuestas de reforma política que en los últimos años, y en especial desde diciembre de 2001 en Argentina, se han ido presentando a la sociedad, debe ser también inclusivo para los medios de comunicación, que en definitiva, juegan un papel clave en el proceso electoral.

Es cierto que estas normas puedenno solucionar el problema. A fin de cuentas estamos ante una práctica que buscará burlar los controles legales. Pero la existencia de un marco jurídico que involucre a los canales publicitarios podría generar una nueva instancia de control adicional y paralelo, donde el principal capital legitimante de los medios de comunicación (su supuesto lugar de transmisores de una verdad) podría verse afectado por el incumplimiento.

En primer lugar, los datos suministrados por los partidos a la Justicia electoral deberían coincidir con los que declaran los medios, los que a su vez deben tener su correlato impositivo. Por otra parte, cada medio mostraría cuáles fueron los gastos de los diversos candidatos a través de ese canal de comunicación, así como el detalle de las apariciones, las fechas, horas, duración de los avisos (o superficie en medios gráficos) y las tarifas aplicadas en cada caso. La importancia de esta información es clave para que el ciudadano que podría disponer de esta forma de un relevante indicador sobre el caudal de gastos de cada candidato, la estrategia publicitaria de cada partido y el tratamiento de cada medio a cada elite.

El otro elemento es el establecimiento de un límite temporal a la duración de las campañas, el que sea de cumplimiento obligatorio para los medios de comunicación, generándose sanciones para aquellos que accedan a realizar publicidades electorales fuera de los períodos habilitados para la contienda. Este punto presenta un problema, que es que se debe poder establecer un claro límite entre la publicidad de los actos oficiales y la publicidad electoral, de forma tal que el candidato oficial no logre burlar el límite temporal a la campaña utilizando la primera como herramienta electoral. Pero eso ya forma parte de otro debate que excede el marco del presente trabajo.

[1] En realidad, resulta muy difícil estimar el gasto real de las elecciones. El Center for responsive politics, una agrupación no partidaria que estima el dinero en juego en las elecciones en Estados Unidos, ha calculado que el gasto total en la campaña de 2004 fue de más de 3900 millones de dólares (de los cuales 1200 millones fueron utilizados directamente en la contienda presidencial), frente a los 3000 millones de la campaña del año 2000

[2] Hay que notar que los partidos políticos se han esforzado por ampliar los montos que pueden recibir para financiar sus campañas. Desde el año 2002 en los Estados Unidos, rigen nuevos topes máximos para las donaciones permitidas que casi se han duplicado, pasando de los 25000 dólares anuales, a unos 95000 por cada “ciclo electoral” (de dos años)

[3] Nuevamente, los datos relevados por el Center for Responsive Politics sostienen que el candidato a representantes (diputado) que más gastó en la campaña electoral ganó en 413 oportunidades de 432 elecciones, y el candidato a senador que más gastó ganó en 31 de 34 elecciones. Esto también se verifica en la elección presidencial, donde George W. Bush declaró gastos por más de 306 millones de dólares, un 20% superiores a los de J. F. Kerry (unos 241,7 millones de dólares)

[4] En este punto no debemos confundir apoyo de los medios con gasto publicitario. Si bien es cierto que los principales diarios norteamericanos declararon su apoyo a J. Kerry en la reciente elección (entre ellos The New York Times y el Miami Herald), los gastos electorales del candidato republicano fueron superiores a los de su oponente.)

[5] Sin embargo, esto es algo mucho más común de lo que se podría esperar

[6] En realidad decimos que no será directamente rentable porque, en definitiva, se terminará haciendo una inversión en el que será la oposición, lo que puede también resultar útil de diversas formas, por ejemplo, para que no denuncie los acuerdos electorales ni los beneficios que recibirá el grupo “inversor” por parte del gobierno

[7] Robert Dahl, La democracia, Buenos Aires, 1999, ed. Taurus, pág. 100

[8] Ibid

[9] De hecho, el caso Italiano es un ejemplo claro de cómo el control de los medios concentrados en pocas manos privadas puede resultar un camino directo para llegar al poder. Esto es lo que sucedió en Italia con Silvio Berlusconi. Dueño de una gran cantidad de medios masivos de comunicación en su país de origen y en el extranjero (muchos dentro de su grupo Fininvest), logró el masivo apoyo de los mismos para acceder al poder luego de crear su partido político Forza Italia en 1993

[10] Del mismo modo que cuando queremos definir un sistema de partidos no hacemos referencia a todos los partidos existentes, sino a aquellos que son realmente relevantes. A modo de ejemplo, hoy en Argentina existen unos 696 partidos con personería jurídica reconocidos por la Cámara Nacional Electoral (ver La Nación, 26/9/2004) a pesar de que la enorme mayoría de ellos no tiene verdadera incidencia en el gobierno

[11] Entendemos que la relación emisor del discurso-receptor es bipolar, y que los segundos, pueden no tener una actitud receptiva meramente pasiva. Pero la confianza en los medios lleva a que la posición de lector crítico se limite